Greta Mateu Sulca
Estudiante de la Facultad de Derecho PUCP y miembro del Equipo de Derecho Ambiental y del Círculo de Derecho Administrativo. Ha realizado prácticas en el Tribunal de Fiscalización Ambiental (OEFA) .
A pocos días de publicarse en diario El Peruano, la declaratoria de Estado de Emergencia en 17 departamentos de la costa sur y los andes, a consecuencia del déficit hídrico, cabe cuestionarse cuál ha sido el plan del gobierno central en aras de afrontar esta crisis. Ello también nos recuerda que el Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático, después de Bangladesh y Honduras[1], y las variaciones de temperatura, generadas por el Fenómeno del Niño, está intensificando el aumento de la temperatura más de 65 microclimas, limitando el acceso al recurso hídrico a muchas poblaciones vulnerables[2] e impidiendo el desarrollo de actividades básicas como minería, agricultura, ganadería y acuicultura.
Un efecto es la desglaciación de parte de los más de 200 kilómetros de glaciares del callejón de Huaylas afectando el Parque Nacional Huascarán y su aporte hidríco. Esta Cordillera, que es la mayor extensión tropical cubierta de hielo del mundo y la principal concentración de hielo en Perú, ha estado perdiendo volumen y han retrocedido 25 metros en los últimos 50 años. Los glaciares se están derritiendo, provocando la reducción de las montañas, la formación o aumento de los lagos glaciales y los cambios en la composición del ecosistema.
El retroceso de los glaciares tiene implicaciones para los flujos río abajo. En los ríos alimentados por glaciares, los flujos de verano son soportados por la fusión de los glaciares (con la contribución del glaciar dependiendo del tamaño del glaciar en relación con el área de la cuenca, así como la tasa de fusión anual). Si el glaciar está en equilibrio, la cantidad de precipitación almacenada en invierno es igualada por la fusión durante el verano. Sin embargo, a medida que el glaciar se derrite como resultado del calentamiento global, se espera que los flujos aumenten durante el verano -como el agua se libera del almacenamiento a largo plazo- lo que puede compensar una reducción de las precipitaciones. A medida que el glaciar se hace más pequeño y el volumen de fusión se reduce, los flujos de verano ya no serán sostenidos y disminuirán hasta niveles por debajo de los actuales. La duración del período de aumento de los flujos dependerá del tamaño del glaciar y de la velocidad a la que se derrite el glaciar. Cuanto menor es el glaciar, tanto más corto es el aumento de los caudales y cuanto más pronto se inicia la reducción de los caudales veraniegos. En 18 glaciares de los Andes peruanos, los balances de masa desde 1968 e imágenes satelitales muestran una reducción de más del 20% de la superficie glaciar, correspondiente a 11.300 millones de m3 de hielo.[3]
Además de la Cordillera Blanca, existen en el Perú 19 cordilleras de glaciares, que según un estudio elaborado por la Corporación Para el Desarrollo de Santa, en 1970, ocupaba 2.500 km2. Estas cordilleras albergan 1.500 lagunas de glaciares. Ciertamente la Cordillera Blanca es uno de los termómetros más sensibles para medir el calentamiento de la Tierra, habiéndose declarado que en el último medio siglo los nevados peruanos han perdido cientos de metros cúbicos de hielo. Perú fue golpeado en 1998 con la destrucción de la central hidroeléctrica de Machupicchu, los costos de reconstrucción ascendieron a $ 160 millones (RGS Ltd. 2003).
La estrategia nacional ante la sequía 2016-2030
Las políticas públicas usualmente no consideran a los ecosistemas en sus prioridades y objetivos de acción. Para algunos este es un tema más de organización y gestión de la información, así como de su divulgación e incidencia, pues no se tiene una plataforma más amplia que para la incidencia política. Asimismo, tampoco tenemos costumbre de trabajos interdisciplinarios. Sin embargo la complejidad de entender el rol de los bosques andinos en el paisaje, para los medios de vida de las poblaciones locales y las oportunidades a partir de los servicios ecosistemas que proveen requiere una visión interdisciplinaria para su gestión.
Por ello es un gran avance que, ante posibles consecuencias climáticas, el Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales con apoyo de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos, en coordinación con los miembros de la Comisión Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (en adelante, CONALDES) elaboraran la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 2016 – 2030[4] (en adelante ENLCDS), mediante el Decreto Supremo N° 008-2016-MINAM, aprobado el 21 de julio del 2016.
De esta manera, la ENLCDS promueve un enfoque basado en la participación y movilización de los diversos actores públicos, privados, de la sociedad civil, de organizaciones sociales de base, de instituciones científicas y académicas y de la cooperación al desarrollo para ejecutar acciones orientadas a promover el manejo sostenible de la tierra, en concordancia con los principios y alcances de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los países afectados por Sequía Grave o Desertificación, ratificada 15 de octubre de 1994 (en adelante, CNULDS), como consecuencias de las actividades humanos y factores climáticos.
Uno de los principales problemas que ahonda esta estrategia es la sequía, entendida como un fenómeno natural generado cuando las lluvias han sido considerablemente inferiores a los niveles normales, produciendo un agudo desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de producción de recursos de tierras[5]; es decir, la sequías son fenómenos temporales que se caracterizan por la escasez de lluvias en las regiones generalmente húmedas a causas de factores climáticos, atmosféricos, agrícolas, hidrológicos y socioeconómicos. Su principal consecuencia es la degradación de las tierras; es decir, la reducción o pérdida de productividad biológica económica del potencial de las tierras, las tierras de cultivo de regadío, pastizales, bosques en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas.
El principal objetivo de la ENLCDS es crear políticas nacionales, regionales y locales para el manejo sostenible de los suelos y la prevención de la desertificación en zonas con peligro de sequias, a fin de construir políticas públicas a nivel de los tres gobiernos. Lo anterior se encuentra dentro de lo dispuesto en el artículo 67° de la Constitución Política del Perú, que establece que el Estado, través del gobierno nacional, regional y local, debe de construir una Política Nacional del Ambiente y promover el uso sostenible de los recursos naturales, a través de instrumentos de gestión ambiental. Así, la nueva estrategia es transversal a todos los sectores pues considera las dimensiones, sociales, ecológicas y económicas contra la desertificación y sequía, como también promueve la conservación y uso sostenible de los recursos naturales.
De igual manera, en el Plan Bicentenario del Perú hacia el 2021[6], un plan a largo plazo en políticas nacionales de desarrollo, plantea seis ejes que deben de cumplirse: derechos fundamentales; acceso a servicios; estado y gobernabilidad; economía, competitividad y empleo, desarrollo regional; y recursos naturales y ambiente. El último objetivo referido a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la diversidad, plantea un enfoque integrado y ecosistémico que permita acceso adecuado del medio ambiente y protección ecosistemas saludables, viables y funcionales a largo plazo, según lo señalado por los Objetivos del Desarrollo Sostenible[7].
El fenómeno del Niño y la crisis hídrica
El fenómeno del Niño, también conocido como “ El Niño Southern Oscilation” es un fenómeno natural que consiste en el calentamiento de las aguas superficiales del Océano Pacífico, tradicionalmente frías, generando el aumento de temperatura de las corrientes de marinas[8], desde Australia hasta América con consecuencias que pueden sentirse en varias partes del paneta. El fenómeno es materia de estudio permanente por los grandes centros de investigación a nivel internacional y agencias estatales.
En consecuencia, este fenómeno ha evidenciado la crisis hídrica en el centro y sur del país. Ante este escenario, el ejecutivo ha decretado el Estado de Emergencia en las regiones de Apurímac, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, La Libertad, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes, así como en siete (07) provincias del departamento de Lima, y en cuatro (04) provincias del departamento de Arequipa, como consecuencia de la ausencia de lluvias y el desabastecimiento de las reservas hídricas en las zonas afectadas. Cabe resaltar, la importancia de contar con planes estratégicos contra la sequía y desertificación en estos departamentos, debido a que la agricultura, ganadería, minería y acuicultura, no solo son actividades vitales para el sostenimiento económico y consumo local, también son fuente de abastecimiento de primera necesidad para todo el país.
De igual manera, otro efecto de la crisis hídrica son los incendios forestales acontecidos desde setiembre de este año en las regiones de Tumbes, Junín, Cajamarca, Apurímac, Loreto, Piura y Lambayeque, donde se han afectado diversas áreas protegidas y terrenos agrícolas. De acuerdo a Monitoring of the Andean Amazon (MAAP)[9] se afectaron 7 áreas protegidas entre ellos: Parque Nacional Cutervo, Santuario Nacional Tabaconas-Namballe, Bosque de Protección Pagaibamba y Área Conservación Privada Huaricancha, en los cuales hubo una actuación tardía por las escasas lluvias; la improvisación de la respuesta y la ausencia de un plan estratégico nacional para prevenir desastres derivados del cambio climático. Cabe mencionar, que hasta la fecha no se ha implementado una Sistema Nacional de Prevención y Control de Incendios y Plagas Forestales para controlar incendios forestales, pese a existir una demanda latente, y fundamento normativo[10], menos aun existe un sistema de bomberos en el medio rural organizado para conducir el esfuerzo local de manera efectiva hacia prevenir o superar el desastre.
A manera de conclusión y recomendación
La presión internacional a nivel de discurso y financiamiento demandan propuestas innovadoras de gestión de políticas públicas que integren la gestión de los ecosistemas con los recursos que contienen considerando los impactos socioambientales sobre la población de la región. Del otro lado, existe disposición por parte de las autoridades a nivel de discurso, mas este es muchas veces carente de experiencias y prácticas concretas. Es necesario que los cambios en el discurso a nivel internacional (presupuesto por resultados, captura de GEI, etc.) encuentren, en el nivel nacional, propuestas innovadoras para generar el cambio necesario en las políticas y acciones de promoción y aprovechamiento de los ecosistemas.
El fenómeno del Niño es un efecto natural del calentamiento de las aguas costeras del norte del país que generan variaciones climáticas temporales, las cuales actualmente, vienen produciendo un conjunto de sequías en las principales zonas de producción del país restringiendo el disfrute del derecho al agua de un sector de la población.
El Perú cuenta con una Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, la cual requiere una urgente implementación y difusión ante una evidente crisis hídrica a nivel nacional, regional y local, debido a que Perú es uno de los países más vulnerables ante los efectos del cambio climático, y omitir la implementación de las medidas de adaptación y mitigación que propone la Estrategia podría generar altos costos en el país.
De igual manera, es necesario pensar en la dimensión del ordenamiento territorial para el uso racional del recurso hídrico; así como políticas más sostenibles que permitan a la población adaptarse a los efectos del cambio climático, adoptar buenas prácticas ambientales y mitigar impactos como la contaminación de los ecosistemas y la desertificación de los bosques y la erosión de los suelos.
[1] En base a los resultados de los estudios realizados por el Tyndall Center de Inglaterra. También conforme a la ‘Cuarta Comunicación Nacional del Perú a la CNULDS’ el Perú ocupa el tercer lugar, después de Argentina y Brasil, entre los países con mayor extensión de tierras secas en América del Sur.
[2]Altamirano Teofilo 2014, Refugiados Ambientales. Cambio climático y migración forzada. Lima PUCP.
[3] Morales-Arnao, 1969a, b1; INAGGA-CONAM, 1992 citado por Soria 2010, ‘Peru? Encyclopedya of Climate Change,
[4]http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2016/07/LUCHA-CONTRA-LA-DESERTIFICACION-Y-LA-SEQUIA-2016-2030.pdf
[5] Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los países afectados por Sequía Grave o Desertificación, artículo 1, inciso f.
[6]Plan Bicentenario, El Perú hacia el 2021, aprobado en marzo del 2011
<http://www.mef.gob.pe/contenidos/acerc_mins/doc_gestion/PlanBicentenarioversionfinal.pdf>
