Julissa Mantilla Falcón
Abogada por la PUCP con un Diploma de Estudios de Género por la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad, programa del cual es docente. LLM en Derechos Humanos por The London School and Economics and Political Science (LSE) de la Universidad de Londres. Docente de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Washington School of Law de American University en Washington, D.C. Asesora Especializada Internacional en Justicia Transicional con Perspectiva de Género para la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres).
Tradicionalmente, los procesos de negociación de paz han excluido a las mujeres de su desarrollo y posterior firma de acuerdos, a pesar de la importancia de su presencia en la implementación de los mismos y el sostenimiento del post conflicto. Sin embargo, el caso colombiano pareciera estar rompiendo esta tendencia.
Efectivamente, según un estudio de ONU Mujeres, sobre una muestra de 31 de los procesos de paz más importantes entre 1992 y 2011, solo un 4% de los signatarios, un 2,4% de los mediadores principales, un 3,7% de los testigos y un 9% de los negociadores eran mujeres[1].
Si bien a partir del año 2000 con la Resolución 1325 el Consejo de Seguridad había expresado su voluntad de incorporar una perspectiva de género en las operaciones de mantenimiento de la paz, la situación no ha evolucionado positivamente en este tema[2]. Por ello, en el 2010 el Secretario General de la ONU publicó un Informe sobre la participación de las mujeres en la consolidación de la paz, el cual incluía un Plan de Acción con siete compromisos básicos[3], orientados a promover la presencia de las mujeres en la resolución de conflictos y la planificación de los procesos de postconflicto, principalmente. Adicionalmente, el Plan resalta la necesidad de medidas de acción afirmativa que garanticen la representación de las mujeres en las instituciones públicas, la promoción de los derechos de las mujeres y niñas a la seguridad y la justicia así como su participación en igualdad en los proyectos de desarrollo, creación de empleo y de DDR (desarme, desmovilización y reintegración).
En este contexto, el caso colombiano merece especial atención, debido a la vigencia de la participación de las mujeres en el proceso de negociación de paz. Este proceso se inicia formalmente en el año 2012, momento en el cual la delegación del gobierno colombiano estaba compuesta exclusivamente de hombres y la de la guerrilla de las FARC tenía solo una mujer. Al año siguiente, el gobierno incorporó a dos mujeres en la negociación y, más allá de la presencia numérica de las mujeres, es necesario analizar las razones por las que su participación es fundamental y los avances que se vienen dando en Colombia.
Por un lado, existen precedentes muy importantes en temas de verdad y memoria que resaltan los impactos particulares del conflicto sobre las mujeres y su rol como víctimas y sobrevivientes en Colombia. Así, desde el 2005 el Grupo de Memoria Histórica –hoy Centro de Memoria Histórica- ha elaborado una serie de informes sobre el conflicto, dando cuenta del valioso rol de las mujeres en la defensa de la vida, la búsqueda de la justicia y la recuperación de la verdad.
Por otra parte, se debe resaltar la labor de las organizaciones de mujeres que, luego de un trabajo sostenido, contribuyeron a que la Corte Constitucional de Colombia reconociera en el Auto 92 del 2008 que la violencia sexual es un crimen generalizado en el conflicto colombiano y una causa del desplazamiento de las mujeres. En esta línea destaca también el trabajo de organizaciones como la Ruta Pacífica de Mujeres que entre el 2010 y el 2013 documentó más de mil testimonios de mujeres víctimas, que han permitido visibilizar la situación real de las mujeres y elaborar una serie de propuestas para el proceso de paz[4].
A estos esfuerzos se suma la realización de la Cumbre de Mujeres en octubre del 2014 en Bogotá, una iniciativa de las organizaciones de mujeres, con el apoyo de las Naciones Unidas, que reunió a 400 mujeres entre representantes de organizaciones feministas, de derechos humanos, campesinas, de víctimas, indígenas, afro-descendientes, estudiantiles, juveniles, ambientalistas, de las comunidades LBTI, del sector empresarial, representantes de los sectores educativo, académico y cultural, partidos políticos, entre otros sectores. En este evento, se presentaron las propuestas sobre el Acuerdo General para la terminación del conflicto, con base en el trabajo regional[5], las cuales fueron difundidas y debatidas ampliamente .
Finalmente, se debe mencionar la participación directa de las mujeres y las representantes de las organizaciones que integraron las delegaciones de víctimas que han viajado a La Habana para reunirse con los negociadores de ambos bandos, llegándose a constituir luego una Subcomisión de Género, con el objetivo de hacer recomendaciones a los negociadores sobre la visión de género en la implementación de los acuerdos. A partir de ese momento, los equipos negociadores iniciaron un proceso de revisión de los puntos sobre los que ya había acuerdo para incluir el enfoque de género y deberán incorporarlo en los puntos pendientes. Un ejemplo importante ha sido el comunicado conjunto sobre la Comisión de la Verdad, la cual deberá tendrá como criterio orientador el enfoque de género, brindándose una especial atención a la victimización sufrida por las mujeres[6].
El caso colombiano, por tanto, es un ejemplo de cómo, a partir de un trabajo coordinado y constante -fundamentalmente desde las organizaciones de mujeres víctimas- se ha logrado visibilizar la perspectiva de género y la participación de las mujeres en la negociación, aspectos que serán fundamentales al momento del referéndum que se debe hacer luego del acuerdo de paz y en todo el proceso de implementación del mismo en las regiones.
Como se sabe, los periodos de post conflicto son oportunidades para atacar las causas que motivan los conflictos armados, entre ellas la discriminacion y la desigualdad. Por ello, mediante las recomendaciones de nuevos sistemas de gobierno, las reformas jurídicas y la nueva institucionalidad, desarrollados desde una perspectiva diferencial, se puede complementar el proceso que las mujeres colombianas vienen realizando desde hace mucho y que permitirá que la paz, finalmente, pueda instaurarse en Colombia
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