Sandra Carrillo Hoyos
Licenciada en Comunicación para el Desarrollo por la Pontificia Universidad Católica del Perú
Candidata a MSc en Ambiente y Desarrollo en London School of Economics and Political Science (LSE)
No solo en Perú, sino en varios países de Latinoamérica, es posible identificar un impresionante desarrollo de la actividad extractiva en las últimas décadas. Si bien las medidas promotoras de inversión extranjera y libre mercado implementadas entre los 80 y 90s contribuyeron significativamente a lograr estabilizar la economía antes en crisis, también han generado desafíos para la viabilidad de las operaciones que en la actualidad se enfrentan a un nuevo panorama de crisis. La resistencia mostrada por comunidades aledañas a operaciones extractivas ha resultado en la prevalencia de casos de conflictividad, entre los cuales se han generado episodios de violencia con altos costos no solo para las empresas que ven retrasada o interrumpida su operación, sino sobre todo para los gobiernos sub-nacionales y la comunidad local.
Perú, pese a haber alcanzado posiciones de liderazgo en los rankings mundiales de producción minera, destacando en plata, cobre, oro, estaño, zinc y plomo (US Geological Survey, 2015), enfrenta desafíos para mejorar el abordaje a los conflictos no solo desde el Estado sino también desde las propias empresas involucradas. Particularmente, la minería ha registrado un crecimiento promedio anual de 7.1% en la última década y por tal motivo esta actividad se ha convertido en la principal contribuyente del tesoro público (UNDP, 2014). Aun en el panorama de crisis financiera global, de acuerdo al último estudio publicado por BMI Research, Perú vería acelerado su PBI en 2016, como resultado de las actividades extractivas que han iniciado operaciones recientemente y nos vuelven a ubicar en una posición expectante en la región. Cifras de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) respaldan esta proyección, proyectando que el portafolio de proyectos mineros supere los $56 billones hacia octubre de 2016.
Si bien el panorama es aun esperanzador, resulta fundamental fortalecer la gestión de riesgos socio-ambientales en la industria extractiva, más aun en un periodo de precios bajos que ha afectado el mercado global de commodities y ha resultado en la implementación de una serie de medidas en la industria extractiva para generar eficiencia, tales como la reducción de costos, personal y presupuestos para exploración. Es en este contexto en el que, de no ser mejorada la gestión de sostenibilidad de la industria, podrían agravarse las situaciones de crisis entre los conflictos socio-ambientales. Particularmente, habiéndose reducido los ingresos regionales y locales por canon minero y petrolero, el descontento público tiene un alto potencial para afectar la viabilidad de operaciones.
Para entender mejor las situaciones de conflictividad en la industria extractiva, como primer paso debemos reconocer la ventaja que Perú tiene frente a otros países de la región en el registro de situaciones de conflicto reportadas y atendidas por el Estado. Los informes publicados tanto por la Defensoría del Pueblo, que recoge los casos y situaciones denunciadas por ciudadanos, como por el Oficina Nacional de Dialogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que informa sobre los casos de conflictividad atendidos por el Estado, ofrecen información desde dos perspectivas distintas pero que aportan al entendimiento de la problemática desde su competencia.
A pesar de la diferente metodología utilizada y la particular aproximación al problema en cada institución pública, es posible identificar hallazgos coincidentes, entre los cuales destaca la proporción de conflictos socio-ambientales y aquellos particularmente relacionados con actividades de minería, hidrocarburos y energía. Por ejemplo, la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), presentó la edición N°39 de su publicación “Willaqniki”, el cual da cuenta que durante el mes de enero se han atendido 41 conflictos sociales y se trabajó en atención preventiva de 105 casos. De los conflictos reportados, el 65.9% está relacionada con actividades extractivas, que incluyen minería (41.5%) hidrocarburos (12.2%), minería informal (7.3%) y energéticos (4.9%).
De similar manera, el informe presentado por la Defensoría del Pueblo, correspondiente a los casos registrados en el mes de enero de 2016, se presentan 211 conflictos sociales (143 activos y 68 latentes). Los conflictos de carácter socio-ambiental son los más frecuentes, alcanzando alrededor del 70% de casos reportados, de los cuales 63% corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera y le siguen los conflictos por actividades hidrocarburíferas con 16,3%. Más aun, en el caso del reporte mensual de la Defensoría del Pueblo se puede observar que la proporción de conflictos socio-ambientales en relación al total reportado ha tendido a prevalecer en los últimos 5 años, como se muestra en el grafico Nro. 1 a continuación. En el marco del registro de los conflictos socio-ambientales, los conflictos relacionados con la actividad minera han superado en todos los casos el 68%.
Grafico Nro. 1: Proporción de conflictos socio-ambientales reportados por la Defensoría del Pueblo en los últimos 5 años.
Fuente: elaboración propia con datos de la Defensoría del Pueblo
En ese sentido, ambos reportes ponen en evidencia la prevalencia del sector extractivo en el panorama de conflictividad en el país. Si se focaliza en las regiones donde se reportan más conflictos por parte de la Defensoría del Pueblo y donde interviene la PCM-ONDS, se encuentran coincidencias en Apurímac, Cusco, Cajamarca, Loreto. En las cuatro regiones se encuentran empresas extractivas con operaciones de gran escala en minería y petróleo, que vienen generando no solo externalidades negativas que forman parte de sus actividades sino también contribuciones positivas directas e indirectas al desarrollo económico local. Particularmente en los últimos cinco años, empresas del sector extractivo, y no solo las empresas operando en esas regiones, han mejorado sustancialmente la gestión de sus impactos de sostenibilidad y mostrado un esfuerzo mayor por comunicar dicha gestión entre sus grupos de interés. Ello, no únicamente debido al riesgo de conflictividad que se enfrenta en Perú sino principalmente a las propias exigencias del mercado actual.
Más aun, el sector ha venido desplegando esfuerzos para mejorar las condiciones de pobreza en las que suelen encontrarse las poblaciones aledañas a sus operaciones, en algunos casos generando dependencia y confusión de roles y competencias con el propio Estado. Frente a ello, los reportes de la Defensoría del Pueblo arrojan dos variables de percepción fundamentales a considerar, que son la percepción de incumplimiento de compromisos sociales por parte de las empresas y el temor hacia los impactos que sus operaciones pueden generar en los recursos que las comunidades utilizan para su subsistencia. Es así que, restando las particularidades de cada caso, encontramos una brecha entre la gestión de las empresas del sector, el impacto que esta gestión genera y la percepción que se construye en la comunidad local.
Durante los últimos años, esta brecha que podría entenderse técnicamente como “reputacional”, ha llevado a mejorar las estrategias de comunicación implementadas por las empresas para dar a conocer la gestión que llevan a cabo. Sin embargo, en el camino, se ha podido comprobar que una comunicación mejor pensada, elaborada y dirigida no necesariamente va a reducir el riesgo de conflictividad ni menos aún las situaciones de crisis cuando el conflicto ya se encuentra en marcha. De hecho, se ha avanzado en entender la comunicación mucho más allá de la difusión de información y en valorar las relaciones entre los actores clave del proceso. Sin embargo, el mayor reto que dificulta todo el proceso es la falta de confianza. Si no existe confianza, las empresas pueden implementar la mejor estrategia de comunicación y no generar impacto alguno en el relacionamiento entre los actores.
Y, ¿cómo generamos confianza? No existe, ni debería existir, una receta única para construir confianza en contextos como el descrito. Sin embargo, existen algunos elementos que no pueden dejar de considerarse. En primer lugar, se encuentra el entorno interno de la empresa, que no puede dejar de estar alineado en un estilo de relacionamiento. Resulta obvia la premisa pero casi siempre es el factor cotidiano que las empresas descuidan o no valoran lo suficiente. Si la percepción de un comportamiento constante y coherente nos debería encaminar hacia la confianza, necesitamos transmitir un mensaje único a través de las empresas que conforman y son la organización. Más allá de sofisticar la comunicación, resulta clave despertar la sensibilidad de las personas que se dan la cara por la empresa en el día a día de las operaciones a través de diversas áreas.
En segundo lugar, y esto resulta más difícil de conseguir, es reconocer que las empresas extractivas van a lidiar con líderes políticos frente a los cuales no necesariamente se han preparado. En este marco, no solo resulta fundamental contar con un plan de manejo de crisis y contingencias sino también preparar las capacidades de los interlocutores de la organización para enfrentar un escenario volátil y lograr interpretar las agendas políticas. En este marco, resulta fundamental reconocer que a pesar de que las empresas del sector mejoren la gestión de sus impactos, el margen de error y accidentes siempre estará presente, y a pesar de haber mantenido un comportamiento consistente en muchos años, un pequeño descuido puede traer abajo el esfuerzo de muchas personas en pocos segundos. Entonces, no solo se requiere mantener coherencia en la gestión, sino también hacerla extensiva a toda la organización y aceptar y prepararse para afrontar los riesgos propios de la industria con todos los actores involucrados.
Más información en:
Carrillo, S. (2015). Extractive Industries and Conflict Prevention: Social Intervention Model for South America. Business, Peace and Sustainable Development, Volume 2015, Number 6, December 2015, pp. 31-48(18). http://gse.publisher.ingentaconnect.com/content/glbj/bpsd/2015/00002015/00000006/art00004
