Juan Manuel Torres Agurto
Politólogo. Mg. Ciencia Política y Gobierno – Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actual aspirante al Servicio Diplomático de la República del Perú. Las opiniones y posturas vertidas en este artículo no reflejan posición institucional alguna y pertenecen única y exclusivamente al autor.
El régimen internacional del control de drogas está cambiando, y es un hecho. Los principios y normas del régimen han sido severamente cuestionados, y América Latina ha tenido un rol fundamental en este proceso. No obstante, algunos países se han mantenido firmes en su decisión de continuar bajo el amparo del régimen. Otros, por su lado, han endurecido sus políticas, ocasionando fuertes críticas de la comunidad internacional. Sin embargo, cualquier opción relativa al tratamiento del problema mundial de las drogas debe utilizar mecanismos multilaterales, a fin de lograr mayor efectividad y resultados más óptimos.
El régimen internacional del control de drogas se ha caracterizado por sus tendencias prohibicionistas y sancionadoras, toda vez que ha optado por abordar el problema desde una óptica de seguridad y no de salud pública; y ha priorizado el uso de herramientas como interdicción (terrestre, marítima, fluvial e incluso aérea) y erradicación (a veces no consensuada y sin tener en cuenta las necesidades básicas de supervivencia) por sobre programas masivos de prevención, rehabilitación y desarrollo alternativo sostenible, entre otros. Muchos investigadores han dado cuenta del impacto que ha tenido el modelo actual de lucha contra las drogas, a razón de que no ha podido solucionar el problema global ni de la producción ni del consumo, y ha generado diversas consecuencias no deseadas, principalmente en el campo de los derechos humanos.
Frente a estas evidencias, estados como México, Colombia y Guatemala (de hecho, tres de los principales afectados por el fenómeno en las Américas) tomaron la iniciativa y emprendieron un liderazgo regional y mundial orientado a la revisión de las políticas actuales de lucha contra drogas y a la reforma del régimen en sí mismo. En ese sentido, por un lado, el informe de la Organización de Estados Americanos sobre el problema de las drogas en las Américas del 2013 y la aprobación de la Declaración de Antigua ese mismo año se constituyeron como hitos fundamentales en la región del inicio del debate. Por otro, hace unos meses se llevó a cabo la 30º Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS 2016) para analizar exclusivamente el tema de las drogas. En la historia, esta ha sido la tercera reunión de este tipo (UNGASS 1990 y UNGASS 1998), y ha sentado un precedente esencial: puso en la agenda la necesidad de evaluación de las actuales consecuencias de las políticas derivadas del actual régimen internacional vigente del control de drogas. Y, no obstante los resultados obtenidos no fueron los esperados para los países que impulsan un régimen más flexible, sí se logró el planteamiento del problema, lo cual, de por sí, ya constituye un gran avance en este tipo de escenarios.
En ese sentido, aún no se ha logrado un consenso internacional que adopte enfoques distintos y coordinados. Y es que un fenómeno transnacional requiere de una aproximación multilateral y consensuada, y no de beggar-thy-neighbour policies (por prestar un término económico) y posiciones unilaterales aisladas (sean prohibicionistas o que apuesten por la flexibilización) que terminen perjudicando a los vecinos más cercanos y profundizando más el problema global en vez de solucionarlo. Es en este contexto de necesidad de aproximaciones multilaterales y de planteamiento de revisión del tradicional enfoque de lucha contra las drogas que el Perú debe adoptar una posición particular y ejercer un mayor liderazgo en la materia, a razón de ser hoy el segundo productor mundial de hoja de coca (con 40,300 hectáreas al 2015, según reportes de Naciones Unidas, y solo después de Colombia, quien repuntó al primer lugar a partir del año 2014).
En tal sentido, ¿qué escenarios se pueden aprovechar? En primer lugar, creo fundamental que el Perú evalúe la posibilidad de ejercer liderazgo y activar espacios de discusión política y de adopción de posturas subregionales particulares en mecanismos de diálogo como la Comunidad Andina. Este escenario, aunque posee programas específicos de lucha contra el consumo de drogas, puede ser clave para la discusión y definición de posiciones conjuntas (tres de sus Estados son los principales cultivadores de hoja de coca del mundo y los cuatro afrontan serios retos derivados del crimen organizado que opera sobre el tráfico ilícito de drogas, por mencionar algunos puntos en común). En segundo lugar, a nivel regional, resultaría importante también moverse multilateralmente y evaluar de cerca las posturas que tienden hacia la flexibilización (México, Colombia, Guatemala, Chile), a fin de determinar la pertinencia de reestructurar nuestro discurso[1] en el exterior contra las drogas, dentro de las posibilidades de cambio que nuestro interés y prioridades lo permitan. En esa línea, resultaría pertinente mantener conversaciones y posiciones cercanas con los actuales Estados líderes del movimiento reformista del régimen internacional del control de drogas, a fin de no distanciarnos mucho del que, eventualmente, podría ser el nuevo paraguas internacional bajo el cual desarrollemos nuestras políticas antidrogas en un futuro próximo.
A nivel global, asimismo, no debe dejar de aprovecharse escenarios de diálogo multilateral para seguir aprendiendo de experiencias particulares de otros países y realizar estudios que identifiquen posibilidades de aplicación local de herramientas innovadoras de lucha contra el consumo, tráfico y producción de estupefacientes, teniendo en cuenta realidades específicas. Además, con miras a la celebración de UNGASS 2019, reunión mundial en la que se revisarán los objetivos propuestos en la Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional a favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas (2009), el país debe ir ya sentando las bases de una sólida postura internacional que le permita establecer consensos y proyectar tendencias, toda vez que dicha postura sea funcional para tener mejores y más efectivos resultados en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.
En suma, creo esencial que el Perú evalúe adoptar una postura más comprehensiva a nivel internacional y concentre sus esfuerzos en ejercer liderazgos y buscar consensos sobre posturas de política pública en materia de tratamiento del problema de las drogas, o al menos no descartar esa posibilidad. El peor escenario en el que se puede actuar sobre el abordaje global del tráfico ilícito de drogas es el unilateralismo, sea manteniéndonos en el régimen internacional del control de drogas vigente o abogando por su flexibilización.
