Gonzalo Gamio Gehri[1]
es Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid, España). Actualmente es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es autor de los libros El experimento democrático. Reflexiones sobre teoría política y ética cívica (2021), Tiempo de Memoria. Reflexiones sobre Derechos Humanos y Justicia transicional (2009) y Racionalidad y conflicto ético. Ensayos sobre filosofía práctica (2007). Es coeditor de El cultivo del discernimiento (2010) y de Ética, agencia y desarrollo humano (2017). Es autor de diversos ensayos sobre ética, filosofía práctica, así como temas de justicia y ciudadanía intercultural publicados en volúmenes colectivos y revistas especializadas.
1.- Nuestro dilema actual y el concepto de agonía.
El 6 de junio tendremos que elegir entre dos aspirantes a la Presidencia de la República que no consideramos idóneos para ocupar tan importante cargo. Uno de los dos, Keiko Fujimori o Pedro Castillo, presidirá el Poder Ejecutivo en la celebración del Bicentenario. Muchos de nosotros consideramos que este dilema pone de manifiesto un conflicto trágico en el que colisionan dos males que no podremos evitar. Una situación como esta no solo nos interpela, nos desgarra. Para poder enfrentar este conflicto necesitamos comprenderlo.
Las tragedias griegas nos han enseñado que los conflictos éticos y políticos más importantes no son los que confrontan el bien y el mal, sino los que nos exigen discernir entre el bien y el bien e incluso aquellos que nos mueven a optar entre el mal y el mal. Esos dilemas ponen a prueba nuestra capacidad de razón práctica (noús praktikós), así como nuestro sentido de ciudadanía[2]. Sabemos que cualquier consecuencia de esta segunda vuelta electoral producirá un severo daño para nuestra frágil democracia. Ella está en situación de agonía, de lucha, en el sentido del griego agón, tan relevante para Unamuno y para Flores Galindo. Agonía es la lucha para no morir, la rebelión de aquello que no se resigna a dejar de ser[3]. Lo poco de democracia liberal que tenemos está luchando por su vida ¿Cómo podemos contribuir con su defensa en estas circunstancias?
Las dos opciones que tenemos a nuestra disposición no manifiestan mayor cuidado de las prácticas y las instituciones de la democracia liberal. El fujimorismo posee una trayectoria nefasta en materia de debilitamiento de las instituciones públicas, el control sobre los poderes del Estado y un nulo respeto de los derechos básicos de las personas. Perú Libre, por su parte, ha difundido un ideario de corte leninista basado en la afirmación del Estado como potencial propietario de los recursos estratégicos, la limitación de las libertades fundamentales y las restricciones gubernamentales sobre los contenidos de los medios de comunicación. Incluso sus líderes han deslizado la idea de que cerrarán el Tribunal Constitucional, desactivarán la Defensoría del Pueblo, modificarán las decisiones de la Sunedu y disolverán el Congreso de la República, medidas de evidente carácter dictatorial. En una dirección o en la otra, nuestro país parece condenado a padecer un nuevo proyecto autoritario.
Uno de los rasgos más dramáticos de este escenario reside en que el desmantelamiento de la democracia se convierte en una consecuencia del ejercicio de un procedimiento democrático, a saber, el sufragio. Esta situación revela una paradoja –de hecho, podría llamársele la “paradoja democrática”-, el que un acto libre podría poner fin a las condiciones de la libertad. No olvidemos que los mecanismos representativos constituyen un factor necesario –pero no suficiente- para el funcionamiento de la democracia liberal como una “forma de vida” común. Debemos tomar en cuenta dos elementos fundamentales de la democracia, tan significativos como la celebración de elecciones libres que encarnen la decisión de las mayorías. En segundo lugar, una democracia liberal requiere –junto a los procedimientos de representación política-, el cuidado de la deliberación pública como práctica generadora de decisiones públicas y de procesos de vigilancia cívica; esta es la dimensión “clásica” y “tocquevilliana” de la que hablaremos más adelante. En tercero, la democracia demanda el imperio de la ley y la vigencia del Estado de derecho constitucional, la existencia efectiva de un sistema legal e institucional que garantice la protección los derechos y las libertades de todos los ciudadanos; esta condición consagra el respeto de los derechos de las minorías como un factor esencial de un régimen libre. Los candidatos de esta segunda vuelta insisten en admitir la primera condición como el elemento decisivo de un sistema político democrático, pero tienden a desconocer (¿interesadamente?) los otros dos.
2.- El problema con la apelación al “Pueblo”. El rechazo de las diferencias y la corrupción de la democracia.
Cuando la legitimidad de un régimen político se funda exclusivamente en el voto de las mayorías y no considera los procesos de deliberación pública y la observancia de los principios del Estado de derecho, se corre el riesgo que la democracia se corrompa. Desde los tiempos de Polibio, se ha estudiado este fenómeno con cuidado. Cuando la democracia se desnaturaliza se transforma en oclocracia, “el gobierno de la muchedumbre”. La conducción de la comunidad queda en manos de caudillos inescrupulosos que se proponen conectar con la multitud recurriendo a la demagogia y al clientelismo. Los líderes se proponen convertir a los ciudadanos en una “masa” que pueda ser manipulada y seducida por un discurso virulento. Las imágenes efectistas del historiador griego excitan los temores del lector.
“Porque acostumbrada la plebe a mantenerse de lo ajeno y a fundar la esperanza de subsistencia sobre el vecino; si a la sazón se la presenta un jefe esforzado, intrépido y excluido por la pobreza de los cargos públicos, se asocia con él, se entrega a los últimos excesos, y todo son muertes, destierros y repartimientos de tierras”[4].
Esta es la imagen del caos social y la violencia, fruto de la erosión de la noción misma de ciudadanía. El discurso de Polibio hace eco de nuestras inseguridades más básicas –el miedo a la anomia y a la anarquía-, pero resuleta claro que los dos extremos ideológicos representados en las opciones políticas de segunda vuelta –los populismos radicales de izquierda y de derecha- apelan al Pueblo como parte de su estrategia programática. Juegan a movilizar a las masas con un discurso “antisistema”: imponer “mano dura”, acabar con las barreras del “Perú oficial”. La reflexión de Polibio no constituye una especulación teórica; corresponde al análisis de una experiencia recurrente en la historia universal. La propuesta oclocrática inquieta la mente y el corazón de los ciudadanos precisamente porque esta clase de inestabilidad y de abuso no son extrañas a nuestra vida social.
El Pueblo no es el sujeto de la democracia; esta categoría abstracta distorsiona los rasgos esenciales de una vida pública saludable. Los protagonistas de un régimen libre son los ciudadanos. Un recurso habitual de los tiranos de diverso cuño consiste precisamente en rechazar la pluralidad de voces que requiere una genuina política democrática recurriendo a la presunta “manifestación” del Pueblo. Presuponen erróneamente que el Pueblo tiene una sola voz –un prejuicio presente en famosos lemas como Vox Populi, vox Dei-, voz de la que el líder autoritario sería “supremo portavoz” e “intérprete”. Todos los tiranos –de izquierda o de derecha- han dicho alguna vez “El pueblo soy yo”. Todos han sido “populares” en algún momento de la historia. A menudo, un sector importante de la sociedad ha aplaudido el recorte de sus propias libertades. No hay señor sin siervo. Polibio, La Boetie y Tocqueville han estudiado este fenómeno en detalle.
Es por esta razón que la definición de la democracia en los escuetos términos de un “gobierno del Pueblo” es confusa e imprecisa. El núcleo “duro” de la democracia reside en la distribución del poder a partir de las acciones de los ciudadanos –el sufragio, la deliberación cívica, etc.- y la observancia de las normas e instituciones que vertebran el Estado constitucional de derecho. La democracia liberal se funda en el cuidado de la pluralidad que constituye lo político en cuanto tal. El pueblo no tiene una sola voz: la ciudadanía se expresa a través de una diversidad de argumentos, visiones de las cosas, intereses y aspiraciones. Una sociedad democrática procura sentar las bases de un diálogo fecundo de esa pluralidad de perspectivas en condiciones de igualdad y libertad. La escueta invocación al “Pueblo” desestima esa diversidad y desconoce la racionalidad propia del sistema político y legal que la defiende y sostiene.
Una de las candidaturas de esta segunda vuelta se ha propuesto convocar una asamblea constituyente para redactar una nueva carta magna y así desmontar el aparato institucional que genera los contrapesos frente al poder que incomodan a ese grupo político. El proyecto de elaboración de una nueva Constitución representa un grave riesgo para la democracia liberal en nuestro país. En primer lugar, no tenemos ninguna garantía de que el nuevo texto no restrinja derechos individuales básicos, o que se introduzcan cláusulas que abran la puerta a la reelección inmediata y otras medidas potencialmente autoritarias. Esta propuesta electoral plantea, en el mejor de los casos, instalar un sistema plebiscitario entre nosotros; en el peor, intenta imponer un modelo político totalitario en el Perú. Ninguna de las dos opciones es saludable para el desarrollo de una cultura política democrática.
Las sociedades libres no necesitan redactar una nueva Constitución cada cierto tiempo: por lo general, las democracias avanzadas emprenden el camino de la reforma legal cuando surgen problemas que es preciso resolver desde el ámbito de la ley. “las constituciones son entes vivos como lo es un árbol”, advierte el filósofo del derecho Jorge Sánchez, “(son) entes orgánicos que crecen y cambian, dando pie a interpretaciones y modificaciones que sean compatibles con el progreso y avance de una sociedad”[5]. Las sociedades evolucionan, y sus problemas asumen configuraciones distintas que el texto constitucional no puede prever de antemano. Las repúblicas más consolidadas plantean enmiendas y modificaciones parciales a la Constitución, no proponen empezar todo de nuevo cada treinta años. Un nuevo gobierno con ínfulas autoritarias –autoerigido en intérprete de la “Voz del Pueblo”- podría empeñarse en ejercer algún control sobre la escritura de la Constitución Política. La impronta adánica de quienes invocan la elaboración de una nueva carta magna hacen abstracción del trabajo de interpretación legal de quienes nos han precedido en esa labor.
3.- El deber de agencia. Una ciudadanía alerta y dispuesta a la acción política.
Los ciudadanos no sentimos confrontados por un conflicto trágico en materia de ética pública y acción política que exige nuestra atención más rigurosa. Su planteamiento y resolución requiere una visión juiciosa y realista que perciba con nitidez la complejidad de elementos que constituyen este escenario. De un lado, tenemos una propuesta política que representa a la dictadura que en la oscura década de los noventa cometió actos de corrupción, así como graves violaciones de derechos humanos. En los últimos años, los líderes de Fuerza Popular dirigieron sus acciones a desestabilizar al gobierno elegido y a propiciar una aguda crisis política que produjo la salida abrupta de dos presidentes de la República. Sobre algunos de esos líderes fujimoristas pesan serias acusaciones de carácter penal asociadas al lavado de activos y a la obstrucción de la justicia. Del otro lado, encontramos una propuesta política arcaica que se ha trazado el propósito de desmantelar instituciones públicas que permiten limitar el poder gubernamental y defender derechos fundamentales de los ciudadanos. Este proyecto leninista pretende asimismo erosionar las bases de la frágil estabilidad económica y legal que tanto esfuerzo costó forjar en el Perú desde que el país recuperó la democracia tras la caída del régimen autoritario de Fujimori. Hay que agregar que sobre los promotores de la candidatura de Perú libre también pesan poderosos cuestionamientos en materia de ética pública.
Los ciudadanos tenemos que lidiar con un dilema trágico, un conflicto entre males. Nuestra capacidad de deliberación se verá puesta a prueba en una situación como esta. El proceso de segunda vuelta nos invita además a desarrollar nuestro sentido del kairós, el saber reconocer el tiempo oportuno para escuchar y para decidir el voto. Elegir en el escenario de un conflicto trágico implica sacrificar algo significativo para nuestra vida. Apoyar a un candidato cuyas políticas no aprobamos para evitar que otro candidato peor acceda a la presidencia resulta frustrante e incluso desolador desde un punto de vista moral. Viciar el voto también constituye una decisión dolorosa: equivale a dejar que otros decidan por uno acerca de quién será el ganador. La responsabilidad de enfrentar un conflicto trágico invoca una suerte de deber de agencia, el compromiso con el acto de elegir y actuar en condiciones de incertidumbre y desaliento. Encarar un dilema semejante apela a nuestro sentido del deber y demanda nuestro coraje cívico.
¿Qué podemos hacer nosotros ante esta situación? Probablemente tenemos que escuchar con atención las declaraciones de los protagonistas de la segunda vuelta –es de esperar que ellos maticen sus lineamentos originales para “ganar el centro político”-, debemos revisar sus programas de gobierno y, acaso, exigir de Fujimori y Castillo un riguroso cambio de perspectiva si pretenden contar con nuestro apoyo: no podemos permitir que se sacrifiquen principios democráticos ni que se recorten derechos fundamentales. Hasta ahora, el equipo técnico de Fuerza Popular está lleno de personajes controvertidos a causa de su pasado; el equipo de Perú Libre no ha sido presentado a la opinión pública, incluso se sospecha que no existe. Habría que preguntarse si ambos candidatos estarían dispuestos a comprometerse por escrito a respetar ciertas reglas básicas en materia de respeto a ciertas libertades políticas y económicas. Ellos lucharán por cada voto, y los ciudadanos no deberíamos ceder el nuestro tan fácilmente. Solo podremos decidir con inteligencia si contamos con una sólida información respecto de los idearios políticos y los planes de los candidatos, pero también si somos capaces de examinar con precisión los escenarios públicos que se configuran bajo esta situación de conflicto.
No obstante, es preciso que no pensemos en nosotros solamente como electores, sino también como agentes políticos. Necesitamos formar una ciudadanía vigilante que esté dispuesta a actuar desde las instituciones de la sociedad civil: universidades, colegios profesionales, sindicatos, Organizaciones No Gubernamentales, iglesias, etc. Debemos pronunciarnos sobre el curso de la vida pública desde la academia, los medios de comunicación de masas y las redes sociales. Salir a las calles si hace falta. Hace pocos meses la Generación del Bicentenario hizo sentir su voz de protesta y logró conjurar en breve tiempo una asonada golpista. El dilema ético-político que enfrentamos no es un juego: especialistas en los estudios sobre el Perú, provenientes de universidades nacionales y extranjeras, están de acuerdo en que tanto las candidaturas de Fuerza Popular como las de Perú Libre constituyen un peligro potencial contra la supervivencia de la democracia en nuestra sociedad. Si se quiebra la legalidad después del 28 de julio, ello no será por nuestra desidia ni sucederá con nuestra complicidad. Debemos actuar como ciudadanos comprometidos con nuestro Estado constitucional de derecho haciendo uso de los canales que establece la ley. Las libertades solo se suprimen de manera definitiva si renunciamos a ellas.
En mi último libro –El experimento democrático (2021)[6]– he discutido la tesis de Alexis de Tocqueville, según la cual aquello que define la democracia liberal como un modo de vivir no reside en un entorno geográfico, en la presencia o ausencia de una tradición religiosa, ni siquiera en la observancia de un sistema legal. La democracia se manifiesta en el cuidado de “hábitos de la mente” y “hábitos del corazón”, prácticas intelectuales y morales asociadas al ejercicio y la defensa de la libertad política por parte de los ciudadanos[7]. Formas de pensar -y de sentir- en público[8]. Después de veinte años de haber recuperado el orden democrático, es hora de verificar si esas prácticas han echado raíces en nuestras costumbres, o si se trata de un experimento fallido. Lo que suceda en las próximas semanas nos permitirá tener una idea más clara sobre esta cuestión esencial acerca del carácter de nuestra vida común.
Bibliografía
[1] Gonzalo Gamio Gehri es Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid, España). Actualmente es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es autor de los libros El experimento democrático. Reflexiones sobre teoría política y ética cívica (2021), Tiempo de Memoria. Reflexiones sobre Derechos Humanos y Justicia transicional (2009) y Racionalidad y conflicto ético. Ensayos sobre filosofía práctica (2007). Es coeditor de El cultivo del discernimiento (2010) y de Ética, agencia y desarrollo humano (2017). Es autor de diversos ensayos sobre ética, filosofía práctica, así como temas de justicia y ciudadanía intercultural publicados en volúmenes colectivos y revistas especializadas.
[2] Véase Gamio, Gonzalo “Razón práctica y sabiduría trágica. Reflexiones sobre los cimientos filosóficos de una pedagogía ética basada en la deliberación” en: Revista Éthika + Num. 3 (2021) pp. 167-180.
[3] Unamuno, Miguel de Agonía del cristianismo Salamanca, Fundación Antonio de Castro 2009 p. 545; véase Bolívar, Frank y Edward Posada “Miguel de Unamuno: una comprensión de su pensamiento en torno a la agonía y la muerte” en: Pensamiento vol. 73 (2017), núm. 278, pp. 1091-1114.
[4] Polibio. Historias. Libro VI, Capítulo IV.
[5]Sánchez Pérez, Jorge “Construir la Constitución” en: El Comercio 19 de noviembre de 2020 https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/construir-la-constitucion-por-jorge-sanchez-perez-noticia/ .
[6] Gamio, Gonzalo El experimento democrático. Reflexiones sobre teoría política y ética cívica Lima, UARM 2021.
[7] Por supuesto, el cultivo de estos hábitos habría de encarnarse en una esfera pública abierta y pluralista.
[8]Cfr. Gamio, Gonzalo “Hábitos de la mente. Acerca del valor de la deliberación pública” en: Pólemos https://polemos.pe/habitos-de-la-mente-acerca-del-valor-de-la-deliberacion-publica/. Este ensayo aparece asimismo en El experimento democrático.
Imagen por La República
