Claudia Lucía Castro Barnechea
Magíster en Derechos Humanos. Asesora de Litigio en el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y reproductivos- PROMSEX. Jefa de prácticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú y docente en la Universidad Norbert Wiener.
“(…) un mundo que se descuida de sus niños, que destruye el encanto de su infancia dentro de ellos, que pone un fin prematuro a su inocencia, y que les somete a toda suerte de privaciones y humillaciones, efectivamente no tiene futuro”
(Cancado Trindade)
En octubre de este año, en el marco del Día Internacional de la Niña, organizaciones de la sociedad civil presentaron el primer caso peruano ante el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas[1]. Este es el caso de Camila, una niña indígena de la serranía peruana que fue víctima de violación sexual por parte de su padre, quedando embarazada y pasando por una serie de deficiencias y obstáculos de funcionarios y funcionarias estatales, impidiendo así el acceso de la niña a la interrupción legal del embarazo y criminalizándola por la pérdida espontánea que sufrió.
El caso de Camila es el de miles de niñas en el Perú, víctimas de episodios terribles de violencia sexual, en su mayoría a manos de familiares cercanos que toman ventaja de su poder en el hogar para violentar a las niñas, causándoles secuelas graves para su vida, integridad y salud que se arrastran el resto de la vida.
Camila resultó embarazada como consecuencia de los episodios de violación sexual cuando tenia 13 años, pero venía siendo violentada por su padre desde que tenía 9 años. Al enterarse del embarazo, Camila acudió a un centro de salud en su comunidad, en donde se le omitió información relevante sobre su embarazo de riesgo y se incumplió con la normativa vigente al no indicarle la posibilidad que tenia de solicitar la interrupción legal por razones terapéuticas del embarazo. La atención en salud fue deficiente y manifiestamente vulneratoria, llegando al punto de recibir visita de la obstetra del centro de salud con la intención de forzarla a seguir con el embarazo, incluso en compañía de un efectivo policial que certificara la negativa de la niña a continuar.
La conducta de los funcionarios y funcionaras del sistema de justicia no fue mejor. La fiscal encargada del caso de violación contra el padre de Camila denunció a la niña luego de pasar por una pérdida espontánea del embarazo, considerando que la niña había sido responsable y se había ocasionado el aborto intencionalmente. Esta denuncia de la fiscal no solo no tenía fundamento ni prueba alguna, sino que se basó en una serie de estereotipos de género respecto de la maternidad, usando declaraciones de la niña en Cámara Gesell y frente a psicólogos/as en las que Camila señalaba que no quería ser madre, en medio de lágrimas y desesperación, diagnosticándole estrés post traumático, depresión e ideación suicida.
Sin importar la pesadilla que vivía la niña, la fiscal comenzó la persecución en su contra, ordenando diligencias de investigación fuera del ámbito de la violación sexual, llegando incluso a pedir la exhumación de los restos del embarazo luego de la pérdida. La criminalización de Camila se concretó cuando fue encontrada responsable en primera instancia y se le denominó “adolescente infractora”, decisión que pudo ser revocada gracias al esfuerzo de Promsex, organización de la sociedad civil que asumió la defensa y acompañamiento de Camila en la serie de sucesos que tuvo que enfrentar.
Así de deplorable fue la actitud del Estado frente a Camila. Lamentablemente, como señalaba, el caso de Camila no es un caso aislado, por el contrario, es un patrón de comportamiento del Estado peruano que empieza por una deficiencia absoluta en su labor de prevención de la violencia sexual y que se materializa en el trato inhumano que se le da a las niñas y adolescentes que tienen que superar una situación de esta magnitud.
Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, de la cantidad de violaciones sexuales producidas entre el 2013 y 2018 en el país, el 28.5% de las víctimas fueron niñas/os de 0 a 12 años y el 54.9% adolescentes de 13 a 17 años[2]. Esta realidad ha ido empeorando con el paso de los años, teniendo cifras cada vez más alarmantes, más aún en el contexto de la pandemia.
Las cifras oficiales nos señalan que en el Perú tenemos un aproximado de 70 partos de niñas, púberes y adolescentes embarazadas entre 9 y 17 años diariamente[3]. En el 2019, se presentaron más de 1300 partos de menores de 14 años[4] y en lo que va del 2020 (hasta setiembre) se reportaron 758 niñas menores de 14 años que fueron madres[5], de las cuales 20 niñas eran menores de 10 años.
Estas cifras nos muestran un panorama lúgubre para las niñas peruanas, panorama que demuestra la falta de efectividad de la prevención y atención adecuada a las niñas y adolescentes que pasan por esta situación. No solo hay deficiencias evidentes en la atención médica en general, sino que además no se aplica la Guía técnica referente a la interrupción del embarazo por razones terapéuticas, más aún cuando consideramos que no se toma en cuenta que los embarazos de niñas son 4 veces más riesgosos que los de mujeres adultas y que los efectos dañinos en la salud mental son siempre mayores en una niña que, luego de pasar por violencia sexual, debe sufrir un embarazo forzado.
Ante esto, es importante recordar que la interrupción del embarazo por razones terapéuticas es legal desde 1924 en el Perú. A pesar de eso, no se aplicaba de manera real pues no existía normativa adecuada que garantice un procedimiento para exigir dicha interrupción y esto generaba miedo en los médicos quienes no aplicaban la interrupción, en muchos casos, por temor a afrontar procesos penales.
Como consecuencia de esta deficiencia en la implementación de normativa nacional acorde con la posibilidad de interrumpir esos embarazos, se generaron situaciones de vulneraciones de derechos como los casos K.L y L.C. presentados ante el Comité de Derechos Humanos y Comité de discriminación contra la mujer (CEDAW) de Naciones Unidas. Ambos casos relativos a menores de edad con embarazos riesgosos para sus vidas y salud que no pudieron acceder a la interrupción en resguardo de su integridad. Debido a eso, ambos Comités declararon que el Estado peruano era responsable internacionalmente por estas situaciones, señalando que era necesario reparar a estas mujeres y generar normativa interna que permita hacer efectiva la legalidad de la interrupción terapéutica.
Es así como en el 2014 se aprueba la Guía técnica de interrupción para casos en los que hay riesgo para la vida o salud de las mujeres[6]. A pesar de eso, como podemos ver con el caso de Camila, la Guía sigue siendo una norma sin aplicación real y significativa cuando se compara con la cantidad de casos en los que debería usarse.
La Guía, además de tener serias deficiencias en su aplicación, también tiene grandes falencias en su contenido puesto que no cuenta con enfoques necesarios como el enfoque de niñez, de interculturalidad, discapacidad, entre otros. De esa forma, se convierte en una norma técnica que no es suficiente para cubrir los casos que se dan en la realidad y el ámbito de protección que se necesita para generar mecanismos rápidos y efectivos.
De igual forma, se ha dejado de lado el importante tema de la salud mental y el impacto de estas situaciones en las mujeres, en especial en las niñas y adolescentes, así como la causal de salud vista y enfocada desde el ámbito de la salud mental como causal permitida para el acceso a la interrupción por motivos terapéuticos.
Hay mucho todavía por hacer en el Perú. Grandes brechas y enormes carencias, agravadas por una sociedad que se niega a ver el problema en su real dimensión. Hasta que no veamos con claridad la situación de nuestras niñas y adolescentes y no tomemos medidas como sociedad y Estado, miles de niñas seguirán pasando por la tortura de sufrir violencia sexual, padecer el maltrato y persecución estatal e intentar sobrevivir bajo el estigma social de ser una víctima más.
¿Cuántas niñas más pasaran por esta pesadilla antes de que el Estado cumpla con su deber? ¿Cuántas niñas más tendrán que pasar por embarazos forzados fruto de violencia sexual? ¿Cuántas más sacrificaran su salud y su vida en embarazos forzados de riesgo porque se les negó la atención médica adecuada?
Camila le hace ahora un reclamo al Estado peruano y me uno a este repitiendo que “Son niñas, no madres”.
[1] Para más información del caso: https://larepublica.pe/nota-de-prensa/2020/10/09/camila-busca-justicia/
[2] Ministerio Público. Observatorio de Criminalidad. Disponible en: https://www.mpfn.gob.pe/Storage/modsnw/pdf/10055-z1Hb2Mt4Eg6Tn4Q.pdf.
[3] Perú Informa, “Más de 150 mil menores embarazadas atendió el SIS a nivel nacional”, 2018. Recuperado de http://www.peruinforma.com/mas-150-mil-menores-embarazadas-atendio-sis-nivel-nacional/.
[4] Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea 2019. Disponible en: https://webapp.minsa.gob.pe/dwcnv/dwmadrenew.aspx
[5] Para más detalle: Wayka. Más de 700 niñas son madres en lo que va de 2020, según registro del Minsa. Fecha: 11/10/2020. Disponible en: https://wayka.pe/mas-de-700-ninas-son-madres-en-lo-que-va-de-2020-segun-registro-del-minsa/
[6] Guía Técnica Nacional para la Estandarización del Procedimiento de la Atención Integral de la Gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del embarazo menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco de lo dispuesto en el artículo 119° del Código Penal. Disponible en: http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3795.pdf
