Luis Miguel Purizaga
Coordinador del Programa Justicia Viva del IDL – Instituto de Defensa Legal
Se dice que alguien realmente muere, no cuando deja físicamente este mundo, sino cuando las personas cercanas a él o que lo conocieron en vida, poco a poco lo van olvidando. Es por esto que la existencia está asociada directamente con el recuerdo y la memoria. Con la reforma del sistema de justicia está ocurriendo algo parecido.
La estamos dejando morir. La estamos comenzando – desde hace mucho – a olvidar. De nada ha servido que el Congreso de la República haya sacado rápidamente una Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, o se haya creado una Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público, o un Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Todas las leyes que creaban estas nuevas instituciones ya han sido promulgadas y publicadas lo cual es bueno, sin embargo, por el mero hecho de existir no significa que ya tengamos asegurada y en marcha la reforma del sistema de justicia. Lo que está ocurriendo en la práctica es totalmente distinto.
Lo que ocurre en realidad es que la implementación y la existencia de todas las instituciones del sistema de justicia mencionadas, dependen de la creación de la Junta Nacional de Justicia, que como sabemos, es la institución que reemplazará al extinto Consejo Nacional de la Magistratura. Los miembros de esta Junta deben ser elegidos por una Comisión Especial creada exclusivamente para tal fin. La Comisión está conformada por las cabezas de las instituciones más representativas del sistema de justicia: El Defensor del Pueblo que la preside, el presidente del Poder Judicial, la Fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República. Se suman a estos cinco, dos rectores, uno de universidad pública y otro de universidad privada.
Un proceso de selección fracasado y una Comisión Especial fantasma
A lo largo de todo el procedimiento de selección, los miembros de la Comisión Especial han demostrado no estar a la altura del encargo. Una sucesión de muy malas decisiones, poca transparencia y cuestionamientos, ha sido el resultado de casi seis meses de labores, desde que se conformó la Comisión Especial, y que tenía un solo objetivo: elegir a los catorce miembros que conformarían la Junta Nacional de Justicia (siete miembros titulares y siete suplentes). La cereza del pastel nos la brindó la Comisión al final de su fallido proceso de selección: el único miembro elegido resultó tener procesos judiciales en trámite, lo cual significaba un impedimento clarísimo para desempañarse en el cargo. ¿En qué momento nos enteramos todos los ciudadanos de este “pequeño” detalle?, pues el mismo día en que el elegido iba a juramentar al cargo. Todos buscamos entonces respuestas en la Comisión Especial. ¿Quiénes sino ellos nos podrían explicar todo el embrollo que tenía como protagonista al señor Patrón Bedoya (el elegido) caminando por el jirón Ucayali, luego de que su ceremonia de juramentación en el local de la Defensoría del Pueblo fuera suspendida?, ¿Quiénes sino la Comisión Especial, tendrían que explicarnos las declaraciones de Patrón Bedoya cuando indicó que él había informado de la existencia de sus procesos judiciales en curso a la misma Comisión que ahora le comunicaba, en la puerta de la Defensoría del Pueblo, que su juramentación ya no se llevaría a cabo hasta nuevo aviso?
Lo real es que esas explicaciones nunca llegaron. La Comisión Especial emitió un comunicado el mismo día en que se llevaría a cabo la ceremonia de juramentación, indicando que ésta se suspendería hasta verificar la existencia del proceso penal en curso de Patrón Bedoya, luego de los cual “adoptaría la decisión que corresponda” (en realidad no tuvo que tomar ninguna decisión, ya que Patrón renunció al día siguiente); con lo cual la Comisión ya podía dar por finalizado el primer proceso de selección de miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Tenemos el balance realizado por la Comisión Especial después de este proceso fallido?, aún lo seguimos esperando, pero hasta que ese día llegue, nosotros compartimos con ustedes algunos datos importantes, que bien podrían ser tomados en cuenta para cuando ese balance se elabore:
- El proceso duró aproximadamente unos tres meses. La Comisión Especial publicó un cronograma que iniciaba el 24 de abril y concluía el 19 de julio.
- Este cronograma fue publicado junto con las Bases del concurso público de méritos. En estas Bases, la Comisión estableció qué tipo de examen de conocimientos se aplicaría a los postulantes.
- El tipo de examen de conocimientos elegido por la Comisión fue uno objetivo, de opción múltiple y con cincuenta preguntas. Este examen debía ser cancelatorio de acuerdo a lo establecido en la ley orgánica de la JNJ.[1]
- Este examen de conocimientos recogió las áreas de conocimiento que la Comisión Especial consideró que era importante que todo postulante conozca.[2] ¿Cuál era el perfil de candidato que buscaba la Comisión?, ¿este perfil se construyó tomando en cuenta el diagnostico de porqué fracasó el extinto CNM?, ¿No será acaso que como no tenían claro el perfil de candidato que buscaban, los criterios de selección fueron completamente errados?
- Como la primera evaluación de todo el proceso de selección era el examen de conocimientos, de 113 postulantes válidamente inscritos que dieron el examen, sólo aprobaron 3, por lo que el proceso de selección continuó solo con estos 3 candidatos.
- Frente a este resultado, diversas opiniones le sugirieron a la Comisión no continuar con el proceso de selección, declararlo nulo, modificar las bases (sobre todo lo relacionado al tipo de examen de conocimientos: que no sea memorístico, que no sea de opción múltiple, que no tuviese preguntas trampa), y llamar a una nueva convocatoria de postulantes. Era necesario modificar las bases, e incluso hasta la misma ley orgánica. Y así se le hizo saber a la Comisión. Otros analistas y espacios de sociedad civil, coincidieron con esta posición.
- Esta sugerencia presentada a la Comisión tenía otro argumento de peso, ¿Qué tipo de concurso público de méritos se puede llevar a cabo cuando tienes que elegir catorce miembros y solo tienes tres postulantes?, ¿es que acaso esos tres postulantes que quedaban serían elegidos de todas maneras?, ¿competirían acaso entre ellos por un puesto? No había claridad por ningún lado y la Comisión no respondía a los cuestionamientos; finalmente y contrario a lo que se le sugería, decidió continuar con el proceso de selección.
- La última evaluación del proceso – la entrevista personal – estuvo llena de subjetividades. Con algunos postulantes, ciertos miembros de la Comisión fueron más incisivos con sus preguntas, que con otros. Esta clara diferencia fue tan obvia que incluso uno de los postulantes (Víctor Cubas) amenazó con denunciar al miembro de la Comisión, José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial, debido a que las preguntas de éste, deslizaban irregularidades e ilícitos que, de acuerdo a Cubas, eran hechos que jamás habían sucedido.
- ¿Cómo es posible que, a pesar de tener solo tres postulantes en carrera, la Comisión Especial no haya podido ser capaz de detectar la existencia de un proceso penal en curso de uno de los postulantes?, la cuestión se agrava cuando este postulante dijo luego que había comunicado de la existencia de este proceso penal a la Comisión, ¿acaso la Comisión considero este dato intrascendente o poco importante y que no habría un claro impedimento en las funciones a desempeñar, si este postulante resultaba elegido?
- Por último, tenemos el costo de todo el proceso. Entendemos que la Comisión Especial tenía asignada toda una partida presupuestal para llevar a cabo todo el proceso de selección. ¿Cuánto de ese dinero se ha tirado literalmente al agua?, ¿la Comisión tiene algún grado de responsabilidad en todo esto?, ¿Por qué hasta ahora no dan explicaciones de algún tipo?, ¿Dónde está la transparencia y la publicidad de los actos, a los que hace mención el artículo III de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia?
La Comisión Especial se pronuncia (tarde y mal)
Hasta aquí los hechos que deberían ser tomados en cuenta en el balance que nos debe la Comisión Especial. No se crea que luego de todo este proceso fracasado, los miembros de la Comisión guardaron un mutis total acerca del tema. Walter Gutiérrez dio declaraciones el 14 de julio en medios de prensa indicando que la ley de creación de la JNJ era “muy rígida” respecto al modo en que establecía “los pasos para la evaluación, las etapas, los tiempos” que tenía la Comisión Especial para seleccionar a los miembros. «Tiene demasiados lastres para esta Comisión Especial”, dijo Gutiérrez.[3] Por estas razones consideraba necesario que la ley orgánica de la JNJ sea modificada, a fin de llevar a cabo una elección óptima.
Lo que llama la atención de estas declaraciones, es que el 12 de junio, Gutiérrez presentó un proyecto de ley al Congreso para modificar el plazo para la elección de miembros de la JNJ. El plazo inicial era de 90 días calendario. La propuesta de Gutiérrez era ampliar el plazo a 90 días calendario más. El Congreso aprobó el proyecto y dio luz verde a esta ampliación. ¿Gutiérrez hizo mención a alguna otra modificación necesaria a hacer en la ley?, ¿Mencionó acaso que había otras disposiciones en la norma que significaban para él y la Comisión, un lastre al momento de llevar a cabo el segundo proceso de selección de miembros de la JNJ? La respuesta es no. No hizo mención a ningún otro pedido de modificación en la norma.
Es más, Gutiérrez sustentó su pedido indicando que la ampliación del plazo les permitiría perfeccionar el proceso, enmendar y superar los errores que hubieran tenido en el primer concurso. A su vez, José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial, explicó que, como se llevaría a cabo luego un nuevo concurso, las bases podrían variar: “Asimilaremos errores y no los volveremos a cometer. Daremos más oportunidad a nuevos postulantes, especialmente mujeres y abogados reconocidos de provincias”. Lecaros continuó: “Uno de los errores por corregir en el nuevo proceso de selección serían los exámenes escritos. Se ha criticado que la prueba fue ‘todista’, es decir, para los abogados que conozcan todas las ramas del derecho; la próxima sería mixta: 25 preguntas generales, con temas que deben conocer todos los miembros de la JNJ, y 25 preguntas de la especialidad del postulante, es decir, habrá cuestionarios sobre derechos Civil, Penal y Constitucional. El postulante elegirá uno de estos para responder”.[4]
En todo este análisis llevado a cabo por los señores Gutiérrez y Lecaros no se hace mención alguna a los “lastres” que tendría la ley y que impedirían que la Comisión Especial lleve a cabo correctamente su trabajo. Un mes después, Gutiérrez cambiaría de opinión y diría que era necesario volver a modificar la ley orgánica de la JNJ.
¿A quiénes beneficia la demora en la selección de los miembros de la JNJ? A los jueces y fiscales cuyos nombramientos, ratificaciones, evaluaciones y procedimientos disciplinarios adolezcan de indicios de graves irregularidades. El periodismo de investigación ya ha dado a conocer algunos casos que la JNJ deberá revisar como prioridad: la ratificación automática de Gonzalo Chávarry como fiscal supremo, el nombramiento de Víctor Rodríguez Monteza como fiscal supremo, y de todos los demás magistrados relacionados con la red de Los Cuellos Blancos del Puerto, y cuyos nombramientos o ratificaciones se llevaron a cabo desde marzo del 2015 hasta julio del 2018. Recordemos que una de las tareas de esta primera JNJ será la revisión de todos estos procesos.[5]
La reforma del sistema de justicia, la reforma política y el proyecto de ley de adelanto de elecciones generales
Al inicio mencionamos que la Junta Nacional de Justicia está muriendo porque ya nadie la está recordando. Está dejando de ser parte del debate en los medios y los mismos actores involucrados – los miembros de la Comisión Especial – no hacen mención al tema del nuevo proceso de selección.[6] Pareciera que luego de lo dicho por Gutiérrez acerca de que es necesario que se modifique la ley orgánica de la JNJ, todo quedase en el terreno del Congreso de la República. Si éste no lleva a cabo los cambios necesarios a la ley (que Gutiérrez tampoco ha indicado cuáles serían), no podría haber un nuevo concurso público de méritos.
Siendo este el escenario, veamos cómo está el Congreso.
Los proyectos de ley aprobados por el Congreso en relación a la reforma del sistema de justicia fueron modificados y algunos dejados de lado. De los seis proyectos de ley presentados, se aprobaron cuatro, y como hemos visto el funcionamiento de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, depende de que exista y comience a funcionar la Junta Nacional de Justicia.
En el caso de la reforma política, el escenario no cambia mucho. Algunas de las leyes aprobadas fueron las de la paridad (el proyecto hablaba de una paridad de 50% hombres y 50% mujeres en las listas de candidatos para el Congreso), que terminó aprobándose en una proporción de 60% varones y 40% mujeres, a condición de progresividad en los porcentajes. Se rechazó el proyecto de ley de eliminación del voto preferencial y con ello, el efecto positivo de la ley de paridad se ve mermado. En el caso de la inmunidad parlamentaria, la propuesta del Ejecutivo de que la inmunidad sea levantada por la Corte Suprema, terminó en esencia descartándose. En resumen, los proyectos de ley presentados fueron descartados o alterados.
Lo último es el proyecto de ley para el adelanto de elecciones presentado por el Ejecutivo que busca modificar el artículo 112 de la Constitución y que incorpora nuevas disposiciones transitorias especiales. Lo que se busca es adelantar las elecciones del Congreso y de la Presidencia de la República para el próximo año. El proyecto debe ser sometido a referéndum, previo debate en la Comisión de Constitución y en el Pleno del Congreso.
¿Aprobará el Congreso este proyecto de ley o lo mandará al archivo?, ¿la mayoría fujimorista en el Congreso podrá conseguir los votos que requieren para mandar al archivo el proyecto? Si eso ocurre, ¿el presidente Vizcarra puede presentar una nueva cuestión de confianza y cerrar el Congreso?, como vemos la agenda nos plantea otras interrogantes y parece que desgraciadamente, la Junta Nacional de Justicia y la reforma del sistema judicial pasarán a un segundo plano. Así como en la vida, las reformas al sistema de justicia viven mientras se mantengan en el recuerdo y en el debate público.
Bibliografía:
[1] Ver art. 90 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia.
[2] Los rubros son: Derecho constitucional y derechos humanos, sistema peruano de impartición de justicia, derecho administrativo y derecho administrativo sancionador, derecho civil y derecho penal, y gestión pública y gestión del talento humano.
[3] Ver: https://larepublica.pe/politica/2019/07/15/defensor-del-pueblo-ley-para-la-creacion-de-la-jnj-tiene-demasiados-lastres/
[4] Ver: https://elperuano.pe/noticia-comision-de-jnj-solicita-ampliar-plazo-del-concurso-80389.aspx
[5] Ver al respecto, la Décima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia.
[6] Finalizando la elaboración de este artículo, la Comisión Especial comunicó que realizaría una ronda de reuniones con integrantes y representantes de organismos de sociedad civil y especialistas, con la finalidad de recibir sus aportes, antes de llamar a una segunda convocatoria del proceso de selección. Ver: http://www.comisionespecialjnj.gob.pe/files/Comunicado_010_2019_CE.pdf
