Eileen Infantas Montaldo
Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (2013). Especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno por la misma universidad (2014). Magíster en Derecho de la Empresa por la misma universidad (2018). Asociada Senior del Estudio Echecopar (2017 – presente).
En nuestro país, las barreras burocráticas siempre han estado presentes en nuestro día a día. Llamamos «barreras burocráticas» a todas las exigencias, requisitos, prohibiciones o cobros que podemos encontrarnos en un rol de personas naturales, enfrentándonos a un trámite administrativo; o en un rol de personas jurídicas -empresas-, intentando obtener alguna autorización y cumplir con el marco legal.
Es importante tener en cuenta que las «barreras burocráticas» no son negativas per sé. En efecto, para la existencia de un orden en el mercado, las entidades de la Administración Pública establecen ciertas reglas que pueden ser exigencias, requisitos, prohibiciones o cobros, que serán legales y razonables. Ello, en tanto han sido previstas respetando las competencias, sin vulnerar el marco normativo vigente, así como habiéndose evaluado que se trata de la medida idónea y con mayores beneficios, sin que exista otra mejor alternativa.
Sin embargo, existen también barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad, que sí generan un perjuicio en el mercado. Para ello, la Ley de prevención y eliminación de barreras burocráticas, aprobada por Decreto Supremo No. 1256, establece un mecanismo, a través de INDECOPI, con el objetivo de que se inapliquen las barras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad que restrinjan u obstaculicen el acceso o permanencia en el mercado.
Existe una lucha permanente contra las barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad, que ha ido ganando más fuerza en los últimos años, conforme ha ido existiendo mayor conocimiento sobre esta materia. Si bien es cierto los agentes económicos han comenzado a presentar cada vez un mayor número de denuncias buscando la eliminación de barreras burocráticas en los trámites que deben realizar; de oficio, la autoridad también ha iniciado un mayor número de procedimientos administrativos, inaplicando medidas contrarias al ordenamiento o que resultan carentes de razonabilidad.
Lamentablemente, la poca técnica para la regulación por parte de las entidades de la Administración Pública ha generado que la eliminación de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad sea muy difícil y parezca interminable. No obstante, la batalla contra las barreras burocráticas es sumamente necesaria e importante que se mantenga, puesto que garantiza la simplificación administrativa, así como la protección de derechos a la libre iniciativa privada y la libertad de empresa.
En el contexto actual, en el cual nuestro país se encuentra conteniendo una pandemia y tratando de reactivar la economía, la complicada lucha en contra de las barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad cobra mayor relevancia. Precisamente, hoy en día tenemos a la gran mayoría de agentes económicos tratando de resistir los efectos de las medidas de confinamiento producto del Covid-19, mientras que deben cumplir con las medidas sanitarias que buscan reducir las probabilidades de contagio.
Vemos pues, las empresas que venían funcionando pre pandemia, ahora requieren realizar trámites adicionales para que puedan operar en el contexto Covid-19, en los que deberán cumplir con determinados requerimientos dependiendo del rubro económico. Asimismo, aquellos agentes económicos que decidan iniciar un negocio en estas nuevas épocas, tendrán que someterse a condiciones adicionales que antes no hubiesen sido pensadas. Inclusive, tenemos que todas las nuevas exigencias, requisitos y prohibiciones deberán realizarse muchas veces en un nuevo contexto virtual que está adoptando la Administración Pública.
Pese a que no puede desconocerse la importancia de que los agentes económicos cumplan con nuevas medidas para garantizar la salud de las personas en la situación en la que nos encontramos, una pandemia no puede ser la excusa para la imposición de medidas ilegales y/o carentes de razonabilidad, que constituyan trabas al acceso y permanencia en el mercado. Ciertamente, el contexto particular en el que nos encontramos, no ha puesto en «pausa» ni ha eliminado la normativa que rechaza la imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad, por lo que se encuentra prohibido que las entidades las establezcan en el marco de sus procedimientos.
Es más, considerando que las barreras burocráticas generan costos a los agentes económicos, desincentivan las inversiones, y afectan al mercado limitando el acceso o permanencia de distintas empresas, actualmente tiene mayor relevancia garantizar el respeto de los derechos a la libre iniciativa privada y libertad de empresa, así como el resguardo del principio de simplificación administrativa. La imposición de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad se opone a la reactivación económica que propone y promueve el gobierno.
Es necesario preguntarse: ¿Puede existir reactivación económica si las entidades establecen medidas para las que no tienen competencia? ¿Los negocios podrán comenzar a funcionar o seguir operando si se les exige la presentación de excesiva documentación, con la que tal vez ya cuente la entidad o no tenga relevancia para el trámite que realizarán? ¿Fomentará la inversión el que resulte costoso cumplir con condiciones exorbitantes para cumplir con las medidas de sanidad o, en todo caso, que tome bastante tiempo conseguir todos los nuevos requerimientos?
Claramente, si el gobierno busca que se reactive la economía del país, fomentando que se incrementen las inversiones y que los negocios vuelvan a operar, ese objetivo será muy difícil de conseguir si las nuevas reglas para el acceso y permanencia en el mercado contienen barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad. La reactivación económica implica que se garantice la simplificación administrativa, para la obtención de licencias y autorizaciones que permitan que los negocios puedan volver a operar.
Lo preocupante es que la inaplicación de las barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad en un procedimiento ante INDECOPI puede demorar varios meses (o más de un año en algunos casos), por lo que un agente económico tendrá que cumplir con las medidas contrarias al ordenamiento jurídico si quiere acceder o permanecer en el mercado en el contexto actual. En efecto, las exigencias sanitarias son parte de la actualidad, y si es que se tratan de medidas ilegales o carentes de razonabilidad deben ser eliminadas en esta coyuntura; de lo contrario, la reactivación económica no podrá darse a la brevedad.
Para que los objetivos del gobierno vinculados a la reactivación económica se alcancen, no puede perderse de vista el cuidado que debe existir en las entidades de la Administración Pública, de modo que no impongan barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad. Hoy en día, se vuelve necesario recordar la importancia de la simplificación administrativa en todas las entidades, como los municipios, así como promover que -de oficio- la Administración Pública revise la regulación que ha emitido y elimine la que vulnere el marco normativo vigente o que carezca de razonabilidad. Igualmente, desde el marco de procedimientos de eliminación de barreras burocráticas, el otorgamiento de medidas cautelares es fundamental, con la finalidad de que pueda ordenarse la inaplicación de las exigencias, requisitos, prohibiciones o cobros denunciados, antes de la emisión de un pronunciamiento final.
En consecuencia, encontrándonos en un país que busca superar los efectos económicos de una pandemia, la ausencia de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad es valiosa para garantizar la reactivación de la economía. Las autoridades no pueden confundir establecer reglas para resguardar la salud pública con una licencia para la imposición de medidas que resulten excesivas, vulnerando el marco normativo vigente. No puede negarse que son importantes las medidas sanitarias, por lo que las autoridades deben garantizar que se enmarquen en la legalidad, sean idóneas, tengan mayores beneficios que perjuicios, y no exista otra opción que resulte menos gravosa al mercado.
