Mario Meza Bazán

Historiador y docente investigador en Humanidades y Ciencias Sociales. Con bachillerato y licenciatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Maestría en Antropología en la UNMSM. Doctorado en Historia en El Colegio de México.

El tema de la memoria nos remite a entender por qué ciertos hechos se consideran relevantes para ser recordados y por qué otros más bien deben ser olvidados en cualquier sociedad. Recordar y olvidar hechos de violencia constituyen sin embargo un ejercicio un poco más problemático, especialmente para una sociedad como la peruana que vivió el periodo de violencia o Conflicto Armado Interno (CAI) entre los años 1980 al 2000. Esto se debe principalmente a la ausencia de cierre o de ruptura simbólica con ese pasado que garantice que los hechos de violencia no vuelvan a repetirse. Aun cuando la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) y la justicia transicional han ayudado a reconstruir nuestra frágil democracia en los últimos veinte años, instalando un consenso básico sobre el “nunca más” o el “recordar para que no se repita”, consideramos que aún hace falta un balance crítico sobre la forma de elaborar testimonios de este periodo. En este sentido consideramos que tanto la memoria como la elaboración de testimonios sobre la violencia constituyen elementos fundamentales para activar y proyectar un futuro democrático en un país como el nuestro.

Desde esta perspectiva, queremos plantear en este ensayo cómo la producción del llamado testimonio de la violencia en el Perú, —un género documental y literario que cuenta las vivencias de quienes estuvieron directa o indirectamente involucrados en el periodo del CAI y que es asumido como verdadero por sus relatores (Sánchez, 2011)—, se hizo relevante para la construcción de una sociedad que intentaba democratizarse después de la experiencia de violencia. Para un mejor acercamiento al tema, vamos a considerar dos elementos determinantes en el proceso de elaboración del testimonio de la violencia de aquellos años. Uno es el que parte por reconocer quiénes son los que han vivido directa o indirectamente esas experiencias traumáticas (afectados); y el otro es cómo surgieron públicamente las narraciones que daban cuenta de estos eventos (testimonios). A partir de allí veremos cómo las personas afectadas por estos hechos adquirieron el rol de testimoniante para al final ser consideradas en muchos de los casos también como víctimas.

El reconocimiento de quienes vivieron la violencia del CAI pasó desde un inicio por una serie de enfoques y posturas que trataban de ubicarlos en unos casos como protagonistas y, en el menor de los casos como afectados hasta llegar a convertirse en víctimas. Hasta entonces, la categoría “víctima” no aparecía claramente definida en el proceso de violencia. Esta apareció recién en el Informe Final de la CVR, cuando se atribuyó ciertas variables explicativas de la violencia a la desigualdad estructural o social, a la violencia simbólica asociada con el ejercicio del poder y a la violencia política vinculada con la lucha por el poder. Fue así como finalmente cobró fuerza la identificación de las víctimas con un perfil específico preferente: la población rural campesina de bajos ingresos y de nivel educativo primario o analfabeto, que tenía por lengua materna un idioma originario y que se hallaba principalmente en el sur andino, especialmente en Ayacucho. En estas condiciones la violencia aparecía como un factor que quitaba agencia o voluntad a los que habían vivido estos eventos traumáticos y confería a sus testimonios un valor de verdad relevante para la construcción del Informe Final.

En ese contexto debemos recordar que ya la prensa y los medios de comunicación generaron durante el periodo más temprano de violencia, noticias y reportajes que no se inscribían necesariamente en la línea de los afectados por ella sino de los protagonistas identificados como terroristas y fuerzas del orden. De hecho, buena parte de lo informado por los medios y particularmente por la prensa de Lima, respondía a criterios ideológicos, publicitarios y, con el tiempo, a compromisos políticos entre los grupos de poder y los gobiernos de turno que imponían sus sesgos y narrativas sobre los hechos de violencia. Las voces de los testimoniantes y sus relatos de su sufrimiento desaparecían del escenario ya que no eran identificadas necesariamente como víctimas. Ejemplo de ello lo encontramos en los reportajes de la prensa sobre el asesinato de los periodistas en Uchuraccay en la década de 1980 (que encendió las más arduas polémicas sobre la responsabilidad de los grupos armados y los campesinos en la matanza). Otros escenarios de fuertes polémicas sobre el papel de la prensa y la distorsión de hechos y testimonios de quienes los vivieron fueron los reportajes sobre los asaltos armados a los pueblos de Cayara y Uchiza, en los cuales los afectados y sus relatos desaparecen del registro impreso de la prensa y la televisión para darle protagonismo a los actores armados (Sevillano, 2013, pp. 71-80).

La construcción de testimonios para una imagen diferente y más cercana desde quienes vivieron los hechos de violencia se produjo por cuenta de las organizaciones de derechos humanos durante los gobiernos democráticos de Fernando Belaunde (1985-1990) y Alan García (1985-1990). El recojo de estos testimonios planteó, además de las dificultades para recabarlos; la necesidad de denunciar las violaciones de derechos humanos y el estado de abandono en el que se hallaban estas poblaciones, expuestas a ser victimizadas por los diferentes grupos armados. La atención que produjeron estas denuncias en un inicio contribuyó a que víctimas y testimoniantes fueran percibidos no como tales sino más bien como una amenaza tanto para las organizaciones armadas como para las fuerzas del orden. Para entonces, las asociaciones civiles promotoras y defensoras de derechos humanos, que llegaron a sumar hasta 59 en 1999, eran lideradas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, creada en 1985 (Youngers, 2003).

Muchos de los testimonios recogidos durante este periodo se publicaron en medios cercanos a organizaciones de derechos humanos y continuaron publicándose después del periodo de violencia bajo el imperativo de “no olvidar”. Es importante mencionar que, incluso en el mismo periodo de violencia se constituyeron también al interior del Estado, núcleos y espacios de búsqueda de información y recojo de testimonios sobre estas violaciones. La Comisión investigadora de los sucesos de Uchuraccay (1983) fue una de las primeras. Otro espacio fue el Parlamento que cobijó a los sectores de oposición a los gobiernos de turno y constituyó, por ejemplo, la Comisión investigadora sobre los sucesos de los penales (1988); y la Comisión investigadora de la desaparición de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación (1993). La Defensoría del Pueblo a través de sus informes (2002, 2003) fue otro espacio importante en la recopilación de testimonios de afectados/as por la violencia.

La expresión más importante de denuncias de derechos humanos se produjo sin embargo durante el gobierno de Alberto Fujimori.    Los testimoniantes se convirtieron en actores políticos y sus pocos espacios de organización, en oposición al gobierno. Esto subordinó su lucha por la justicia y los derechos humanos a la recuperación de la institucionalidad democrática hasta el año 2000. Sin embargo, el reconocimiento público de “víctima” del periodo de violencia no fue en sí mismo una variable determinante para valorar el papel de su testimonio. Cualquier testimoniante podía representar a una víctima o hasta serlo y al mismo tiempo tener un rol de oposición activa al gobierno. Por esta razón fueron considerados peligrosos por el régimen fujimorista de la década 1990 mientras que para las fuerzas de oposición eran potenciales aliados.

Con la formación de la CVR los testimoniantes de violaciones de derechos humanos dejaron de ser recursos políticos de oposición y pasaron a convertirse, hasta cierto punto, en cimientos reconstitutivos de la identidad de un régimen más democrático.[1] En este aspecto vale la pena mencionar que el Informe Final de la CVR, presentado el 28 de agosto del 2003, recogió 16,917 testimonios de los cuales solo llegó a reconstruir y analizar 11,582 (70% del total). No obstante, aun con esta limitación, se pudo satisfacer requerimientos básicos de la recopilación de información para elaborar los informes de zonas cruciales del país, organizándose sedes en Ayacucho, Huancayo, Huánuco, Abancay y Lima metropolitana. La demanda de la población para expresar por primera vez su voz frente al Estado y situarse en un horizonte de personas victimizadas fue entonces muy grande, tal como señalaba Ludwig Huber, coordinador de la sede centro sur en Ayacucho.[2]

El horizonte central de la recopilación de los testimonios y de la visibilización de las víctimas fue quizás una de las formas más relevantes para encontrar la liberación del dolor anidado durante años. Esta imagen se fortaleció en el escenario posterior al Informe Final de la CVR (2003), y más aún cuando el Estado decididió establecer el Registro Único de Víctimas (RUV), que se convirtió en un instrumento de política pública para la recepción de datos de quienes sufrieron directa o indirectamente la violencia junto con sus familiares. Este instrumento ha venido canalizando, al mismo tiempo, un tipo de testimonio que sigue el formato de una declaración jurada junto con otra información documentada como bases de evaluación y prueba para la reparación. De algún modo, la confirmación del estatus jurídico de víctima y de su testimonio con su respectiva probanza se inscribe en la Política Integral de Reparaciones (PIR) organizada e impulsada desde el 2004 hasta la fecha, convirtiéndose en un instrumento que ha burocratizado el reconocimiento de derechos y con ello ha parametrado el valor de los testimonios sobre la violencia del CAI.[3]

En este contexto, el registro de víctimas del RUV señala que el 98% de los casos corresponden a civiles y que fueron objeto de violaciones individuales directas a sus derechos fundamentales, aunque puede alcanzar también a sus familiares como esposo(a)/conviviente, hijo(a) y padre o madre como víctimas indirectas. También son consideradas en el RUV víctimas coléctivas, que son aquellos grupos sociales específicos como los centros poblados o comunidades y los grupos organizados como desplazados, comités de autodefensa, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Se borra así la especificidad de los testimonios de las víctimas civiles y se equipara a todos como víctimas, excluyéndose por otro lado a los afectados que fueron parte de los grupos subversivos.

En ambos registros —individuales o colectivos—, las víctimas directas o indirectas han sido absorbidas por las categorías que usa la administración pública para integrar a los afectados durante el periodo de violencia dentro de las políticas de reparación estatal. Esto podría influenciar de manera importante en la calidad del testimonio del candidato a “víctima”. Como ha señalado Silvia Rodríguez (2010) en torno a la política del testimonio y del reconocimiento utilizado por las comisiones de la verdad de Guatemala y Perú, —y cuyas conclusiones pueden extenderse a toda la administración pública y a las organizaciones vinculadas a los derechos humanos y a las reparaciones—, el reconocimiento de las víctimas en estas narrativas condicionan de manera decisiva la producción de ideas y prácticas ciudadanas sin arriesgar este estatus de “víctima” entre quienes se consideran precisamente víctimas.

En conclusión, si bien el Estado ha favorecido la restitución de derechos para las víctimas con políticas públicas de reparación, también ha condicionado la elaboración de sus testimonios a marcos de referencia impuestos por estas políticas. Bajo esta lógica, se hace indispensable revisar si la forma de la elaboración del testimonio de las víctimas del CAI, hecha al calor de las exigencias de las actuales políticas públicas de reparación, da la suficiente libertad y autonomía para la testimoniación o más bien está limitando el ejercicio del acto de recordar.


 

Referencias bibliográficas

Boletín de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación N° 3, julio 2002. Pp. 3-4.

Coletta Youngers (2003) “Historia de las organizaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos” en Violencia política y sociedad civil en el Perú. Historia de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Lima. IEP.

Consejo de Reparaciones. Registro Único de Víctimas (2018) Todos los nombres. Memoria Institucional. Consejo de reparaciones 2006-2008. Lima. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Rodríguez Maeso, Silvia (2010) “Política del testimonio y reconocimiento en las comisiones de la verdad guatemalteca y peruana: En torno a la figura del “indio subversivo” en « Política del testimonio y reconocimiento en las comisiones de la verdad guatemalteca y peruana: En torno a la figura del “indio subversivo” » Revista Crítica de Ciências Sociais, 88,  pp. 23-55.

Sánchez, Marté (diciembre, 2011) “Del testimonio y sus implicaciones” Periferia, 15.

Sevillano, Cristina (2013) “Los discursos de violencia política y violación de derechos humanos: los actos de violencia en Uchiza y Cayara según El Diario, La República y El Comercio”. Canalé 05. Comunicación + Desarrollo. Pp. 71-80.

 

[1] Un papel muy importante en ambos contextos para la constitución de los testimonios de este periodo fue la Defensoría del Pueblo, creada con la Constitución de 1993 y que comenzó a recibir innumerables denuncias y testimonios por violaciones de derechos humanos tal como se indican en el Informe Defensorial Nº 55 “La desaparición forzada de personas en el Perú, 1980-1996” en el 2002 y en el Informe n° 80 “Violencia política en el Perú: 1980- 1996. Un acercamiento desde la perspectiva de género” en el 2003

[2] Véase Boletín de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación N° 3, julio 2002, p. 4.

[3] Véase Reglamento de inscripción en el Registro Único de Víctimas de la Violencia a cargo del Consejo de Reparaciones en la página del RUV junto con los formularios de declaración testimonial.

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