Mg. Victor Manuel Quinteros Marquina
Investigador principal del Laboratorio de Criminología Social y Estudios sobre la Violencia de la PUCP
Han pasado más de 35 años desde que el grupo terrorista Sendero Luminoso iniciara la lucha armada contra el Perú y que su líder, Abimael Guzmán Reinoso, cumpliera una de las principales consignas de su demencial ideología: hacer correr ríos de sangre antes de lograr su ansiada revolución. No lo logró, el 12 de setiembre de 1992 el Estado peruano lo derrotó gracias al trabajo de un grupo de policías integrantes del célebre Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) perteneciente a la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE). Este fue el punto culminante de una estrategia antisubversiva que, luego de años de esfuerzo y paciente búsqueda, logró la detención de Guzmán y la desarticulación casi total de su agrupación criminal.
El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) documenta este episodio aciago de nuestra historia y atribuye a Sendero Luminoso la mayor responsabilidad de los crímenes cometidos durante ese periodo. Sin embargo, Sendero Luminoso no fue el único actor del conflicto, también lo fueron el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y, de parte del Estado, las Fuerzas Armadas y Policiales complementadas por las rondas campesinas y los comités de autodefensa.
Lamentablemente, el enfrentamiento de estos actores armados trajo consigo numerosas muertes y desapariciones, además de cuantiosos daños materiales para el Estado. Por estos hechos, los grupos terroristas fueron repudiados socialmente y sus miembros considerados como criminales. Para las Fuerzas Armadas y Policiales el balance de la CVR fue distinto y más preciso, haciendo un necesario distingo entre el heroísmo de sus miembros y quienes cometieron atentados contra la vida y otras afectaciones de similar gravedad. De este modo, la CVR concluyó que ambas instituciones incurrieron en prácticas sistemáticas de violación a los derechos humanos únicamente “en determinados momentos y lugares”.
Como consecuencia de este legado de crímenes y violaciones a los derechos humanos, surgen expresiones de memoria a partir diversas narrativas sobre los hechos de violencia y la determinación de sus presuntos responsables, además de la descripción y análisis de sus causas y secuelas; en definitiva, surge la necesidad de responder a las exigencias de verdad, justicia y reparación propias de todo periodo post-conflicto. De este modo, la constitución de comisiones de la verdad y el inicio de investigaciones judiciales o extrajudiciales, aparecen como medios para satisfacer parte de estas exigencias a través de narrativas sobre lo ocurrido, ya sea para crear una verdad oficial, proponer argumentos para determinar responsabilidades en un proceso penal o aportar mayor conocimiento y comprensión sobre lo ocurrido a través de la investigación académica o periodística. En todos los casos, se trata de medios para dar a conocer los hechos e, indirectamente, servir de remedio contra el olvido.
Pero en ocasiones estas narrativas resultan insuficientes y no comprenden la totalidad de casos de violencia ocurridos durante el conflicto, sea porque su gran número y dispersión territorial crea dificultades para su investigación, o porque la mayoría suelen quedar relegados e invisibles ante el ojo público frente a aquellos que se convierten en “emblemáticos” y concentran la atención de la prensa e incluso de los propios movimientos de derechos humanos, que ven en ellos una utilidad mediática para mantener vigente la agenda pendiente en materia de justicia y derechos humanos en el Perú. Precisamente, en lo que se refiere a la acción de la justicia, estos mismos casos “emblemáticos” se convierten en un modelo a seguir porque respecto de ellos la acción de la justicia suele ser altamente eficaz y rigurosa, tal como lo demuestran sentencias históricas como las emitidas contra el ex presidente Alberto Fujimori y los miembros del grupo de aniquilamiento “Colina”. Sin embargo, la realidad es otra, y lo que en teoría debió convertirse en regla terminó siendo excepción. Con ello, los casos sin mayor exposición mediática se convirtieron en fácil presa del olvido y la impunidad.
Si nos enfocamos en los hechos de violencia que ocurrieron en la región Lima (Lima Metropolitana y provincia) podemos concluir que comparativamente con otras regiones del país, esta representa un porcentaje menor de víctimas. Según la CVR, de un total de 22,507 muertos y desaparecidos, el 40% corresponde a Ayacucho, la región más golpeada por la violencia, y menos del 2% a Lima. Sin embargo, el criterio numérico no es el único indicador a tomar en cuenta al momento de analizar las manifestaciones de violencia y sus grados de afectación. También podría considerarse el tipo de estrategias aplicadas por los actores del conflicto y los escenarios de enfrentamiento en el que estos participaron. Así, Ayacucho representó un escenario de enfrentamiento preponderantemente rural, donde se practicaron con mayor regularidad estrategias de eliminación masiva e indiscriminada; por el contrario, Lima representó un escenario más bien urbano siendo las prácticas de eliminación premeditadas y selectivas las más recurrentes. De este modo, independientemente del criterio numérico, Lima, con sus coches bomba, asesinatos en la vía pública y desapariciones forzadas, entre otras expresiones de violencia, vivió su propio drama y al igual que otras regiones fue víctima del terror y la zozobra, pero magnificados por efecto de los medios de prensa y el mayor acceso de sus ciudadanos a las ondas de radio y televisión.
En línea con lo antes mencionado, aunque represente menos del 2% de muertos y desaparecidos a nivel nacional, Lima tiene su propia historia de violencia y sus propias exigencias de verdad, justicia y reparación. Sin embargo, las narrativas locales que deben generarse para documentar los hechos ocurridos en esta región, así como el conocimiento pleno de los atentados, crímenes y violaciones de derechos humanos perpetrados en sus diversas provincias y distritos, se presentan incompletas y en gran medida insuficientes, generándose un déficit de verdad y justicia, que lejos de revertirse va cediendo paso a la impunidad y el olvido.
Al igual que en otras regiones del país, Lima tiene sus propios casos emblema, y como suele ocurrir, estos acaparan el interés y atención de la prensa local, la que –sin proponérselo– termina alentando o influenciado un tipo de memoria parcial que facilita el olvido de otros casos de igual trascendencia, casos que involucran personas, víctimas, que lejos de resignarse a la impunidad, claman porque sus derechos a la verdad, justicia y reconciliación sean ejercidos plenamente.
Al hablar de atentados terroristas, vienen a la mente casos emblema como “Tarata” y el asesinato de la lideresa vecinal Marielena Moyano. Y cuando se trata de violaciones a los derechos humanos atribuidas a agentes del Estado, surge el nombre del grupo “Colina” como la máxima expresión de violencia local, destacándose entre su lista de crímenes las matanzas de “Barrios Altos” y “La Cantuta” como las más representativas y de mayor repercusión mediática. Para efectos de la presente nota, me referiré a este último tipo de hechos, y lo que puede considerarse una especie de “Colinización” de la memoria limeña, en alusión al grupo “Colina” y el grado de atención mediática que caracterizó la investigación, revelación y sanción de sus crímenes.
Según la CVR, Lima registra 234 casos de muertos y desaparecidos, correspondiendo al grupo “Colina” la autoría de 40, es decir, tan sólo una quinta parte de las víctimas registradas en la región. Sin embargo, el recuerdo vivo de sus crímenes acapara el imaginario popular, y la respuesta del Estado con respecto a su record criminal puede considerarse como altamente eficaz. Los miembros del grupo “Colina” han sido condenados casi en su totalidad y la prensa ha seguido de cerca y difundido todos los detalles de los múltiples procesos penales seguidos en su contra. Por estos mismos crímenes también han sido condenados un ex presidente de la República, un asesor presidencial y militares de la más alta graduación, incluido un ex Comandante General del Ejército y Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Por el caso “Colina” se han dado pronunciamientos adversos al Perú a nivel internacional, tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El único caso que le hace sombra es el del estudiante Ernesto Castillo Páez, víctima de desaparición forzada en 1990. Pero el caso Castillo Páez es la excepción, toda vez que numerosos casos de similares características están sumidos en el olvido y la casi inminente impunidad. Según la CVR, en la región Lima se registran más de 40 víctimas de desaparición forzada, pero respecto de ellas prevalece el silencio, la indiferencia y en algunos casos más de 20 años de procesos judiciales sin sentencia; dicho de otro modo, más de 20 años sin verdad, justicia ni reparación.
Uno de estos casos, se refiere a tres personas (Kenneth Anzualdo, Martín Roca y Justiniano Najarro) ingresadas por efectivos militares a los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), durante los meses de julio, octubre y diciembre de 1993. El caso cuenta con testimonios que confirman la detención de las víctimas y con libros oficiales que dan cuenta de su ingreso y permanencia en los sótanos del SIE, pero sin registro de salida. Sin ser un caso “emblemático” y sin operadores judiciales que asuman su investigación exhaustiva, la verdad se abrió paso a través de otro tipo de aportes, como investigaciones periodísticas, indagaciones a cargo de procuradores del Estado y el concurso de organizaciones internacionales que llevaron el caso de uno de ellos (Anzualdo) ante la Corte IDH, que declaró la responsabilidad Estado peruano. Habría que preguntarse, qué hubiese pasado si estos aportes, que datan del 2005, hubiesen contado con apoyo mediático y el caso hubiese sido conducido de modo célere y eficaz por las instancias judiciales competentes. Sin duda, el caso habría sido resuelto y no estaría por cumplir 22 años de diligencias sin sentencia.
Tanto en este caso, como en otros tantos invisibles ante la opinión pública, el concurso de la prensa y sus positivas dosis de presión mediática (tan útiles para los casos “emblema”) podrían contribuir decisivamente, evitando que el olvido favorezca la impunidad o la mayor dilación de un caso que por sus características debió ser resuelto hace muchos años atrás. Actualmente, el caso (Exp. 59-2009) está a cargo de la Segunda Sala Liquidadora de Lima y está próximo a ser sentenciado.
