Alonso Núñez del Prado S.
Abogado-MBA
Estas nuevas elecciones presidenciales, me permiten poner una vez más sobre el tapete un tema directamente vinculado con una mayor democratización: la necesidad de exigir que las agrupaciones políticas se inscriban en las elecciones con la presentación de un Plan de Gobierno estructurado y que cumpla con requisitos mínimos que permitan hacer un seguimiento a su cumplimiento, que es bastante más que el bosquejo que exige el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Es imprescindible que la ley establezca una especie de matriz de plan de gobierno, que sería el mínimo que tendrían que cumplir los partidos o agrupaciones que se presenten a una contienda electoral.
Entre las ventajas que se derivarían de esta norma me permito rescatar:
1. Ordenaría a quienes se encargan de preparar los planes.
2. Los obligaría a que propongan programas viables.
3. Evitaría que los planes se queden en generalidades, compeliendo a que se especifiquen datos objetivos, en los que tendrían que trabajar con mínimos y no con ofrecimientos incumplibles.
4. Lo anterior forzará a que los aspirantes al poder y la ciudadanía en general, exijan que el gobierno de turno publique la información que sea indispensable para que puedan preparar los planes de gobierno con cifras e información confiable.
5. En la campaña electoral se debatiría a partir de programas que tendrían control posterior y no de ofrecimientos para ganar votos.
6. El voto no sería ya sólo por las personas, sino por el plan de gobierno que presenten.
7. Los candidatos y los partidos en general, sabrán que se les pedirá cuentas de sus ofrecimientos que, además, constarán en un documento público que cada partido estaría obligado a presentar al JNE.
8. Derivará en una mayor democratización del país a partir de la toma de conciencia de la población de que puede exigirle a sus elegidos el cumplimiento de sus compromisos.
Mi propuesta tiene fundamento en las bases mismas de la democracia, en el hecho de que los que otorgan un poder tienen todo el derecho a exigir que el apoderado cumpla con sus indicaciones, más aún si éste es el que ha presentado un plan ofreciendo realizar determinados actos. Imagínense a un grupo de personas que se reúnen para elegir a uno de ellos con el encargo de realizar tareas que importan a todos. Los que se ofrezcan para realizar esa labor (candidatos) explicarán a los demás cómo piensan llevarla a cabo y a partir de esto y, sin duda, también de la percepción que se tenga de las personas mismas, se elegirá al mandatario que cuente con el mejor plan y a quién se considera en capacidad de hacerlo realidad. ¿No tienen todos los electores el derecho de exigir al elegido el cumplimiento de lo que les ofreció? Está claro que en el caso de no hacerlo, el mandatario tendrá derecho a explicar las razones de su fallo o las que lo motivan a hacer algo diferente, pero los que lo eligieron también podrán demandar su realización, si las explicaciones no le satisfacen.
La pregunta es ¿si los políticos están dispuestos a ponerse los límites y obligaciones indicados en beneficio del Perú?
