José Alexandre Altahyde Hage
Profesor de Geopolítica del departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de São Paulo.
Cuestión de poder nacional
Durante el período en que Brasil estuvo gobernado por el presidente Lula da Silva (elegido por un bloque progresista entre 2003 y 2010), surgió la premisa de que el ejercicio del poder a nivel internacional tendría lugar a primera vista por medios llamados soft power o algo similar para nosotros en Sudamérica. En términos generales, esa plataforma gubernamental creía que la inserción internacional de Brasil estaría dada por buenos ejemplos políticos o por el intento de universalizar los proyectos nacionales, transformándolos por virtudes políticas. Dentro de estos proyectos se encuentran la seguridad alimentaria, la lucha contra el hambre en el mundo pobre, el papel de los combustibles renovables, etc.
El modelo político adoptado por el presidente Lula no fue una alternativa, sino un imperativo para la forma en que se organiza el sistema interestatal de estados territoriales, en el que está conformado por las grandes potencias. En otras palabras, recordando al pensador Raymond Aron, en Paz y Guerra entre Naciones, el sistema está organizado de manera «oligárquica», en la que los países pequeños tienen espacios asignados por los más fuertes.
En esta conjugación de potencia mundial, lo que Brasil pudo hacer en varios temas, particularmente en temas ecológicos y ambientales, fue demostrar que el país no se volvería infame o mostrar incomodidad ante las sugerencias de conservación ambiental provenientes del hemisferio norte, de los países industrializados. En este punto, Brasil trataría de traducir la preocupación por la Amazonia en principios universales: la Amazonia es de interés mundial, por lo que corresponde al mundo asumir la responsabilidad por el bienestar de los bosques.
Asumiendo esta plataforma para Europa Occidental, Brasil sustituiría en primer lugar la confrontación nacionalista, tan a gusto del período militar de los años setenta, por una especie de multilateralismo, cuyos recursos financieros, para el cuidado de las reservas, eran de origen europeo. Aunque el gobierno de Lula da Silva dio al exterior la imagen de ejercer una política nacionalista y firme, frente a las grandes potencias, se encontró que esa actitud funcionaba más como propaganda o como un juego de escenario y estaba menos apegada a la realidad.
Básicamente, Brasil siguió siendo una potencia regional y, aun así, siguiendo sugerencias que no siempre fueron de interés para Brasil o para el gobierno de Lula, como la creación de Unasur, que, en parte, correspondía más a los deseos del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, para que hubiera una gran patria. Así, en el ámbito ambiental, Brasil articuló acciones con varias organizaciones no gubernamentales, muchos extranjeros en la Amazonía Legal, que defendían agendas incluso contrarias al país. Por ejemplo, algunos de ellos afirmaron que la posible autonomía administrativa de la reserva indígena Raposa Serra do Sol en el estado de Roraima podría ser perjudicial a la centralización de poder. Este proyecto se oponía a la visión estratégica que el Ejército brasileño tiene de esa zona, como una unidad nacional políticamente homogénea, además de impedir la penetración del poder nacional; por no hablar del desplazamiento de campesinos «blancos» que durante décadas habían habitado y cultivado aquellas tierras que se consideraban exclusivamente indígenas.
Como bien recuerda el ex ministro de Defensa de la época, Aldo Rebelo, había agentes de algunas ONG que defendían la visión de que el indio era un no brasileño, por lo tanto, libre de las acciones político-administrativas realizadas en Brasilia y trabajadas por las Fuerzas Armadas. No hay duda de que esas manifestaciones de ver al indio como un bon sauvage fueron perjudiciales para Brasil y, por qué no decirlo, contra otros países amazónicos.
Otro punto conflictivo entre Brasil y organizaciones ambientalistas de diversa índole fue el plan nacional de expansión energética, al aprobar la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte, en el estado amazónico de Pará. Se sabe que la región norte es la única en Brasil que todavía tiene valor energético debido a la poca explotación de sus ríos. Al declarar la importancia de que el país obtuviera Belo Monte, surgieron un gran número de protestas legales e incluso violentas para detener la construcción de la planta. El problema con esto es que Brasil es un país con una inminente falta de electricidad para hacer progresos económicos. No es exagerado decir que, si Brasil crece alrededor de un 5% al año, podría haber una escasez de energía debido a la baja inversión en nuevas plantas hidroeléctricas.
De hecho, el equilibrio ambiental que Brasil estaba atravesando en la Amazonía era el resultado de su buena relación con el hemisferio norte, en el que no buscaba desafiar abiertamente las sugerencias de diversos actores con intereses en la región. La Amazonia sigue sufriendo todo tipo de incursiones: desde misioneros religiosos, no siempre confesados, para convertir a los indios y a los habitantes de las riberas de los ríos, hasta científicos y análogos, que aprovechan su papel progresista para hacer «biopiratería» y registros de patentes en el mundo industrializado.
Factor Bolsonaro
Expliquemos: está claro que desde la conferencia de Río 92, Brasil ha estado desarrollando políticas ambientales relacionadas con las necesidades de conservación. Esto significa que el país cuenta con una sofisticada legislación ambiental que logra mantener una parte sustancial de los bosques originales, según la empresa brasileña de investigación agrícola Embrapa. Y así ha sido hasta con el gobierno de Bolsonaro.
El problema que plantea el debate es que el presidente Bolsonaro hace dos cosas incompatibles con un país con proyección de poder limitada: presenta una visión revisionista sobre el tema ambiental, sin necesariamente mostrar hostilidad; y critica los medios con los que Europa Occidental busca apoyar la conservación de la Amazonía, a través de agentes no estatales.
Al mostrar una visión revisionista de la cuestión ambiental, el actual Presidente de la República Brasileña sugiere que puede ser posible tener inversiones económicas en la extracción de minerales de gran demanda. Al hacerlo, Bolsonaro transmite la imagen de que tampoco respeta la permanencia de las naciones indígenas en los territorios originales, especialmente en la Amazonía. Lo que hace el presidente es decir que no sería legal que un grupo que tiene alrededor de un millón de personas posea el 13% del territorio nacional y, además, podría tener más debido a la presión de las ONG o de estudios antropológicos vinculados a instituciones internacionales o religiosas, como el Consejo Mundial de Iglesias.
La imagen que actualmente presenta el indio brasileño es la de ser el guardián de la selva, de la Amazonía. Se entiende que su bagaje cultural no permite la agresión ambiental porque es alguien que no está afectado por la degeneración capitalista ni por el «hombre civilizado». Es algo que recuerda a Jean-Jacques Rousseau sobre el hombre natural que no había sido afectado por el mal europeo. En cierto modo podemos decir que a principios de este siglo existe un fetiche sobre el indio, como si estuviera intrínsecamente ligado a la virtud. Vale la pena decir que esto comienza en Estados Unidos y Canadá, quizás por el trauma de la colonización inglesa, considerada bastante violenta con los ciudadanos estadounidenses. Después de existir en Norteamérica, este comportamiento migra a Brasil.
El momento más que crítico que involucra todos los factores antes mencionados se produce con los incendios forestales ocurridos en los meses de agosto y septiembre de este año. La lucha por las narrativas, como se las llama comúnmente en la prensa y en la universidad, señala que la responsabilidad por la negligencia o la ignorancia recae en el gobierno de Bolsonaro. La responsabilidad del presidente es tener poca articulación política sobre el fenómeno que ha estado ocurriendo durante décadas, naturalmente o no. Al demostrar una falta de articulación entre el presidente y su gobierno, Bolsonaro ha ofrecido condiciones óptimas para desafiar al gobierno en varios niveles.
En el ámbito doméstico, las impugnaciones tienen lugar a través de la universidad pública y parte de la prensa, incluida la llamada «burguesía». En el ámbito internacional, la confrontación proviene de organizaciones internacionales y asociaciones económicas. El caso visto en la reunión del G7, las grandes potencias económicas ponen de manifiesto la confusión que todo esto ha causado. El presidente de Francia, Macron, ciertamente con cierto apoyo, trató de hacer de esa reunión un escenario para debatir la cuestión amazónica sin la presencia de la autoridad brasileña, algo sin precedentes en esta materia.
Es un derecho inalienable ser crítico con Bolsonaro. Lo que es preocupante es hacer de esa crítica un medio de sugerir una injerencia en el poder nacional brasileño. Al tener un departamento de ultramar en América del Sur, Guyana, el ejecutivo francés está utilizando esta situación para entrar en el tema amazónico y sugerir que Brasil no sería capaz de garantizar el equilibrio ambiental de la Amazonía Legal, lo que también podría aplicarse a los otros países amazónicos, como Bolivia, Perú, Venezuela y Colombia.
Para avanzar en el tema, lo que hizo buena parte de la crítica internacional, en consonancia con la brasileña, ganó espacio debido a la situación política del país, que sin tener condiciones para proyectar suficiente poder no puede detener tales manifestaciones. ¿Puede este análisis ser incongruente? Digamos que sí, sin embargo, ¿qué decir de los países que sufren un desgaste ambiental similar al de Brasil, pero sin sufrir críticas de este tipo? Hay problemas medioambientales en Rusia, Estados Unidos y China. Cada poder con sus particularidades. Pero no hemos visto a ninguna organización abrir contestaciones porque Rusia degrada Siberia; California termina en incendios y China continúa quemando carbón para mantener su crecimiento económico.
Para concluir. Si bien este análisis es anacrónico, frente a la opinión de los analistas políticos modernos y las cosmovisiones cosmopolitas, continuamos en el razonamiento de que la política tradicional de poder, de la división internacional, mantiene fuerzas suficientes para restringir a ciertos países, si huyen de las modas adoptadas para que sean los lemas modernos de la búsqueda de la paz y el equilibrio mundial. Lo que le pasa a Brasil, no hay duda, puede pasarle a otros países amazónicos.
Lo que implica el gobierno de Bolsonaro ya no es estar cubierto por las políticas universalistas de los países con poder limitado. En otras palabras, países que utilizan instrumentos llamados soft power, como suelen decir los intelectuales de las relaciones internacionales. La locomoción óptima de Lula fue haber aprovechado esto y, por lo tanto, disfrazar los problemas del poder nacional. El problema de Bolsonaro es exaltar la falta de sensibilidad hacia el medio ambiente y los pueblos indígenas, lo que irrita a la «comunidad internacional», pero sin recursos políticos para apoyar los desafíos que se plantean, incluyendo la reunión celebrada en Roma / Vaticano en octubre de 2019, el Sínodo de la Amazonía, cuyos objetivos son variados, borrosos y necesitan tiempo para ser mejor entendidos.
Desde hace tres semanas, Brasil se enfrenta a un devastador derrame de petróleo en la costa. Los efectos son perjudiciales para la economía y el bienestar de las poblaciones que dependen de la pesca y el turismo. Si ponemos el problema bajo un análisis más preciso, la agresión petrolera en las playas brasileñas tiene más efectos dañinos que los incendios del Amazonas. Pero como no hay fetiche en la región Noreste tampoco hay conmoción internacional.
