Vanessa Vargas

Abogada titulada con mención sobresaliente por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con formación especializada en derecho procesal y civil. Actualmente me desempeño como asociada junior en el área de Litigios y Controversias de Santiváñez Abogados. He sido becaria del programa PIMA RIEDE (OEI) para un intercambio académico en Sevilla, España, y representante de la PUCP en el Moot de Arbitraje de Inversiones 2024 en Washington, D.C.

Resumen

La progresiva digitalización de las relaciones sociales y profesionales ha trasladado al proceso civil una diversidad creciente de medios probatorios de naturaleza digital. En el caso peruano, su incorporación no ha generado mayores resistencias, en la medida en que el Código Procesal Civil permite integrar estos medios dentro de la noción amplia de documento.

Sin embargo, esta solución normativa encubre una disfunción estructural: la prueba digital es valorada bajo criterios diseñados para medios con un soporte diferente (el físico) y cuya fiabilidad responde a presupuestos distintos. El problema no radica en su admisión, sino en el grado de incidencia que estos medios alcanzan en el proceso de formación de la convicción judicial, es decir, en las condiciones bajo las cuales su contenido es ponderado por los jueces.

El presente artículo sostiene que esta equiparación ha generado una alteración silenciosa del estándar de prueba, en la medida en que el convencimiento judicial tiende a construirse sobre la plausibilidad del relato antes que sobre la verificación efectiva del hecho. A partir de ello, se plantea la necesidad de redefinir los criterios de incorporación, carga y valoración de la prueba digital en el proceso civil peruano.

1. Introducción

La incorporación de la prueba digital en el proceso civil peruano no ha sido problemática en términos de admisibilidad. El sistema la ha absorbido con relativa facilidad a través de la noción amplia de documento prevista en el artículo 234 del Código Procesal Civil, lo que ha permitido integrar correos electrónicos, capturas de pantalla, registros digitales y otros soportes tecnológicos sin necesidad de reformas normativas específicas.

Sin embargo, esta aparente adaptación no supone que el sistema haya resuelto las condiciones bajo las cuales estos medios pueden ser considerados fiables. La cuestión no es si la prueba digital puede ingresar al proceso —lo cual hoy no genera discusión—, sino bajo qué parámetros puede sostenerse que aquello que contiene ha sido efectivamente acreditado.

Este desplazamiento del problema desde la admisibilidad hacia la valoración ha pasado relativamente inadvertido en la práctica. No obstante, sus efectos son relevantes, puesto que al tratar la prueba digital como un documento físico genera que el sistema asuma implícitamente que puede ser evaluada bajo los mismos criterios de fiabilidad, pese a que debido a su estructura no es posible aplicar los mismos parámetros en términos de equivalencia probatoria.

La tesis de este artículo es que esta equiparación ha generado una distorsión silenciosa del estándar de prueba en el proceso civil peruano. No porque la prueba digital sea, en sí misma, insuficiente, sino porque el sistema la valora como si no presentara limitaciones estructurales en su verificación.

2. La incorporación de la prueba digital y su aparente neutralidad

El artículo 234 del Código Procesal Civil ha permitido resolver el problema de la admisibilidad de la prueba digital mediante su integración dentro de la categoría de documento. Esta solución ha sido funcional desde una perspectiva operativa, en la medida en que evita restringir el acceso a medios de prueba relevantes en un contexto de creciente digitalización.

Sin embargo, esta solución no es conceptualmente neutra. El documento, en su concepción tradicional, presupone la posibilidad de verificación dentro del proceso: su contenido puede ser contrastado, su origen puede ser reconstruido y su integridad puede ser cuestionada mediante mecanismos accesibles para las partes.

La prueba digital no comparte ese presupuesto. Su contenido no puede ser verificado a partir del soporte que se incorpora al expediente, sino que depende de un entorno tecnológico externo —servidores, dispositivos, aplicaciones— que no forma parte del proceso y al que, en la práctica judicial peruana, no se tiene acceso o cuyo acceso es muy oneroso.

Esta limitación se ve acentuada por las propias condiciones institucionales del sistema. El Poder Judicial no cuenta con protocolos uniformes para la incorporación de evidencia digital ni con herramientas que permitan verificar metadatos, trazabilidad o integridad de archivos. En la práctica, es frecuente que estos medios se presenten mediante impresiones, capturas o enlaces, sin estándares claros de autenticación.

El problema, entonces, no es la incorporación de estos medios, sino la premisa bajo la cual se los integra: que pueden ser tratados como documentos sin alterar las condiciones bajo las cuales el proceso puede verificar aquello que se pretende probar.

3. La diferencia estructural en la fiabilidad de la prueba digital

La diferencia entre documento y prueba digital no es meramente formal, sino estructural.

Un documento tradicional presenta una trazabilidad que permite reconstruir su origen y evaluar su integridad. Incluso cuando su autenticidad es cuestionada, existen mecanismos accesibles que permiten someterlo a control dentro del propio proceso.

En cambio, medios como capturas de pantalla, mensajes de aplicaciones de mensajería o contenidos extraídos de redes sociales no contienen, en sí mismos, información suficiente para verificar su autenticidad. Una captura, por ejemplo, no permite determinar si el contenido ha sido editado, si corresponde al contexto que se alega o si ha sido extraída de manera completa.

Su fiabilidad depende de elementos externos —metadatos, registros de origen, trazabilidad— que no suelen incorporarse al expediente y cuya obtención no forma parte de las prácticas probatorias ordinarias.

En ese sentido, la prueba digital no solo es susceptible de manipulación, sino que no ofrece herramientas suficientes para verificarla en condiciones equivalentes a las del documento tradicional. El sistema, sin embargo, no incorpora esta diferencia en su tratamiento.

4. La asimetría material en la carga de la prueba

Esta omisión tiene efectos directos en la dinámica probatoria.

En términos formales, el proceso civil mantiene la regla según la cual quien afirma un hecho debe probarlo. No obstante, en la práctica, la prueba digital ha modificado las condiciones bajo las cuales esta regla se cumple.

La sola presentación de un contenido digital —una captura de pantalla, un mensaje o un correo impreso— suele ser suficiente para introducir un hecho al debate procesal sin que se exija una acreditación mínima de su autenticidad. A partir de ese momento, el problema deja de ser la prueba del hecho y pasa a ser la capacidad de la contraparte para cuestionar ese medio.

En la práctica judicial peruana, esto genera una situación recurrente: la parte que cuestiona la prueba carece de acceso a los elementos técnicos necesarios para desvirtuarla, mientras que el órgano jurisdiccional tampoco cuenta con herramientas para verificarla de oficio.

Así, más que una inversión formal de la carga de la prueba, lo que se configura es una asimetría material en las posibilidades de acreditación. La prueba se mantiene no porque haya sido verificada, sino porque no pudo ser desvirtuada.

No es extraño, por ello, que en procesos civiles se introduzcan capturas de conversaciones o impresiones de correos electrónicos como sustento central de una pretensión, sin que exista una discusión efectiva sobre su autenticidad, más allá de su coherencia con la versión de los hechos planteada por quien la ofrece.

5. La distorsión en la valoración probatoria

El impacto más relevante de esta disfunción se produce en la etapa de valoración.

El estándar de apreciación conjunta de la prueba presupone que los medios incorporados pueden ser confrontados entre sí para reconstruir los hechos. Sin embargo, cuando uno de esos medios no puede ser verificado en términos razonables, la lógica de la valoración cambia.

En la práctica, el juez no verifica la autenticidad de la prueba digital —porque no cuenta con herramientas para hacerlo—, sino que evalúa su consistencia con el resto del expediente. La fuerza probatoria del medio no depende de su fiabilidad técnica, sino de su capacidad para integrarse en una versión de los hechos que resulte plausible.

Este desplazamiento es sutil, pero significativo. El convencimiento judicial deja de apoyarse en la verificación del hecho y pasa a depender de la forma en que el medio probatorio se integra y resulta consistente con el resto del expediente

La consecuencia es que el proceso no exige prueba en sentido estricto, sino versiones suficientemente consistentes, lo que supone una modificación del estándar probatorio que el sistema no ha reconocido expresamente.

6. Herramientas técnicas y aproximaciones comparadas

Desde el ámbito técnico existen herramientas que permitirían corregir estas limitaciones, como el uso de algoritmos hash para verificar la integridad de archivos, el análisis de metadatos para reconstruir su trazabilidad o la identificación de direcciones IP para determinar su origen.

Sin embargo, estas herramientas no forman parte de la práctica judicial ordinaria en el Perú. Su utilización depende de la iniciativa de las partes y de la posibilidad de asumir los costos de un peritaje especializado, lo que las convierte en mecanismos excepcionales y no en estándares de verificación.

En el derecho comparado, particularmente en el ámbito español, se ha reconocido la necesidad de complementar la incorporación de medios digitales con mecanismos adicionales de autenticación, tales como certificaciones tecnológicas o intervención pericial (Olmos García, 2017).

No obstante, estas soluciones resultan insuficientes si no se modifica la forma en que el sistema conceptualiza la prueba digital. Mientras continúe siendo tratada como documento, cualquier mejora técnica operará sobre una base que no reconoce la diferencia estructural del medio.

7. Propuesta de ajuste del sistema probatorio

La corrección de esta disfunción no pasa por restringir la prueba digital, sino por ajustar las condiciones bajo las cuales se la considera suficiente para acreditar un hecho.

En primer lugar, es necesario abandonar la idea de que toda reproducción digital puede ser tratada como documento en sentido estricto. Cuando su contenido resulta determinante para la decisión del proceso, debe exigirse un estándar mínimo de acreditación que supere la sola presentación del medio.

En segundo lugar, la carga probatoria debe precisarse en términos materiales. No basta con afirmar que quien alega debe probar; es necesario exigir que quien introduce prueba digital aporte elementos que permitan evaluar su fiabilidad cuando esta sea razonablemente cuestionada.

Finalmente, la valoración judicial debe reconocer esta limitación estructural. La coherencia narrativa no puede sustituir la verificación del hecho cuando el medio probatorio no ofrece garantías suficientes de autenticidad.

Sin estos ajustes, el sistema continuará operando bajo una premisa incorrecta: que todos los medios probatorios pueden ser valorados bajo los mismos criterios.

8. Conclusión

La prueba digital ha sido incorporada al proceso civil peruano con rapidez, pero sin una reflexión equivalente sobre las condiciones de su valoración.

El sistema ha resuelto el problema de su admisión, pero no ha ajustado los criterios bajo los cuales su contenido puede ser considerado fiable. Esta omisión ha generado una alteración silenciosa del estándar de prueba, en la medida en que el proceso ha comenzado a validar relatos verosímiles en lugar de hechos verificables.

Corregir esta distorsión no exige una reforma radical, sino una precisión conceptual: reconocer que la prueba digital no es un documento más y que, en consecuencia, no puede ser tratada como tal sin afectar la lógica del proceso.

Solo a partir de ese reconocimiento será posible preservar las garantías del debido proceso y mantener la coherencia del sistema probatorio.

Referencias

Carrión Lugo, J. (2000). Tratado de derecho procesal civil (Vol. II). Grijley.

Castillo, E. (2021). Carga dinámica de la prueba en el proceso civil. Universidad Nacional de San Agustín.

Olmos García, M. (2017). La prueba digital en el proceso civil: verificación y régimen general. Universidad Pontificia Comillas.

Reyes Inca, M. A. (2024). La prueba digital en los procesos civiles. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, 5(6).

Revista Foro Jurídico. (2016). La valoración de los documentos electrónicos. Foro Jurídico, 15.