Antonio Peña Jumpa
Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Abogado, Magíster en Ciencias Sociales y PhD. in Laws.
Professor at the Pontifical Catholic University of Peru and the San Marcos Senior National University. Lawyer, Magister in Social Sciences and PhD. in Laws.
De aquel 5 de junio del año 2009, en que se desarrolló uno de los episodios más tristes y violentos de la historia contemporánea del Perú, a través de El Baguazo, han transcurrido 12 años y es como si no hubiere cambiado ni la política ni nuestra actitud social-cultural-económica. Los conflictos sociales, la pandemia del año 2020 y el proceso electoral de este año 2021 (en pleno bicentenario de la independencia del Perú), confirma lo triste y violento que sigue siendo nuestra historia tras El Baguazo.
El 5 de junio del 2009, comunidades amazónicas de la provincia de Bagua, en la Región de Amazonas, fueron desalojados violentamente tras una larga protesta iniciada a fines del mes de febrero del mismo año. Las causas de las protestas fueron abusos políticos y económicos del gobierno central, cuyos funcionarios (incluyendo al presidente de la República), se habían empeñado en cumplir con las condiciones para celebrar Tratados de Libre Comercio que supuestamente beneficiarían a todo el país. Muertes y destrucción sucedieron a estos hechos, al igual que una campaña publicitaria racista que dividió el país. A pesar de este dolor, a la fecha, ni un funcionario público, político o empresario, autores o favorecidos por los abusos, se encuentra procesado y menos aún sancionado.
Esta situación de catástrofe e impunidad se ha vivido y se sigue viviendo en los cientos de conflictos socioambientales o socioculturales producto de concesiones mineras, petroleras, madereras, hidroeléctricas u otras similares que tiene como protagonistas a las comunidades campesinas y a las mismas comunidades amazónicas del Perú. La causa principal de estos conflictos se encuentra en la actitud de los gobernantes de turno: decisiones jerárquicas, centralizadas, jurídicamente formales y burocráticas que no tienen en cuenta la opinión y menos la participación de las comunidades andinas o amazónicas. En el extremo, estas comunidades no han sido convocadas para una objetiva y equitativa consulta previa como dispone el derecho internacional y la Constitución Política. Los gobiernos centrales, con la disposición de las empresas interesadas, han actuado abusivamente, sin respetar a la población originaria.
Una experiencia parecida es la que vivimos durante la pandemia del COVID-19, desde inicios del año 2020. El gobierno central continua aún sin comprender el país multicultural, persistiendo en controlar la pandemia desde Lima, centralistamente. Todo el año 2020 hemos sido testigos de mucha improvisación, medidas extemporáneas, aparentes acciones de control, previsión y reconstrucción, pero con efectos catastróficos en los servicios de salud y en otros servicios públicos como el de educación. Es doloroso conocer de la muerte de cientos de médicos y de personal de salud en los servicios públicos por falta de un sistema de protección, y la muerte de miles de personas por falta de atención en un centro de salud, específicamente por falta de oxígeno medicinal. La población de las comunidades amazónicas y andinas son quienes peor servicio de salud pública tienen. No existe o existe improvisadamente el servicio de postas de salud sin médicos o personal de salud, y sin medicinas, y menos existe un conocimiento intercultural para tratar con dichas comunidades.
En el mismo sentido, el proceso electoral vivido recientemente en el Perú nos muestra lo triste y violento que significa defender ideas políticas y económicas diferentes a la dominante en el gobierno central y el mercado de bienes y servicios. El proceso electoral ha dividido el país, como ocurrió tras El Baguazo. Un grupo de personas cree tener la razón sobre los planes políticos y económicos del país, y ha forzado publicitariamente ideas y actitudes en el presente proceso electoral, discriminando al otro grupo. Dicho grupo se ha sentido con el derecho de excluir, maltratar y menospreciar al otro grupo. No abre el debate ni convence; impone sus ideas. Los grupos de poder económico y medios de comunicación parece que actúan coordinadamente en defensa de aquellos planes. En el otro lado, encontramos al grupo de personas que no cree en su Estado ni en los gobiernos de turno, semejante a las comunidades amazónicas y andinas, y aunque no comprenda sobre el liberalismo o neoliberalismo, ni de comunismo o socialismo, tiene esperanza de un cambio y una mejora.
¿Qué hacer?
Dada la dimensión de los problemas antes mencionados, es difícil proponer soluciones. Pero creemos que si es posible debatir y sugerir algunas alternativas.
1. Es indispensable que se sigan investigando los hechos de El Baguazo, y se sancione a los funcionarios públicos, políticos y empresarios que tuvieron participación directa o indirecta en las decisiones y los sucesos ocurridos.
2. Cual fuere el gobierno de turno, debe comprender y atender los conflictos socioambientales o socioculturales respetando a las comunidades amazónicas y andinas, siguiendo las normas internacionales y el contenido de la Constitución Política.
3. Es urgente actuar frente a la pandemia del COVID-19 en forma descentralizada, reconstruyendo con prioridad los servicios de salud pública en los lugares más alejados. En el mismo sentido atender los otros servicios públicos como el de educación.
4. Fomentar una tolerancia electoral. Sea cual fuere el gobierno elegido, hay que comprender las necesidades sociales, económicas y culturales de aquella población que no cree ni en el Estado ni en sus gobernantes.
El Baguazo nos recuerda la realidad del Perú cada año que transcurre. Superar las causas de ese episodio nos lleva a pensar en años de convivencia perdidos. Pero, aún, a pesar de los 12 años transcurridos, las esperanzas de un nuevo país no se pierden en la población.
Lima, 5 de junio de 2021.
English version
From that June 5, 2009, in which one of the saddest and most violent episodes in the contemporary history of Peru took place, through El Baguazo, 12 years have passed and it is as if neither politics nor our social-cultural-economic attitude has changed. Social conflicts, the pandemic of 2020, and the electoral process of this year 2021 (in the middle of the bicentennial of Peru’s independence), confirm how sad and violent our history remains after El Baguazo.
On June 5, 2009, Amazonian communities in the province of Bagua, in the Amazon Region, were violently evicted after a long protest that began at the end of February of the same year. The causes of the protests were political and economic abuses by the central government, whose officials (including the President of the Republic) had endeavored to comply with the conditions to enter into Free Trade Agreements that supposedly would benefit the entire country. Deaths and destruction followed these events, as did a racist advertising campaign that divided the country. Despite this pain, to date, not a public official, politician or businessman, perpetrators or favored by the abuses, has been prosecuted and even less punished.
This situation of catastrophe and impunity has been experienced and continues to be experienced in the hundreds of socio-environmental or socio-cultural conflicts resulting from mining, oil, logging, hydroelectric or other similar concessions that have peasant communities and the Amazonian communities of Peru as protagonists. The main cause of these conflicts is found in the attitude of the current rulers: hierarchical, centralized, legally formal, and bureaucratic decisions that do not take into account the opinion and less the participation of the Andean or Amazonian communities. In the extreme, these communities have not been summoned for an objective and equitable prior consultation as provided by international law and the Political Constitution. The central governments, with the disposition of the interested companies, have acted abusively, without respecting the native population.
A similar experience is the one we lived during the COVID-19 pandemic since the beginning of 2020. The central government still does not understand the multicultural country, persisting in controlling the pandemic from Lima, centrally. Throughout 2020 we have witnessed a lot of improvisation, extemporaneous measures, apparent actions of control, anticipation, and reconstruction, but with catastrophic effects on health services and other public services such as education. It is painful to know of the death of hundreds of doctors and health personnel in public services due to lack of a protection system, and the death of thousands of people due to lack of care in a health center, specifically due to lack of medical oxygen. The population of the Amazonian and Andean communities have the worst public health services. There is no, or there is only an improvised small health center without doctors or health personnel, and without medicines, and even less is there intercultural knowledge to deal with these communities.
In the same sense, the electoral process recently experienced in Peru shows us how sad and violent it means to defend political and economic ideas different from those that dominate the central government and the market for goods and services. The electoral process has divided the country, as happened after El Baguazo. A group of people believes that they are right about the political and economic plans of the country, and they have forced publicity ideas and attitudes in the present electoral process, discriminating against the other group. This group has felt with the right to exclude, mistreat, and belittle the other group. It does not open the debate or convince; impose their ideas. The economic power groups and the media seem to act in coordination defending those plans. On the other side, we find the group of people who do not believe in their state or in the current governments, like the Amazonian and Andean communities, and although they do not understand liberalism or neoliberalism, or communism or socialism, they have hope of a change and an improvement.
What to do?
Given the dimension of the problems, it is difficult to propose solutions. But we believe that it is possible to discuss and suggest some alternatives.
1. It is essential that the events of El Baguazo continue to be investigated, and that public officials, politicians and businessmen who had direct or indirect participation in the decisions and events that occurred be punished.
2. Whichever government is in power, it must understand and address socio-environmental or socio-cultural conflicts, respecting the Amazonian and Andean communities, following international standards and the content of the Political Constitution.
3. It is urgent to act in the face of the COVID-19 pandemic in a decentralized way, rebuilding public health services in the most remote places with priority. In the same sense, attend to other public services such as education.
4. Foster electoral tolerance. Whatever government is elected, it is necessary to understand the social, economic, and cultural needs of the population that believes neither in the State nor in its leaders.
El Baguazo reminds us of the reality of Peru each year that passes. Overcoming the causes of this episode leads us to think of lost years of coexistence. But still, despite the past 12 years, the hopes of a new country are not lost in the population.
Lima, June 5, 2021.
