Esteban Poole Fuller
Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y magíster en Planeamiento Urbano y Territorial por la Universidad Politécnica de Madrid (España). Docente del curso de Derecho (DER102), dictado en la unidad de Estudios Generales Letras en la PUCP y Especialista en Relaciones Exteriores y Política Internacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Integrante del Grupo de Investigación en Derecho y Gobernanza Pública de la PUCP (DerGOV-PUCP) y del Grupo Peruano de Historia del Derecho del Instituto Riva Agüero de la PUCP.
1. Introducción
En años recientes ha existido una percepción generalizada entre la población de Lima de que la criminalidad es el principal problema de la ciudad y que los índices de la misma estarían aumentando constantemente. A su vez, durante las últimas tres décadas, se han observado significativas restricciones al acceso a espacios públicos y a los usos de los mismos (Díaz Albertini, 2016; Poole Fuller, 2021), legitimadas en base al discurso de la inseguridad ciudadana, que enfatiza el empleo de medidas represivas y restrictivas como respuesta a la criminalidad percibida.
Partiendo de la problemática expuesta, este artículo analiza la interrelación entre los discursos de la inseguridad ciudadana y los patrones de privatización y restricción al acceso y usos de los espacios públicos en Lima. Se plantea que ambos fenómenos estarían interrelacionados, en la medida que la percepción de altos niveles de criminalidad habría propiciado un discurso de la inseguridad que ha legitimado prácticas espaciales que privatizan los espacios públicos.
Como estudio de caso para graficar la dinámica expuesta, se analizará el caso del Parque Castilla, ubicado en el distrito de Lince, donde estuvo vigente, entre 2016 y 2020, la Ordenanza N°376-MDL, que prohibió las rutinas de danza urbana. El análisis de dicho caso ilustrará la interrelación entre discursos basados en la defensa del orden y la seguridad públicas y prácticas de privatización espacial, así como las resistencias ciudadanas que las mismas pueden suscitar.
2.Discurso de la inseguridad ciudadana y legitimación de la privatización de espacios públicos
Lima exhibe índices de percepción de la criminalidad notablemente altos. Al respecto, una serie de encuestas evidencian que, mientras que entre 25 y 30% de la población de Lima ha sido víctima de un delito (principalmente asalto y hurto), más del 80% afirma que puede ser víctima potencial (INEI, 2020). A su vez, dichas encuestas muestran, de forma consistente, que más del 70% de la población limeña considera la criminalidad como el principal problema de la ciudad (Lima Cómo Vamos, 2022).
Las percepciones de alta criminalidad han alimentado el discurso de la inseguridad ciudadana, que demanda medidas represivas frente a los riesgos percibidos (Garland, 2001; Pavarini, 2009; Dammert y Tobar, 2017). Dicho discurso, a su vez, ha legitimado prácticas que restringen el acceso a los espacios públicos, propiciando dinámicas de privatización de los mismos (Zolezzi, 2010; Poole Fuller, 2021). Entre las prácticas restrictivas y privatizadoras de espacios públicos legitimadas por el discurso de la inseguridad ciudadana, destacan las siguientes (Poole Fuller, 2021):
- Cierre de acceso (durante las noches o incluso permanentemente) a los parques para quienes no residen en su entorno.
- Diseño urbano en barrios de altos ingresos que restringe significativamente el acceso y desplazamiento de peatones debido a la ausencia de aceras.
- Construcción de cercas en torno al perímetro de casas y complejos residenciales, de oficinas y educativos.
- Restricción del acceso a las calles a través de rejas y tranqueras (la mayoría de las veces ilegalmente).
Estas restricciones contribuyen a exacerbar la carencia de espacios públicos (Díaz Albertini, 2016), que abarcan apenas 7% del área urbana de Lima (Ludeña et al, 2013). Aunque este déficit proviene, en gran medida, de un modelo de urbanización principalmente informal y no planificado, las dinámicas de privatización espacial descritas han reforzado esta carencia al desalentar el empleo de ciertas áreas para usos públicos y alentado formas de socialización centradas en el consumo (Vega Centeno, 2017), como queda reflejado en la proliferación de centros comerciales en Lima durante las últimas dos décadas.
Aunque los promotores de las prácticas que restringen el acceso a espacios públicos argumentan que se trata de medidas para prevenir amenazas delictivas, sus acciones pueden ser concebidas como estrategias de segregación residencial (Caldeira, 2000; Plöger, 2006; Díaz Albertini, 2017). En este sentido, cabe afirmar que se trataría de intervenciones orientadas a desalentar la presencia en las zonas donde residen los sectores socioeconómicos acomodados de Lima de personas procedentes de áreas urbanas que concentran a los estratos socio-económicos populares (Poole Fuller, 2021).
La lógica de privatización de la seguridad no se ha limitado a la proliferación de cercas en las áreas urbanas de Lima. Puede afirmarse que la aparición y proliferación desde la década de 1990 de cuerpos de Serenazgo, vigilantes privados contratados por las municipalidades distritales de Lima, serían una manifestación adicional de esta lógica.
Denominados formalmente Servicios de Seguridad Ciudadana, y, creados con el objetivo de complementar las labores policiales, los serenazgos se dedican principalmente a la vigilancia de las calles y al mantenimiento del «orden público». Dichos cuerpos se han extendido a todos los distritos de Lima, pero su presencia es especialmente significativa en los distritos centrales o que concentran residentes de mayores ingresos. Si bien la efectividad del Serenazgo en la prevención del crimen resulta escasa, sus efectivos han sido muy activos en cuanto a restringir los usos de los espacios públicos de los distritos acomodados, particularmente por parte de personas con características étnicas y sociales estigmatizadas (Poole Fuller, 2021). Estas prácticas reflejan discursos que distinguen a los residentes de los distritos de los «forasteros», especialmente cuando los primeros viven en distritos de la llamada «ciudad formal» que concentran a los residentes de clase media y alta, y los últimos provienen de la «ciudad informal» en la que reside la mayoría de la población de bajos ingresos de Lima (Vega Centeno, 2017). En este sentido, más allá de su eficacia real para prevenir el delito, la presencia de los cuerpos de serenazgo puede entenderse como un mecanismo de control sobre los espacios urbanos, orientado a reafirmar dinámicas de domesticación de sus usos y segregación socio-espacial sobre los mismos (Bensús, 2012; Poole Fuller, 2021).
3. Espacios en disputa: el caso del Parque Castilla
A continuación, se describirá un caso reciente de represión del uso del espacio público, ocurrido en el Parque Castilla, ubicado en el distrito de Lince, que ilustra las prácticas espaciales descritas en este artículo, así como las resistencias que las mismas pueden suscitar entre colectivos que reivindican el libre acceso a los espacios públicos.
El parque Castilla se había transformado, desde la década del 2000, en un espacio al que jóvenes procedentes de diversas zonas de Lima acudían durante los fines de semana a ensayar rutinas de danza urbana. No obstante, ésta dinámica se interrumpió abruptamente en 2016, cuando la municipalidad distrital de Lince aprobó la Ordenanza N° 376-MDL, que prohibió las prácticas de «recreación activa» (incluida la danza) en el Parque Castilla. Ello condujo a una intensa represión de las actividades al aire libre en el parque por parte del Serenazgo.
Estas medidas represivas fueron de la mano con actuaciones del gobierno local que propiciaban la privatización de espacios dentro del parque. Dos ejemplos especialmente llamativos al respecto fueron el arrendamiento por parte de la municipalidad, en 2015, de un terreno en el parque para la construcción de instalaciones recreativas privadas en las que se cobraba el acceso; y el desmantelamiento, en 2016, de un campo de futbol municipal, sobre el cual se construyó una piscina particular. Asimismo, durante este periodo se construyeron en el entorno del parque varios edificios de apartamentos destinados a compradores de sectores medios altos. A la luz de estos hechos, cabría sostener que las medidas adoptadas por la municipalidad de Lince contra los danzantes que se congregaban en el parque de Castilla habrían derivado de un intento de desalentar los usos del entorno por parte de sectores socialmente heterogéneos, a fin de hacerlo más atractivo para los inversores inmobiliarios, al tiempo que se fomentaba una creciente privatización de los espacios públicos.
Las acciones de la municipalidad de Lince suscitaron una vigorosa resistencia por parte de los colectivos afectados por la prohibición de la danza. Estos interpusieron en 2017 una demanda de inconstitucionalidad contra la Ordenanza N° 376-MDL. Finalmente, en 2020, el Tribunal Constitucional de Perú declaró inconstitucional la prohibición de la recreación activa en el Parque Castilla, en virtud de la Sentencia N° 00013-2017-PI/TC22.
Manifestación contra la Ordenanza 376-MDL, emitida por la Municipalidad Distrital de Lince en 2016, que prohibía la recreación activa en el Parque Castilla (Defiende el Parque Castilla, 2017)
El conflicto en torno a los usos permitidos del Parque Castilla puede entenderse como la colisión entre una lógica privatizadora y represiva de los espacios públicos, generalmente favorecida por los gobiernos locales de Lima, y las demandas de movimientos sociales que exigen revalorar el carácter abierto de estos ámbitos (Galagarza, 2017; Poole Fuller, 2021). En este caso se observa, de manera especialmente nítida, cómo el discurso de defensa del «orden y la tranquilidad pública» (vinculado estrechamente al de la inseguridad ciudadana) fue empleado para legitimar acciones de domesticación y restricción del acceso a los espacios públicos por parte de las autoridades locales (Galagarza, 2017). Dichas medidas, al tiempo que buscaban desalentar el uso de los espacios públicos por determinados sectores de la población, buscaban atraer capitales privados al entorno del Parque Castilla, propiciando una creciente privatización y mercantilización de dicho espacio (Poole Fuller, 2021).
No obstante, la reacción de los colectivos afectados por estas medidas evidencia las tensiones y límites de dichas dinámicas privatizadoras frente a demandas de movimientos sociales por un mayor acceso a los espacios públicos. En este sentido, se aprecia que medidas orientadas a “domesticar” espacios públicos de Lima como el parque Castilla pueden activar arenas de disputa en las que se pone en tela de juicio las nociones sobre los usos admitidos de los espacios públicos y se reivindican formas de apropiación más libres apelando al discurso del derecho a la ciudad (Ibid).
4. Conclusiones
A la luz del análisis expuesto, puede afirmarse que la percepción generalizada de altos niveles de criminalidad en Lima ha suscitado demandas represivas vinculadas a discursos de la inseguridad ciudadana. Dicho discurso, a su vez, ha legitimado diversas formas de privatización y domesticación de los espacios públicos. Estas prácticas restrictivas se han dado con particular intensidad en los distritos que concentran a residentes de sectores socioeconómicos medios y altos, reflejando y exacerbando la polarización y segregación socio-espacial que exhibe Lima.
Las actuaciones de la Municipalidad de Lince pretendiendo limitar los usos del parque Castilla, analizadas en este artículo, ilustran las dinámicas descritas. Las restricciones impuestas entre 2016 y 2020, cuando rigió la Ordenanza N° 376-MDL, fueron de la mano con acciones del municipio que suponían la privatización de espacios del parque y que habrían estado asociadas a esfuerzos por hacer la zona más atractiva para inversionistas inmobiliarios. De este modo, los intentos por limitar los usos del parque Castilla evidencian con especial nitidez las interrelaciones entre discursos en torno a la inseguridad ciudadana y prácticas espaciales que promueven la domesticación y privatización de espacios públicos. Al mismo tiempo, el caso del parque Castilla ilustra las tensiones de las prácticas espaciales descritas frente a las resistencias de colectivos críticos de las mismas.
Los discursos pueden traducirse en políticas, normas y prácticas. En ese sentido, frente a las formas de privatización y domesticación de espacios públicos que se observan en Lima, cabe afirmar que un cambio en las políticas urbanas que asuma una orientación más abierta hacia las prácticas espaciales de sus habitantes dependerá, en gran medida, de un cambio en los imaginarios y discursos en torno a la inseguridad ciudadana.
5. Bibliografía
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Caldeira, T. (2000) City of walls: crime, segregation, and citizenship in São Paulo. Berkeley: University of California Press.
Dammert, L.; y Tobar, F. S. (2017) Fear and insecurity in Latin America. En Lee, M y Mythen, G.: The Routledge International Handbook on Fear of Crime, pp. 339-353. London: Routledge
Díaz Albertini, J. (2016) El feudo, la comarca y la feria: la privatización del espacio público en Lima. Lima: Universidad de Lima.
Garland, D. (2001) The culture of control. Crime and Social Order in Contemporary Society. Oxford: Oxford University Press.
Galagarza, B. (2017) La batalla por el parque Castilla. Disonancia – Portal de debate y crítica social del Grupo de Investigación sobre Teoría Crítica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Recuperado de: https://disonancia.pe/2017/05/26/la-batalla-por-el-parque-castilla/
Lima Cómo Vamos (2022) Lima y Callao según sus habitantes. Reporte urbano de percepción ciudadana 2022. Lima: Lima Cómo Vamos.
Ludeña, W.H, Zucchetti, Anna y García Calderón, J. (2013) Lima y espacios públicos. Perfiles y estadística integrada 2010. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
Pavarini, M. (2009) Castigar al enemigo: criminalidad, exclusión e inseguridad. Quito: FLACSO.
Plöger, J. (2006) La formación de enclaves residenciales en Lima en el contexto de la inseguridad. Urbes (3), 135-164.
Poole Fuller, E. (2021) Discurso de la inseguridad ciudadana y privatización de espacios públicos en Lima. Revista Comunicación, Política y Seguridad, 3, 63- 87.
Vega Centeno, P. (2017) La desigualdad invisible: el uso cotidiano de los espacios públicos en la Lima del siglo XXI. Territorios (36), 23-46.
Zolezzi, M. (2010) Seguridad ciudadana y derecho a la ciudad. Quehacer (177), 46-51.
