Nicole Oré Kovacs
Psicóloga y docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya
Estoy en desacuerdo con lo que dices,
pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo.[1]
El nuevo periodo de cuarentena responde al aumento desmedido de casos de contagio por COVID-19 en nuestro país. Empezamos el año con una segunda ola producto de la flexibilización de las restricciones durante la época de fiestas y la irresponsabilidad de un grupo de ciudadanos que interpretaron esto como un retorno a la normalidad. Este mismo grupo ha programado una marcha de protesta contra el nuevo periodo de confinamiento, programada para el día 30 de enero en la plaza San Martín y fomentada por grupos políticos de ultraderecha conservadora (entre los que destacan la Coordinadora Republicana y el Movimiento Libertario), que llaman abiertamente a ejercer el derecho de “desobediencia civil” a través de los hashtags #NoALaCuarentena, #DesobedienciaCivil, #NoAlToqueDeQuiebra y #SagastiNoMeRepresenta. El argumento de los portavoces políticos de la marcha para la llamada a un deber democrático de tal envergadura se sostiene en que se asume que confinamiento privará a muchos peruanos de los ingresos producto de sus trabajos del día a día; de lo que se deriva la imperante necesidad de desobedecer las políticas de gobierno y continuar con las labores diarias en desmedro de las medidas de control y regulación sanitaria. No ponemos en cuestión que muchos de nuestros conciudadanos han visto perjudicada, entre otras cosas, su estabilidad económica. Sin embargo, esta es una premisa insuficiente para justificar el llamado a la desobediencia civil. Lo que vemos aquí es más bien un argumento cuya cadena de premisas desemboca en otro tipo de afirmaciones, cada vez más nefastas, que responden a las teorías de conspiración que tanto daño le hacen al sentido común, como por ejemplo la conspiración de un nuevo orden mundial o el combate contra las ONGs financiadas por George Soros[2], entre otros.
El problema radica en la convocatoria a ejercer el deber de desobediencia civil sin un fundamento o justificación propios de la política democrática. Cuando la desobediencia se fundamenta en un argumento falaz, las consecuencias pueden ser fatales. Como diría Chomsky
“La desobediencia civil tiene sentido si sirve para que otros ciudadanos se den cuenta de que hay un problema lo suficientemente serio como para que alguna gente asuma riesgos, de manera que, quizá, se pongan a pensar sobre ello y vayan y hagan algo ellos mismos. Si hay una base asentada, la desobediencia civil puede ser una herramienta muy efectiva; si no hay base, no; de hecho, puede ser dañina”[3]. (2020, p.82)
Si comparamos estas circunstancias con lo experimentado durante las marchas de noviembre del año 2020 en la que se solicitaba la salida del presidente Manuel Merino, podemos notar algunas importantes diferencias. En principio, las marchas de noviembre del año pasado se ejecutaron con el propósito explícito de reestablecer la democracia y la institucionalidad, lo que evidencia que se encontraban claramente articuladas hacia una lucha política común. Además, se guardaron las medidas de distanciamiento social y uso adecuado de mascarillas. Por otra parte, este periodo de crisis política -que como vemos aún no se resuelve- impulsó la deliberación e intercambio de perspectivas en el espacio público, la revisión de las narrativas históricas, el cuestionamiento hacia la estrategia política y nos demostró que el compromiso activista de la juventud peruana no estaba dormido.
En contraposición, las marchas que actualmente exclaman ¡No al toque de quiebra! presentan un panorama radicalmente distinto. El fundamento que las sostiene va explícitamente en contra de la salud como un bien que el Estado debe procurar para todos los ciudadanos. Esto se hace evidente no sólo por establecer la prioridad de los intereses individuales (i.e. trabajo) por sobre el bien común, sino que además esta actitud se muestra con claridad en la conducta ciudadana durante la marcha misma: personas sin mascarilla o con la mascarilla baja, sin respetar el distanciamiento y haciendo mofa de quienes deciden seguir protegiendo su salud y la de otros. Si nos preguntásemos en la línea de Chomsky: ¿A qué lucha general se articula esta lucha específica? podríamos responder intuitivamente que estamos ante una lucha de facción que responde a los intereses de una élite política que tiene por objeto conseguir más votos en las elecciones generales y hacerse del poder de gobierno para satisfacer su propia agenda.
La libertad de expresión es un derecho fundamental de todo sistema democrático y cuando se ejerce a través de la protesta materializa el poder del pueblo. Por ello, aunque muchos estemos en desacuerdo con la marcha en contra del nuevo periodo de confinamiento, corresponde a los interesados hacer escuchar su voz. Sin embargo, es gracias a la democracia que podemos poner en cuestión y problematizar el actual llamado a la ‘desobediencia civil’ pues los argumentos que se invocan para justificarla carecen de solidez y consistencia.
[1] Suele atribuirse esta frase a Voltaire. Sin embargo, fue formulada por Evelyn Beatrice Hall en la obra titulada “Los amigos de Voltaire” (1906).
[2] Este tema es tratado explícitamente por uno de los candidatos a la presidencia, quien en una entrevista a Info Católica señala que está “(…) combatiendo contra las ONGs financiadas por George Soros desde hace mucho, pues estas son las principales fuentes de mala información y mala formación en la educación sexual. Como presidente si Dios lo permite, las erradicaré del Perú.” InfoCatólica (24 de enero de 2021), extraído de https://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=39667
[3] Chomsky, N. (2020). Cooperación o extinción. Barcelona: Penguin Random House.
