Ramón Rivero Mejía
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú- PUCP. Becario del Centro de Formación de la Organización Internacional del Trabajo – OIT en Torino-Italia, en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas y Desarrollo. Cuenta con cursos sobre gestión ambiental y conservación de la diversidad biológica en el IDEA y el INTE de la PUCP. Ha sido Director encargado de la Dirección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial-DACI del Ministerio de Cultura; actualmente es Coordinador de Proyecto sobre fortalecimiento de capacidades indígenas en el manejo de conflictos y la gestión sostenible de recursos naturales en la Reserva Comunal Amarakaeri, en Conservación Amazónica – ACCA, Madre de Dios. Consultor de diversas entidades públicas y privadas, así como autor de artículos en materia ambiental e indígena.
Suele ocurrir que, cuando salen a la luz imágenes o nos hablan de indígenas que evitan el contacto con nuestra sociedad, viviendo de lo que el bosque amazónico les da, son llamados los “no contactados”. ¿Pero quiénes son ellos?
En realidad, se trata de los Pueblos Indígenas en situación de Aislamiento (en adelante: IA), cuya ley de protección los define como aquellos que no han desarrollado relaciones sociales sostenidas con los demás integrantes de la sociedad nacional o, que habiéndolas desarrollado, han optado por descontinuarlas.
Ellos optan por el aislamiento básicamente como una estrategia de supervivencia, considerando experiencias traumáticas del pasado, como lo fue el boom del caucho en la Amazonía, pues a decir de Beatriz Huertas[1] ello les significó “(…) matanzas contra quienes se oponían a su presencia, persecuciones para captar mano de obra, venta de esclavos, violación de mujeres, expansión de enfermedades introducidas y muertes masivas, además de la desmoralización y conflictos intra e interétnicos que toda esta situación pudo causar de manera interna, entre otras consecuencias”.
Entonces, se trata de grupos de personas, de ciudadanos, que guardan un tipo de relacionamiento con nuestra sociedad nacional a partir de sus malas experiencias, vividas en carne propia o por información que, al respecto, pasa de generación en generación. Evitar el contacto supone excluir cualquier tipo de repetición de dichas experiencias traumáticas.
Sin embargo, ¿están del todo desvinculados de nuestra sociedad? Pues no. Según nos lo recuerda Huertas[2], los IA “(…) observan lo que ocurre a su alrededor y hasta toman los objetos de metal de los foráneos que ingresan a sus territorios o que se ubican colindantes a él, pero evitan el contacto con ellos para mantenerse a salvo, pues los consideran agresores o una amenaza, ya sea porque pueden raptar a sus hijos o para evitar el contagio de enfermedades. Hablamos así de un modo de vida marcado por las interacciones históricas con el entorno, complejas formas de relacionamiento caracterizadas por la limitación del contacto directo y adaptaciones culturales que habrían significado el abandono de antiguas prácticas culturales para facilitar su huida y evitar el contacto físico con agentes externos”.
Así, dichas interacciones con el entorno se dan, en algunos casos, manteniendo vínculos ancestrales, ya sea de cooperación o conflicto, con otros pueblos IA, pero también con aquellos cuyo devenir histórico los hizo organizarse en una o más comunidades nativas; generalmente muy alejadas de entornos urbanos, a días de viaje.
Como parte de tales interacciones, suele ocurrir que ellos se retiren luego de tomar algo que necesitan de dichas comunidades; también el hacerse notar mediante el “puqueo” o imitación de animales a través de sonidos que lanzan en el entorno de las comunidades, generalmente para evitar el contacto y los conflictos (que pueden ser a muerte) mientras están cazando o pasando la noche cerca.
Con el objeto de evitar dichos conflictos y también evitar el ingreso de terceros a sus tierras, fueron principalmente organizaciones indígenas como FENAMAD (Madre de Dios) u ORAU (Ucayali) las que implementaron diversos puestos de control en lugares que identificaron como estratégicos.
Desde estos espacios y de manera no intrusiva, se desarrollaron monitoreos y se registraron evidencias de su presencia. Ello también supuso el desarrollo de medios persuasivos para evitar conflictos a través de mecanismos de comunicación que se han visto implementados en comunidades nativas que reciben su amenazante visita. Un ejemplo de ello es el caso de la comunidad nativa de Monte Salvado y su relación con grupos Mashco Piro, pueblo IA que los ha visitado en repetidas oportunidades, especialmente en la época de ausencia de lluvias.
Un tema a mencionar es que, en las comunidades donde se establecen controles para proteger a los IA, se suelen generar también dinámicas[3] entre estos y sus agentes de protección, las que siempre deben entenderse en el marco de la implementación de dichos mecanismos de comunicación. Es decir, ello no supone que con tales interacciones se contacte o se deban iniciar relaciones sostenidas de dependencia con estos agentes externos a dichos pueblos; pues luego de estas comunicaciones, los grupos de IA se retiran y siguen con sus vidas dependientes del bosque, sin relacionarse y evitando el contacto con el resto de la sociedad nacional.
Debemos señalar que es bajo esta misma lógica que el Reglamento de su Ley de protección ha previsto la oportunidad para que el Estado, en ejercicio de su tutela constitucional de protección de los derechos fundamentales de estos pueblos, establezca mecanismos de comunicación. Ello en la práctica debe excluir cualquier posibilidad de relacionamiento que suponga contacto, según lo hemos mencionado. Para ello, también se ha previsto en dicho reglamento que el Estado (en este caso, el Ministerio de Cultura, mediante el Viceministerio de Interculturalidad) debe establecer mecanismos de coordinación con las organizaciones indígenas, para facilitar el intercambio de información sobre estos pueblos.
Pero, ¿por qué tanto cuidado con los IA? Pues porque son los pueblos indígenas más vulnerables del planeta. Esto se explica en función de las diversas vulnerabilidades que presentan:
- Inmunológica: considerando que no han desarrollado defensas para enfermedades que pueden ser comunes para nosotros, dada la ausencia de exposición a ellas, generación tras generación.
- Demográfica: la exposición a terceros y su poca resistencia a las enfermedades pueden causar reducciones considerables en su población, lo que cuanto menos pone en riesgo su integridad poblacional y con ello su subsistencia como pueblo indígena.
- Territorial: dada la presencia de terceros en el entorno de sus tierras y la necesidad de evitar el contacto por parte de estas poblaciones, provoca una diminución de las áreas a intervenir con su vida diaria; lo que además ocasiona conflictos entre la misma población IA, por el acceso a recursos naturales para su subsistencia.
- Cultural: generalmente, los usos y nuevas herramientas que encuentran en ámbitos ajenos al suyo, se constituye en la posibilidad de dejar de lado sus propias prácticas e instituciones sociales, económicas, etc.
En tal sentido, nuestro marco legal desarrolla y promueve el respeto al principio de no contacto y, con ello, la exclusión de terceros en sus tierras y la intangibilidad de las mismas.
Cabe recordar la nefasta experiencia brasileña desarrollada a partir del llamado “contacto controlado”, pues, según lo señala Sidney Pozuelo, ex Jefe de FUNAI, «(…) yo creía que sería posible hacer contacto sin dolor o muertes; en uno de los frentes mejor equipados que en la FUNAI he tenido. Me preparé todo… Hasta un sistema con médicos y enfermeras. Yo abastecí con medicamentos para combatir las epidemias que siempre aparecen. Tuve vehículos, un helicóptero, radios y personal experimentado. «No voy a dejar que un solo indígena muera’ pensé. Y el contacto se produjo, las enfermedades llegaron, los indios murieron.»
¿Será necesario preguntarse si es adecuado el desarrollo de proyectos al interior de sus territorios? El Dr. Neptalí Cueva[4] afirma: “L(l)os agentes externos introducen a estos territorios donde se desplazan los indígenas en aislamiento y en situación de contacto inicial, gérmenes que terminan desencadenando brotes epidémicos que pueden traducirse en muertes o en sobrevivientes en condiciones de alta vulnerabilidad biológica, social y económica”.
Asimismo, la jurisprudencia[5] de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido la obligación estatal de abstenerse de llevar a cabo proyectos que denieguen la existencia de un pueblo como indígena. Es decir, todo proyecto que sea contrario al desarrollo de la vida de un pueblo con sus instituciones mínimas propias (sociales, culturales, políticas, económicas, etc.), se encuentra prohibido en nuestro sistema jurídico.
Así por ejemplo, según lo ha analizado Dourojeanni[6], sobre la experiencia brasilera en la construcción de carreteras en la amazonia, en un plazo de 13 años se suelen deforestar cincuenta kilómetros a ambos lados de la vía. Deforestación que supone[7]: migración descontrolada, exacerbación de actividades ilegales, huida de fauna de la zona, entre otros impactos que en definitiva pueden denegar la existencia de pueblos IA, allí donde se desee promover carreteras y ellos existan.
En esa línea de ideas, la conectividad terrestre que se propone en el Proyecto de Ley 00075/2016-CR, y promovida (nuevamente) por el congresista Tubino, debe ser rechazada por el Congreso, pues deniega la existencia de los pueblos IA que habitan esta zona, al afectar en el corto y largo plazo sus derechos al territorio, a la administración, conservación y aprovechamiento de sus recursos; pero, principalmente, al de autodeterminación indígena que, en el caso de loa IA, tiene un carácter vital, por ser la base de su subsistencia.
Creemos que sí resulta importante compensar a la población local del Purús (la indígena y la que no lo es) con una mayor y mejor conectividad aérea, o mediante acuerdos con el Brasil que faciliten el paso multimodal (no terrestre, ni fluvial allí donde existan IA) por su territorio hacia nuestra carretera interoceánica en Madre de Dios.
Paralelo a ello, según lo mencionamos, será más que importante priorizar y fortalecer la presencia del Estado en esa zona, para una gestión integral del territorio nacional; cuanto menos con el Ministerio de Cultura (ente rector para la protección de IA) y el SERNANP (llamado a coordinar con el MINCU antes de adoptar cualquier medida que involucre la protección de los IA), a fin de que se promueva el desarrollo de mecanismos de comunicación en donde sean realmente necesarios (algunas comunidades en la cuenca del Curanja podrían necesitarlos), pues por concepto y naturaleza, se trata de una oportunidad de gestión estatal que no tiene (ni debe tener) por objeto el contacto, sino proteger.
