Gonzalo Gamio Gehri
Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid, España). Actualmente es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es autor de los libros El experimento democrático. Reflexiones sobre teoría política y ética cívica (2021), Tiempo de Memoria. Reflexiones sobre Derechos Humanos y Justicia transicional (2009) y Racionalidad y conflicto ético. Ensayos sobre filosofía práctica (2007). Es coeditor de El cultivo del discernimiento (2010) y de Ética, agencia y desarrollo humano (2017). Es autor de diversos ensayos sobre ética, filosofía práctica, así como temas de justicia y ciudadanía intercultural publicados en volúmenes colectivos y revistas especializadas
Hace unos días el politólogo Alberto Vergara publicó en El Comercio un sobresaliente artículo, No vacaré, no disolveré[1]. Allí, el autor señala la necesidad de construir un acuerdo de no agresión entre los partidos políticos, basado en el compromiso que –de llegar a ocupar puestos de Estado- los actores no recurrirán a la cuestionada figura de la vacancia presidencial para generar una situación de vacío de poder, ni disolver el Congreso de la República. Vergara añade –con la misma convicción y con algo de escepticismo- que el pacto debería extenderse a respetar la norma que establece que el parlamento no tiene iniciativa de gasto. Tiene toda la razón.
Se trata de una reflexión muy aguda, además de brillantemente escrita. El escepticismo que acompaña el texto es notorio: hasta se puede percibir un tono de desesperanza, un sentimiento que no suele manifestarse en los ensayos de Vergara. La situación del Perú en los últimos meses no alimenta muchas ilusiones en torno al futuro. Hemos podido constatar que un sector mayoritario nuestra autodenominada “clase dirigente” castigó con una insensata crisis política a un pueblo que ya padecía una severa crisis sanitaria y económica. Los políticos privilegiaron sus intereses particulares sobre las necesidades de nuestros compatriotas más vulnerables. Ellos han puesto en evidencia su indolencia frente al sufrimiento de tantos peruanos, así como una profunda irresponsabilidad con el destino de nuestro país. El acuerdo que sugiere Vergara resulta crucial para darle algo de paz y seguridad al ciudadano, pero el autor sabe –como nosotros- que la “clase dirigente” no está a la altura de las exigencias básicas que constituyen este pacto como un arreglo político fundamental.
“Un pacto como el propuesto puede darle aire a una democracia que, como el país, se queda sin oxígeno. Insisto, esto no resuelve problemas profundos, e incluso firmándolo podríamos seguir nuestro camino turbulento. Pero sentarnos a ver la crónica de una debacle anunciada me parece un peor plan. Los ciudadanos deberíamos poder imponerles condiciones a nuestros políticos para que acaben con el ciclo de inestabilidad. Después de todo, esta es la única temporada en que les importamos”[2].
Aquí el tono es de cierto desaliento frente a lo que se puede esperar de nuestros políticos de oficio. En cambio, subyace al texto una exhortación a los ciudadanos: “sentarnos a ver la crónica de una debacle anunciada me parece un peor plan”. En otras palabras, bajo las condiciones actuales (un futuro congreso fragmentado, el “descubrimiento” de la capacidad de vacar al presidente y de disolver el parlamento, el recurso al populismo más absurdo, la proclividad de cierta prensa a mentir y desinformar, etc.), no es difícil avizorar que caminamos al borde del abismo y que estamos a punto de caer (o quizás –espero que no- que ya estamos mirando dentro de ese abismo). No obstante, el ciudadano puede intentar revertir esta situación, movilizándose para presionar a los candidatos a comprometerse públicamente a no activar estos funestos mecanismos –vacancia / disolución del Congreso/ ilegal iniciativa parlamentaria de gasto-en una hipotética gestión en el poder ejecutivo y en el legislativo. Esa es una idea excelente ¿Nuestra ciudadanía estará a la altura de una tarea como esa? Esa es la pregunta que hay que hacer.
La respuesta no es fácil porque, para articular una, tenemos que dar un paso atrás y tomar distancia frente al aparente caos que impera en la llamada “esfera de opinión pública”. A primera vista, no contamos hoy con algo así como un “debate público”, un intercambio de argumentos sobre los problemas del país en espacios abiertos a la pluralidad de interpretaciones e ideas. El escenario está contaminado por los agravios, por el bullying y por el recurso a la “posverdad”. En la arena política “formal”, encontramos a un candidato populista que promete irresponsablemente gestionar la devolución del Huáscar y la compra de un satélite; asimismo observamos a un candidato conservador que ha hecho del uso de la violencia verbal una peligrosa herramienta política, y que no ha dudado en asumir como emblema político el lema fascista Dios, Patria y Familia, en medio del silencio de quienes entienden perfectamente ese gesto ideológico. Un tercer postulante a la presidencia de la República se compromete a repartir bonos sin exhibir un estudio económico que respalde sólidamente esa promesa. Una cuarta candidata ofrece “mano dura”, una fórmula retorcida que nos recuerda a aquella década gris en la que imperó la autocracia. Las redes sociales están repletas de trolls que expresan una devoción fanática por candidatos puntuales, una horda que tilda de “comunista”, “caviar”, “terruco” o “mermelero” a todo aquel periodista, autoridad o ciudadano que no comulgue con sus slogans. La visceralidad se ha convertido en discurso. En general, la prensa y las plataformas públicas invocan la lógica de “barra brava” antes que la conducta del ciudadano informado, cultor de un sentido crítico, dispuesto a interpelar a quienes compiten para representarlo temporalmente en el ejercicio de las labores de Estado.
En una reciente entrevista concedida a La República, el periodista Juan de la Puente sostiene que el Perú estaría viviendo una “etapa prefascista”, caracterizada por el ejercicio de una “política brutal” que se vale del insulto, del infundio y de la caricatura, con el propósito de lograr la conversión del rival político en un enemigo a destruir. Quien ha estudiado el clima de entreguerras en Europa podrá constatar que, efectivamente, la descripción del entrevistado coincide con el comportamiento de un sector de la opinión pública en Italia, Alemania y España en las décadas del surgimiento del fascismo. Incluso George L. Mosse se refiere a esa época en términos de la “brutalización de la política” [3]. Quizás esta lectura de la coyuntura pueda resultar algo precipitado como diagnóstico, pero señala una tendencia que podemos reconocer en una parte del electorado nacional. Es preciso tomar en serio esta reflexión.
“La política brutal no lo es solo en el sentido de la forma, la política brutal lo es también en relación a los contenidos. Me gustaría decir que la polarización de la campaña implicaría una ausencia de contenidos, y entonces solamente es una especie de populismo vacío, como era antes. Pero lamento decir que no creo que sea eso. Creo que estamos frente a una sustitución de ideas. Las palabras que usan ahora, por ejemplo: liquidar, destruir, suprimir, aniquilar. Ya no es un asunto solo de forma, es de fondo. Estamos frente a la movilización de la diatriba como elemento fundamental, no como sustitución de la antigua política, sino como una forma de establecer un nuevo parámetro peligroso. Creo que la política brutal se junta y se alimenta del periodismo brutal, que recrea este debate de “nuevas ideas”. Me parece que se insulta no porque no se tenga ideas, sino porque se tiene nuevas ideas. Y esa idea es aniquilar al enemigo. Desde ese punto de vista, podríamos decir que el Perú vive un momento prefascista”[4].
Podemos enfrentar lúcidamente esta situación si los ciudadanos nos decidimos a actuar juntos para desenmascarar la mentira, denunciar la manipulación y la demagogia. Necesitamos encontrarnos en el espacio público para discutir y coordinar acciones. Tenemos que preguntarnos si contamos en el Perú con una sociedad civil organizada que brinde escenarios adecuados para un debate público que no desestime los argumentos y las imágenes de la sociedad, sino que se sirva de ellos para orientar nuestras acciones hacia bienes comunes. Las universidades, los colegios profesionales, las ONG, los sindicatos y las iglesias podrían convertirse en foros de esta clase. En ocasiones, estas instituciones han propiciado estrictamente la acción cívica; otras veces ellas han dejado ver sus propias dificultades internas y pruebas para afirmarse como versiones modernas del ágora griego. Talvez se trata de los únicos potenciales foros cívicos que tenemos a disposición. Acaso estos espacios podrían contribuir a formarnos en la disciplina de dar y examinar razones.
El recurso a esta disciplina racional no implica desconocer el lugar de la pasión en la acción política. El contenido sentimental de la vida cívica es decisivo, pero está “trenzado” al ejercicio de proponer y contrastar ideas. Un razonamiento esclarecedor sobre la justicia de ciertas medidas públicas recibe el impulso de nuestra ilusión y confianza; una imagen persuasiva y poderosa de la sociedad que queremos edificar mueve nuestro amor e inspira nuestro compromiso comunitario. El problema surge cuando nuestros sentimientos rehúyen el legítimo escrutinio de la razón y nos entregan a la más virulenta visceralidad. La violencia desatada durante el fascismo y el estalinismo obedece a esta clase de desmesurada irracionalidad. A eso nos lleva silenciar el lógos, el pensamiento crítico.
Actuar como ciudadanos equivale a tomar las riendas de nuestras vidas: la acción política es expresión de libertad. El artículo de Vergara se muestra escéptico respecto de la conducta de nuestros políticos, pero no anula toda esperanza frente a lo que los ciudadanos podemos hacer con la comunidad política. Este acuerdo ‘No vacaré, no disolveré’ solo podrá convertirse en viable si nosotros presionamos para que sea suscrito. Si prometemos castigar en las urnas a aquellos candidatos que coqueteen con la idea de producir anomia o anarquía en el país, quizás será posible que este pacto vea la luz. Solo podremos asegurar su vigencia si fiscalizamos a quienes se han comprometido a respetar sus exigencias. Nuestra “clase política” – salvo honrosas excepciones- se ha evidenciado inescrupulosa, mediocre e irresponsable; a estos exponentes de la política criolla no les interesa en absoluto llegar al Bicentenario para alcanzar algo de lo cual enorgullecerse. Los ciudadanos podremos abrir algún horizonte de esperanza en la medida en que podamos desatender los cantos de sirena de la irracionalidad que entonan los políticos de oficio con el propósito de manipularnos a sus anchas. Del mismo modo, podemos apelar a las obligaciones y compromisos que entraña el pacto mencionado como una herramienta para separar la paja del trigo a la hora de votar. Estas elecciones no ponen a prueba a la “clase política” –pues no esperamos mucho de ella-; nos pone a prueba como ciudadanos ¿Nos comportaremos como agentes políticos o sucumbiremos a la irracionalidad?
Esta no es una pregunta dirigida al “análisis sociológico”, una interrogante que encontrará respuesta pasadas la primera y la segunda vuelta, probablemente luego del cumplimiento de nuestro controvertido Bicentenario. Este tipo de análisis recurrirá al examen de datos estadísticos y a la contrastación de “hechos”. La pregunta apela al sentido de nuestras acciones. No nos remite a la acción de la ciudadanía “en general”, sino a nuestras acciones, a mis acciones. Qué vamos a hacer, qué voy a hacer a escasas dos semanas de ir a votar. Tenemos, por un lado, el comportamiento estridente de las hordas de trolls en las redes; por el otro, el ejemplo de la conducta de la generación del Bicentenario, que mostró un genuino interés por darle forma al curso de la cosa pública. Quizás esta no sea la hora de marchar, pero sí de discutir y evaluar gestos y propuestas en la arena política. Los jóvenes pueden marcar otra vez una pauta significativa para la acción cívica. En nuestras manos está llegar a este 28 de julio preservando la institucionalidad democrática y salvaguardando los cimientos éticos del ejercicio de la política. Nosotros debemos honrar este compromiso común.
[1] Vergara, Alberto “No vacaré, no disolveré” en: https://vergarapaniagua.com/2021/03/21/no-vacare-no-disolvere/ .
[2] Ibid., (las cursivas son mías).
[3] Cfr. Alcalde, A. “La tesis de la brutalización (George L. Mosse) y sus críticos: un debate historiográfico” en: Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, Nº 15, 2016, pp. 17-42.
[4] Entrevista que Juan de la Puente concede a Raúl Mendoza La República, suplemento Domingo 28 de marzo de 2021 en: https://larepublica.pe/domingo/2021/03/28/juan-de-la-puente-la-politica-brutal-ha-terminado-hegemonizando-la-campana/?ref=lre .
