Levy del Aguila Marchena
Sociólogo y filósofo por la PUCP. Profesor del Departamento de Ciencias de la Gestión de esa casa de estudios
Diversos términos como “responsabilidad social”, “buenas prácticas”, “ciudadanía corporativa”, “sostenibilidad”, entre otros, aluden a un conjunto de nociones que en los últimos años vienen formando parte del vocabulario habitual de las empresas, especialmente de aquellas que disponen de mayores capitales y un nivel más amplio de operaciones. Normalmente, disponer de mayores excedentes les permite abrir gerencias o áreas de gestión especializadas para atender las demandas asociadas con tales nociones. Son parte del nuevo conjunto de exigencias éticas que distintos sectores sociales y políticos le plantean a las dinámicas empresariales en la escena global contemporánea. Tales exigencias vienen siendo crecientemente incorporadas por las empresas y promovidas desde su interior en el entendido de que lo que está en juego es su propia viabilidad en el marco de los actuales términos de participación y legitimación en el mercado.
En nuestro medio, en el ámbito de las industrias extractivas, las exigencias de prácticas socialmente responsables han sido fuente de diversos conflictos locales, regionales y de alcance nacional. Los motivos saltan a la vista. Se trata de actividades cuyo impacto ambiental es notable y cuya generación de ingresos a costa de la explotación de los recursos naturales responde a amplios márgenes de ganancia que, en virtud de su magnitud, despiertan la expectativa de las poblaciones –vecinas y no vecinas– de que parte de esos márgenes sean invertidos en el desarrollo social. Los conflictos sociales generados en torno de las industrias extractivas han sido numerosos e intensos en diversas regiones del país en los últimos 20 años, y no parecen tender a su disminución. Más allá del habitual compromiso de los recientes gobiernos con este tipo de inversión y de la capacidad de los capitales extractivos para promover consensos en torno de su actividad, lo cierto es que las industrias extractivas no logran legitimarse en nuestro medio como una fuente de desarrollo y bienestar para el conjunto del país; en especial, para sus sectores más desfavorecidos.
El aún incipiente paradigma ético de la responsabilidad social, en tanto una ética de la gestión de las organizaciones que atienden a sus impactos[1], ofrece distintos recursos conceptuales y procedimentales para abordar la problemática relación entre industrias extractivas y desarrollo social. Se trata de una ética que no se limita a considerar las intenciones de los agentes, como ocurre con buena parte de las éticas deontológicas tradicionales, ni se limita al compromiso discreto con el aquí y ahora de la legislación positiva[2]. Se centra, más bien, en la consideración de la acción social en tanto generadora de determinadas consecuencias que, deseadas o no, son parte del entramado real en el que ella se inscribe al desplegarse. De ahí que se trate de una ética que, con todo el potencial especulativo que también le pertenece, pueda disponerse frontalmente hacia el tratamiento operativo y hasta cuantitativo de sus pretensiones.
El creciente peso de los sistemas de certificación de calidad internacional (ISO, SA, GRI) para la gestión empresarial puede ser interpretado como parte de la irrupción de este paradigma ético en los actuales términos de la racionalidad corporativa global. Por medio de ellos, se puede medir la calidad de los productos y servicios ofrecidos por las empresas, pero también de los procesos que los generan y de los impactos socio-ambientales que resultan de ellos. Se trata de herramientas de gestión que permiten medir los resultados de las actividades empresariales, de modo tal que sea factible identificar sus ineficiencias e ineficacias, no solo desde la perspectiva del lucro, sino desde la preocupación por la sostenibilidad de sus actividades y la de aquellas contrapartes sociales y naturales con las cuales se encuentra necesariamente vinculada. Uno de los recursos que puede avenirse favorablemente a este propósito es el llamado “balance social”.
El balance social
Se trata de una herramienta de gestión que contribuye al diseño, implementación y monitoreo de las políticas corporativas en materia de responsabilidad social[3]. En buena cuenta, su propósito consiste en que la empresa levante información sobre sus grupos de interés (stakeholders) internos y externos, de manera que pueda evaluarse en qué medida los impactos de su actividad resultan o no beneficiosos para ellos.
Diversas metodologías, a cargo de psicólogos laborales, sociólogos organizacionales y expertos en marketing, entre otros, pueden ser aplicadas a este propósito. En el caso de las industrias extractivas, la presencia de antropólogos e ingenieros es una constante en sus respectivas gerencias de relaciones comunitarias y gerencias sociales. En todos los casos, requiere de un compromiso decidido por parte de la empresa para hacerse cargo éticamente de su quehacer; es decir, asumir que su beneficio y lucro no puede desvincularse de una gestión atenta a la suerte de su fuerza laboral y de los distintos actores sociales (consumidores, proveedores, intermediarios y población directamente impactada por la actividad empresarial) y políticos (en las distintas funciones y niveles de gobierno que correspondan) con los que se relaciona. La elaboración del balance social contará con mejores recursos si descansa en un seguimiento periódico a la actividad de la empresa, por ejemplo, en cuestiones de contaminación del aire sobre la población circundante a una actividad extractiva a tajo abierto. Sobre su base se podrá registrar, planear, organizar y dirigir la gestión social de una empresa[4].
Los beneficios de llevar a cabo balances sociales son diversos según los distintos actores sociales involucrados. Todos ellos tienen que ver con la cuestión del desarrollo humano, entendido, en este marco, como la preocupación integral por la condición económica, socio-cultural, ciudadana y afectiva de quienes tienen que ver con –y/o se ven afectados por– el desempeño y el éxito de las empresas. La lógica del balance social, como una herramienta de la responsabilidad social de las empresas, nos lleva a dejar de pensar en el lucro como una suerte de fin en sí mismo que deja de lado cualquier consideración (ética, cultural, política, religiosa, etc.) que le sea ajena. De este modo, permite que la empresa siga comprometida con la eficiencia y eficacia de sus procesos sin dejar de ser por ello socialmente responsable. El cuidado por los grupos de interés internos y externos pasaría a ser una consideración esencial para la empresa en el entendido de que no es un plus que algunas empresas pueden permitirse a manera de un lujo, o un resultado exclusivo de alguna intención santa, sino el reconocimiento de que la suerte de la empresa es indesligable de lo que ocurra con aquellos grupos. Se rompe así con esa visión de la vida empresarial que entiende la competencia como contraposición irreductible, visión en la que la lógica de “mío o tuyo” cede paso a una mirada por el interés común de actores sociales distintos, siendo uno de ellos la empresa y sus aportes a la satisfacción de las necesidades humanas.
Una forma de regulación y auto regulación social
El balance social suele considerar las condiciones sociales y demográficas del trabajador, las condiciones de su actividad (jornada de trabajo, salario, clima laboral), los servicios que les son provistos por la empresa (salud, capacitación), la transparencia organizacional y su sentido de pertenencia. Hacia fuera de la organización, se debe considerar la situación de las familias de los trabajadores, así como identificar las circunstancias de los jubilados, accionistas, consumidores, competidores, acreedores, proveedores, gremios de pertenencia, actores sociales del orden local, regional o nacional, según sea el caso, con los cuales la empresa se halla vinculada a partir de los impactos de su actividad. También debe ser considerada la relación con el sector público, los medios de comunicación y las instancias de formación profesional y generación de conocimiento como las universidades e institutos superiores. Finalmente, aunque no por ello menos importante, esta visión integradora de la actividad empresarial debe evaluarse permanentemente en relación con sus impactos medioambientales.
Precisamente para el caso de las industrias extractivas el balance social resultaría una herramienta que podría contribuir a una evaluación sistemática de los impactos de sus operaciones sobre su medio social y natural. Su implementación y la atención efectiva a sus resultados pasa por la decidida reforma de la cultura empresarial en el Perú, en la línea de cambiar el esquema antagonista “tuyo o mío”, “o yo gano o tú ganas”, a favor de una mirada integradora de las necesidades sociales y el crecimiento económico. Se trata de un trabajo que le corresponde a los distintos sectores sociales impactados por la actividad empresarial, al Estado y su promoción del desarrollo, a los medios de comunicación y a la Academia, como parte del compromiso con una cultura ciudadana de la responsabilidad. Pero, especialmente, corresponde a las propias empresas evaluar sus costos de oportunidad y retornos de largo plazo que les puede significar asumir la cuota de responsabilidad que les corresponde en relación con sus grupos de interés internos y externos, y las dinámicas de resistencia y cooperación que se desprenden de ello. La peculiar situación de las industrias extractivas resulta la escena paradigmática de la necesidad de esta reforma en nuestro país. No es tarea fácil ni espontánea, pues con seguridad implicará redefinir sus propios términos de medición de lo que es rentable y lo que deja de serlo.
Por supuesto, la tarea requiere esfuerzos convergentes. Corresponde al Estado apuestas fundamentales de regulación de la actividad extractiva, por ejemplo, aumentando la presión política para el cumplimiento de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental por parte del Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio del Ambiente; o bien tomando medidas en el ámbito de la política tributaria o negociando los términos de las futuras concesiones para favorecer la gestión socialmente responsable de las empresas –gestión que es objeto de los balances sociales. Por último, la contraparte social de estos balances en pro de una industria extractiva socialmente responsable viene dada por las iniciativas de vigilancia y participación ciudadanas que debieran proceder de los sectores sociales impactados por la actividad extractiva y las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con este conjunto de preocupaciones. Su debida capacitación y empoderamiento en pos de la promoción de prácticas extractivas sostenibles constituye la perspectiva de un control ciudadano que no libre ni al azar del mercado ni a la incontinencia de los agentes empresariales el destino de nuestras futuras generaciones.
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