Blas de la Jara Plaza
Licenciado en Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Es innegable que el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) cuenta con un claro componente de extensión cultural y que la práctica museográfica resulta esencial para los objetivos de la institución. Sin embargo, su naturaleza no es eminentemente la de un «centro cultural» y guarda claras diferencias con los museos [1] del Ministerio de Cultura (siendo la ausencia de una colección una de las más notorias). En calidad de producto de política pública de memoria histórica, su basamento es la reparación simbólica de las víctimas del conflicto armado interno vivido en el Perú entre 1980 y el 2000. En el marco de esta consideración, se proyectó como un centro cívico, pedagógico y cultural.
Teniendo en cuenta que el Ministerio de Cultura (MINCULT) tiene desde el 2016 a su cargo un espacio de memoria con estas dimensiones institucionales, la presencia del conflicto armado interno en la Política Nacional de Cultura al 2030 (PNC) fue insuficiente. Resulta evidente que este periodo histórico no se encuentra reflejado en los objetivos prioritarios de la PNC. Así también lo expresa la ausencia en este documento de las víctimas que son actualmente sujeto de reparación simbólica.
En lugar de orbitar entre los retazos temáticos del Ministerio de Cultura, integrar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) ayudaría a reforzar el centro de gravedad del LUM: el periodo de violencia 1980-2000. Como parte del MINJUSDH, su misión adquiriría mayor definición en sociedad, específicamente dentro del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. El cauce del Plan Integral de Reparaciones (PIR, Ley N° 28592) ejecutado por el MINJUSDH le daría mayor aplomo que los actuales organismos e instrumentos de gestión que el MINCULT otorga. A pesar de ello, no puede dejar de mencionarse que desde el área de Reconocimiento y Dignificación LUM se ejecutan importantes esfuerzos intersectoriales. Sin embargo, una coordinación intersectorial representa mayores dificultades que la operatividad interna en el mismo ministerio.
Podría ser bastante fértil para el LUM articular intra-ministerialmente con la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (coordinadora y supervisora del Plan Integral de Reparaciones), el Consejo de Reparaciones (a cargo del Registro Único de Víctimas) y la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
La transición al MINJUSDH no significaría un alejamiento de los actores culturales. Por el contrario, representaría una nueva plataforma de retroalimentación. Un espacio que diversifique sus nodos de contacto con la ciudadanía. Es además importante precisar que ya contamos con instituciones del Estado que no dependen del MINCULT y tienen tanto un componente museográfico como una agenda de extension cultural. Este es el caso de las duplas Casa de la Literatura/Ministerio de Educación y Centro Cultural Inca Garcilaso/Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por otro lado, lamentablemente pensar el LUM también nos remite a episodios que evidenciaron su vulnerabilidad. Cíclicas embestidas de sectores de la sociedad que desbordan a un Ministerio de Cultura alejado de los ejes que vertebran a este espacio de memoria histórica. Es verdad que pertenecer al MINJUSDH podría reposicionarlo a una ubicación que incremente la frecuencia de los ataques. Esta situación sería un riesgo. Sin embargo, enfatizaría en la esfera pública cuestionamientos sobre el cómo es que su institucionalidad se preserva para afrontar la adversidad.
En el año 2018 la aprobación de los lineamientos del LUM mediante la Resolución Ministerial N° 247-2018-MC significó un hito. Lamentablemente, en cuanto a jerarquía normativa, el día de hoy ello aún implica una ventana de vulnerabilidad. La visibilidad que tendría en el MINJUSDH podría decantar en una necesaria acción gubernamental, planteando a la institución la prioridad de sentar los lineamientos a nivel de decreto supremo.
Punto aparte merece el nombramiento como ministra de Cultura de la experimentada activista de Derechos Humanos y administradora Gisela Ortiz. La cantidad de tempranos cuestionamientos que Ortiz viene recibiendo desde una nutrida oposición parlamentaria es un claro indicador. Su gestión será también prueba de la consistencia del asidero que el MINCULT representa. En especial para una autoridad tan vinculada al logro de la sentencia que condenó a Alberto Fujimori [2].
Finalmente no quiero dejar de reiterar que, pertenezca al sector que pertenezca el LUM, la memoria del periodo 1980-2000 no debe ser oficializada. Evidentemente esto no es fácil de sostener desde el Estado peruano. Es tarea de la ciudadanía cuestionar narrativas triunfalistas, discursos que subordinen complejidades históricas a un propósito político. Debatamos sin miedo, interiorizando latencias sociales, sobre todo aquellas de lxs más vulnerables.
REFERENCIAS
[1] El LUM actualmente pertenece al Ministerio de Cultura del Perú. Forma parte del Sistema Nacional de Museos desde el 3 de agosto del 2018 (Resolución Ministerial N° 304-2018-MC). Es importante mencionar que 1 de agosto de 2018, se modificó el artículo 4 del Reglamento para la Creación, Registro e Incorporación de Museos al Sistema Nacional de Museos del Estado, incorporando en dicha clasificación a los Lugares de la Memoria (Resolución Ministrial 301-2018-MC). A través del Informe N° 900065-2018/LUM/ SG/MC de la misma fecha (1 de agosto de 2018), el encargado del Lugar de la Memoria había solicitado la incorporación de la institución como parte del Sistema Nacional de Museos bajo la categoría de Lugares de la Memoria.
[2] Gisela Ortiz Perea es hermana de Luis Enrique Ortiz Perea, una de las 9 víctimas de la masacre de La Cantuta (julio, 1992), perpetrada por el destacamento militar Grupo Colina durante la dictadura de Alberto Fujimori. El7 de abril del 2009 se le impusieron 25 años de prisión al expresidente por delito de homicidio calificado con alevosía y secuestro por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Asimismo, se le condenó por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.
