Gonzalo Gamio Gehri
Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid, España). Actualmente es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, donde coordina la Maestría en filosofía con mención en ética y política. Es autor de los libros Tiempo de Memoria. Reflexiones sobre Derechos Humanos y Justicia transicional (2009) y Racionalidad y conflicto ético. Ensayos sobre filosofía práctica (2007). Es autor de diversos ensayos sobre filosofía práctica y temas de justicia y ciudadanía publicados en volúmenes colectivos y revistas especializadas del Perú y de España.
1.- Los jóvenes y la política peruana en tiempos de crisis. La lamentable condición de nuestra “clase política”.
El domingo 15 de noviembre los jóvenes que se habían movilizado toda la semana defendiendo sus convicciones democráticas se dispusieron a rendir un sentido homenaje a Inti Sotelo Camargo y a Bryan Pintado Sánchez, muchachos que fueron asesinados a causa de una brutal represión policial. A pocos metros, en el Congreso de la República, los parlamentarios rechazaban la lista única de candidatos a la Mesa Directiva que sus propios portavoces se habían comprometido a respaldar y cuya propuesta habían firmado de antemano. El contraste no puede ser mayor. Los jóvenes han salido a las calles para oponerse a un gobierno golpista que lograron derrotar con las armas del amor por la libertad y el coraje cívico; los políticos sabotearon una solución razonable para una crisis profunda haciendo gala de una capacidad para la traición y la componenda dignos de una tragedia de Shakespeare. Por un lado, la lucidez y la ilusión por forjar un país mejor: por el otro, la absoluta falta de escrúpulos y de empatía por quienes sufren. Extraña combinación de cercanía geográfica y de distancia moral.
La descomposición de nuestra “clase política” es manifiesta. Un sector mayoritario del Congreso es responsable por sumir al Perú en una aguda crisis política que agrava la situación sanitaria y económica que ya padecemos desde marzo. Vacaron a un Presidente y pusieron en el cargo a uno de los conjurados, quien formó un gabinete compuesto por controvertidos personajes que suscriben lo más rancio de un conservadurismo religioso y político, un grupo que jamás habría ganado una elección presidencial o parlamentaria. Ahora esa aventura autoritaria ha fracasado; sin embargo, nuestros políticos no han sido capaces de elegir sin demora una vía sensata hacia un gobierno de transición; pesaron más sus rivalidades políticas, los intereses particulares de sus líderes, la ilusión por lograr sobrevivir en la escena política o, quién sabe, la esperanza de conseguir impunidad. Les ha importado muy poco lo que les exige la ciudadanía, se muestran incapaces de percibir y valorar los sacrificios que ha hecho esa juventud movilizada para luchar por una sociedad decente. Tampoco han expresado oportunamente su solidaridad frente a la dolorosa pérdida de vidas valiosas en situaciones de violencia. Resulta claro que el futuro que anhelamos no cuenta con esa ralea de políticos. No más.
Algún lector podría sentir que estoy siendo excesivamente severo con los parlamentarios, a la luz de la votación del día lunes 16, acontecimiento que hizo posible la asunción de Francisco Sagasti como Presidente de la República. No creo que haya que describir este giro en términos de una supuesta “conversión espiritual” de nuestros políticos, porque no hay nada parecido aquí. De hecho, el día en que se presentó la lista que finalmente sería elegida para la Mesa Directiva del Congreso, los grupos promotores de la vacancia habían planteado una lista alternativa, presidida por una congresista que se había burlado expresamente de los jóvenes movilizados, y que había votado en contra de la iniciativa de pedirle explicaciones a las autoridades acerca de la represión policial en las marchas. Ellos podrían haberse salido con la suya, si no hubiese sido que la Fortuna echara súbitamente sus cartas. La lista presentaba a una candidata de AP que no había sido consultada y que no había firmado el documento; ante la negativa de la aludida a participar, la lista fue desestimada. Esta jugada final fracasó, sin duda, pero ha puesto de manifiesto las malas artes de los vacadores. La cereza del pastel la ha colocado el Tribunal Constitucional, que extrañamente se ha rehusado a decir una palabra sobre el uso indebido de la figura legal de la vacancia por incapacidad moral permanente.
Las marchas han desactivado un proyecto claramente autoritario, fortalecido desde el golpe que llevó a Manuel Merino a Palacio de Gobierno por brevísimos cinco días. Esta aventura estuvo sostenida por diversos grupos parlamentarios, así como por una plataforma política que prestó los cuadros del gabinete presidido por Ántero Flores Aráoz. Esta plataforma representa a la ultraderecha religiosa y política –próxima ideológicamente al fujimorismo y a la segunda administración del Apra- que hoy enarbola la alucinada tesis de que parte del orden mundial y regional actual estaría bajo el control de George Soros y del llamado “Foro de Sao Paolo” (correlato de lo que en teorías conspirativas más antiguas era el “Priorato de Sión”), un conjunto de agentes que intentaría imponer un “nuevo comunismo” sobre la tierra. Ante los ojos de este sector conservador de la opinión pública, la defensa de los derechos humanos, la protección del ecosistema y la justicia de género constituyen el centro de gravedad de la agenda progresista que se habría propuesto destruir los cimientos de la civilización occidental. En nuestro país, ese grupo ha hecho del “terruqueo” una forma cotidiana de “hacer política”. Ese punto de vista –abiertamente reñido con lo que dictan el argumento y la evidencia– ha visto truncadas sus expectativas de ejercer algún tipo de poder en el país.
2.- Las lecciones ético-políticas que nos plantea la Generación del Bicentenario.
La llamada “Generación del Bicentenario” ha formulado en la práctica un conjunto de ideas que es preciso tomar en cuenta para renovar la política peruana desde sus raíces. La socióloga Noelia Chávez ha acuñado acertadamente este término, para referirse a una generación de jóvenes peruanos que han mostrado un poderoso interés por intervenir directamente en la “cosa pública”. Ellos no dudan en recurrir a herramientas tecnológicas y a las redes sociales para coordinar acciones e influir en el espacio de las decisiones a través de la movilización y de la emisión de opinión sobre asuntos comunes. Están particularmente preocupados por la preservación de la institucionalidad democrática, la calidad educativa y el respeto por la diversidad, causas que los han llevado a tomar las calles. Este grupo de personas ha convocado asimismo a ciudadanos de otras edades para manifestarse en estas marchas que lograron restituir el orden constitucional entre nosotros.
El tema de la agenda de esta generación de jóvenes comprometidos con la política generará sin duda un importante debate público. No cabe duda que han librado una importante batalla por la supervivencia de la democracia como forma de vivir (no únicamente un sistema de gobierno) en nuestro país. Creo identificar tres asuntos cruciales entre los diversos motivos sociales y políticos que los protagonistas han exhibido como estandarte de batalla en estas movilizaciones. No cabe duda de que se trata de asuntos que guardan conexión unos con otros.
a.- La defensa de la calidad educativa y de la reforma universitaria.
Los jóvenes están particularmente preocupados por su futuro. Lograr una vida de calidad en términos del diseño del propio plan de vida, sentar las bases de un bienestar material y el cultivo de la ciudadanía constituyen propósitos que pasan por contar con una educación superior de calidad, una formación académica que pueda formar sus capacidades sustanciales, así como nutrir su intelecto y sensibilidad como profesionales, como sujetos de conocimiento y como agentes morales y políticos. El decreto legislativo 882 aprobado durante el régimen autoritario de Fujimori permitió la creación de las denominadas “universidades-empresa”, la súbita conversión de institutos superiores en universidades sin un cambio profundo en sus estructuras y contenidos; muchas de estas organizaciones educativas se revelan como negocios que no constituyen genuinos espacios académicos que produzcan ciencia, arte y espíritu crítico en sus aulas. La SUNEDU ha denegado las licencias de aquellas instituciones que no sobrepasan el umbral mínimo de calidad de enseñanza.
Como se sabe, algunos de los “dueños” – sí, dueños – de estas universidades-negocio son a la vez líderes indiscutidos de partidos políticos que tienen una representación en el Congreso de la República. Resulta claro que ellos están imponiendo su agenda en el poder Legislativo; recordemos que estos grupos pedían la cabeza del ministro de Educación, a la sazón ex Jefe de SUNEDU, como una condición para que el Gabinete de Pedro Cateriano pudiese recibir el voto de investidura del Parlamento. El Primer ministro del fugaz gobierno de Merino estaba probadamente vinculado a la defensa legal de una de las universidades que no habían conseguido la ansiada licencia. Los jóvenes que salieron a marchar no están dispuestos a aceptar que instituciones de un cuestionable nivel estén en funcionamiento y estafen a sus alumnos; ellos están comprometidos con una defensa de la Reforma universitaria, como lo han dado a conocer en diversos foros públicos. No van a permitir que se juegue con su futuro.
b.- Las redes sociales como espacios de acción cívica.
La actividad política no tiene lugar únicamente en el Congreso. Los jóvenes han encontrado en las redes sociales recursos valiosos para comunicarse y tomar decisiones juntos: Instagram, WhatsApp y TikTok se convirtieron en foros para organizarse y orientar sus acciones. No han participado en estas manifestaciones siguiendo las directivas de algún partido político; estas movilizaciones han tenido lugar a partir de conversaciones en las redes, la coordinación con influencers y poco más. El protagonismo de las marchas ha recaído en los propios ciudadanos.
Esta situación obviamente ha desconcertado a los políticos que gestaron la ilegítima vacancia de Vizcarra. Para los conjurados, si existía resistencia en las calles debía ser obra de alguna organización política o debía estar infiltrada de enemigos del Estado, como algunos exministros maliciosamente habían sugerido. O quizás el propio Soros estaba involucrado. Nada de eso. Los jóvenes habían actuado por cuenta propia, usando herramientas que muchos ciudadanos de otras generaciones desconocen. Para nosotros resulta admirable que cerca de tres millones de personas hayan podido movilizarse para expresar su indignación y cansancio frente a la conducta de un amplio sector de la “clase política” que solo ha actuado para perseguir beneficios de facción, en perjuicio del bien público.
c.- Un sentido de agencia política.
Los anteriores elementos confluyen con un tercer tema presente en el ideario de los jóvenes que han marchado contra el Golpe parlamentario del 9 de noviembre: una comprensión estricta del ejercicio de la ciudadanía. A menudo, nuestra “clase política” ha asumido que la sociedad peruana está sencillamente dividida entre “gobernantes” y “gobernados”. La idea es que las personas elegimos cada cierto tiempo a quienes ejercen el poder gubernamental o cumplen una función legislativa. Ellos actúan en nuestro nombre, de modo que nosotros podamos dedicarnos a nuestras actividades cotidianas en el mundo laboral; nos ocupamos de nuestros asuntos mientras ellos hacen su trabajo en el Estado. Es la lógica de la política basada exclusivamente en la representación.
Nuestros jóvenes no piensan así, sin duda. En una democracia liberal los mecanismos de representación política son necesarios, pero no suficientes: se requiere una ciudadanía comprometida con la acción política. Salir a marchar constituye para ellos una expresión de la lucha por la libertad cívica, de agencia política. Los estudiantes no se conciben a sí mismos como “gobernados”, como meros súbditos de un orden tutelar. Han renunciado a ser meros espectadores; les debemos la recuperación del orden democrático tras un brevísimo régimen usurpador. Han invocado su derecho a ser actores.
Una sociedad democrática cuenta con espacios intermedios para la participación política. De un lado, tenemos el sistema político (el Estado y los partidos políticos), cuyas instituciones en aquel momento estaban mayoritariamente capturadas por los instigadores de la vacancia; del otro, la población indignada que ha salido a la calle para hacer frente a los promotores de la vacancia presidencial. En medio de ambos polos, encontramos a las organizaciones de la sociedad civil, escenarios para la movilización y la acción concertada de ciudadanos para discutir asuntos comunes, tomar decisiones en conjunto, desplegar formas de vigilancia pública. Las universidades, los colegios profesionales, los sindicatos, las iglesias, las ONG, entre otros, constituyen lugares plurales para la deliberación y la participación de los agentes. Es el espacio óptimo para la discusión y la incorporación de temas en la agenda política, incluyendo el examen crítico de la pertinencia (o no) de desarrollar una reforma institucional en torno a asuntos que preocupan a los ciudadanos.
3.- Entre una transición política y otra. A modo de conclusión.
Pertenezco a una generación de jóvenes que marchó sistemáticamente entre 1997 y 2000 para derribar el régimen de Fujimori. Participé en la Marcha de los Cuatro Suyos y en otras movilizaciones que contribuyeron a la caída de ese gobierno autoritario que debilitó nuestras instituciones y deterioró seriamente la actividad política. Fui testigo de la asunción al poder de Valentín Paniagua, que sentó las bases de un sistema anticorrupción transparente y eficaz, a la vez que conformó una Comisión de la Verdad que investigó rigurosamente el manchaytimpu, el tiempo de miedo y de violencia que sufrimos en el Perú. En las calles, fui testigo de la organización de grupos de estudiantes que respaldaron el trabajo de este régimen de transición. Estábamos llenos de entusiasmo y esperanza.
Pero mi generación cometió errores en esta lucha por la construcción de la justicia en el país. Culminado el régimen de Paniagua, los estudiantes, los jóvenes trabajadores y los profesores volvimos a nuestras ocupaciones cotidianas, a nuestras labores e investigaciones. Pensábamos que la agenda transicional estaba sólidamente instalada en nuestro renovado sistema político. El problema es que nuestra “clase política” no afrontaba realmente un proceso de renovación. Los siguientes gobernantes del Perú – todos ellos – tomaron distancia de esta agenda política. Muchos medios de comunicación permanecieron en manos de quienes en su día pactaron ilegalmente con Fujimori y Montesinos -haciendo uso de la señal que habita en el aire, es decir, un bien público- quienes continuaron ejerciendo su labor sin ningún cambio significativo en el modo de conducir un medio de prensa y hacer “periodismo político”: desfilaron por sus sets televisivos los mismos rostros, pronunciando el mismo discurso. Nada cambió en lo sustancial. Las cosas pudieron ser diferentes con estricto arreglo a la ley y observando los criterios de probidad y transparencia en que exigían los preceptos de la democracia, pero se tomaron otras decisiones desde el propio Estado. Se recuperó así la nebulosa “normalidad” en el mundo de la política nacional y el proyecto transicional se diluyó.
Mi generación lamentablemente relajó las acciones de vigilancia cívica que se propuso desarrollar en los espacios públicos. Eso constituyó nuestra mayor equivocación. La Generación del Bicentenario puede hacer la diferencia veinte años después, corregir estos errores. Está en sus manos pasar de la movilización a la deliberación pública, cuestionar el discurso de los políticos tradicionales, proponer alternativas, diseñar una nueva agenda política. Esto ya depende del desarrollo de sus propias iniciativas, del uso adecuando del poder democrático que ellos mismos han forjado en diálogo con otras generaciones de ciudadanos. Han sabido configurar lúcidamente el poder que nace de la interacción de los agentes políticos en los espacios públicos. El modo en que se han comprometido con el bien común nos enorgullece. Estamos con ellos.
