A nuestros hermanos Inti Sotelo C. y Bryan Pintado C. Héroes del Bicentenario y a la generación del bicentenario – Óleo/lienzo – Bruno Portuguez. Basado en la fotografía de Sebastián Castañeda Vita (14/11/2020)
Gonzalo Gamio Gehri
Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia Comillas (Madrid, España). Actualmente es profesor en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autor de los libros Tiempo de Memoria. Reflexiones sobre Derechos Humanos y Justicia transicional (2009) y Racionalidad y conflicto ético. Ensayos sobre filosofía práctica (2007). Es coeditor de El cultivo del discernimiento (2010). Es autor de diversos ensayos sobre filosofía práctica y temas de justicia y ciudadanía intercultural publicados en volúmenes colectivos y revistas especializadas.
Es un hecho conocido que, para consumar un hecho político o para conferirle algún valor, los actores pugnan por interpretarlo de cierta manera y persuadir a la opinión pública de que acoja de buena gana esa interpretación. Lo que se proponen tales actores es que esta lectura de la realidad se incorpore a la memoria colectiva. Si esta operación tiene lugar a través del recurso a argumentos y evidencias que los ciudadanos podamos examinar y contrastar rigurosamente en el espacio común, entonces se enmarca en el horizonte ético de un proceso democrático. Si, por el contrario, se pretende imponer esta interpretación recurriendo a la manipulación, a la fuerza o a la distorsión de los hechos, entonces estamos ante una mala práctica que corrompe el ejercicio de la acción política.
En las últimas semanas los ciudadanos hemos observado cómo Manuel Merino, así como algunos congresistas de las bancadas que orquestaron la vacancia contra Martín Vizcarra, han intentado imponernos un relato extraño e inverosímil, que indica que ellos actuaron conforme a lo previsto por la Constitución, que las marchas juveniles fueron organizadas por líderes políticos y agitadores extremistas, que la represión de las fuerzas del orden es de exclusiva responsabilidad de la Policía Nacional [1]. Arguyen, asimismo, que el Tribunal Constitucional habría validado la remoción del presidente de la República, de modo que debería desterrarse de la discusión política la acusación de golpismo.
Algunos ciudadanos piensan que este tipo de declaraciones deben ser ignoradas, que deben tomarse como de quienes vienen y que no tiene sentido darles tribuna o concederles alguna clase de atención. Después de todo, ese discurso no cuenta con prueba alguna ni con algún argumento sensato. Sin embargo, muchos medios periodísticos brindan espacio a estas versiones de los acontecimientos de noviembre pasado. Asimismo, los promotores de la vacancia usan las redes sociales para transmitir este discurso falso e intentan hacer política desde él. Muchos peruanos sentimos una fundada indignación frente al hecho de que un grupo de congresistas se valga de la desinformación para hacer valer una narración que contraviene notoriamente los hechos. El 5 de noviembre un amplio sector del Parlamento peruano recurrió a una figura legal controvertida y cuestionada para destituir de manera acelerada al entonces presidente Vizcarra, sosteniendo sus acciones en acusaciones vertidas en los programas televisivos y en otros trascendidos. La ley establecía que el presidente de la República podía ser acusado y juzgado solamente al culminar su mandato. Lo que desató la irritación de los ciudadanos fue que esta decisión se tomó en plena pandemia, sin escuchar la opinión de la gente, en tiempos en los que el pueblo peruano enfrentaba una durísima crisis sanitaria y económica.
La falta de empatía y sentido de justicia de una buena parte de nuestra autodenominada “clase política” resultaba evidente: la mayoría del Congreso no dudó en vacar al presidente sin pensar en las consecuencias de este acto para las políticas de salud y la reactivación de la economía a solo cinco meses de las elecciones generales; pusieron en su lugar a un personaje sin preparación alguna que convocó un gabinete ministerial conformado en gran medida por personas cercanas a un grupo ultraconservador que jamás hubiese podido acceder al poder por la vía electoral. La comunidad internacional no reconoció a este gobierno. A juicio de un sector importante de la opinión pública, la moción de vacancia obedeció al interés de las bancadas golpistas por postergar las elecciones, influir en la elección de la nueva composición del Tribunal Constitucional y desactivar la Sunedu.
Los jóvenes de la Generación del Bicentenario se organizaron y salieron a las calles a protestar contra la presidencia de Merino. Coordinaron acciones a través de las redes y se hicieron presentes en las principales ciudades del país. Lograron que el gobierno que consideraban usurpador cayera, pero estas manifestaciones cobraron dos vidas: Inti Sotelo y Bryan Pintado murieron a causa de la represión policial en Lima. Human Rights Watch y otras instituciones internacionales documentaron los abusos que se perpetraron durante las protestas. Por su parte, los medios de prensa nacional e internacional acreditaron que las marchas fueron en su mayoría pacíficas; el material audiovisual recogido en los lugares de las manifestaciones es abundante y permite verificar cómo y dónde se produjeron incidentes violentos. Quienes ejercieron el poder en esos seis días tendrán que responder ante la justicia por esas dos muertes y por los jóvenes que fueron heridos de gravedad. No olvidemos que el Presidente en funciones es el Jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Pero los promotores de la vacancia y sus círculos afines –entre ellos, algunos candidatos al proceso electoral de este año– han intentado denostar a quienes protestaron contra el mandato de Merino, aduciendo que se trataba de agitadores hastiados de la cuarentena y frustrados por la falta de empleo. Algunos medios virtuales intentaron denigrar la imagen de los dos muchachos fallecidos, difundiendo un supuesto documento que registraba presuntos antecedentes penales. Incluso un grupo de vándalos borró un mural y destrozó un altar erigido en homenaje a los dos jóvenes [2]. No resulta difícil detectar en estas acciones el esfuerzo por ejercer un control sobre la memoria intentando distorsionar los hechos.
No es cierto que el Tribunal Constitucional haya validado la vacancia de Martín Vizcarra. El Tribunal eligió no pronunciarse sobre la materia. Ese silencio me parece éticamente cuestionable –pues la institución perdió una oportunidad importante para aclarar el sentido de una causal de vacancia discutible que ha sido usada de manera abusiva-, pero no pronunciarse no equivale a avalar la medida. Quien asevera que el Tribunal ha respaldado de alguna forma la vacancia simplemente miente. A su vez, quien sugiere que el gobierno de Merino hubiese resuelto en breve plazo los problemas que nuestro país atraviesa simplemente construye un esfuerzo fallido de especulación. Cambiar de un día para otro un gobierno implica retrasar meses de trabajo en la conducción del Estado –PCM, ministerios, direcciones, etc.-, perdiéndose un tiempo valiosísimo para combatir la pandemia y la crisis económica. Las bancadas que destituyeron a Vizcarra actuaron dándole la espalda a la ciudadanía. Por eso muchos peruanos señalan que –a la hora de votar en estas elecciones- los ciudadanos no debemos olvidar qué partidos nos han llevado a esta grave crisis.
Este sector de la “clase política” pretende hoy reagruparse recurriendo a la alteración de la memoria. Una vez más se sirven del “terruqueo” y de las teorías conspirativas. Sus diversos medios de prensa no dudan en apelar a las fake news: las inexistentes “armas hechizas”, el falso “turismo de vacunación” en Chile, la sospecha contra las vacunas, la promoción de la ivermectina, la conjura “globalista” de Soros y el “complot del comunismo internacional”, etc. En suma, un sector de la opinión pública articula su prédica en el rechazo de la ciencia y la destrucción de la verdad en la vida política. Resulta curioso (y escandaloso) que ciertos políticos en actividad y columnistas conservadores que denuncian el supuesto “relativismo” de algunos puntos de vista no duden en intentar socavar impunemente la verdad científica que subyace a aquellas prácticas que son fuente de salud.
La lucha por la preservación de nuestra democracia pasa por la defensa de la memoria acerca de lo que sucedió realmente en noviembre. La moción de vacancia generó un “golpe parlamentario”, una categoría que existe en los estudios de la ciencia política como objeto de estudio y debate académico. Esta conjura contaba con una dudosa legalidad y con nula legitimidad. La Generación del Bicentenario consiguió derrotar a quienes intentaron hacerse cargo del gobierno. Los jóvenes asumieron un compromiso con una democracia que juzgaron amenazada. Tuvieron la lucidez y el coraje cívico de salir a las calles a expresar pacíficamente su descontento frente a la conducta irresponsable de los políticos de oficio. No retrocedieron incluso cuando su vida e integridad corrieron peligro. Ellos merecen todo nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. Tenemos el deber de respetar su memoria.
Referencias
[1] Véase por ejemplo la siguiente entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=pNSS9pKt-G0
