Matías Bonavitta
Licenciado y Profesor en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Especialista en Psicología Clínica (UNC). Magister en Antropología (UNC). Diplomado Superior en Educación Sexual Integral (FLACSO). Acompañante Terapéutico y Músico. Integra el proyecto de investigación “Lógicas y desvaríos corporales: representaciones, discursos y prácticas sociales de/desde y sobre los cuerpos” dirigido por la Mgter. Heredia (Museo de Antropología, UNC). Trabaja con personas con diagnósticos de discapacidad intelectual, asimismo, ha impartido docencia sobre “Centros de Día, Dispositivos y Prácticas” en la Facultad de Psicología, UNC.
1. Un nuevo cotidiano: tecnologías y lazo social
Desde que el 31 de diciembre de 2019 la Comisión Municipal de Salud de Wuhan -Hubei, China- notificó a la Organización Mundial de la Salud -OMS- sobre un cúmulo de casos de neumonía que luego fueron especificados como Covid-19, despertarse y encarar el día no es lo que alguna fue. Puesto que tras esta pequeña acción cotidiana se hallan múltiples diferencias con respecto a lo que alguna vez supo ser: desde la desaparición del característico apuro por arribar sin demoras al lugar de trabajo o la escuela; la aglomeración en los locales o transportes públicos; hasta el hecho de pasar más tiempo en el hogar; entre otras. Ciertamente, la vida cotidiana cambió de un modo tan vertiginoso que hizo que un muy poco tiempo resulte “natural” usar palabras tales como Streaming, Zoom, Video llamada, Meet, Skype, a la vez que pactar un horario para reunirse en una plataforma virtual.
Todavía no existe una vacuna, por ello es que sabiéndose que para frenar el avance de los contagios se requiere de la baja proximidad corporal, a lo largo del mundo se han tomado medidas sanitarias de confinamiento. Lo que causó una serie de reacciones emocionales: angustias, estrés, ansiedades, etcétera. Ahora bien, este acotamiento de la vida física comenzó a traducirse en un creciente uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Millones y millones de personas empezaron a poblar el espacio virtual, ya sea para trabajar, estudiar, conversar, pagar impuestos, jugar, hacer compras, mantener vínculos, entre otras razones.
Esta irrupción tecnológica sobre la vida cotidiana no implica un hecho totalmente inédito, pues investigadoras como Cristina Petit (2006) o Sherry Turkle (1997) (entre otras) ya nos venían advirtiendo acerca de la cada vez mayor propensión de las personas, especialmente jóvenes, por las tramas tecnoculturales. Y si bien en un primer momento se apuntó a considerar que esta tendencia era insalubre o asociada a una elevada exposición a dispositivos de manipulación social, pronto los estudios comenzaron a volcarse sobre otras apreciaciones: desde el uso de las TIC como herramienta pedagógica, hasta la lectura de las redes como forma de encuentro e interacción, componentes indispensables de la salud mental. En efecto, este cosmos tecnológico no debe ni menospreciarse ni idealizarse enteramente, pues como todo dispositivo (entendido en términos foucaltianos) no solamente pueden capturar y moldear, sino que también, viabilizar formas de ser y existir.
Es decir, la singularidad también acontece en Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, ya que las subjetividades entran en escena creando una red de sentidos necesarios para transitar la vida (tanto sus alegrías como sus pesares). En este sentido, si se piensa que no se puede volver al momento en que las TIC y la virtualidad no existían o no estaban tan capilarizadas sobre nuestro paisaje cotidiano, resulta vital pensar sobre la importancia del acceso tecnológico como derecho humano que habilita o permite el disfrute de otros derechos. Piénsese por ejemplo en el derecho a la educación, a la libertad de expresión, a la participación política, de interactuar socialmente, de ser parte de una comunidad y desplegar un sentido de identidad, entre otros. En otras palabras, en un mundo contemporáneo, cuya aldea planetaria yace signada por el lazo social de lo virtual, estar exento de las TIC implica estar abyecto de varios derechos humanos primordiales.
2. Derechos humanos, TIC y discapacidad intelectual
Ya en los años setenta, la UNESCO abrió el debate en materia de políticas de comunicación. Asimismo, con respecto a las TIC, en un comentario del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 2011 sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, opinó que, considerando el desarrollo de internet y la tecnología móvil en la vida cotidiana, los Estados partes deberían tomar todas las medidas necesarias para fomentar la autonomía de estos medios, asegurando la equidad en cuanto a su accesibilidad. En tanto que, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), plantea como una obligación de los Estados la promoción de la accesibilidad en el diseño y desarrollo de nuevas, incluidas las TIC, como así también, su disponibilidad para las personas con discapacidad. En su noveno artículo indica:
“A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones”. (CDPCD, 2006: artículo 9).
Ahora bien, el acceso y la distribución distan mucho de ser homogéneas. En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2014), hace varios años nos viene informando acerca de la falta de acceso a las TIC de la población con discapacidad y su impacto devastador sobre la invisibilización de este grupo humano. Digamos que en esta brecha el factor económico es un responsable substancial, pero no el único, ya que influyen otros elementos: la edad, el género, el nivel formativo y el grado de manejo intuitivo de las tecnologías, la nacionalidad, y por supuesto, la discapacidad como marcador de diferenciación social sometido a los influjos de una sociedad “capacitista” y “normalizadora”. En el que, como revela un informe reciente de la Fundación Adecco (2020), las personas con discapacidad intelectual representan al grupo más sensible a la brecha tecnológica, un dato concordante a aquello que ha manifestado Eva Kittay (2011), es decir, que el sector con discapacidad intelectual resulta aún más apartado de asuntos elementales para otros seres humanos, incluso con otros tipos de discapacidades. Piénsese por ejemplo en los obstáculos en torno al derecho de decidir tener pareja/familia, vivir sin padres y/o tutores, acceder a bienes materiales como teléfonos o computadoras, etcétera.
Para entender dicha disparidad, Ferrante y Ferreira (2010), refieren a que la discapacidad debe analizarse bajo la teoría bourdiana del campo social, entendido como un espacio compuesto por reglas, agentes, disputas y relaciones sociales. En el que las personas ocupan una posición a partir de una distancia entre el cuerpo que se considera legítimo y no legítimo, desde donde se adquiere de acuerdo al lugar ocupado, esquemas de obrar, pensar y sentir específicos: habitus. Bajo dicha episteme, si se considera que el modelo biomédico definió a la discapacidad intelectual cómo una deficiencia individual resultado de una lesión o varias que causan limitaciones en el funcionamiento intelectual (leve, moderado y profundo, según el Sistema Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías basado en el Sistema de Clasificación Internacional de Enfermedades), cabe pensar que dicho diagnóstico yace teñido de una mirada médica y tutelar que subalterniza a un grupo específico por no manifestar las capacidades cognitivas “normales” que dice requerir la sociedad occidental para poder participar de la vida social.
En definitiva, la población con discapacidad intelectual yace en una situación vulnerable; resulta urgente actuar para brindar acceso tecnológico/comunicacional, pues bajo el actual contexto de pandemia, este derecho, hoy más que nunca, es clave para garantizar otros.
3. Un nuevo cotidiano cómo continuum de otros
El intercambio de experiencias durante este inédito 2020, tanto con personas con diagnósticos de discapacidad intelectual cómo con profesionales e investigadores/as, no solo revelan múltiples situaciones que rasgaron la anterior vida cotidiana, sino que además, reflejan cierto continuum con otras. Con esto me refiero a que el círculo de invisibilidad de la discapacidad sigue reproduciéndose, y ya no únicamente sobre la vida que conocíamos, sino que además, incorporando sus supresiones dentro de la actual existencia virtual. Es más, quienes ni siquiera cuentan con el acceso a un teléfono celular han vivido una incomunicación social total, ya que los servicios y establecimientos para estas personas (talleres, Centros de Día, Centros Educativos, Escuela Especial, etcétera), por motivos sanitarios, han detenido su actividad presencial.
De manera que, nuevamente, el lazo social para este grupo humano se ve coartado o limitado, a la vez que se refuerzan las viejas medidas médicas, prescribiéndose más psicofármacos para sobrellevar los síntomas del empobrecimiento del lazo social. Al respecto, según un comunicado del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (2020), el consumo de psicofármacos creció un 20%. En otros términos, lejos de aplicarse los principios del modelo social defendido por los 50 artículos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), las rutinas del modelo médico intervienen con la lógica de que algo “anormal” debe ser «reparado» mediante un sustrato químico, sin considerar el entorno social.
En definitiva, finalizo este breve artículo con el aún no cumplido deseo de que el actual contexto de Covid-19 no opere como un continuum de otras precariedades, sino que actúe como un visibilizador de problemáticas, en el que surja una oportunidad para avanzar en la equidad. No se debe desconocer que las TIC son centrales, requiriéndose entonces, acceso y apoyos necesarios para su empleo. No hay dudas de que permiten la participación y el encuentro social, preservando no sólo la salud mental, sino que además, el camino hacia otros derechos que viabilizan el ejercicio de la ciudadanía. De allí es que debemos estar atentos para que dicha desigualdad no se licue en lo cotidiano, o más bien, produzca la “naturalización” del hecho de que hay personas que son expulsadas de los derechos que se reconocen y establecen como derechos universales del ser humano.
Referencias Bibliográficas
Asamblea General De Naciones Unidas. (2006) Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Adoptada el 13 de diciembre de 2006. Disponible en: ohchr.org/Documents/Publications/AdvocacyTool_sp.pdf
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2014). Panorama Social de América Latina. Santiago de Chile: Editorial CEPAL.
Ferrante, C. y Vázquez Ferreira, M, A. (2010). El habitus de la discapacidad, la experiencia corporal de la dominación en un contexto económico periférico. Política y Sociedad, 1 (47): 85-104.
Fundación Adecco (2020). Informe Familia y Discapacidad. Disponible en: www. fundacionadecco.org/wp-content/uploads/2020/05/informe-familia-y-discapacidad-2020.pdf
Kittay, Eva. 2011. The ethics of care, dependence and disability. Ratio Juris. V. 24, 2011, p.49-58.
Naciones Unidas (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Disponible en: ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
Naciones Unidas (2011). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Comité de Derechos Humanos, 102 º período de sesiones, Ginebra, 11 a 29 de julio de 2011. Disponible en: docstore.ohchr.org
Petit, C. (2006). La generación tecnocultural. Córdoba: Encuentro Grupo Editor.
Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (2020). Comunicado psicofarmacología. Disponible en: https://www.safyb.org.ar/
Turkle, S. (1997). La vida en la pantalla: la construcción de la identidad en la era de Internet. New York: Simon & Schuster.