Gonzalo Gamio Gehri[1]
Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid, España). Profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es autor de los libros La crisis perpetua. Reflexiones sobre el Bicentenario y la baja política (2022), La construcción de la ciudadanía. Ensayos sobre filosofía política (2021), El experimento democrático. Reflexiones sobre teoría política y ética cívica (2021), Tiempo de Memoria. Reflexiones sobre Derechos Humanos y Justicia transicional (2009) y Racionalidad y conflicto ético. Ensayos sobre filosofía práctica (2007). Es coeditor de El cultivo del discernimiento (2010) y de Ética, agencia y desarrollo humano (2017).
En los últimos días, algunos actores políticos nacionales han tomado posición frente al complejo escenario que se abre con la segunda vuelta electoral. Jorge Nieto ha señalado que su partido promoverá el voto viciado. Asimismo, sostuvo que su partido político cumplirá un rol de oposición frente al poder ejecutivo desde el Congreso de la República. Ahora Nación, por su parte, hizo público un comunicado en el que expresa que apoyará la candidatura de Roberto Sánchez, pero que a la vez incorpora un conjunto de exigencias (respeto irrestricto por la democracia, defensa de los derechos humanos, garantía de servicios públicos dignos y eficientes, un gabinete de unidad nacional) para consolidar una propuesta política razonable. El texto entraña una suerte de “salto de fe”, en la medida en que se afirma el respaldo electoral y luego se enumeran las demandas políticas correspondientes. Acaso ese acto de fe podría justificarse en tanto el contendor es el fujimorismo, una organización que trae consigo una tenebrosa historia de dictadura, corrupción y violación de derechos.
El documento de Ahora Nación hace un recuento de los elementos básicos de una especie de minimum ético-político democrático. Yo a esa lista agregaría el respeto a la libertad de expresión y de prensa, el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la verdad y Reconciliación, así como la observancia de los lineamientos generales de una economía social de mercado. Esa lista de cuatro puntos (o siete) bien podría ser materia de un compromiso democrático (no usemos el término “hoja de ruta” que, al parecer, suscita cierto escozor en un sector de nuestra “clase política”[2]) que el candidato de Juntos por el Perú podría suscribir. No obstante, el candidato Sánchez ha declarado que no firmará compromiso alguno.
Esta reflexión se enmarca en un proceso de discernimiento, desarrollado en un tiempo de especial tribulación. Vivimos circunstancias muy difíciles en el país. Existe la posibilidad que esta segunda vuelta consolide la conversión de nuestro deplorable “régimen híbrido” en un régimen autoritario. Creo que debemos impedir que esto suceda. El problema es que tanto el proyecto fujimorista como la propuesta de Juntos por el Perú tienen antecedentes relacionados con la erosión de la democracia liberal, el cultivo del populismo y el debilitamiento de una economía social de mercado. Ambos constituyen un riesgo para la construcción de ciudadanía, si bien es cierto que no representan un peligro de similar magnitud. El fujimorismo constituye una amenaza considerablemente mayor, tanto por la década de la antipolítica de Alberto Fujimori como por el continuo asedio de Fuerza Popular contra la legalidad desplegado desde 2016. La pregunta que cabe formular es si el equipo de Roberto Sánchez está dispuesto a suscribir un compromiso democrático y a generar un proyecto político más amplio que establezca lazos con el centro y la centro izquierda.
El trabajo político de una segunda vuelta consiste en forjar acuerdos y generar vínculos de confianza con los ciudadanos que no votaron por el partido político que hoy compite por la presidencia de la República. Este proceso de búsqueda de consenso público es fundamental. El 12% logrado en primera vuelta no les va alcanzar para vencer a Fuerza Popular en menos de dos semanas. Necesitan contar con el voto de ciudadanos independientes que han adoptado otra visión de la vida común. Estos ciudadanos necesitan garantías democráticas para apoyar la propuesta de Juntos por el Perú. Algunos defensores de la candidatura de Sánchez aducen que suscribir públicamente los cuatro (o siete puntos) resulta innecesario, dado que se trata de un mínimum compatible con el sentido común; pues bien, si se trata de principios y valores públicos tan elementales, entonces debo asumir que no representaría ningún problema para el candidato comprometerse en público a respetarlos. Finalmente ¿Qué dificultad supondría firmar un documento “redundante”? Ninguna, supongo. Sánchez no tendría nada que perder con un gesto como este.
Reitero la idea que he desarrollado en un ensayo anterior[3]. Estoy buscando razones para votar por Sánchez, y la más poderosa consistiría en el respaldo a esta solicitud formal de garantías democráticas. El fujimorismo no es (y nunca será) una alternativa. Fui un joven estudiante durante los años noventa, yo participé en numerosas marchas de protesta durante la dictadura, de modo que mis recuerdos sobre los delitos cometidos por el régimen de Alberto Fujimori se conservan con bastante nítidez. Asimismo, la política prepotente e inescrupulosa que han llevado a cabo Keiko Fujimori y Fuerza Popular desde hace una década está muy presente en mi mente. Se ha recurrido de una manera casi adictiva la vacancia presidencial como una herramienta política dirigida contra los enemigos del fujimorismo y sus aliados del pacto parlamentario. Este pacto ejerce un control absoluto sobre la mayoría de las instituciones autónomas que necesita la República para funcionar: el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, entre otras. La candidatura de la hija de Fujimori representa todos los males que, a mi juicio, padece el Perú, y que no merece.
Suscribir un mínimum democrático no es solo un método para generar confianza en medio de un proceso electoral, sino que constituye un ideario plural para el ejercicio de un gobierno de amplio espectro. Queremos superar el régimen autoritario que el pacto infame ha impuesto desde fines de 2022, pero tampoco queremos volver a la ineptitud, a la improvisación, a la corrupción y a la ausencia de ideas básicas sobre gestión política propia de la administración de Pedro Castillo. El descubrimiento de dinero mal habido en un baño de Palacio de Gobierno, las componendas en la calle Sarratea, las clamorosas irregularidades en los ascensos en la PNP, la fuga de capitales, el ritmo absurdo de cambios ministeriales. No necesitamos revivir aquel desastre.
Algunos seguidores de Juntos por el Perú sugieren que no tendría sentido que Sánchez y su equipo firmasen un documento elaborado por un grupo político que perdió en la primera ronda; son los vencedores quienes establecen las condiciones para armar una propuesta de gobierno. En realidad, resulta desconcertante que un partido que alcanzó apenas un 12% de votación se autoperciba como un colectivo victorioso. Convendría, en cambio, trabajar con humildad para triunfar en la segunda vuelta. No se trata de celebrar un acuerdo con Ahora Nación o con Primero la Gente. Se trata de suscribir un programa de acción con la sociedad civil, con la ciudadanía, en particular con ese 70% de peruanos que le queda por conquistar. Somos nosotros quienes debemos exigir a Roberto Sánchez el cumplimiento de un conjunto de garantías democráticas.
El ciudadano tiene derecho a posicionarse en el espacio público y a formular sus demandas. Como he señalado líneas arriba, el voto no es un acto de fe, es un acto que es fruto del discernimiento y la coordinación de actores políticos en una situación concreta. No es mi deseo viciar el voto, pero lo haré si no encuentro en Juntos por el Perú la disposición a asumir un compromiso formal con el mínimum mencionado. Mi generación luchó contra la dictadura en nombre de ese mínimum, allá por el año 2000. Se trata de un conjunto de principios, procedimientos y valores públicos que son esenciales para pensar y poner en ejercicio la democracia liberal como una forma de vida; la vigencia de ese catálogo ético-político no es negociable. La democracia, los derechos básicos, la memoria crítica son signos de una vida pública digna de defensa y compromiso cívico. En esa línea de reflexión, la perspectiva de un gobierno de unidad para la República, lejos de ser un lastre o producir incomodidad, debería inspirar las acciones de un partido con credenciales democráticas.
Los ciudadanos de mi generación tienen una gran responsabilidad moral frente a la protección del orden constitucional e institucional que contribuyó a recuperar. Salimos a las calles a exigir democracia y libertad cuando toda forma de oposición era perseguida por el régimen fujimorista. En efecto, el gobierno autoritario recurrió a las fuerzas militares y policiales -así como a los servicios de inteligencia- con el fin de aniquilar toda resistencia civil. Conseguimos que se instalara un gobierno de transición que organizara con eficacia y probidad un sistema anticorrupción, que conformara una Comisión de la Verdad que investigara el conflicto armado interno, así como propició el surgimiento de un liderazgo que restituyera en la práctica la libertad de prensa que el fujimorato había intentado sofocar. Pesa sobre nosotros el reto de defender este trasfondo ético-político contra cualquier amenaza que pudiese aparecer en el camino. Los romanos describían como gravitas la capacidad de afrontar con valentía la “carga moral” que implica sostener un legado espiritual asociado a la preservación de la comunidad política en cuanto tal[4].
Resulta claro, por lo dicho, que el activismo político de mi generación estaba (y está) asociado al antifujimorismo. Combatimos el régimen autoritario de Alberto Fujimori y nos enfrentamos -tanto desde el sistema político como desde la sociedad civil- a la agenda planteada luego por su heredera. Pero también estamos alertas ante las veleidades antidemocráticas de su actual adversario electoral. La extrema izquierda que hace cinco años respaldó la campaña de Pedro Castillo y que hoy alienta la candidatura de Roberto Sánchez guarda una distancia significativa respecto del ideario ético-político que enarbolaba el proyecto transicional que derrotó a Fujimori a inicios de este siglo. De hecho, algunos de sus cuadros históricos sospechaban intensamente de los principios liberales vinculados a las políticas democráticas, incluyendo la alternancia en el poder, el sistema de pesos y contrapesos al interior del Estado o la rendición de cuentas. Recordemos las palabras de Guillermo Bermejo -un político por aquel tiempo muy cercano al presidente Castillo y un congresista entonces alineado con el programa de Perú Libre- sobre el respeto de la legalidad y la institucionalidad propias de un Estado democrático de derecho.
“Si tomamos el poder no lo vamos a dejar, con el perdón de ustedes y todas sus pelotudeces democráticas”[5].
Como puede constatarse, ambas alternativas políticas -Fuerza Popular y Juntos por el Perú- constituyen amenazas para el futuro de la democracia, la cultura de derechos humanos y la vigencia de una economía social de mercado. Se trata de un dilema esquiliano. Ambas candidaturas representan males manifiestos, aunque es evidente que no se trata de males equivalentes, pues existen importantes diferencias de grado. No obstante, ninguna de las dos opciones ostenta, de manera notoria y transparente, credenciales democráticas que estén libres de controversia. Es por eso que quienes, como nosotros, vivimos en su día una dictadura y nos esforzamos por derribarla, necesitamos que la candidatura que presuntamente se revela como el “mal menor” ofrezca cumplir con cláusulas democráticas que los ciudadanos podamos reconocer como condiciones esenciales para vivir en una sociedad sensata y justa. Se trata de cláusulas cuya observancia pueda y deba ser materia de examen crítico y supervisión por parte de los agentes políticos. Brindar esta clase de garantías no constituye un gesto amable y generoso que las autoridades pueden o no permitirse con sus electores potenciales; se trata de una obligación que todo político de oficio contrae con la sociedad que ha jurado servir.
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Gonzalo Gamio Gehri es Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid, España). Actualmente es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es autor de los libros La crisis perpetua. Reflexiones sobre el Bicentenario y la baja política (2022), La construcción de la ciudadanía. Ensayos sobre filosofía política (2021), El experimento democrático. Reflexiones sobre teoría política y ética cívica (2021), Tiempo de Memoria. Reflexiones sobre Derechos Humanos y Justicia transicional (2009) y Racionalidad y conflicto ético. Ensayos sobre filosofía práctica (2007). Es coeditor de El cultivo del discernimiento (2010) y de Ética, agencia y desarrollo humano (2017). Es autor de diversos ensayos sobre ética, filosofía práctica, así como temas de justicia y ciudadanía intercultural publicados en volúmenes colectivos y revistas especializadas. ↑
- Para algunos seguidores de Juntos por el Perú la solicitud de firmar una “hoja de ruta” suena a la “domesticación de un espíritu de vanguardia”. ↑
- Revísese Gamio, Gonzalo “Reflexiones sobre las opciones de segunda vuelta” en El Salmón (mayo 2026) en: https://www.elsalmon.info/post/reflexiones-sobre-las-opciones-de-segunda-vuelta . ↑
- Cfr. Arendt, Hannah “¿Qué es la autoridad?” en: Entre el pasado y el futuro Madrid, Península 2021 p. 196. ↑
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Expresiones de Guillermo Bermejo registradas en audio. Véase Castro, Aramis & Ernesto Cabral “Audio de virtual congresista Bermejo contradice juramento democrático firmado por Pedro Castillo” en: Ojo Público 18 de mayo de 2021 https://ojo-publico.com/politica/elecciones-2021/audio-bermejo-contradice-juramento-democratico-firmado-por-castillo .
