Raúl Mendoza Cánepa
Abogado. Ha sido asesor del gabinete de asesores de la Presidencia del Poder Judicial (2019-2020), integrante del equipo de elaboración del Anteproyecto de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. Autor y coautor de los libros Parlamento y Ciudadanía; Manual Parlamentario; El juez, un modelo para armar; Regímenes políticos: los rostros y las máscaras del poder; Economía y democracia en la región; Manual para la construcción de la paz; La constitución de 1993, veinte años después (con Enrique Bernales), entre otros.
1. Origen
Hemos hallado el origen de «partido» en su etimología, que es pars en latín, como las facciones que se constituyeron desde el siglo XII en el Sacro Imperio Romano Germánico. Por un lado, los güelfos o de la casa de Baviera y los de la casa de los Hohenstaufen de Suabia, llamados luego “gibelinos”. El objetivo de ambos era el dominio, lucha que más tarde se llevaría al campo del conflicto entre los seguidores del Papa y los seguidores del Sacro Imperio Romano Germánico. Así, los partidos nacen para dominar la escena y consecutivamente para la defensa de una posición ideológica o programática.
La noción de legitimidad del poder y la competencia en torno a él, llevará más adelante a asumir el sistema de partidos como una plataforma más o menos regulada. Sin embargo, la regulación parecía no alcanzar la organización interna, contra lo que Robert Michels llamaba “la ley de hierro de las oligarquías”. El fortalecimiento del principio ciudadano de participación llevará más adelante a establecer reglas de democracia interna.
2. Los partidos en el Perú actual
En el Perú los partidos se definen en el artículo 1 de la Ley 28094: “los partidos políticos son la expresión del pluralismo democrático. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, y a los procesos electorales”. De otro lado: “son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado cuyo objeto es participar por medios lícitos, democráticamente, en los asuntos públicos del país”. El artículo 2 define sus fines y objetivos, que son generalizaciones que van más lejos de lo que naturalmente se puede entender en sus fines prácticos, el de presentarse como vehículos electorales, pues la legislación no contempla otro medio a través del cual se pueda postular a una elección.
La concepción inmediata de los ciudadanos es la del partido plataforma, lo que origina un problema: la valoración de su vigencia en torno a su utilidad electoral, lo que se refuerza con una normatividad que ha tendido a quitarles la inscripción por criterios de competencia; esto es, si el partido pasa la valla electoral continúa en el sistema, si no lo logra o no compite, desaparece y debe reinscribirse para seguir en la línea de las siguientes contiendas. A su vez, la contingencia de un sistema inestable, lleva al crecimiento de los partidos vehiculares, organizaciones casi en abandono que son rescatadas o rentadas para una elección en particular, donde el peso no reside en la institución sino en el líder intruso.
En el Perú, algunos partidos, UPP es el caso más emblemático, nació con un objeto electoral, llevar al poder a Javier Pérez de Cuellar en 1995, pero se mantuvo en vigencia como una casa de alquiler, lo que derivó en cambios doctrinarios internos, remotos a las ideas iniciales. Algunos partidos logran las firmas, pero no tienen la capacidad ni al líder que le permita sobrevivir en el sistema “embudo” o de valla, lo que llama a dejarse tentar por ofertas atractivas como la de Hernando de Soto a Avanza País en 2021. Los votantes reconocen al personaje, pero no ubican a la organización, que puede mutar de ideología e, incluso, cambiar de ropaje o de nombre.
El sistema, así concebido, defrauda el objeto social de partidos antiguos y organizados con un espíritu que supera a la coyuntura de una elección. El APRA o el PPC son ejemplos de partidos históricos con vocación de trascendencia, pero que se ven al margen por una derrota electoral que los margina del sistema legal o, lo que es peor, que pierden la inscripción por error de detalle o cómputo al momento de inscripción de la candidatura, lo que desnaturaliza el fin esencial de un sistema de partidos.
A la fecha, existen diez partidos de alcance nacional y 161 movimientos regionales con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. La experiencia y la configuración del sistema nos dice que es probable que conforme cambie el panorama político, en quince años, un porcentaje relativamente alto de esos diez partidos sea reemplazado por los que logren el número de escaños suficientes para existir, por tal las organizaciones están signadas por el código de la sobrevivencia.
3. Pocos o muchos partidos
En el ideal común, la valla impide la sobrepoblación de partidos vigentes, tan arriesgada que lleve a una descontrolada oferta electoral y a una fragmentación peligrosa en el sufragio. Difícil imaginar una elección en la que compitan cien partidos y la gran mayoría durante décadas sin la probabilidad de ganar un escaño. Es ese resquemor el que induce a asumir el costo de reducir la oferta electoral en función del éxito en la competencia. A la vez, genera un problema, convierte a los partidos en vehículos dispuestos a ganar. Ya no se trata de liderar opinión o “existir” fuera del Parlamento, sino de preparar el terreno del triunfo en la víspera de cada proceso electoral.
En un sistema electoral proporcional o representativo y sin valla, muchos entran y se fuerzan alianzas favorables a la gobernabilidad parlamentaria o se permanece en el caos, de allí la importancia de la valla, un factor ordenador cuyo efecto inmediato (la pérdida de la inscripción) puede ser pernicioso para el sistema en general. En un sistema mayoritario, donde el ganador se lleva todo (en el esquema de Duverger y de Sartori), la tendencia del sistema proporcional es que el Parlamento represente a la mayor cantidad de electores posibles según sus votos. En el mayoritario, la tendencia es al bipartidismo, las alianzas y la estabilidad del gobierno, especialmente en el régimen parlamentarista. El parlamentarismo encuentra problemas en el exceso de la pluralidad.
La opción por un modelo depende del objetivo de la representación. Por un lado, la formación de una mayoría en el sistema electoral mayoritario o, por otro, la mayor representatividad posible en el sistema proporcional. Al margen de la fórmula matemática, lo que importa en este caso es el tamaño de las circunscripciones. Desde la perspectiva del orden y de la consolidación de pocos, pero bien institucionalizados partidos, la vía parecería ser obtener la representatividad territorial en la competencia más que en la composición parlamentaria final. Por ejemplo, en el Perú el ideal de este modelo es la formación de más circunscripciones pequeñas regidas por un sistema electoral mayoritario, uninominal o binominal, que logre el propósito de alcanzar un escaño para la organización de alcance nacional que en más distritos electorales se lleve la mayoría de votos, seguida de la segunda y tercera fuerza electoral.
El objetivo sería, además, que la circunscripción no siga el esquema de la regionalización tradicional sino su propio cauce a través de la formación de nuevos distritos electorales. San Juan de Lurigancho, en Lima, tiene más habitantes que Piura y Tumbes; podría decirse lo mismo de El Santa en Chimbote y otros más que, pese a su población no tienen representantes con relación a Lima-Oeste, que sin ser circunscripción tiene en el promedio histórico la mayor proporción de legisladores.
La idea de tener pocos partidos responde a la lógica de la estabilidad, pero requiere un posicionamiento que llame a la moderación y, por tal, a la adhesión de ciudadanos de diversas tendencias que puedan confluir en una media. El esquema conservador es el de una centroderecha aglutinante, una centroizquierda y un partido bisagra de centro. Quizás, en el entendido de resolver la conflictividad gobierno-parlamento (habitual en tiempos recientes), la elección presidencial podría preceder a la parlamentaria, guiando al electorado hacia una posición racional, que en el Perú podría tener los visos de una quimera. Sin embargo, una regulación del funcionamiento parlamentario, el Senado o mecanismos de interacción entre el Ejecutivo y el Legislativo podrían ayudar a la formación de mecanismos de diálogo menos beligerantes de lo usual, lo que no se cuidó para los recientes escenarios de “duelo con arma de fuego” entre instituciones vía cuestión de confianza y vacancia por incapacidad moral. Modular las reglas en ambos casos es crucial para salvaguardar la estabilidad de la democracia y propiciar mejores canales de diálogo, uno de ellos debería ser la constitucionalización del Consejo de Estado.
El estudio de los partidos políticos y las propuestas de cambio regulatorio pasa por entender la historia del Perú en las últimas décadas y en formular propuestas para que la democracia no se torne, como nos es habitual, en un mecanismo para su propia destrucción.
Referencias
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