Martín Belaunde Moreyra
Abogado, ex Decano del Colegio de Abogados de Lima y actual Congresista de la República
Allá por 1990 en un evento organizado para promover la candidatura de Mario Vargas Llosa a la Presidencia del Perú, el laureado escritor mexicano Octavio Paz señaló que la corrupción era un legado del dominio imperial español, en el que el gobierno era concebido como un privilegio personal del monarca, compartido con un reducido grupo de individuos de la gran y de la pequeña nobleza, que accedían a los círculos de influencia en muchos casos mediante la compra de los cargos. A fines del siglo XIX el escritor peruano Ricardo Palma, autor de un clásico de nuestra literatura denominado “Tradiciones Peruanas”, ironizaba a cerca de la venta de ciertos puestos en la burocracia virreinal de poco salario nominal pero con sus “rebuscas». Dicho en otras palabras, con la capacidad de extorsionar en múltiples formas a los súbditos del rey, con la aprobación expresa o tácita de las autoridades. Consumada la independencia del Perú después de un período de insurrección que en Sudamérica duró alrededor de 15 años (1809 -1824) y en el Perú no menos de 5, muchos de los principales caudillos militares fueron premiados con la propiedad de grandes haciendas confiscadas a quienes pelearon por la causa realista. Curiosamente, los dos grandes libertadores Bolívar y San Martín no participaron de ese reparto y ambos murieron pobres, el primero en la desgracia y el segundo en el exilio.
Puede argumentarse con razón que los métodos de gobierno practicados durante la dominación española no diferían sustancialmente de los patrones de la época, con el agregado de que gracias al influjo de Bartolomé de las Casas y de otros teólogos y juristas españoles, los monarcas promulgaron una extensa legislación protectora de la población indígena. Por cierto que esa legislación se aplicó erráticamente y quizás en la mayoría de los casos fue ignorada. Pero ahí estuvo en los libros y el hecho es que muchas de las comunidades indígenas peruanas, hasta el día de hoy, exhiben títulos de propiedad que arrancan con viejos pergaminos firmados por el rey. La realidad es siempre compleja y contradictoria, y así como se toleraban la corrupción y el abuso, al término de su mandato los virreyes eran sometidos al llamado “juicio de residencia” donde tenían que responder por sus actos. Más de uno de ellos terminó en la cárcel o perdió el favor real.
En la etapa final del coloniaje, las rebeliones generalmente comenzaban con el grito de “Viva el Rey y muera el mal gobierno”. Y cuando no se vivaba al rey, como fue el caso del Grito de Dolores que dio inicio a la independencia de México, se proclamó la lealtad a la Virgen de Guadalupe, cuya oportuna aparición a mediados del siglo XVI cohesionó el dominio español al crear un ícono reverenciado por todo el pueblo, ricos y pobres. Dicho sea de paso algo, parecido ocurrió en el Perú con la devoción al “Señor de los Milagros», basado en el culto a un mural de Cristo pintado por esclavo negro, que resistió intacto un terrible terremoto en Lima a fines del siglo XVII. La devoción popular al Señor de los Milagros representa la identidad del humilde con Dios.
En ese confuso panorama de odios y amores, donde el pueblo en general se enorgullecía y renegaba de su doble ancestro indio y español, mezclado también con sangre negra, eso que el escritor cubano-español Carlos Alberto Montaner ha llamado metafóricamente las raíces torcidas de América Latina, surgieron nuestros países a la vida independiente. No fue un parto fácil aunque debe admitirse que casi ninguno lo es. La niñez ciertamente fue accidentada y cuando parecía que estábamos superando los peores momentos de la adolescencia, algunos países como Argentina dieron la sensación de haber retrocedido en el túnel del tiempo, para hundirse en una crisis que la Comisión Andina de Juristas calificó de “opción cero”. Es una verdad Perogrullo que Ibero América o Latino América, como se Ie quiera llamar, a pesar del gran progreso material experimentado en los últimos 200 años, todavía no alcanza el status de región desarrollada. Ciertos países proyectaban, o quizás todavía proyectan, la imagen de encontrarse ad portas de esa situación, pero ninguno ha adquirido plena carta de ciudadanía de nación desarrollada. Si alguno la tuvo hace más de 50 años, como podría ser Argentina, en estos momentos la ha perdido. Como pueblo continental del Río Grande a la Tierra de Fuego, hemos perdido espacio frente al Norte o primer mundo y también frente al Asia Pacífico, que no obstante sus recientes dificultades financieras, tiene un dinamismo económico bastante mayor que el nuestro.
¿Qué ha pasado y que podemos hacer para salir del atolladero? ¿Qué papel ha jugado la corrupción para hacer del “mal gobierno” contra el que se rebelaron nuestros antepasados, la «bestia negra” de todos los días? Para dar cabal respuesta a estas interrogantes tendríamos que hurgar en la historia, lo cual desborda la temática de esta presentación. Sin embargo, no podemos omitir ciertos rasgos comunes en la mayoría de los países iberoamericanos. Por ejemplo, todo o casi todos ellos (Brasil y Chile resultan una excepción) atravesaron por una etapa anárquica inicial en la que los caudillos militares de las guerras de independencia, eliminados San Martin y Bolívar, se disputaron violentamente el poder. En los países andinos muchos de estos caudillos eran mestizos que habían ganado sus ascensos en los campos de batalla. Luego, en la segunda mitad del siglo XIX los regímenes políticos comenzaron a consolidarse, en algunos casos a través de la perpetuación de dictaduras militares o personales, como por ejemplo Porfirio Díaz en México, García Moreno en Ecuador, Guzmán Blanco, Cipriano Castro y Vicente Gómez en Venezuela.
Al final del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX se observa una consolidación institucional con gobiernos de corte liberal, no necesariamente democráticos pero sí constitucionales, apegados a la ley y promotores del progreso económico, científico y tecnológico. La mayoría de estos gobiernos eran razonablemente honestos, si bien social y étnicamente excluyentes, con abrumador predominio de las élites blancas, pero cuidadosos en evitar dispendios, entre otras razones para no incurrir en déficits presupuestales y en la moratoria de su deuda externa, que servía de pretexto para la intervención extranjera. En aquel entonces los gobiernos se ufanaban de la estabilidad monetaria basada en el patrón oro y en la libre convertibilidad. Esta realidad comienza a cambiar lentamente a partir de la década del 20 por el surgimiento de la revolución mexicana y de la revolución comunista en Rusia, los efectos económicos de la Primera Guerra Mundial, el trauma del crack del 29, la emergencia de las ideologías totalitarias de derecha (fascismo y luego nazismo), los primeros brotes de la lucha de clases y finalmente las consecuencias irreversibles de la Segunda Guerra Mundial.
En 1945 con la victoria aliada, a la que Latinoamérica había contribuido con sus materias primas y su apoyo diplomático a los Estados Unidos, nuestros países deben enfrentar una agenda política totalmente distinta. La democracia, no solo política sino social y económica, se impone de manera inexorable. Pero con el apoyo popular emergen gobiernos populistas de corte autoritario. Un modelo será el PRI mexicano que aseguraba dentro del partido oficial de gobierno el monopolio del poder político, con un régimen de corte nacionalista, demagógico y desarrollista, con fuerte inversión pública y estrictos controles económicos. El otro modelo será la dictadura peronista apoyada por el ejército y las fuerzas sindicales, también con un fuerte contenido nacionalista, demagógico y controlista. Ambos estilos de gobierno se prestaron para una gran corrupción enquistada en el gasto público, que beneficia en gran escala las burocracias partidarias y por encima de todo a los jefes de Estado y sus entornos personales y familiares.
La dictadura peronista cae en 1955 por una revuelta de las fuerzas armadas, originándose un enfrentamiento que duró hasta la década del ochenta. La dictadura partidaria del PRI, con sus presidentes no reelegibles, se prolongó hasta la terminación del siglo XX. En el año 2002, Argentina que nunca logró superar la metodología económica del peronismo, aún en los gobiernos de signo opuesto, se encontraba sumida en la más profunda crisis de toda su historia por el exceso de gasto público y de endeudamiento. En su mensaje inaugural, el entonces presidente Duhalde, en una expresión sin precedentes, declaró que Argentina “está quebrada, fundida y no puede pagar sus deudas”. Mientras pronunciaba su primer discurso, las clases medias argentinas, desde sus viviendas, armaron un estruendo de cacerolazos que se escuchaba hasta el recinto del Congreso. El país parecía que estuviera al borde de la disolución. En cambio, México logró transformar sus estructuras políticas y económicas, y el país por la vía electoral cambió en forma pacífica de partido y de gobierno. México y Argentina son dos casos extremos tanto geográfica como políticamente.
El tercer modelo latinoamericano es el de la dictadura militar que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX asume varios ropajes. Tenemos en primer lugar la dictadura militar dinástica, como es el caso de los Somoza (padre e hijos) en Nicaragua y los Trujillo (el Benefactor y su hermano títere) en la República Dominicana. Tenemos también a las clásicas dictaduras militares de derecha (Odría en el Perú, Pérez Jiménez en Venezuela, Rojas Pinilla en Colombia, Stroessner en Paraguay). Estas dictaduras surgieron o se aprovecharon de la Guerra Fría para perpetuarse en el poder, que lo ejercían para beneficio propio y de sus grupos y con gran despliegue de obras públicas de impacto popular. La corrupción en mayor o menor grado fue una de sus características comunes, en especial tratándose de las dictaduras dinásticas que se apropiaron de muchísimos bienes públicos y privados.
También, tuvimos las dictaduras militares institucionales en Brasil, Argentina, Panamá, Perú y Chile de las décadas del sesenta y setenta e incluso ochenta. Estas últimas, con la excepción del Perú, irrumpen contra la amenaza inminente de que la extrema izquierda marxista asuma el poder o la totalidad del mismo. Su gran enemigo es la dictadura comunista de Fidel Castro. En el Perú el régimen militar tuvo la misma motivación, pero por una reacción nacionalista la dictadura de Velasco adopta un programa de corte socializante. En Chile por el contrario, la dictadura de Pinochet, después del derrocamiento del presidente Allende, se identificó con el liberalismo económico en el mejor estilo de la señora Thatcher. Estas dictaduras militares compartieron un profundo desdén por la democracia, así como una masiva violación de los derechos humanos, particularmente en el caso de Chile. La corrupción también fue uno de los signos característicos aunque con distinta incidencia.
Un cuarto modelo son los regímenes democráticos de tendencia social demócrata o liberal, donde los respectivos gobiernos deben negociar con oposiciones parlamentarias de variada beligerancia y que también deben enfrentar la impaciencia popular frente a crisis económicas, mezcladas con acusaciones de corrupción. En muchos de estos gobiernos, el panorama se complicó enormemente por la aparición de movimientos subversivos de gran violencia, también aliados al narcotráfico y a mafias corruptas que pretenden utilizar el gobierno para su propio provecho. Estos regímenes, asimismo deben tratar con fuerzas armadas todavía renuentes a aceptar la supremacía del poder constitucional y que exigen ventajas colectivas o de grupo para el cumplimiento de sus obligaciones profesionales.
En los países andinos (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) se han presentado situaciones como la descrita anteriormente, que han terminado por resquebrajar y eventualmente a violentar el orden constitucional. Así ocurrió en Venezuela en el año 1992, con el golpe fallido del hoy extinto comandante Hugo Chávez contra el entonces presidente constitucional Carlos Andrés Pérez, que a la postre produjo la caída de este último por acusaciones de corrupción y seis años más tarde a la elección popular del “revolucionario” comandante. El gobierno de Chávez degeneró en una dictadura populista hasta su muerte y ahora su sucesor Maduro aplasta por todos los medios a la oposición democrática, mientras el país se hunde en la miseria. A esto se agregan las graves denuncias por corrupción y narcotráfico imputadas a altos funcionarios de este régimen dictatorial, como es el caso del presidente del parlamento venezolano Diosdado Cabello, entre otros.
En el Perú la evolución fue algo distinta. En la década del ochenta, el Perú fue gobernado por los regímenes constitucionales (Belaunde y García) que debieron enfrentar la amenaza terrorista y la acción disociadora del narcotráfico, agravada por la crisis económica y financiera, parcialmente incrementada por las malas políticas inspirados en el populismo económico del segundo. El gobierno de Belaunde fue criticado por no haber sabido articular políticas que superasen la recesión, mientras que García fue acusado de negligencia, corrupción y de haber desencadenado la peor inflación en la historia del país. Al producirse la inesperada elección de Fujimori, que escasos meses antes era un completo desconocido, el Perú pasaba por un momento de gran tensión en el campo económico y político. En ese ambiente, Fujimori decretó medidas radicales de ajuste que fueron aceptadas pasivamente por la opinión pública, como si hubieran sido algo inevitable que tenía que venir tarde o temprano.
Año y medio después, Fujimori coludido con el alto mando militar, dio un golpe de Estado para disolver el Congreso y capturar el Poder Judicial, pretextando que la oposición parlamentaria no lo dejaba gobernar. Inesperadamente a pesar de la oposición de los partidos políticos y de las críticas externas, la opinión pública respaldó el golpe. Sin embargo, la presión popular obligó a Fujimori a retroceder parcialmente, para lo cual convocó a elecciones destinadas a elegir un Congreso Constituyente al que se le agregó el calificativo de democrático. Es en estas circunstancias que con la asesoría de un ex capitán del ejército convertido en Jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional, Fujimori concibió una estrategia de copamiento político a través de su reelección presidencial inmediata. Logra este objetivo en 1995 y no bien inaugurado su segundo período, Fujimori comienza a trabajar para ser nuevamente reelegido en el año 2000, basado en unos aspectos positivos de la fase inicial de su gobierno tales como controlar la inflación y vencer al terrorismo.
Sin embargo, el humor público había cambiado notablemente por la emergencia de indicios visibles de masiva corrupción en su entorno inmediato, particularmente en su asesor de inteligencia y socio en el gobierno, Vladimiro Montesinos, a quien se le consideraba el poder real detrás del trono. Fujimori logró imponerse nuevamente en las elecciones del año 2000, pero su victoria se convirtió en un triunfo pírrico por las maniobras fraudulentas realizadas por el organismo electoral controlado por el gobierno. Finalmente, la exhibición de un video en el que Montesinos aparece sobornando a un parlamentario de oposición para que se pase a la bancada oficialista, desató una tempestad política que al cabo de dos meses condujo a la huida de Fujimori al Japón. Casi simultáneamente se descubren centenares de videos grabados por Montesinos, en los que el asesor se mostraba sobornando con dinero del Estado, o de procedencia ilegítima, a jueces, fiscales, políticos, parlamentarios, periodistas, empresarios de prensa. En consecuencia, puede afirmarse que la caída de Fujimori en el Perú se produjo por un sentimiento de hartazgo en el público por la corrupción gubernamental, que además había contribuido a deteriorar el panorama económico por el robo e impunidad en beneficio de un pequeño grupo de privilegiados y de allegados al gobierno.
En el presente siglo, el Perú ha tenido, después del gobierno transitorio de Valentín Paniagua, una sucesión democrática que arrancó con Alejandro Toledo, siguió con Alan García y hoy gobierna Ollanta Humala. Estos regímenes son acusados de corrupción con pruebas de diversos alcances recibidas paradójicamente del exterior y que el pueblo tiene la sospecha, por no decir la certeza, de que el gobierno es utilizado como botín de enriquecimiento, en el cual los mandatarios sufren inmensas dificultades para acreditar la legitimidad de su patrimonio.
¿Qué podemos sacar en limpio de esta evolución? En esencia las siguientes conclusiones finales:
- Una débil institucionalidad de los poderes públicos, agravada por la poca fe que despiertan los gobernantes a los que se les mira como ineptos, vacilantes y corruptos.
- Un desprestigio de la ley y de los procesos judiciales a los que no se les considera como los instrumentos idóneos para resolver los problemas inmediatos de los diferentes estratos de la población.
- Como consecuencia de lo anterior, la primacía del criterio que la actuación honesta puede no conducir a soluciones positivas, siendo por lo tanto necesario recurrir a métodos más pragmáticos o violentos.
- En determinados momentos y particularmente en ciertos estratos de la población, se impone la errada creencia que el buen ladrón y el buen asesino es preferible a gobernantes mejor intencionados, pero de actuación más lenta por sus reparos o escrúpulos legales.
- Paradójicamente, cuando los gobiernos autoritarios y corruptos son rechazados por el pueblo, debido en gran medida a la sensación de impunidad que se desprende de sus acciones, se crea la convicción popular de que los gobiernos tienen que actuar imbuidos de un código de ética que permita una administración más eficiente y honesta.
- En vista de lo anterior, tiende a consolidarse una creencia que los gobiernos democráticos con todas sus limitaciones son mejores que las dictaduras más eficaces, en parte por la convicción que el autoritarismo inevitablemente conduce a la corrupción, con el agravante de que esos gobiernos violan sistemáticamente los derechos humanos del pueblo, sea en forma directa o indirecta.
- Este sentimiento de apoyo crítico a la democracia puede servir de punto de partida para la reconstrucción de los valores en la gestión pública y también de relanzamiento de un sistema de gobernabilidad sustentado en el respeto al Estado de Derecho. Ello también por la convicción que el desarrollo económico demanda el cumplimiento de una ética pública, sin la cual el progreso y el desarrollo jamás serán alcanzados.
