El rol de la OEA y los organismos Internacionales en la protección de la gobernabilidad y los derechos fundamentales en Ecuador

El rol de la OEA y los organismos Internacionales en la protección de la gobernabilidad y los derechos fundamentales en Ecuador

 

Marco Romero Rodríguez


“Una persona tiene mejor probabilidad de ser procesado y juzgado por matar a un ser humano que por matar a cien mil”

                                                       José Ayala Lasso.

A manera de prefacio debo empezar haciendo referencia que luego de la segunda guerra mundial y una vez conocida la barbarie que ocasionó el nazi fascismo se dio un punto de pronunciamiento en la comunidad internacional, basado en el compromiso de los Estados a reconocer y respetar los derechos humanos, considerando que ese era el medio acertado para restablecer y conservar la paz.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) es la entidad regional de naciones más antigua del orbe. Su origen contiene la impronta de la Primera Conferencia Internacional Americana que creó la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, el 14 de abril de 1890, en Washington D.C. Luego, cuando se constituyó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se integró a ella con el carácter de organismo regional. La Carta que la rige fue elaborada en Bogotá en 1948 y luego modificada mediante el Protocolo de Buenos Aires, en 1970.[1]

Las etapas de desarrollo de las sociedades americanas, igual que sus contradicciones internas, varían de acuerdo a los gobiernos de “moda”, léase regímenes elegidos a la luz de la democracia representativa o regímenes de facto. Felizmente la bota militar, en las últimas décadas, no ha tenido aval para abandonar los cuarteles y provocar algún “putsch”. No obstante los gobiernos elegidos por los diversos pueblos, en los diferentes países americanos, no satisfacen las necesidades materiales y espirituales, ni los anhelos de cambio de la población. Incurren, constantemente, en el incumplimiento de las ofertas de campaña, en la demagogia gubernamental, apuestan a la regresión de derechos laborales, fomentan el desempleo, la desigualdad social y la inseguridad ciudadana. Todo esto trae consigo el desencanto de los pueblos y, por consiguiente, los niveles de organización y resistencia popular en pro de mejores días.

En los últimos tiempos, algunos países de América Latina han experimentado ciertos cambios, no estructurales sino de forma, manteniendo el Statu Quo. El fracaso de los gobiernos, abiertamente de derecha, promovedores del neoliberalismo, trajo consigo el surgimiento de los denominados “Gobiernos Alternativos”, mismos que a la postre han terminado haciendo lo mismo que sus antecesores, es decir, gobernar para ciertos grupos y castas sociales, fomentar la corrupción, ayudar a la creación de los nuevos ricos del siglo XXI, en desmedro de los intereses de las mayorías populares y todo gracias a un lenguaje populista y muchas veces de “izquierda”.

Así entonces, estos mal llamado gobiernos alternativos, para imponer su política antipopular, no han escatimado esfuerzos para utilizar, también, al Estado como instrumento de represión, para acallar el pensamiento y la voz de los pueblos que difieren del oficialismo.

Política Criminal: caminando por la senda del neoliberalismo.

En los últimos 10 años podríamos entender que hay dos etapas de la política criminal  la primera etapa tiene que ver con los tres primeros años del gobierno de Rafael Correa 2007 al 2009  y abre un espectro de democracia y derechos esto se demuestra ya que el 3 de mayo del 2007 se crea una Comisión de la Verdad mediante Decreto ejecutivo para investigar y esclarecer crímenes de  lesa humanidad principalmente en el periodo de 1984, 1988 en el gobierno Social Cristiano, la aprobación de  la constitución del 2008 dicha Carta Magna mantiene derechos ya establecidos en constituciones pasadas y dota de garantías y derechos nuevos

La segunda etapa es plenamente punitiva, se demuestra el verdadero rostro del Correismo, se crean Unidades de flagrancia, se endurecen las penas, hay un crecimiento drástico en los cuerpos de seguridad esto es la Policía Nacional y Ejercito, y se configura una verdadera criminalización de la presta social, una década, favorecida por la concentración de los poderes del Estado y alimentada por una cadena de medios de comunicación, cuyo guión era el ataque a la oposición y la promoción de sus mentiras; un gobierno que paulatinamente iba negando derechos y libertades ciudadanas, que dividía organizaciones sociales y sindicatos, que impuso la política del miedo para perseguir y judicializar a más de 900 dirigentes populares; que gobernaba para su círculo rosa, en contra de los intereses populares; todos estos aspectos, eran parte de un cúmulo, represado en el pueblo, que algún rato iba a reventar.

La continuación del correísmo, en la imagen de Lenin Moreno, más allá de las desavenencias internas con Correa, apuntaba a sostener el capital por encima del ser humano y por lo tanto no mostraba solución a las demandas ciudadanas. Las ofertas de campaña de generar 250.000 plazas de trabajo anuales para el resurgimiento de la economía; de construir 325.000 nuevas viviendas que generarían más de 136 mil empleos por año y entregar casas sin costo alguno para 191 mil familias más pobres; el conceder créditos preferenciales para jóvenes emprendedores; la construcción de 40 Universidades; el incremento del Bono de Desarrollo Humano (BDH) a $150; el pedir ayuda a la ONU para combatir la corrupción, entre otras cosas, no se vienen cumpliendo ya entrando a su tercer año de mandato, en síntesis se puede afirmar que Moreno representa a los intereses de los grandes grupos económicos y del gran capital internacional, que sigue impulsando un proyecto burgués, más agresivo que su antecesor, desde el punto de vista de la implementación del neoliberalismo, el sometimiento al imperialismo y al FMI.

El Déficit fiscal, la abultada Deuda Pública ($ 64.367 millones que representa el 59% del PIB), la naturaleza de servicio a la burguesía y la incapacidad de gobernar en beneficio de los trabajadores y pueblos, lo conducen al acuerdo con el FMI. Impulsa medidas antipopulares como el extractivismo, la flexibilización laboral, reformas tributarias  y eliminación de subsidios de los combustibles.

El Levantamiento indígena y popular.

La firma de la Carta de Intención con el FMI en marzo de 2019, por un crédito inicial de $ 4.209 millones, fue el elemento que provocó las medidas económicas adoptadas el 1 de octubre, donde a través del Decreto Ejecutivo # 883 se eliminan los subsidios de los combustibles, lo que trae como consecuencia el alza de sus precios.

Desde el 2 de Octubre se tomaron las calles, plazas y avenidas los estudiantes universitarios y secundarios en contra del paquetazo económico. La represión gubernamental no se hizo esperar.

Luego, los transportistas pesados declaran un PARO NACIONAL, el 3 y 4, pero ellos apuestan a negociar el alza de tarifas. A la par, se dicta el Decreto 884 (Estado de Excepción) que eleva la represión pero no detiene ni amilana la lucha. Campesinos, indígenas, trabajadores, mujeres, barrios, se van incorporando a la resistencia. El anuncio de la elevación de las tarifas de transporte, encendió, aún más, la rebeldía. La FUT, llama a la Huelga para el 9, en medio del Levantamiento indígena y popular que cobraba fuerza.

La Huelga fue una paralización total. Veinte mil indígenas entraron a Quito un día antes. Moreno ya se había trasladado a Guayaquil con apoyo de la oligarquía. El racismo y el regionalismo no prosperan en su campaña para denigrar la lucha popular. Se les cayó la máscara a los partidos de la derecha que apoyaban las medidas fondomonetaristas.

La lucha en las calles continúo en todas las regiones. A los días siguientes seguían las marchas, toma de gobernaciones, cierres carreteras, barricadas indígenas y populares. Ni el Toque de Queda pudo detener la rebeldía popular que se aprestaba a conmemorar un año más de resistencia indígena para el día12 de octubre. Toda esta resistencia dio sus frutos cuando el gobierno llamó al diálogo y se logró la derogatoria del Decreto # 883.

Se crea una comisión mediadora entre el Gobierno Ecuatoriano y los Indígenas asi como el FUT (Frente Unitario de Trabajadores) para llegar acuerdos y poner fin al paro indígena popular, hasta el día de hoy siguen habiendo mesas de dialogo, sin embargo el Gobierno de Moreno ha emprendido en una criminalización de los luchadores sociales abriendo procesos Judiciales a los dirigentes indígenas como obreros.

Lecciones del levantamiento.-

Este levantamiento indígena y popular provocó un remezón ideológico y político en la institucionalidad del Estado. El pueblo alzado desafió y sobrepasó leyes y medidas adoptadas por el régimen para impedir su protesta, la imagen del presidente de la República y su gobierno quedó aún más deteriorada, y líderes políticos de la derecha corrieron la misma suerte. Las clases dominantes se encuentran preocupadas y ardidas por la falta de respeto del pueblo a la «autoridad», a las fuerzas del orden, a su palabra oficial transmitida a través de los grandes medios de comunicación.

Derechos violentados.-

Terminadas las protestas en contra de las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno, una serie de voces han alertado sobre los excesos en la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, de la censura a los medios independientes y de las reacciones frente a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) en ese país.

Sobre el tema de la violación de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo de Ecuador anunció que conformará una ‘Comisión de Investigación Defensorial’, con la finalidad de realizar un «informe que transparente y verifique» la información de la actuación de las fuerzas policiales y militares durante las protestas que se extendieron por 12 días en el país andino.

Previamente, la Defensoría presentó siete informes técnicos donde se registraron diez fallecidos, 1192 detenidos y 1340 heridos durante las manifestaciones en contra del denominado ‘paquetazo’ anunciado por Moreno.

El defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, manifestó que se elaborará un informe, que entregarán a organismos ecuatorianos e internacionales de derechos humanos, «en busca de la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas».

De igual manera, ha afirmado que, en caso de evidenciarse algún tipo de delito, será informado a las autoridades judiciales nacionales y entes internacionales.


[1] [1] Preámbulo de la Carta y Arts. 1 y 2, y 55, lit. c, en su orden.