Julissa Yamani Fernández

Abogada por la UNMSM. Egresada de la Maestría de Derecho Procesal de la USMP. Socia del área de Litigios, Arbitraje y Recuperaciones del Estudio Muñiz

La autora agradece a Madelaine Calonge De Paz, asociada del área de Litigios, Arbitraje y Recuperaciones del Estudio Muñiz, por su colaboración en la preparación de este artículo.

Resumen:

Este trabajo analiza la evolución jurisprudencial de la prueba de oficio en el proceso civil peruano tras el X Pleno Casatorio Civil. Sostiene que el precedente consolidó un modelo de actuación probatoria excepcional, subsidiaria y sometida a motivación reforzada, contradictorio y preclusión. A partir del examen de decisiones entre 2020 y 2026, se advierte una evolución desde una recepción inicial del precedente hacia una aplicación más técnica y garantista.

Palabras clave: precedente vinculante, prueba, prueba de oficio, deber funcional del juez, principio de preclusión.

1. Introducción

La prueba de oficio es una institución controvertida porque busca equilibrar la averiguación de la verdad material con garantías como la imparcialidad judicial, la igualdad de las partes y la preclusión. El X Pleno Casatorio Civil respondió a esta tensión estableciendo reglas para su uso excepcional y debidamente motivado.

El problema principal aparece cuando la intervención judicial se produce luego del cierre de las oportunidades procesales de las partes, lo que puede alterar las cargas probatorias y generar dudas sobre la neutralidad del juez. Por ello, el debate actual se concentra en sus límites concretos y en su control jurisdiccional.

El artículo revisa decisiones emitidas entre 2020 y 2026 para mostrar cómo los tribunales han aplicado estas reglas y cómo la prueba de oficio pasó de una recepción inicial a una comprensión más rigurosa y controlada.

2. Marco teórico y normativo

Desde un plano teórico, la prueba de oficio no es un deber automático ni una facultad ilimitada, sino una potestad excepcional que solo se justifica cuando la prueba aportada por las partes resulta insuficiente para resolver adecuadamente la controversia.

El X Pleno estableció que esta potestad exige insuficiencia probatoria, pertinencia, fuente identificable, motivación reforzada, contradictorio y prohibición de suplir la carga de la prueba. También delimitó su oportunidad procesal para impedir que se convierta en un mecanismo general de corrección de omisiones de las partes.

La relevancia del precedente radica en haber precisado cómo el juez debe justificar y ejercer esta facultad para evitar arbitrariedades, resguardar su imparcialidad y compatibilizar la búsqueda de verdad material con el debido proceso.

A. En primera instancia:

1.  En los procesos escritos, una vez concluida la actuación de los medios probatorios admitidos y, excepcionalmente, antes de expedir sentencia.

2. En los procesos orales, en la audiencia preliminar y, de modo excepcional, en la audiencia de pruebas.

B. En segunda instancia:

1. En la resolución que programe la vista de la causa se indicará la posibilidad de actuar e incorporar una prueba de oficio y se someterá al contradictorio en la audiencia de vista de la causa.

En ese sentido, la importancia del X Pleno Casatorio Civil radica en haber precisado la forma en que los jueces deben entender, justificar y ejercer su facultad de ordenar la actuación de una prueba de oficio, con el propósito de evitar decisiones arbitrarias y resguardar la imparcialidad judicial. A partir de este precedente, se analizará a continuación su influencia en las decisiones de los jueces desde su publicación.

1. El principio de preclusión como límite a la incorporación de pruebas de oficio:

La preclusión es el límite estructural más importante de la prueba de oficio, porque el proceso se organiza en etapas sucesivas y cerradas. Su función es proteger el derecho de defensa, evitar sorpresas procesales y garantizar estabilidad y seguridad jurídica.

Al respecto, Eugenia Ariano sostiene que la preclusión involucra tanto la segmentación del proceso en etapas como su efecto jurídico inmediato: la caducidad de la facultad procesal de las partes para ejecutar determinados actos ya sea por el vencimiento del plazo legal o por la clausura del estadio correspondiente. Esta concepción rígida informa el sistema procesal civil peruano, manifestándose en diversos preceptos del Código Procesal Civil: la exigencia de un pronunciamiento exhaustivo sobre los hechos al contestar la demanda, la limitación temporal para modificar la pretensión antes de la notificación y la obligatoriedad de deducir excepciones de forma conjunta y dentro del plazo perentorio establecido.^[1]

Por ello, aunque el X Pleno admite valorar medios extemporáneos o inadmitidos para una eventual incorporación oficiosa, esta posibilidad no autoriza a neutralizar la inactividad de las partes ni a reconstruir su estrategia probatoria.

Este principio limita la actuación procesal y la facultad impugnatoria de las partes, vinculándolas a las etapas preestablecidas. De forma indirecta, también condiciona la labor del juez, quien debe rechazar cualquier acto o recurso extemporáneo. Asimismo, se encuentra estrechamente ligado al principio de seguridad jurídica, garantizando a los justiciables la estabilidad y predictibilidad del proceso.

En relación con la sexta regla del X Pleno Casatorio Civil, se faculta al juez para evaluar la pertinencia y relevancia de aquellos medios probatorios ofrecidos de forma extemporánea o declarados inadmisibles por rebeldía, con el fin de determinar su eventual incorporación de oficio. Asimismo, esta potestad se extiende a los medios probatorios declarados formalmente improcedentes cuya resolución no haya sido impugnada, permitiendo así que el magistrado, en ejercicio de su facultad integradora, valore su admisión oficiosa en aras de alcanzar la verdad material y determinar la realidad de los hechos introducidos al proceso.^[2]

En el contenido de las reglas del X Pleno Casatorio Civil se ratificó la posición del legislador de establecer a la prueba de oficio como una facultad excepcional para incorporar medios de prueba adicionales a los que hubieran ingresado al proceso las partes. Lo anterior, dado que se entiende como necesario -en algunos casos- el uso de esta facultad y es por ello que la encontramos contenida en el artículo 194 del Código Procesal Civil y en diversas disposiciones de naturaleza procesal, aunque es necesario mencionar que el juez, al utilizarla, debe tomar en cuenta los límites establecidos en el ordenamiento procesal, para evitar que se haga un mal uso de ella.

III. Análisis jurisprudencial (2020 – Actualidad)

A. Procesos judiciales relevantes post la emisión del X Pleno Casatorio Civil y su impacto de las decisiones resumidas:

1. Jurisprudencia del año 2020:

En 2020, la incidencia del X Pleno Casatorio Civil era aún incipiente. Las decisiones examinadas muestran que la insuficiencia probatoria y la eventual intervención oficiosa ya aparecían como temas relevantes, pero el precedente todavía no operaba como eje argumentativo consolidado.

Este periodo inicial muestra, en suma, una recepción todavía incipiente del precedente, sin una línea jurisprudencial uniforme, pero con la aparición clara del problema de la insuficiencia probatoria y de la eventual intervención judicial oficiosa.

2. Jurisprudencia del año 2021:

En 2021 la discusión se volvió más concreta: el Tribunal Constitucional validó la prueba de oficio cuando existía insuficiencia probatoria real y motivación reforzada, especialmente en procesos de alimentos, pero rechazó su uso para corregir negligencias procesales o desconocer la preclusión. Se consolidó así una lectura estricta y subsidiaria del artículo 194 del Código Procesal Civil.

3. Jurisprudencia del año 2022:

Durante 2022, la influencia del X Pleno se hizo más explícita. La jurisprudencia suprema y constitucional reafirmó que la prueba de oficio es una facultad judicial excepcional, útil ante incertidumbre probatoria objetiva, pero improcedente como exigencia impuesta por las partes.

La tendencia de 2022 confirma, por tanto, una comprensión más explícita del precedente: la prueba de oficio sirve para esclarecer incertidumbres objetivas, pero no para trasladar al juez la carga de probar lo que corresponde a las partes.

4. Jurisprudencia del año 2023:

En 2023 el precedente ingresó a una etapa de recepción madura. Las decisiones judiciales se centraron en precisar las condiciones de validez de la prueba de oficio, especialmente el deber de motivación, el respeto del contradictorio y la observancia de las preclusiones procesales.

Los casos de 2023 muestran una doble consolidación. En sede casatoria, el precedente aparece como marco orientador para resolver controversias complejas sobre propiedad y valoración probatoria; en sede constitucional, se enfatiza que la resolución que admite una prueba de oficio, aunque tenga un régimen impugnatorio especial, no queda fuera de control cuando rebasa sus límites legales. Esto desplaza el debate desde la existencia del poder instructor del juez hacia las garantías que rodean su ejercicio.

5. Jurisprudencia del año 2024:

En 2024 se reforzó una aplicación más garantista: la actuación oficiosa debía aparecer claramente justificada, respetar el derecho de defensa y mantenerse como un instrumento subsidiario, incluso en materias sensibles como alimentos o desalojo.

Las decisiones de 2024 permiten identificar tres ideas centrales: primero, que la potestad probatoria del juez sigue siendo subsidiaria y no reemplaza la carga de las partes; segundo, que incluso en materias sensibles como alimentos o desalojo puede justificarse la actuación oficiosa si se busca esclarecer hechos indispensables; y tercero, que el juez también puede reevaluar la pertinencia de la prueba de oficio inicialmente ordenada, siempre que informe oportunamente a las partes y respete su derecho de defensa.

6. Jurisprudencia del año 2025:

En 2025 se advierte un giro: ciertas decisiones sugieren que, frente a vacíos probatorios decisivos, la prueba de oficio no solo puede ser admitida, sino que resulta necesaria para asegurar una sentencia materialmente justa.

Este cambio no elimina la excepcionalidad de la figura, pero sí eleva el estándar de responsabilidad judicial cuando la verdad material no puede alcanzarse con el expediente tal como ha quedado conformado, exigiendo motivación específica y utilidad concreta de la medida probatoria.

7. Jurisprudencia del año 2026:

En 2026 la línea jurisprudencial mantiene continuidad: la prueba de oficio no puede utilizarse para subsanar la inactividad procesal ni para dejar sin efecto la preclusión, aunque siga siendo relevante para resolver conflictos complejos cuando existe justificación suficiente.

En consecuencia, la línea reciente mantiene una visión restrictiva y controlada: la prueba de oficio conserva relevancia para resolver casos complejos, pero no desplaza la diligencia procesal exigible a los litigantes.

IV. Conclusiones: Impacto del X Pleno Casatorio Civil en la jurisprudencia actual

El análisis permite concluir que el X Pleno Casatorio Civil ha ordenado la comprensión contemporánea de la prueba de oficio en el proceso civil peruano. Su impacto principal ha sido fijar un modelo de excepcionalidad, subsidiariedad, motivación reforzada y respeto del contradictorio y la preclusión.

En conjunto, la jurisprudencia revisada muestra que esta figura solo se legitima cuando existe insuficiencia real del material probatorio y cuando su uso no se convierte en una vía para corregir la pasividad de las partes ni para debilitar la seguridad jurídica del proceso.

En conclusión, la prueba de oficio en el Perú ha dejado de ser una potestad discrecional para convertirse en una institución reglada. Si bien el principio de preclusión puede ceder ante la necesidad de una resolución justa, esto solo ocurre bajo un estándar de justificación exigente. La jurisprudencia ha logrado equilibrar la balanza: el juez no reemplaza a las partes en su deber de probar, pero tampoco es un espectador pasivo frente a la injusticia por falta de información. El éxito del X Pleno Casatorio Civil reside en haber transformado una facultad controvertida en un mecanismo de auxilio judicial con límites precisos y controlables.

Bibliografía y referencias:

1. Alfaro Valverde, L. (2020, 28 de octubre). Conferencia: Reglas vinculantes del X Pleno Casatorio Civil [Video]. YouTube.
2. Ariano Deho, E. (2001). Prueba de oficio y preclusión. Diálogo con la Jurisprudencia, (30).
3. Ariano Deho, E. (2001). Prueba y preclusión: Reflexiones sobre la constitucionalidad del proceso civil peruano. Ius et Veritas, (23), 72–85.
4. Congreso de la República del Perú. (2014). Ley N.° 30293 que modifica el artículo 194 del Código Procesal Civil. Diario Oficial El Peruano.
5. Corte Suprema de Justicia de la República. (2019). Casación N.° 1242-2017, Lima Este (X Pleno Casatorio Civil).
6. Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Permanente. (2022, 25 de agosto). Casación N.° 2341-2018, Cusco.
7. Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transitoria. (2020, 9 de noviembre). Sentencia de Casación N.° 3115-2018, Lambayeque.
8. Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Permanente. (2022, 19 de octubre). Auto calificatorio del recurso en la Casación N.° 1585-2022, Selva Central.
9. Corte Suprema de Justicia de la República. (2023, 18 de mayo). Casación N.° 6009-2019, Ayacucho.
10. Corte Suprema de Justicia de la República. (2024, 17 de septiembre). Casación N.° 4810-2021, Lima Norte.
11. Corte Suprema de Justicia de la República. (2025, 5 de junio). Casación N.° 5964-2019, Tumbes.
12. Corte Suprema de Justicia de la República. (2025, 24 de abril). Casación N.° 3268-2021, Sullana.
13. Taruffo, M. (1992). Le preclusioni nella riforma del processo civile. Rivista di diritto processuale, 47(2), 300–315.
14. Tribunal Constitucional del Perú. (2021, 11 de febrero). Sentencia 322/2021, Expediente N.° 01543-2020-PA/TC-Callao.
15. Tribunal Constitucional del Perú. (2021, 1 de julio). Sentencia 730/2021, Expediente N.° 02241-2020-PA/TC-Piura.
16. Tribunal Constitucional del Perú. (2022, 21 de octubre). Sentencia 453/2022, Expediente N.° 03720-2021-PA/TC-Huánuco.
17. Tribunal Constitucional del Perú. (2023, 19 de diciembre). Sentencia 1359/2023, Expediente N.° 00627-2023-PA/TC-La Libertad.
18. Tribunal Constitucional del Perú. (2024, 20 de mayo). Sentencia 658/2024, Expediente N.° 02633-2023-PA/TC-Huaura.
19. Tribunal Constitucional del Perú. (2024, 2 de julio). Sentencia 840/2024, Expediente N.° 02452-2023-PA/TC-Huancavelica.
20. Tribunal Constitucional del Perú. (2026, 23 de febrero). Sentencia 402/2026, Expediente N.° 04247-2024-PA/TC-Puno.

1. Ariano Deho, Eugenia. «Prueba y preclusión. Reflexiones sobre la constitucionalidad del proceso civil peruano». Ius et Veritas, n.º 23 (2001): 72-85 ↑

2. Alfaro Valverde, Luis. «Conferencia: Reglas Vinculantes del X Pleno Casatorio Civil». YouTube, 28 de octubre de 2020. Video, 1:44:11. https://www.youtube.com/watch?v=b9Xe0DXPzKw. ↑