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Ciber/Hackerfeminismos frente a la penalización del aborto en Perú

por PÓLEMOS
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Andrea Urrutia Gómez

Antropóloga feminista y autista. Licenciada y Maestra por la Pontificia Universidad Católica del Perú; y doctora por la Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa


Para ninguna mujer peruana o viviendo en Perú es secreto que el acceso a la información sobre su salud sexual y reproductiva en Perú es muy limitado, por barreras materiales e impedimentos políticos que restringen sus decisiones de vida. Las desigualdades sociales, económicas y de género permean el ejercicio de derechos, el acceso a la salud y a nuevas tecnologías. La problemática del aborto aborda todos estos temas y los pone en evidencia. En Perú, el aborto es ilegal salvo en caso de amenaza de la vida o de la salud de la mujer, conocido como aborto terapéutico. Éste es legal desde 1924, pero tomó 90 años para que se oficialice una guía técnica nacional donde se regula [1] (La República, 2014). En cualquier otro caso, éste está prohibido por el código penal, según el cual la mujer que consiente un aborto inducido puede tener una pena de hasta dos años de prisión (Código Penal del Perú, 1991: artículo 114 – 120). Aunque ninguna mujer había ido a la cárcel, sí existen procesos y condenas por este concepto por lo que el aborto figura como antecedente judicial. La restricción al aborto también está cubierta por la Constitución, y el Perú fue el primer país en reconocer al concebido como sujeto pleno de derechos y le proveyó estatus jurídico (Llaja, 2009: 17). 

La estabilidad gubernamental es muy frágil en la historia de nuestra nación, lo cual ha sido aparatosamente demostrado por los actos políticos recientes. Sin embargo, hay alianzas estratégicas sostenidas: ninguno de los últimos presidentes se ha deslindado de la Iglesia Católica. Dicha situación ha producido que los derechos sexuales y reproductivos sean irrespetados, y que el aborto no sea entendido como un problema de salud pública sino como uno ideológico. A pesar que Perú es un estado laico, desde 1980 está en regla el Concordato con la iglesia Católica, de donde vienen beneficios económicos y reconocimiento político único frente a otras confesiones de culto. Así, el estado instituye que el aborto es un crimen, al mismo tiempo que ignora su responsabilidad frente a la calidad de vida de las peruanas, y al control autónomo de sus futuros. 

Debido a la naturaleza definitiva de las leyes civiles y penales en Perú, éstas simbolizan normas sociales y morales. En este caso, también están involucrados los roles y derechos de las mujeres. En la sociedad peruana, dichos roles se desarrollaron en un marco patriarcal, según el cual quienes no se ajusten a lo que debería ser una “mujer” terminan excluidas, y la maternidad es un factor clave en cristalizarlo. Investigaciones etnográficas revelan que se ha instrumentalizado la maternidad como “espacio de afectos y satisfacciones” (Fuller, 1993: 190), que se supone como suficiente para la bienestar personal femenino. La resignación frente a la maternidad le da a la mujer respeto debido a la admiración por obedecer el modelo mariano, el cual presupone la superioridad espiritual femenina, aunque traiga sufrimiento emocional y disminución de recursos socio-económicos (Cuvi y Martínez, 2001). Dicha perspectiva relega a la mujer al mundo “interior”: la esfera doméstica, y la procreación y crianza de la prole, que se vuelve doble interioridad si se consideran los lazos comunitarios en los que ella vuelve a ser subordinada (Sciortino, 2012).

El aborto permitiría una vida más allá del destino aprendido de la maternidad, pero lleva consigo la destrucción de la vida emocional que debería traer. Lo previo asume que la mujer sobrevive a la intervención sobrellevada; ello no está nunca asegurado en un contexto que marginaliza su realización de forma segura. Zamberlin (2015) arguye que el aborto imputa un estigma moral y social contra las mujeres que abortan, el cual se manifiesta de manera explícita en la penalización del aborto y en el (ilegal) impedimento de ser atendida en centros de salud revelando que se ha practicado un aborto inducido. Otras formas de rechazo, que la autora llama estigma internalizado, inducen a las mujeres a conllevar vergüenza, culpa y demás sentimientos negativos. Todo ello abre las puertas a la clandestinidad: se ha construido un mercado paralelo donde se ofrecen abortos quirúrgicos y médicos. Por muchos años, los abortos quirúrgicos fueron mayoritarios junto con la administración de elementos vegetales (raíces y semillas) (Ferrando, 2006). En las últimas décadas, se introdujo informalmente (para usos abortivos) Misoprostol, análogo sintético de prostaglandina E1 sometido a investigaciones clínicas y cuya administración ha sido estudiada por más de 20 años. Sin embargo, la ilegalidad del aborto mantiene a flote negocios enteros que lucran con la desinformación y la vulnerabilidad  de las mujeres.

Con ello, colectivos auto-gestionados y organizaciones han efectuado han respondido a dicho trasfondo social y nacional. Éste incluye el penal: por lo explicado previamente, no es posible proveer ni de espacios físicos, ni de medicamentos y/o de contactos de personal capacitado que faciliten la realización de un aborto. Todo personal de salud que realiza un aborto no terapéutico es inhabilitado de ejercer su profesión y puede ir a la cárcel por un máximo de cuatro años (Código Penal del Perú, 1991: artículo 115 y 116). 

En cambio, el derecho a la información de las mujeres es incontestable. Está constituido por las facultades de investigar, recibir y difundir contenido informativo; contribuyendo a la efectiva democratización de la sociedad (Estrada, 1998). Varias acciones se han dirigido a difundir información segura sobre aborto médico y el uso de Misoprostol, con el propósito de hacer llegar contenido necesario que respete la integridad de las mujeres. Una de éstas es la Colectiva por la Libre Información para las Mujeres, que surgió en 2009 y al año siguiente lanzó la atención voluntaria vía telefónica (Colectiva, 2010), la cual sigue operando. En 2011, publicaron un reporte político donde sistematizaron datos de 1750 llamadas recibidas y en 2014 el libro “Hablemos de Aborto y Misoprostol” con información textual y gráfica. Ambos se hicieron disponibles como documentos impresos y virtuales de libre descarga. Adicionalmente, poseen el podcast feminista Las Públicas. 

Ésta sería una iniciativa ciberfeminista, entendida como una propuesta de acción en el mundo virtual y tecnológico, para impulsar cambios sociales y políticos. Término empleado desde los noventas en el mundo anglosajón, denuncia la necesidad de espacios propios para las mujeres en mundos online globalizados. Según Tapia (2015), son desiguales y afectados por las brechas que separan a los individuos en sus vidas concretas, incluyendo el género. Así, el ciberfeminismo las desafía generando acciones tecnológicas que colocan a las mujeres en posición de control, generando contenidos y herramientas tecnológicas participando en la “acción de re significación crítica” y en la creación desestabilizadora de un nuevo sistema anti-patriarcal (De Salvador, 2012).

Si bien el ciberfeminismo refiere principalmente a las plataformas y dispositivos destinados a Internet, las iniciativas vinculadas a los derechos y a la salud sexual y reproductiva no se limitan a esta esfera. En 2010, el año que la línea empezó a atender, la penetración móvil en Perú había llegado a 100% y en los años siguientes siguió aumentando (Andina, 2012). Este proyecto contiene un factor destacado, el entrar en contacto directo con alguien que puede personalizar la transmisión de información y hacerla más cercana, sin juicios de valor. En el mismo sentido opera Serena Morena, colectivo que desde 2017 acompaña a distancia de experiencias de aborto médico (Serena Morena, 2020). En particular, sus integrantes proveen información factual y brindan apoyo emocional antes, durante y después de la auto-administración de medicamentos, lo cual les ha permitido seguir más de mil casos remotamente (Gallegos, 2020). 

El alcance mundial de Internet también facilita que propuestas inicialmente dirigidas a mujeres en Perú tengan repercusión internacional. Resido en México hace más de 4 años, y aquí he encontrado replicada tanto infografías del libro de “Hablemos de Aborto y Misoprostol” como reportajes sobre Serena Morena en redes locales. Bajo la misma lógica, dentro y fuera de Perú se puede instalar la aplicación Aborto Seguro de la organización Hesperian. Ésta se encuentra disponible en 7 idiomas, y mediante descarga gratuita explica métodos de aborto seguro así como el uso de métodos anticonceptivos y datos sobre salud sexual y reproductiva. Su descripción hace énfasis en la confidencialidad, pues no retienen ningún metadato del dispositivo que lo aloja ni guarda la selección de opciones del programa (Hesperian, 2020). 

La generación de software, hardware y hasta lenguajes de programación propios para retar problemáticas que afectan negativamente a la población femenina como el aborto entra en la categoría de hackfeminismos. Si bien hay superposición entre este concepto y el de ciberfeminismo, el primero pone énfasis en la autonomía tecnológica y en el desarrollo de infraestructura propia. Igualmente, los ciberfeminismos han sido criticados por la falta de acuerdo teórico sobre su acepción y porque se han usado para referirse sobre todo a acciones de baja complejidad tecnológica: “las elaboraciones feministas contemporáneas se han mostrado débiles en el enfrentamiento de las tensiones semánticas que las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) realizan” (Silva Reis y Natansohn, 2019: 396). Más allá de la denominación, vale resaltar que las propuestas cubiertas disponen de las tecnologías a su alcance, atacando su significación y confluyendo en esfuerzos comunitarios (Soria, 2016). 

Todas presentan estrategias para que la información sobre aborto no sea monopolizada, sin que puedan saltar la disparidad digital y tecnológica. El 52,5% de peruanos mayores de seis años tiene acceso a Internet, pero este porcentaje se reduce al 17,7% en áreas rurales y a 20% entre población con lenguas maternas nativas (INEI, 2018): la gran mayoría – si no todos los resultados de búsqueda y los contenidos de estas iniciativas están en español. Mientras redes sociales como Facebook y de mensajería instantánea como WhatsApp alcanza el 94% y 86% de uso (Ipsos Perú, 2020), éstas y otras plataformas corporativas han demostrado repetidamente que ni la privacidad ni la protección de violencias de género en ellas no es prioridad. De tal modo, establecer protocolos y medidas estrictas de seguridad digitales es crucial. Adicionalmente, Laudano (2019) arguye que en espacios virtuales repetidamente las realidades y los planteamientos de aquellas personas con privilegios offline se reproducen. Con ello, las interacciones consiguientes perpetúan asimetrías de poder por nivel educativo, edad, adscripciones de clase, ubicación geográfica, estatus migratorio, entre otros. 

Para finalizar, retomo la definición de ciberfeminismo de Reverter (2013), donde las mujeres se imaginen como sujetos políticos a través de la acción y la subversión tecnológica. A través de los tres casos indicados, es evidente que la tecnología en su sentido amplio es importante para conseguir un mayor control sobre las decisiones y los cuerpos de las mujeres en Perú. En tal sentido, la equidad de género pasa por el aborto: no solamente en la transmisión de información segura, sino en el rechazo de su clandestinidad mediante prácticas que lo resignifiquen y dejen de instalarlo en la vergüenza.


[1] El punto 11 dice “Cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente, debidamente fundamentada por la Junta Médica”.


Bibliografia

Código Penal del Perú (1991). Lima. 

Colectiva por la Libre Información para las Mujeres (2010). “Se presenta en lima: Línea de Información segura sobre aborto”. Publicado el 27 de mayo de 2010. http://abortoinfosegura.com/blog/se-presenta-en-lima-linea-de-informacion-segura-sobre-aborto/

Cuvi, María y Martínez, Alexandra (2001). “El muro interior”. En Herrera, Gioconda (compiladora) Antología de Estudios de Género. Quito: FLACSO-Ecuador, ILDIS – Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, pp. 309 – 338. 

De Salvador, Saleta (2012) “Tecnologías digitales del género. De la revisión a la borrosidad en lo ciberfeminismos” http://www.oei.es/congresoctg/memoria/pdf/DeSalvador.pdf 

Estrada, Martín Alonso (1998). Principios constitucionales del derecho de información. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Ferrando, Delicia (2006). El aborto clandestino en el Perú. Revisión. Lima: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y Pathfinder International.

Fuller, Norma (1995). “En torno a la polaridad marianismo/machismo”. En: Arango, Luz Gabriela; León, Magdalena y Viveros, Mara (editoras), Género e Identidad: Ensayos sobre lo femenino y lo masculino. Bogotá: T. M. Editores, p. 241 – 263. 

Gallegos, Juana (2020). “Serena Morena: el colectivo que acompaña a las mujeres que deciden abortar en el Perú”. En: Salud con Lupa, publicado el 28 de setiembre de 2020. https://saludconlupa.com/la-vida-de-nosotras/serena-morena-el-colectivo-que-acompana-las-mujeres-que-deciden-abortar-en-el-peru/

Hesperian (2020). “App Aborto Seguro (AS)”. En: Hesperian Health Guides, consultado el 7 de diciembre de 2020. https://hesperian.org/home-spanish/resources-in-spanish/aplicaciones-moviles-de-hesperian/aborto-seguro-as/ 

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2018). Encuesta Nacional de Hogares. Lima: INEI. 

Ipsos Perú (2020). “Uso de Redes Sociales entre peruanos conectados 2020”. En: Ipsos Perú, publicado el 6 de agosto de 2020. https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2020-08/redes_sociales_2020_v3_6ago_20.pdf

La República (2014). “Esta es la Guía Técnica para la interrupción del embarazo menor de 22 semanas” Publicado el 2 de julio de 2014. http://larepublica.pe/02-07-2014/esta-es-la-guia-tecnica-para-la-interrupcion-del-embarazo-menor-de-22-semanas 

Laudano, Claudia (2019). “Acerca del uso estratégico de TIC en movilizaciones feministas”. En: Rivoir, Ana y Morales, María Julia (coordinadoras) Tecnologías digitales: miradas críticas de la apropiación en América Latina. Buenos Aires: CLACSO y Montevideo: RIAT, p. 357 – 369. 

Llaja, Jeanette (2009). El Derecho a la vida del concebido: la regulación constitucional del aborto. Una mirada al proceso constitucional de 1979 y 1993. Lima: DEMUS. 

Reverter, Sonia (2013). “Ciberfeminismo: de virtual a político”. En Teknocultura, 10 (2), p. 451-461. 

Sciortino, Silvana (2012). “Antropología y feminismos en América Latina: hacia una práctica descolonial”. En Hernández Corrochano, Elena. Teoría feminista y antropología: claves analíticas. Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces-UNED, p. 133-151.

Serena Morena (2020). “Genealogía del desprecio”. En: Serena Morena, consultado el 6 de diciembre de 2020. https://www.serenamorenaperu.com/aborto-en-el-peru 

Silva Reis, Josemira y Natansohn, Graciela (2019). “Del ciberfeminismo al hackfeminismo. Notas para pensar Internet en tiempos de la algoritmia”. En: Rivoir, Ana y Morales, María Julia (coordinadoras) Tecnologías digitales: miradas críticas de la apropiación en América Latina. Buenos Aires: CLACSO y Montevideo: RIAT, p. 391 – 405.

Soria, Irene (2016). “El software libre y la cultura hacker como vehículo para la emancipación tecnológica y su vínculo con la lucha feminista”. En: Soria, Irene (coordinadora) Ética hacker, seguridad y vigilancia. Ciudad de México: Universidad del Claustro de Sor Juana, p. 183 – 216. 

Tapia, Danae (2015). “Por un ciberfeminismo interseccional en América Latina” En: Pillku, V (18), Setiembre 2015. http://www.pillku.org/article/por-un-ciberfeminismo-interseccional-en-america-la/ 

Zamberlin, Nina (2015) “Estigma y aborto: El estigma asociado al aborto como objeto de estudio: los primeros pasos en América Latina”. En Ramos, Silvina (coordinadora), Investigación sobre aborto en América Latina y El Caribe: una agenda renovada para informar políticas públicas e incidencia. Buenos Aires: Centro de Estudios de Estado y Sociedad-CEDES; Ciudad de México: Population Council y Lima: Promsex, p. 173 – 190.

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