Gonzalo Gamio Gehri[1]

Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid, España). Actualmente es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

1.- La vida del intelecto en la política. El eclipse de la teoría y de la argumentación.

Alexis de Tocqueville afirmaba que los sistemas políticos no se sostenían en la peculiaridad del clima y el territorio, y ni siquiera en el sistema legal; podemos encontrar sus cimientos en lo que él describía como “hábitos de la mente” y “hábitos del corazón”, los modos de pensar y de sentir que adquieren y ponen en ejercicio los ciudadanos en el curso de la vida común. Sus prácticas compartidas, sus formas de encarar los problemas públicos[2].

Esta es una tesis interesante, y considero que es sustancialmente verdadera. También es una tesis desafiante, en la medida en que lo que nos dice es que la democracia, para ser una forma de vida genuina, tiene que estar arraigada en las costumbres de los agentes. Nos desafía en tanto cuestiona la relación entre los ciudadanos – nosotros -, y los valores públicos propios de la democracia: las libertades cívicas, la igualdad, la distribución del poder. Si no los percibimos como elementos básicos de nuestros vínculos comunitarios, entonces nuestra condición de ciudadanos se torna controversial. La democracia se manifiesta como cultura política, y no solamente se funda en procedimientos o en principios abstractos.

Concentrémonos ahora en los “hábitos de la mente”, y dejemos los “hábitos del corazón” para otra ocasión. Existe, por supuesto – en aquella senda de reflexión -, el importante libro de Robert N. Bellah y otros especialistas denominado expresamente Hábitos del corazón (1985), un estudio que se ha convertido en un clásico de las investigaciones sobre ciudadanía y sociología comunitaria. Estructurado en clave obviamente tocquevilliana, es casi una continuación de su célebre obra del pensador francés sobre la democracia estadounidense[3]. Las raíces comunes en una cultura cívica y la pertenencia a instituciones constituyen una dimensión crucial de la agencia política. En realidad, ambos hábitos están estrechamente ligados y en sentido estricto no puede pensarse unos sin los otros, desde lo que hemos descrito como una ‘cultura política’ que incluye ambos por igual. Voy a poner énfasis aquí, empero, en los hábitos intelectuales.

 La política se ha alejado de la vida del intelecto, al menos en nuestro medio. Hace mucho tiempo que no reconocemos en el discurso de los políticos locales y de nuestros representantes la presencia de un ideario claro y articulado, la realización de debates programáticos o algún desarrollo de conceptos o principios éticos de cierto alcance. Los políticos de oficio no se presentan como mujeres y hombres de ideas: las campañas electorales están repletas de eslóganes sin elaboración y discursos vacíos. La teoría y la argumentación no tienen ningún lugar en nuestra escena política; de hecho, tampoco cuentan con un lugar relevante en la sociedad en general. Incluso la mayoría de universidades se publicitan como fábricas de profesionales de la empresa privada y no como centros formadores de académicos y de ciudadanos. La ausencia de la teoría en la vida social tendría que preocuparnos, en la medida en que su cuidado esclarece la práctica y abre horizontes para el compromiso social y político.

2.- La deliberación pública en una sociedad democrática. Acción política y espacios comunes.

El ejercicio de la política no es sólo un asunto que concierna a los políticos de oficio y a nuestros eventuales representantes en el ámbito público. Los ciudadanos tenemos derecho a participar en el espacio común, fiscalizando a las autoridades y exigiéndoles que rindan cuentas respecto de su labor en el cuidado de la función pública. Podemos intervenir directamente en el proceso de producir las leyes o tomar decisiones en conjunto. De este modo, actuamos como agentes libres. Las instituciones de la sociedad civil – universidades, colegios profesionales, sindicatos, ONG, etcétera –, así como los partidos políticos, constituyen foros para el cultivo de aquellas prácticas compartidas. Intervenir en la cosa pública constituye una forma de asumir nuestra responsabilidad frente a los demás.

La deliberación es una práctica básica de la acción política. Implica la disposición a discutir acerca de los problemas de la vida en común recurriendo a argumentos. Planteamos y contrastamos razones sobre la elección de cursos de acción, o examinamos juntos la pertinencia de ciertas leyes e instituciones en una sociedad democrática liberal. Deliberar no consiste en exponer impresiones o preferencias individuales; se trata de exhibir y someter a prueba juicios y razonamientos acerca de lo que se considera bueno y mejor para la vida de las personas. Sobre la base de impresiones o de preferencias individuales no es posible construir un espacio común: la ‘razón pública’ consiste en el escrutinio de razones que podemos compartir o cuestionar que versan acerca de asuntos de interés colectivo: políticas de Estado, leyes, diseño de instituciones, decisiones comunes.

A menudo pensamos que el propósito de la deliberación pública es la formulación de argumentos de consenso. Eso no es cierto. No tenemos que construir consensos acerca de todos los temas; de hecho, es imposible (e indeseable) alcanzar acuerdos sobre todos los asuntos del espacio público. La deliberación sirve también para expresar desacuerdos, lo cual es una legítima expresión de libertad personal. Si logramos comprender por qué disentimos y cuáles son las dimensiones de ese disentimiento, entonces el proceso deliberativo cumple con uno de sus objetivos más significativos en el cultivo de la política. A veces algunas personas se desencantan de la política porque ésta no es una fuente inequívoca de consensos. Sin embargo, es evidente que el derecho a estar en desacuerdo es un rasgo distintivo del espíritu de la democracia.

La cultura autoritaria – aún instalada en nuestra sociedad – presupone que los ciudadanos no asuman su condición de agentes políticos, no aprecien la deliberación o no la perciban como un elemento crucial de la acción libre, en contraste con las actividades en la esfera privada[4]. Muchas personas consideran que el único acto público consiste en elegir autoridades cada cuatro o cinco años. En la soledad de la cámara secreta, con frecuencia las personas emiten su voto en conformidad con sus preferencias, intereses y simpatías. Si esta decisión no es fruto del debate y del examen de ideas y programas, entonces los individuos están a merced de los gobernantes y los políticos de oficio, que concentrarán todo el poder que ellos debieron poner en ejercicio en la acción política del día a día. Discernimiento público, vigilancia cívica y control democrático son actividades cotidianas que el ciudadano comprometido con su entorno exige cumplir. Es cierto que las profundas desigualdades socioeconómicas, las urgencias de la vida laboral y la ausencia de una cultura política sólida conspiran contra la práctica de la ciudadanía. No obstante, sólo podremos contar con una política democrática si la ponemos en ejercicio, con todas las dificultades que ello manifiesta en el mundo social concreto.

Deliberar es discernir. Es emplear la razón para tomar decisiones y actuar. Sin manejo de argumentos y evidencias, los agentes no desarrollamos genuinamente procesos de deliberación. Es patético que nuestros políticos de oficio no recurran a esos instrumentos intelectuales para debatir y llamar a la movilización, pero resulta igualmente lamentable que los ciudadanos no les exijamos ese rigor y claridad en el discurso y en la acción. Necesitamos incluir en nuestras prácticas ordinarias los hábitos de la mente. Es un problema que compartimos ellos y nosotros. Sin esa disposición ética a la construcción y discusión de ideas, no será posible constituir una cultura política que convierta el proyecto de una democracia liberal en el Perú en algo más que un bello sueño.

3.- El falibilismo en el ejercicio de la política. El hábito de la revisión crítica de las ideas.

La deliberación pública requiere de actitudes y reglas internas. El ejercicio de la deliberación forma la mente y el carácter de los ciudadanos, los educa en la disciplina del razonamiento y en los vínculos de solidaridad con sus compatriotas. Se ha discutido por mucho tiempo qué reglas rigen esta clase de procesos. Creo que probablemente hayan sido los filósofos pragmatistas quienes las han descrito mejor. John Dewey, Sidney Hook y William James han formulado de modo esclarecedor el rol del “falibilismo” en las prácticas deliberativas en una democracia liberal.

El falibilismo constituye un modo de encarar el debate público. Sostiene i) que en medio de la discusión uno debe defender su punto de vista hasta donde los argumentos alcancen. ii) Si en el desarrollo de la discusión uno se queda sin razones, es preciso estar dispuesto a abandonar su perspectiva inicial y cambiar de concepción de las cosas. Esto implica que uno debe admitir la posibilidad de estar equivocado, y que no tiene sentido asumir una actitud de cerrazón frente a ideas distintas a las propias. El falibilismo forma el intelecto y el carácter en una disposición de apertura hacia la diversidad y al cultivo de la razón como matriz de sentido para la acción.

Las ideas se examinan continuamente, los agentes se reúnen para ponerlas a prueba en el espacio público. El falibilismo se revela como una actitud ética y una práctica social, se trata de un hábito. Se adquiere y se cultiva en el curso de la vida; pretende mantener a raya cualquier asomo de dogmatismo. Dewey aseveraba que los hábitos son formas de usar el entorno (“el medio ambiente”, en palabras del filósofo norteamericano). Generan repercusiones en el mundo y en los vínculos sociales que acontecen en él. Los hábitos no dejan las cosas tal como estaban.

“Al generarse alguna actividad en un hombre, se provocan reacciones en el medio que lo rodea; los demás aprueban, desaprueban, protestan, animan, comparten y resisten; hasta el hecho de dejarlo solo es una reacción definida. La envidia, la admiración y la imitación son complicidades. La neutralidad es inexistente; la conducta siempre es compartida y eso es lo que la distingue de un proceso fisiológico. No es un “imperativo” ético el que la conducta deba ser social; es social, así sea buena o mala”[5].

El falibilismo se propone modificar nuestra actitud frente a las propias ideas y valoraciones, en consonancia con el espíritu democrático. Esta disposición ética es antiautoritaria. Sostiene que la única autoridad a la que apelamos en una sociedad democrática es la expresión del mejor argumento. Nuestras decisiones y acuerdos habrían de reflejar un proceso de justificación rigurosa. Esta actitud liberal asume la tesis según la cual cuando discernimos sobre cuestiones relativas a la práctica, no existe tema de discusión que se agote del todo. Siempre es posible que sobre una determinada discusión ética o política aparezca un nuevo argumento que exija reabrir el debate. No existe idea que no sea susceptible de revisión crítica. Los conservadores alegan que una tesis como esa nos lleva a incurrir en el “relativismo”. Este modo de opinar es obviamente absurdo. Suscribir el falibilismo no supone aceptar la presuposición de que “toda opinión es igualmente verdadera” o que “no existen estándares de validez”, las dos aseveraciones identificadas con el “relativismo”. Todo lo contrario. El “relativismo” convierte en silencio el libre intercambio de razones; en contraste, la actitud falibilista confía en el valor del proceso de argumentación en el marco de espacios públicos abiertos a la presentación y el examen de razones. Los estándares de validez se asocian a la capacidad de exponer, contrastar y admitir libremente buenos argumentos en espacios públicos abiertos al trabajo racional. Las meras preferencias y las impresiones subjetivas están fuera de este marco deliberativo. Discutimos acerca de lo que tiene en sí mismo valor, aquello que tenemos buenas razones para considerar digno de compromiso.

Esta perspectiva pone de manifiesto la importancia del encuentro de agentes para dialogar juntos, tanto si logramos arribar a consensos como si descubrimos nuevas dimensiones de nuestros desacuerdos. Las reglas que estructuran nuestra coexistencia, así como los propósitos que orientan la conducción del Estado, dependen de nuestra voluntad y capacidad de razonar en público[6]. En tiempos de eclipse de la teoría y la argumentación política, el descuido de la reflexión lesiona la vida pública y produce la fragmentación del poder democrático. Cuando el ciudadano resiente estas prácticas, políticos poco escrupulosos aderezan el festín autoritario. Ellos apuestan por personas que se comporten como súbditos, sujetos que los dejen conducir la vida pública sin resistencias ni cuestionamientos. No existe forma de quebrar este circuito de tutelaje y servidumbre, salvo asumir las riendas de la vida pública a través de la acción cívica.

[1] Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid, España). Actualmente es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es autor de los libros Tiempo de Memoria. Reflexiones sobre Derechos Humanos y Justicia transicional (2009) y Racionalidad y conflicto ético. Ensayos sobre filosofía práctica (2007). Es autor de diversos ensayos sobre filosofía práctica y temas de justicia y ciudadanía publicados en volúmenes colectivos y revistas especializadas del Perú y de España.


[2] Cfr. De Tocqueville, Alexis La democracia en América Madrid, Guadarrama 1969.

[3] Cfr. Bellah,Robert y otros Habitos del corazón Madrid Alianza Universidad 1989.

[4] Véase Guerrero, Juan Antonio “De la sensación de libertad al ejercicio de la libertad” en: Feijó, Lydia y Ricardo Pinilla Atreverse a pensar la política Madrid, UPCO 2001.

[5] Dewey, John Naturaleza humana y conducta México, FCE 2014 p. 33.

[6] Cfr. Rorty, Richard Forjar nuestro país Barcelona, Paidós 1999.

 

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