Iris Jave
Licenciada en Comunicación con estudios de maestría en Ciencia Política. Docente de Comunicación Política de las universidades Católica y Lima. Miembro del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP). Este texto es una elaboración de: El Santuario de la Memoria de La Hoyada desde adentro: proceso de diálogo y participación para la construcción de un espacio de memoria. Ayacucho, Perú, proyecto de investigación que ganó uno de los premios del concurso de investigaciones 2015 de la Universidad de Lima, Perú y se realiza con apoyo del IDEHPUCP.
En el libro “Los trabajos de la memoria” (2012) Elizabeth Jelin se pregunta acerca de las herramientas que contribuyan al análisis y a la construcción de la memoria, luego de periodos de violencia política. Aún cuando estos episodios han sido dolorosos y, quizá haya el deseo consciente –o inconsciente– de evitarlos o, incluso silenciarlos, los procesos cobran sentido con nuevos contextos políticos e históricos. ¿Hace sentido para nuevas generaciones, que desconocen las secuelas de la guerra interna conmemorar ese pasado en un espacio público que hoy les pertenece a “todos”? ¿Qué disputas y negociaciones surgen en ese proceso social? ¿Quiénes estan destrás de estas iniciativas y por que asumen ese protagonismo? ¿Son los mecanismos de diálogo, fundamentales para legitimar los procesos de memoria? Esta ponencia intenta responder a estas preguntas a partir de una investigación cualitativa en curso, que busca documentar el proceso social seguido para la instauración del Santuario de la Memoria La Hoyada, identificar los diversos actores involucrados y comprender las relaciones que se establecen entre ellos para un diálogo y negociación.
Antecedentes
La Hoyada es un terreno ubicado en la regiòn de Ayacucho (Perú), sindicado por los pobladores y víctimas de la violencia como posible lugar donde yacen los restos de sus familiares. Como se recuerda, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) constató el caso del Cuartel BIM N° 51 del Ejército del Perú, “Los Cabitos” en la ciudad de Ayacucho (Huamanga), en el cual a inicios de 1985, el general EP Wilfredo Mori, jefe militar de Ayacucho ordenó la construcción de hornos para incinerar los cuerpos que habían sido enterrados. Es aquí donde se reportaron casos de detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, desaparición y ejecución extrajudicial de por lo menos 136 personas, entre hombres, mujeres y niños que revelan un patrón de acción que no respetaba las garantías mínimas judiciales ni la dignidad humana y lo que constituyó un símbolo de violencia extrema e Impunidad.
La Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP)[1], con el apoyo de organizaciones de derechos humanos de Ayacucho y Lima, ha venido articulando sus demandas para la construcción de un espacio de memoria en La Hoyada que logre dignificar a las víctimas del cuartel Los Cabitos y sirva como reparación simbólica en esta región. En el Perú, se estima en más de 15 mil las personas desaparecidas durante el periodo de violencia; han pasado 30 años desde el inicio del conflicto y aún no se resuelve esta problemática. El Estado no cuenta con una política articulada para enfrentarla, por un lado, el Poder Judicial lleva adelante –con lentitud– los procesos judiciales para esclarecer hechos y responsabilidades; el ministerio Público se ocupa de las exhumaciones –cuando lo ordena el proceso judicial–; el vice ministerio de Derechos Humanos tiene a su cargo la Comisión Multisectorial de Allto Nivel (CMAN), encargada del segumiento a las recomendaciones de la CVR, y por tanto de las reparaciones; el ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene a su cargo, una dirección para personas desplazadas, algunos de los cuales efrentan también la desaparación de sus seres queridos. Ante esta situación, los sitios de memoria, cobran importancia tanto a nivel social —colectivo— como a nivel personal, dado que permiten iniciar mecanismos de duelo y sanación que se ven frustrados ante la ausencia de un cuerpo, produciendo una serie de estigmas y desestructuración de sus vidas.
Pero el concepto de memoria no se remite vagamente al “recordar”, plantea un proceso activo que se construye socialmente e involucra una necesidad de “trabajo” –de la memoria–, que cobra sentido mediante el acto de rememorar/olvidar. Algunos hechos vividos en el pasado tienen efectos en tiempos posteriores: la memoria del pasado invade y permea el presente, es decir se da una ruptura de una vida que está caracterizada por rutinas y hábitos, y la intensidad que varía de acuerdo al origen del evento, involucrando a los sujetos de manera diferente.
La incidencia de ANFASEP
La Hoyada se fue convirtiendo en un sitio simbólico de peregrinación de las señoras de ANFASEP, en un lugar de recuerdo y de dgnifcación para sus seres queridos. Desde el 2005 se trabajó en incidencia política para que el terreno de La Hoyada sea declarado como un Santuario de la memoria para así asegurar su protección. Gracias a ello, se le declaró como zona intangible por el Poder Judicial. A partir de ello, se iniciaron marchas y protestas, para exigir que este lugar sea mantenido y conservado. El 2008, se instala una cruz que “marca”, que fija el terreno como un sitio de memoria. Se inicia entonces, una “apropiación” del territorio de forma simbólica y física desde la ANFASEP y los cientos de personas que representan. La reparación simbólica empieza a ser construida por esta mujeres ayacuchanas, desde su propia agencia, desde su condición de víctimas y ciudadanas.
Desde entonces ha habido un largo camino para demandar el reconocimiento del Estado al Santuario de la Memoria. Para las madres de ANAFSEP, signfica “un santuario” por lo que representa como un destino posible de que los restos de sus familiares yacen ahí. Judicialmente eso no fue comprobado, luego que se ordenaron las exhumaciones, se realizó más de 3 mil excavaciones en busca de los restos humanos reportados, se logró encontrar 109, de los cuales solo 2 han podido ser identificados. Lo que el plano judicial no puede “resolver” lo puede representar o resignficar un lugar de memoria.
A través de un proceso de diálogo se llegó a un acuerdo entre el Estado y organizaciones sociales, la conformación del Comité Pro Santuario, permitió que el Ministerio de Justicia entregue el terreno de manera oficial para la construcción.
Para la ANFASEP, durante los años 80 y 90 era casi un dilema ético el acercarse al Estado y coordinar con sus agentes, este era visto como un perpetrador. Hoy, por el contrario, parece fundamental ese acercamiento y negociación para conseguir su derecho al reconocimiento de hacer memoria. La búsqueda de alianzas, la diversidad de actores identificados e involucrados en su propuesta, la práctica de la incidencia y el haber potenciado su capital social, permiten hablar de la ANFASEP como un grupo de emprendedores de la memoria (Jelin, 2012) durante los últimos años. Se considera a emprendedores de la memoria que no cuentan con los recursos logísticos ni de voz como para hacer masivo sus mensajes; personas y agrupaciones que a menudo deben luchar durante años para ver realizadas sus iniciativas.
Para hacer realidad el Santuario de la Hoyada, la ANFASEP ha involucrado a diversos actores políticos y sociales, entre organizaciones de víctimas, funcionarios públicos, académicos, artistas, etc.; asumió un rol protagónico para gestionar propuestas y buscar alianzas. En este proceso, la ANFASEP ha asumido un rol político, realizando acciones de cabildeo al más alto nivel para la gestión del santuario de La Hoyada, pasando de ser un actor que demanda acciones al Estado, a ser uno que gestiona sus propuestas de reparaciones, con su propia narrativa. La memoria deja de ser un espacio subalterno o de ámbito comunal y local para convertirse en una propuesta de política a nivel regional y nacional.
El espacio público, de todos
A partir de la generación de confianza, permanencia y cumplimiento de compromisos de los agentes implicados (Segovia, 2007), el proceso colectivo de creación y propuesta colectiva de un espacio físico tiene una serie de efectos positivos en las localidades: fortalece el liderazgo y la capacidad de acción de las organizaciones sociales; refuerza la convivencia entre los vecinos; favorece la capacidad de lograr acuerdos entre actores locales; promueve una mayor autonomía de la comunidad en la gestión de sus problemas.
Por otra parte, la participación comunitaria, que convoca a diversos actores, impulsa a procesos de mayor apropiación y posibilita la generación de nuevas iniciativas. Para el proyecto del Santuario, se ha seguido este proceso de diálogo y participación, los actores han ido comprendiendo la necesidad de dialogar con otros, dar a conocer su propuesta, para visibilizarla en la opinión pública pero sobre todo para conseguir legitimidad en las acciones políticas que emprenden. Esto con el fin construir políticas públicas perdurables que se basen en un reconocimiento de las autoridades e instituciones políticas.
Hay dos aspectos a tomar en cuenta en la construcción de un espacio de memoria, los vecinos que comparten el espacio público; en el caso de la Hoyada, hay un conjunto de asociaciones de viviendas asentadas allí hace algunos ellos, son vecinos del Santuario que también necesitan ser involucrados en el espacio, una de ellas está conformada por una población desplazada del interior de Ayacucho. ¿Qué piensan ellos del lugar? ¿Qué sentido le dan a ese espacio? El Santuario ha sido cercado, pero aún falta un tramo, que ha sido ocupado por un proceso reciente de invasión, el Gobierno regional se encuentra en un proceso judicial con estos “invasores”, pero llama la atención como puede pasar tanto tiempo, más de un año y aún no se resuelve. Estos dos casos plantean nuevas preguntas ¿Cómo el entorno puede impactar o afectar el espacio “sagrado”? ¿Qué sentidos plantean los vecinos alrededor de la memoria de las víctimas? ¿Es el proceso de diálogo convocante?
Se ha avanzado mediante proceso de incidencia, de diálogo y participación con diversos actores sociales y estatales, organizaciones de víctimas y funcionarios de gobierno, academia y agencias de cooperación para negociar y oficializar el lugar para la memoria de cientos de desaparecidos en la guerra interna, pero se ha avanzado poco con el entorno inmediato, con los vecinos del Santuario, que buscan un espacio básico de vida, de barrio. ¿Qué sentidos plantea el Santuario allí? ¿Cómo dialoga con estos otros actores, vecinos, “invasores” del lugar sagrado? Una primera respuesta parece señalar implícitamente que no basta contar con un diseño participativo ante la construcción/gestación de los espacios públicos sino que resulta fundamental profundizarla y fortalecerla, lo que implica trabajar en tres líneas: fortalecer los espacios públicos como escenarios para el encuentro y la interacción (animación del lugar); comprometer a la ciudadanía en su gestión para asegurar su uso (capacitación de la comunidad); y, articular a actores, acciones y recursos para optimizar la gestión. Un proceso de gestión que articule esfuerzos, intereses y visiones diversas acrecentará el capital social de los actores involucrados.
