Consejo Editorial Pólemos
Se acerca el 2016 y con ello el proceso de Elecciones Generales que definirá quienes serán nuestras autoridades nacionales por los próximos cinco años. El pasado 31 de julio, durante la sesión N° 114 del Foro de Acuerdo Nacional realizada en el Palacio de Gobierno, 17 organizaciones políticas firmaron la “Declaración de partidos políticos del Perú” con motivo del inicio del último año del actual gobierno. Dicha declaración, tiene como objetivo generar consensos en tres puntos: “Elecciones Generales en un clima de libertad y transparencia, de respeto a la voluntad popular y con libertad de prensa; estabilidad económica, promoción de la inversión pública y privada como fuente de generación de empleo digno y apoyo al desarrollo económico y social de todos los peruanos; y apoyo a políticas públicas y acciones por la seguridad ciudadana”[1].
Han sido diversos los acontecimientos de los últimos decenios, los que han modificado la vida política, económica y social de los ciudadanos peruanos: a la crisis económica y la violencia política de los ochenta se le sumaron diez años de gobierno populista, autoritario y de discurso anti-político. Garantizar procesos electorales transparentes y democráticos en el Perú –y en general en las democracias recientes de América Latina– son aspiraciones relativamente nuevas, explicadas en el fenómeno del Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano[2]. Es así que nos encontramos en un suceso histórico: presenciaremos las cuartas elecciones consecutivas democráticas en el país.
Secuelas de una tragedia política:
Si bien son varios los factores que determinaron la vida política de la sociedad peruana durante las últimas décadas[3] – y que siguen incidiendo hoy en día– son dos los elementos (íntimamente relacionados) que, desde nuestro punto de vista, intervienen directamente en los procesos electorales: la debilidad de las instituciones partidarias y el divorcio de la ciudadanía con la vida política.
La crisis de partidos políticos se fue agudizando en los años ochenta con la cada vez menor votación otorgada a los partidos tradicionales, la aparición de agrupaciones nuevas y la elección de los denominados “outsiders”. El panorama resulta muy gráfico observando las siguientes cifras: entre 1980 y 1995 la votación de la ciudadanía por los partidos políticos bajó de 96.7% en 1980 y 96.9% en 1985 aun 63% en 1990 y 8% en 1995[4]. Dicho debilitamiento, vino acompañado del desligamiento de la sociedad peruana con los partidos, y a su vez, los asuntos políticos del país; estos, en el momento de elecciones “gozaban de descrédito y estaban desorganizados, y no contaban con los cuadros de capacidad para asumir el monitoreo por sí mismos”[5]. Hay incluso quienes sostienen en relación a este fenómeno que en el sentido democrático y moderno del término, no han existido en la historia peruana partidos políticos, asegura Nicolás Lynch sobre ello:
“(Los partidos políticos no han existido) ni como mecanismos de intermediación entre la sociedad y el Estado que procesan las demandas de los ciudadanos’ ni como integrantes de un sistema estable de interacción y competencia democrática’ que pueda constituir una esfera de intermediación o «sociedad política» para representar adecuadamente a la población”[6].
Tras 14 años de período democrático, la proximidad a las elecciones del siguiente año y el clima político-electoral que presenciamos, nos hacen recordar que dichas secuelas siguen latentes y son varios los desafíos planteados para una democracia joven.
El rol de la sociedad civil y la justicia electoral:
Pese a los alentadores esfuerzos del nuevo siglo en búsqueda de una moderna fase política en los gobiernos latinoamericanos, factores como los ya mencionados persisten afectando la construcción de sólidas democracias. A propósito del análisis de los desafíos que atraviesa la sociedad civil en América Latina, Dierten Nohlen señala al respecto: “cierto es también que la democracia no ha podido consolidarse aún en la región. Numerosas observaciones empíricas alimentan la sospecha de que la euforia democrática de los primeros años, cuna de grandes expectativas, terminó cayendo en su contrario, a través de un proceso regresivo”[7].
Las interrogativas planteadas en su obra apuntan a identificar la importancia de la labor de sociedad civil en la política latinoamericana: ¿En qué medida la democracia representativa cuenta en Latinoamérica con el apoyo de los más comprometidos e involucrados políticamente en el proceso de transición? ¿La sociedad civil, se comporta de tal manera de constituir ella misma un desafío adicional para la democracia representativa?[8] Realizando dicho análisis, el autor presenta a la sociedad civil como la “imagen de una sociedad activa (…). No se queda en la crítica a las condiciones y relaciones imperantes. Se involucra, moviliza, arrastra y mueve cosas”.
Para la construcción de sólidas democracias representativas, encuentra, también como misión para la sociedad civil, algunos desafíos que contribuyan de acuerdo a las transiciones vividas en Latinoamérica. Nos concentraremos en uno de ellos: la consolidación y la recuperación de la confianza en las instituciones políticas.
El segundo desafío consiste en la reforma de las instituciones, a fin de facilitar el gobierno y de generar más eficiencia, por un lado y, por el otro, a fin de reforzar la transparencia, el control y la accountability. (…) Sin duda, muchas de las demandas de la sociedad civil por una mayor transparencia en el discurso político latinoamericano se ven tapadas por aquellas referidas a una mayor participación como mayor consideración de intereses desatendidos o de segmentos discriminados hasta el momento. Más allá de la importancia de estas demandas: para la consideración estructuralmente asegurada de estos intereses se necesita de instituciones políticas eficientes. Esto resalta la importancia del primer objetivo, un tanto desatendido por los grupos de la sociedad civil: las reformas institucionales son necesarias a fin de acrecentar la gobernabilidad, es decir, el proceso de mediación de intereses y la generación de consenso acerca de políticas orientadas a la consecución del bien común[9].
Otro elemento importante del análisis realizado por Nohlen en torno a la consolidación de las democracias representativas, que viene siendo impulsado por la sociedad civil, es el concepto normativo de “justicia electoral” entendido como “la garantía de las elecciones libres y honestas”, haciendo referencia, asimismo, a la organización y control del proceso, como objetivo fundamental de los comicios electorales[10]. Es también relevante el concepto de la “extensión en internalización de los valores de ética electoral por parte de la sociedad y especialmente por parte de los que quieren participar activamente en la política” –y que no son exclusivamente los integrantes de la clase política–.
Sociedad a la peruana: ¿Qué esperamos del rol de la sociedad civil nacional con miras a las próximas elecciones?
La compleja realidad nacional, aunque con un trasfondo semejante a las demás democracias jóvenes de América Latina, contiene elementos únicos como producto de una historia diferente. Fernando de Trazegnies, coincidiendo con la propuesta de fortalecer la sociedad civil y consolidar la democracia, presenta metas para la misma. Es importante observa los elementos necesarios que para el autor deben estar presentes si hablamos de sociedad civil, haciendo referencia a las organizaciones sociales de los años noventa, tales como universidades, IPAE, CONFIEP, cámaras de comercio, colegios profesionales, agrupaciones de la actividad económica, distintas empresas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de padres de familia, de vecinos, etc. De Trazegnies encuentra las bases de la sociedad civil, más no una realidad que corresponda al concepto mismo:
Debemos tener en cuenta que no constituyen todavía una sociedad civil sino cuando cada individuo, cada grupo, cada organización, no se limita a actuar como un interés aislado o como un grupo de presión atento exclusivamente a su punto de vista parcial sino cuando asume internamente la conciencia de que forma parte de una sociedad integrada y, por consiguiente, del bienestar y el progreso de cada individuo, de cada grupo, de cada organización depende el bienestar y el progreso de todos los demás[11].
Tomando en cuenta dichos elementos, pero sin adentrarnos en debates sobre la existencia en la actualidad de una sociedad civil, en todas sus dimensiones, en el contexto nacional, debemos más bien analizar la situación de dicho grupo en nuestra sociedad y de qué manera los desafíos planteados por ambos autores corresponden al contexto electoral que atravesamos.
¿Qué funciones esperamos que sean asumidas por la sociedad civil en las elecciones del 2016? Por un lado, asegurar que responda, promoviendo y fiscalizando reformas institucionales a fin de acrecentar la gobernabilidad[12]. La desconfianza generalizada en la ciudadanía frente a las instituciones políticas contribuye con la indiferencia de los peruanos en la vida política de su nación así como acentúa la crisis partidaria. Involucrar a los ciudadanos con los asuntos de su país, generando lazos de confianza, debe ir directamente de la mano con la educación civil, planteada por De Trazegnies como “la formación que incluye dialécticamente el orden y el desorden, la libertad y el respeto a una disciplina de la libertad, la creatividad individual y la organización”, el sentido de pertenencia es esencial en la construcción de una sociedad civil fuerte, asegura –y pensamos también– para la reinserción de los ciudadanos en la vida política, esta tarea “nos corresponde a todos los peruanos que formamos la sociedad civil. La educación civil se debe llevar a cabo a través de todos los medios de difusión social, incluido el ejemplo personal”[13].
Por otro lado, la participación activa de la sociedad civil como observador del cumplimiento de la justicia electoral. Empezamos esta editorial comentando el encuentro de distintas agrupaciones políticas para la suscripción de un compromiso de comicios electorales transparentes; sin embargo, no debemos conformarnos con que solo sean partidos políticos quienes estén presentes en este tipo de acuerdos, los diversos actores miembros de la sociedad civil deben estar presentes para garantizar elecciones libres y honestas.
En esa misma línea, procesos electorales pasados, a pesar de haber sido desarrollados correctamente, nos dejan la impresión de que la observación electoral no es suficiente; es necesario también, que participemos activamente mediante la producción y difusión de herramientas que permitan a la población ejercer un voto informado y cuando nos referimos a ello, no solo nos referimos a difundir información básica sobre aquellos que aspiran a ser elegidos, sino también datos de especial relevancia como denuncias y origen de los fondos de financiamiento de campañas[14]. El desconocimiento de las hojas de vida de nuestros representantes no solo provoca pésimas elecciones sino también re-elecciones; son conocidos los casos de presidentes regionales cuyos gobiernos han sido una fachada para la corrupción, un balance del año 2014 nos deja lo siguiente: tres presidentes regionales presos (Cajamarca, Áncash y Pasco), uno con prisión suspendida (Cusco) y otro prófugo (Tumbes), así como un alcalde y su novia (Chiclayo) encarcelados[15].
A modo de conclusión:
Durante muchos años, el discurso anti-político y la crisis atravesada por los actores políticos disociaron al ciudadano peruano de lo que por naturaleza debe ser parte activa: la vida política. Aunque nos encontramos aun atravesando un largo camino por recorrer antes de visualizar sólidos en cuanto a democracia representativa, los comicios electorales son siempre una nueva oportunidad para renovar el compromiso nacional con la vida democrática.
A pesar de ello y en base a lo desarrollado en esta editorial, tenemos desde los asientos de la sociedad civil, la capacidad suficiente para poner en marcha distintas reformas que permitan fortalecer la democracia en nuestro país. Dos son los compromisos que como miembros de la sociedad civil debemos asumir: primero, colaborar activamente para ponerle fin a la desconfianza generalizada en las instituciones políticas, así como promover la reconciliación de la ciudadanía con los asuntos políticos y segundo, permanecer vigilantes en el proceso electoral con el fin de comprobar que estén siendo desarrolladas con justicia electoral, de manera libre y honesta.
Desde Pólemos, exhortamos a todos los miembros de la sociedad civil, empezando por las universidades, a generar espacios y estrategias que promuevan el involucramiento de la ciudadanía en general en la vida política del país. Demandamos a los partidos políticos, así como a los interesados de ser elegidos como nuestros futuros mandos, las facilidades y cooperación pertinente, de tal forma que las autoridades electorales y la sociedad civil puedan observar y garantizar la transparencia en las elecciones. De la misma manera, que esta última se encargue de la difusión de herramientas necesarias que brinden información actualizada de los candidatos: solo así podremos ejercer nuestro derecho al sufragio de manera coherente y responsable. Es el momento de generar un movimiento hacia la responsabilidad y el deber en la sociedad civil. Bien señala De Trazegnies sobre nuestro rol: “debemos ser cautos y permanecer alertas: el optimismo sólo puede ser cultivado con nuestras obras”[16].
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