Mildred Rooney
Magíster en Ciencia Política y Gobierno con mención en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Asistente de Cátedra de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas (PUCP). Co-investigadora del Grupo de Investigación del Orden Internacional y Órdenes Regionales (GIOR) de la PUCP
En el año 2015, Francia fue uno de los principales blancos del terrorismo internacional. El 7 de enero de 2015, se produjo el atentado contra los periodistas del semanario “Charlie Hebdo” (auto atribuido por “al Qaeda”) y en un supermercado de alimentos kosher.[1] Recientemente, el 13 de noviembre, París nuevamente fue el objetivo de ataques simultáneos que victimaron a más de cien personas, esta vez perpetrados por el “Daesh” (también llamado “Isis” por las siglas en inglés de “Estado Islámico de Irak y el Levante”). Ambos sucesos han supuesto para Europa, por un lado, el desplazamiento (a nivel nacional, pero principalmente comunitario) de la importancia de la agenda económica para superar la crisis de la eurozona hacia los temas de seguridad y defensa; y por el otro, el cuestionamiento de las estrategias existentes para hacer frente a esta amenaza.
En 2003, la Unión Europea (UE) aprobó la “Estrategia Europea de Seguridad” (EES) que entiende el terrorismo como un problema estructural, complejo y de causalidad múltiple. La EES minimiza el rol del componente militar y reafirma, por tanto, la naturaleza estructural de la política exterior europea, caracterizada por la preferencia de instrumentos de poder blando como la prevención de la radicalización religiosa, la colaboración entre países y la adopción de soluciones multidimensionales de largo plazo. Posteriormente, en 2005 se formuló la “Estrategia de la Unión Europea contra el Terrorismo” que contempla los lineamientos generales frente a una amenaza a la seguridad. Dos años más tarde, el “Plan de Acción contra el Terrorismo” continuó con la estrategia de ofrecer asistencia multidisciplinar, sobre todo en el Sahel para contrarrestar la amenaza de “al Qaeda” en el Magreb.
Recién a partir de 2011, se considera en el nuevo plan el potencial riesgo que representan los combatientes yihadistas en el extranjero. En esta misma línea y como reacción al avance que en 2014 experimentó el “Daesh” en Iraq y Siria, en octubre de ese año se concretó la “Estrategia Contraterrorista para los Combatientes Extranjeros en Siria e Iraq”. Pocos meses después (marzo de 2015) y con posterioridad a los ataques de “Charlie Hebdo” se elaboró la “Estrategia Regional para Siria, Iraq y la Amenaza del Daesh”. Estos planes se concentraron en tres acciones principales: ofrecer respaldo a los esfuerzos de los grupos militarizados “anti Daesh”, desgastar la capacidad económica, militar e ideológica del Isis y mejorar el sistema de inteligencia de la UE.
En cuanto a la ayuda que la UE le ofrece a las fuerzas armadas iraquíes, los combatientes kurdos (“peshmerga”) y el Ejército Sirio Libre que lidian contra el “Daesh”, esta no está exenta de complicaciones. Primero, existe un peligro latente de que las armas enviadas puedan ser desviadas hacia grupos terroristas (esto ya ocurrió cuando el ejército iraquí se replegó ante la ofensiva del “Daesh” dejando tras de sí material bélico) o en el caso de que se trate de pertrechos, estos sean vendidos para adquirir armamento. Segundo, el apoyo a los combatientes kurdos podría resultar en una futura guerra civil por la constitución de un Estado (kurdo) independiente, lo que contribuiría a agravar la violencia en el Medio Oriente. Cabe destacar, además, que esta demanda de la nación kurda no ha sido respaldada por la UE y se opone a los intereses de Turquía, su aliado en la OTAN y “futuro miembro”.[2]
De otra parte, sobre el bloqueo de fondos, armas y flujo de combatientes (uso de “contranarrativas” ideológicas contra el “Daesh”), esta medida es contradictoria con las exportaciones que los miembros de la UE fabricantes de armamento continúan efectuando hacia países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Argelia y hasta Libia. En una región inestable como el Medio Oriente, el incremento de material bélico implica mayores riesgos de que estos bienes terminen bajo el control de grupos terroristas.
Respecto del intercambio de información de inteligencia, este tema ha sido objeto de debate con posterioridad a los atentados del último 13 de noviembre en París. Pese a que los 28 miembros de la UE están obligados a compartir la información relevante resultante de sus investigaciones, solamente cinco de ellos cumplen con hacerlo, según las declaraciones del propio comisario europeo de asuntos interiores. Frente a estas graves falencias de comunicación entre las autoridades policiales, la Comisión Europea ha propuesto la creación de una agencia de inteligencia comunitaria dentro de Europol. Sin embargo, la moción no ha recibido una acogida entusiasta por parte de Alemania, debido a los temores de perder soberanía nacional.
De acuerdo con lo señalado, la estrategia de respuesta de la UE contra el “Daesh” continúa con los lineamientos que generalmente ha guiado su accionar externo y que la identifican como una “potencia civil”. No obstante, si bien la UE no interviene militarmente de forma directa en la operación “Inherent Resolve”[3], activa desde 2014 –pues no cuenta con fuerzas armadas propias-, en esta participan cinco de sus miembros: Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda y Gran Bretaña.
Ciertamente, desde que se produjo la invasión a Irak en 2003 la identidad de “potencia civil” que asumió la UE -a partir de la década de los setenta- ha sido debatida. En esa oportunidad, la divergencia de los Estados miembros en la decisión de formar parte de la coalición encabezada por los Estados Unidos, reflejó una escisión interna entre aquellos que apoyaban la membresía y participación activa desde su lanzamiento como Reino Unido, Italia, España, Polonia, Portugal, Hungría y República Checa; y aquellos que inicialmente, se opusieron: Alemania, Francia y Bélgica. El temprano apoyo de los primeros y su manifiesta preferencia por la formación de alianzas interestatales y el empleo de poder militar produjeron fuertes críticas a la naturaleza “normativa” (preminencia del multilateralismo y el derecho internacional) y “civil” (ejemplo de “zona de paz” y prevalencia del poder blando) de la Unión Europea.
Después de los cruentos acontecimientos de noviembre pasado, los reclamos por la implementación de una respuesta comunitaria que comprenda el ámbito militar, defendida –especialmente- por Francia ha supuesto el fortalecimiento de la demanda por un ejército propio que consiga reducir la dependencia a las fuerzas de la OTAN. Actualmente, la UE puede dirigir misiones con recursos de esta alianza militar; realizar misiones civiles y militares fuera del espacio europeo para luchar contra el terrorismo; y en virtud de la “cláusula de solidaridad” movilizar todos los recursos de los estados miembros, incluso militares en caso de ataque en territorio europeo.[4]
Para finalizar, resta subrayar que la progresión de la violencia terrorista en el espacio europeo y en territorio de uno de sus principales miembros, Francia ha exacerbado los diversos cuestionamientos a la naturaleza híbrida de la UE. A pesar de la potestad de suscribir acuerdos internacionales (incluso sobre terrorismo) contemplada en el Tratado de Lisboa (2007), la política exterior europea no es comunitaria, sino intergubernamental: las decisiones se adoptan por el consenso de los Estados soberanos. De manera que la Unión Europea enfrenta desafíos que conducirían a repensar y posiblemente replantear su naturaleza híbrida: intergubernamental en esencia y restringidamente, comunitaria.
En su reciente libro “World Order” (2014), Henry Kissinger destacó la falta de mecanismos suficientes para lograr la consecución y el respeto a los ideales que el bloque europeo representa. Precisamente, como se ha podido observar, la ambivalencia entre lo nacional y lo comunitario también está presente en las medidas que forman parte de los planes que se han elaborado para enfrentar al yihadismo terrorista, en especial, al “Daesh”. En este contexto de tensión en que las soluciones estructurales de largo plazo que se han adoptado están aún en “periodo de prueba” y el reclamo por la inserción del componente militar se hace cada vez más popular, las voces que cuestionan el futuro de la Unión Europea podrían hacerse cada vez más fuertes.
