Dra. Mariela Casanova Claros
Catedrática de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad San Martín de Porres, Abogada, Dra. en Derecho por la Universidad San Martín de Porres, Magister en Administración Internacional de Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid – España, Estudios de Máster en Derecho de los Negocios por la Universidad Francisco de Vitoria – España, Estudios de Máster en Derecho con mención en Derecho Internacional Económico por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Estudios de Postgrado en Derecho Mercantil y Civil por la Universidad de Salamanca – España y estudiante investigador en la Universidad de Glasgow, Escocia.
Referirnos a la Responsabilidad Social Corporativa (en adelante RSC) y pandemia COVID- 19, en relación a la implementación de protocolos sanitarios por parte de las empresas en el Perú, es revisar las acciones tomadas por las empresas más allá de las normas dictadas por el Gobierno nacional para su cumplimiento como, por ejemplo, las disposiciones del aislamiento social, el uso de mascarillas, entre otros, puesto que, la responsabilidad social corporativa es un compromiso voluntario que busca que las empresas se involucren cada vez más en temas sociales y ambientales dentro de su entorno comunitario (stakeholders) de manera concurrente a la obtención de los beneficios económicos a favor de sus accionistas y del estricto cumplimiento legal.
La brecha existente entre la posición económica liberal y los no tan liberales- por decirlo de alguna manera, por no entrar a un tema de discusión de ideologías políticas, que no es objeto del presente artículo- sostiene, en el primer caso, que la única responsabilidad social de las empresas es la de obtener utilidades; mientras que, en el segundo caso, que las empresas deben participar en aspectos sociales y ambientales de su entorno social o stakeholder; así está buscando acortarse, al irse la primera posición hacia una más humanista de la participación empresarial. Al darse con acierto desde el nivel de gremios de grandes empresas y de manera particular en la academia y ONGs, a nivel mundial, un debate en el sentido que debe haber una visión más humanista del capitalismo pero también una visión más corporativista por parte del Estado, entendiendo el término corporativo, como una estructura organizada que debe darse desde y en el Estado, con políticas públicas previamente bien definidas y coordinadas entre las instituciones participantes; y pueda permitir que las empresas que se identifican con la integración de temas sociales y ambientales en el quehacer de su negocio, puedan contribuir a que los efectos de esa orientación se vean multiplicados.
Indudablemente, no estamos hablando que las empresas deban comprometerse a tomar acción sobre las responsabilidades del Estado, pues estas son del Estado, lo que se pretende es pedirles que, de manera voluntaria, desde el sector en que se encuentran y el papel que desempeñan desde su actividad empresarial busquen en el ejercicio de su core business (negocio principal), armonizar sus objetivos con los de la sociedad en materia social y ambiental, buscando encuentros y contribuir al desarrollo de la misma sociedad.
¿Por qué este particular enfoque? Porque considero que tan responsable del éxito de un país es la entidad que lleva las riendas de ese país (los gobiernos de turno), a través de las políticas que imparten, como las empresas y ciudadanos por las decisiones que toman cuando participan en las diferentes relaciones jurídicas que realizan en la sociedad. Tales como, en el primer caso, cuando deciden no cuidar el medio ambiente con protocolos de producción o prestación de servicios que contaminan el medio ambiente o cuando deciden no tomar medidas de seguridad para sus colaboradores cuando, por la especialidad de la materia, saben que se necesitan más mecanismos de seguridad que los mínimos fijados en las disposiciones legales, o cuando no cuidan ese capital humano para una eficiente productividad que también redundará en beneficio de la sociedad, entre otros. En el segundo caso, cuando las personas deciden comprar o adquirir servicios sin importarles cómo se produjeron y si observaron los temas sociales y ambientales que le preocupa a la sociedad. o cuando individualmente en el caso del medioambiente, específicamente, no internalizan que hay acciones que pueden tomar para reducir impactos, como, por ejemplo, reciclar la basura, o no hacer prácticas que puedan dañarla, buscar ahorradores de energía, entre otros.
Por supuesto, será el Estado a quien le interese desplegar un plan de incentivos que haga más interesante a las empresas comprometerse en temas de responsabilidad social en beneficio del bienestar general por la preponderancia de su participación dentro de la economía del país. Es pues deber del Estado, entre otros, garantizar el bienestar general de la población.
El escenario de la pandemia que es a nivel global y las medidas sanitarias tomadas por el Gobierno peruano a nivel particular hacen propicio la explicación de este desarrollo conceptual. Efectivamente, el Gobierno peruano en uso de sus facultades sobre la base de la protección de los derechos a la vida, integridad y la salud, ha adoptado medidas extraordinarias que buscan frenar el contagio del COVID-19 e impartido a través de las normas legales respectivas las políticas y líneas de trabajo para ello. De igual modo, a fin de empezar con la reactivación social y la económica, ha establecido a través de normas, la obligatoriedad de implementación de protocolos sanitarios mínimos para la reanudación de actividades de acuerdo con criterios y requisitos que en ellas se indican.
No obstante, hemos sido testigos de que la realidad supera a la ley cuando, por ejemplo, en este proceso de aprobación de los protocolos exigidos para la iniciación de labores, muchos empresarios han salido a manifestar que no se entiende el protocolo sanitario propuesto porque no es concordante con la actividad empresarial puntual o, en otros casos, cuál ha sido el criterio para que solo ciertas actividades económicas hayan sido consideradas en las primeras fases de reactivación y están siendo consideradas en las etapas posteriores, entre otras reclamaciones. Reclamos sustentados en que, de acuerdo a la especialidad y experiencia en el sector de las propias empresas, estas tienen protocolos que quizá puedan implementarse mejor que los dados por el gobierno.
Notoriamente, todos sabemos que es imposible regular el caso a caso de las actividades empresariales y, por tanto, las normas se revelan insuficientes, surgiendo la necesidad de poder contar con otros instrumentos que puedan ayudarnos a alcanzar los propósitos planteados por el lineamiento gubernamental, esto es, que puedan ayudar, de manera complementaria, a evitar o a mitigar los impactos negativos que resulten de una inadecuada normativa sanitaria o de la poca operatividad de los protocolos sanitarios en la actividad empresarial que ayuden a evitar la multiplicación de los contagios de la enfermedad COVID-19. Es así como, la RSC surge como ese instrumento que puede permitir acortar la brecha que se origina entre las acciones empresariales que pueden ser reguladas por ley y las que no se encuentran sujetas a esta, pero que pueden activarse voluntariamente desde las empresas por un tema de conocimiento y experiencia en el sector.
En un sistema de economía social de libre mercado, será la actitud vigilante de los propios stakeholders (interesados) en general y los consumidores en especial la que fortalecerá la responsabilidad social en las empresas, a través del consumo o no de los productos o servicios que se ofrezcan, premiando o castigando la actitud empresarial. De este modo, la propia sociedad civil deberá adoptar una participación más activa y asumir la responsabilidad de su propio destino. Este enfoque conlleva a que se pueda lograr que, en la práctica, se encuentre una armonización y sincronización de esfuerzos conjuntos respecto de intereses comunes a todos los agentes económicos, especialmente, al empresariado y al Estado, en beneficio de la sociedad civil, que no siempre es fácil de conciliar y menos aún de identificar. Sin embargo, en términos estratégicos, vale la pena hacer el esfuerzo y tenerlo mapeado, pues considero que este encuentro de objetivos comunes puede resultar en un eficiente uso de los esfuerzos y recursos de una manera más dinámica y consolidada en beneficio de toda la sociedad y sobre todo en estos tiempos de plena crisis sanitaria que ha devenido en una crisis económica y social a la vez.
Veamos con ejemplos este enfoque. En la página web de la CONFIEP, se encuentran publicadas las empresas que se han ido sumando a iniciativas solidarias para afrontar esta crisis contra el COVID-191. Así, está la empresa Bitel que anunció apoyar con un servicio de internet dedicado para el hospital Essalud e infraestructura en la zona de la Villa Panamericana; la empresa Ford2 que anunció estar trabajando con 3M, GE y UAW para incrementar la producción de respiradores para trabajadores de salud y ventiladores para pacientes con coronavirus así como ensamble de protectores faciales de plástico; la universidad de Piura que puso a disposición su equipo de investigadores de la Facultad de Ingeniería para la construcción de 10 respiradores mecánicos; del mismo modo, está la Universidad de San Martín de Porres que puso a disposición su centro de Genética y Biología Molecular, equipado con Termocicladores y equipos especializados en análisis genético, entre otros.
Se tratan de instituciones privadas, que han alineado su core business al interés nacional de necesidad inmediata. No podemos dejar de mencionar que, en página también, se encuentran publicadas las donaciones efectuadas por diferentes empresas peruanas, pero, como ya sabemos, las donaciones per se, no son consideradas prácticas de responsabilidad social empresarial, sino más bien son consideradas una filantropía, lo cual no es lo mismo, sino un complemento a la RSC.
Similar panorama se ve a nivel internacional. A nivel internacional encontramos que empresas como los fabricantes de automóviles Toyota, Volkswagen y Fiat Chrysler aprovecharon sus capacidades de impresión 3D para hacer protectores faciales y /o ventiladores, según el caso. Otras empresas elaboradoras de alcohol o de cerveza como Anheuser-Busch, Diageo, Molson Coors y Bacardi, dedicaron parte de su fabricación a la producción de desinfectantes para manos. Igualmente, LVMH3, Chanel y LÓreal hicieron lo propio para el apoyo de producción de mascarillas faciales4.
Con los ejemplos expuestos y tantos otros que conocemos desde las redes sociales, vemos que encuentra sentido el buscar orientar la lógica de la RSE en las empresas peruanas para que se aborde con una visión de conjunto y de corresponsabilidad frente a los retos del Perú, no solo de cara a la pandemia actual sino también, de cara a su futuro, a los retos de desarrollo que como país se tienen pendientes y se encuentran contenidos en la agenda nacional.
Definitivamente, las empresas al utilizar de manera más eficiente ciertos recursos fortalecerán sus lazos con los stakeholders, y ello ayudará a estabilizar los mercados, permitiendo la continuidad estable de la sociedad, con propósitos compartidos y un lenguaje común. Estado, empresas y sociedad civil, todos vivimos en una misma comunidad denominada Perú.
[1] Fuente: https://www.confiep.org.pe/noticias/empresas-van-sumando-iniciativas-solidarias-en-tiempos-de-crisis-contra-el-covid-19/
[2] Ford en el Perú, por la referencia en la página de CONFIEP a las empresas peruanas que vienen contribuyendo con iniciativas solidarias contra el COVID-19.
[3] Las siglas son las iniciales de Louis Vuitton Moet Hennessy, conglomerado francés propietario de marcas en el mundo.
[4] Fuente: https://www.expoknews.com/de-altruismo-rse-y-conveniencia/?omhide=true
