Si buscásemos aproximarnos a describir, en pocas palabras, la sensación que lo acontecido en la esfera pública a lo largo del 2016 nos deja, podríamos convenir en que ha sido un año política y socialmente convulsionado. Basta recordar que, en estos doce meses, la ocurrencia de sucesos desafortunados dentro de las entidades que mayor concentración de poder tienen en el Estado, y que –en casi la totalidad de casos- han generado reacciones de indignación en la ciudadanía, han tenido un correlato concreto a través de grandes protestas en las calles.
Es preciso, sin embargo, reparar en que muchos de los problemas evidenciados a lo largo de este año son de latente vigencia. En esa medida, tienen en común que su origen se encuentra en deficiencias estructurales casi históricas más que en contingencias ocasionales, pero que han encontrado un especial contexto político para erosionar.
Así, un primer tema de interés público que remeció nuestra sociedad este año fue el referido a la multitudinaria movilización que impulsó el colectivo Ni Una Menos, movimiento que nació en junio del 2015 en Argentina. El acogimiento de la iniciativa en nuestro país convocó a miles de personas, con el fin de protestar contra un mal especialmente latente y pocas veces visibilizado públicamente en nuestro contexto: la violencia contra las mujeres.
En nuestro país, el colectivo Ni Una Menos Perú se erigió en la plataforma virtual Facebook como un espacio donde confluían testimonios de mujeres que expresaban catárticamente experiencias llenas de profunda indignación frente a la violencia de la cual eran víctimas, conscientes de una justicia que parece -hasta ahora- no reconocer la dimensión y trascendencia del problema. En ese contexto fue que acaeció la movilización del 13 de agosto, posicionando el problema en la esfera pública.
No obstante, y sin desmerecer en absoluto esta necesaria y potente iniciativa, es importante destacar que la protesta por el desterramiento de la violencia ejercida contra los derechos de las minorías no llegó a trascender con el mismo alcance que las protestas contra la violencia ejercida contra las mujeres. Sin perjuicio de que, en la marcha del 13 de agosto, el discurso reivindicatorio de los derechos de otras poblaciones sistemáticamente violentadas no tuvo la repercusión esperada (entre ellas, la población LGTIB+), lo cierto es que existen ya diversos planteamientos[1] en materia de derechos a la sexualidad, identidad, libertad de expresión de género, salud, que buscan tener incidencia sobre las políticas públicas al respecto, con el fin último de lograr la protección integral contra la violencia de género.
Asimismo, no debe perderse de vista que un reto pendiente dentro del propio discurso y accionar de la lucha contra la violencia contra la mujer es el referido a la integración de la misma mujer en sus diversos perfiles como afectada por la violencia; es decir, existe omisión dentro del propio género y no es evidenciado aún. Un caso particular es el de la mujer adulta mayor, quien sufre niveles altísimos de violencia económica, pero aún parece estar ausente en el discurso.
Por otro lado, un segundo tópico o problema de larga data en nuestro país, aunque ciertamente tuvo un mayor eco en el año precedente, es el referido a los conflictos socio-ambientales; que -según el reporte elaborado por la Defensoría del Pueblo al mes de noviembre- asciende a un total de 213: 156 activos y 57 latentes[2]. Este año, el conflicto de Las Bambas y los derrames de petróleo en la selva peruana -Loreto, Amazonas y Piura- adquirieron un preocupante protagonismo.
Respecto al conflicto de Las Bambas, a mediados de octubre, este volvió a encontrar un punto de álgida crisis, tras el enfrentamiento de los comuneros de Challhuahuacho contra la Policía por la inhabilitación de las carreteras aledañas a dicha localidad en señal de protesta, dejando como saldo la muerte de Quintino Cereceda Huisal, comunero de Cotabambas y varios heridos. Y a pesar de que el diálogo se ha retomado hacia finales de este año, y el vicepresidente de la República presentó este mes el Plan Integral de Desarrollo de Cotabambas[3], la población apurimeña de esta provincia parece demandar prioritariamente la renegociación de la concesión del yacimiento a la minera MMG Limited sin reparar en lo propuesto en el plan integral[4].
De otro lado, en relación a los derrames de petróleo, el sólo hecho de considerar que este ha sido el año donde más ocurrencia de derrames de petróleo se han dado en la última década (13 registrados), nos da una idea de por qué el tema ha generado especial preocupación y también reacciones por parte de las poblaciones afectadas; este es el caso, por ejemplo, de la población de Saramurillo en Loreto que mantuvo bloqueado el Río Marañón por el impacto de la actividad petrolera hasta el pasado 17 de diciembre, con la esperanza de que una comisión del Poder Ejecutivo pueda atender sus demandas[5].
En tercer lugar, y con un mayor despliegue de movilizaciones sociales en este año, lo referente a la reforma educativa peruana se situó -una vez más- como un tema objeto de múltiples opiniones. Empezando por los diversos proyectos de reforma de la Ley Universitaria -que parecen obedecer a intereses particulares[6]– hasta el estallido en forma de protesta el 6 de diciembre por la salvaguarda de la reforma educativa, por sobre los intereses políticos de los legisladores -principalmente de la bancada de Fuerza Popular- a raíz de la censura del ex-ministro de educación Jaime Saavedra.
Finalmente, pero no por ello menos importante, este año los peruanos fuimos testigos de la polarización de nuestra nación, evidenciada en los resultados de las elecciones presidenciales, donde el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski venció a Keiko Fujimori por un margen de diferencia de apenas 0.24% del total de votos. Este trascendente hecho seguramente no podría haber resultado de ese modo de no ser por la multitudinaria marcha No A Keiko días antes de las elecciones en segunda vuelta, donde cerca de 70,000 personas protestaron contra la candidatura de Keiko Fujimori en salvaguarda de la democracia.
En paralelo, los resultados de las elecciones congresales mostraban la preocupante asunción de 73 de un total de 130 escaños parlamentarios por parte del partido Fuerza Popular (liderado por Keiko Fujimori), número que los constituyó como mayoría absoluta en el Congreso.
Si bien se conservaba la esperanza de que, a pesar de poseer una mayoría parlamentaria, los congresistas del partido Fuerza Popular mostrasen un desempeño de funciones exento de intereses o rivalidades personales, recientes acontecimientos parecen ir en contra de aquella añoranza. La mayoría parlamentaria de Fuerza Popular ha mostrado ser confrontacional y pensar poco en los intereses de la nación si así se lo propone (a pesar de que el programa gubernamental de este partido y del oficialista guardan sustanciales similitudes).
La prepotencia de la mayoría parlamentaria pudo apreciarse paradigmáticamente con la publicación de las conversaciones de algunos congresistas de Fuerza Popular en la plataforma Telegram[7], tras la interpelación del ex-ministro de educación Jaime Saavedra: “Jaja, recién leo que está temblando, pero para joder era valiente”, increpaba el congresista Luis Galarreta, haciendo alusión a Saavedra; mientras que Cecilia Chacón manifestaba “Ahora saben con quién se meten”.
Como se aprecia en este breve recuento, el 2016 ha sido un año marcado de simbólicos y variados aconteceres de interés público. El potente llamado al desterramiento de la violencia contra las mujeres deberá permanecer perenne y se espera que este discurso se haga extensivo a la protección contra la violencia de las minorías que ven sus derechos sistemáticamente conculcados. De otro lado, se espera que el Estado cumpla un rol más activo y transparente en pro de la salvaguarda del bienestar socio-ambiental, ya sea desempeñando un rol de mediador, fiscalizador o sancionador. Por su parte, la reforma educativa seguirá siendo un tema que demandará la atención y acción de los ciudadanos ahí donde se pretendan anteponer intereses personales o ideológicos por sobre la ansiada reforma educativa. Y en estrecho emparentamiento con lo anterior, la composición parlamentaria actual ha colocado a la democracia y a la gobernabilidad en un estado de relativa fragilidad, razón por la cual debemos levantar la voz en protesta cuantas veces sea necesario ante una mayoría que parece soslayar los intereses del país si así se lo propone.
Estos acontecimientos son indicadores de que aún quedan muchísimos problemas pendientes de atención prioritaria; pero lo cierto es que lejos de inmovilizarnos y sólo causarnos desasosiego, deberían llamar nuestra atención por erigirse como oportunidades de acción política, de cambio social y de atenta vigilancia ciudadana.
