Anghely Lozano
Estudiante perteneciente al décimo superior de la especialidad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Una de las ganadoras del concurso de ensayos “50 años de Conversación en La Catedral” (Lugar de la Memoria y Tolerancia) en 2019. Actual directora del área de Riesgos Financieros de la organización corporativo financiera “The Key” y miembro del área de Eventos y Relaciones Interinstitucionales de la revista “Económica”. Cuenta con una certificación en Mercado de Capitales por la Universidad Antonio Nariño de Colombia, entre otras certificaciones financieras a nivel internacional.
La exclusión en cualquiera de sus formas propicia la desigualdad, la injusticia y la anulación de los derechos básicos de cualquier ser humano; por ello, adoptar una posición contraria a la inclusión de manera general o no propiciarla nos hace parte del problema de hambre y desigualdad que padece el país, en especial, en las zonas rurales y más alejadas de las instituciones que deberían velar el cumplimiento de los derechos más básicos de todos los ciudadanos.
La Inclusión Financiera, según el Banco Mundial, es un factor que propicia 7 de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU, entre los cuales se encuentra el fin de la pobreza, eliminación del hambre, reducción de las desigualdades, paz e instituciones sólidas. Incluso el Grupo de los G-20 [1] se propuso impulsar mundialmente la inclusión financiera; sin embargo, este mismo compromiso no lo hemos presenciado en las propuestas presidenciales de los candidatos actuales.
En el año 2010, más de 55 países han implementado medidas de inclusión financiera, entre ellos, Perú; sin embargo, debido a la coyuntura actual asociada a la pandemia por COVID 19, estos esfuerzos se vieron postergados para poner foco en el plan nacional de medidas sanitarias, cuando en realidad, debieron fortalecerse, ya que entre las recomendaciones de la OMS para contener el virus, se encuentra la sugerencia de realizar transacciones mediante canales financieros digitales antes que utilizar dinero en efectivo para evitar la propagación del virus, para lo cual se requiere un plan nacional de acción que, mediante normas, reglamentos apropiados y medidas de protección al usuario, promueva la inclusión financiera digital.
De acuerdo con el Banco Mundial, “alrededor de 2,500 millones de personas no utilizan servicios financieros formales y el 75% de los pobres no tienen una cuenta bancaria”, lo cual sugeriría que la inclusión financiera es un factor importante para combatir el hambre y la pobreza. Además de estos datos matemáticos y duros que comprueban las desventajas y castigos que obtenemos como consecuencia de ignorar la inclusión financiera, también existen pruebas reales que podemos presenciar a diario. Aún a pesar de esto, no se ha visto interés alguno en ninguno de los dos candidatos que aún hoy se disputan la presidencia en potenciar o por lo menos, continuar la estrategia nacional de inclusión financiera que se ha visto tremendamente ralentizada e incluso se puede decir, postergada debido a la ausencia de un buen sistema de gestión de riesgos multidimensionales por parte del Estado.
Actualmente, según el último reporte de indicadores de inclusión financiera de los sistemas de los sistemas financiero, de seguro y de pensiones realizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a pesar de que Perú es el tercer país de Latinoamérica con más oficinas que brindan servicios financieros (sólo superado por Brasil y Bolivia), es el penúltimo en cuanto a número de depositantes con cuenta en el Sistema Financiero, siendo los departamentos de la Sierra y Selva los que cuentan con menos cantidad de ahorristas en el sistema financiero, lo cual sugiere dos cosas: la primera y más obvia es que quienes habitan en estas regiones, no cuentan con excedentes para que puedan tener deseos de abrir una cuenta de ahorros en el sistema financiero y la segunda es que no se ha ejecutado un plan de acción nacional de gran alcance y eficiencia que promueva la educación financiera y que pueda brindarles las condiciones necesarias para que puedan abrir una cuenta de ahorros, que sería el primer paso en el camino de la inclusión financiera, que los motive a participar activamente en el sistema financiero.
Asimismo, está comprobado que actualmente, las entidades financieras otorgan más fácilmente préstamos a varones que a mujeres, pese a que las mujeres presentan menores tasas de morosidad que aquellos [2], esto debido a un sistema patriarcal y excluyente, cuyas doctrinas aún no terminan de ser desestimadas pese a las muchas pruebas tangibles de su ineficiencia en términos de progreso económico. La urgencia de la inclusión financiera radica en que mejora la calidad de vida de las personas de manera global, ya que permite llevar nuestra vida cotidiana más fácilmente, nos permite gestionar los diferentes riesgos de una mejor manera, facilita la posibilidad de planificar todos los aspectos de nuestra vida mediante el acceso a créditos y seguros, creación o ampliación de negocios e inversión en educación y salud.
Entonces, si la inclusión financiera es tan importante en el desarrollo de un país cómo es posible que los candidatos a la presidencia no se han tomado la molestia de al menos mencionarlo en sus planes de campaña o conferencias de prensa. Esta es una pregunta difícil de resolver, pero se puede pensar en dos posibles respuestas: la primera es que no se encuentran lo suficientemente capacitados para reconocer y asumir los retos que implica nuestra economía, mientras que la segunda es que respaldan la indiferencia que por siglos ha caracterizado a sectores que sólo velan por sus intereses sin importarles el bien común y de cada uno de los integrantes de una democracia.
Lamentablemente, a puertas de la celebración de nuestro bicentenario, no encontramos en un escenario muy polarizado y no se ha considerado la idea de que tanto la Derecha como la Izquierda actuales deberían tener en común un genuino interés por promover la inclusión financiera de las poblaciones más vulnerables del país, en especial, dada nuestra dolorosa historia, ya que la peligrosa combinación del sentimiento de exclusión por parte de quienes no tienen acceso a productos financieros que los ayude a facilitar o mejorar sus vidas, sumado a la desidia de otro sector que se encuentra cómodamente disfrutando de los mayores beneficios de la modernidad financiera, que como ya lo hemos sustentado, abre las puertas a una mejora en la calidad de vida de las personas en ámbitos esenciales como la educación y la salud, puede ( y ya se ha comprobado tristemente durante la etapa de violencia de nuestro país) interrumpir la paz de un Estado.
Hoy en día, contamos con entidades como la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) y la SBS, que promueven la inclusión de género y financiera, por lo que han venido realizando esfuerzos en base a un plan de acción que ha dado pequeños, pero constantes frutos durante este tiempo y que promete seguir abriendo las puertas del mundo financiero a las poblaciones rezagadas de nuestro país con la finalidad de impulsar la prosperidad nacional. Estas entidades y sus planes de acción deben continuar realizando sus funciones apoyadas por el nuevo gobierno; por ello, quien tome la posta en el sillón presidencial, debe comprometerse a continuar alentando estos esfuerzos y promoviendo la inclusión financiera de todos los peruanos y no sólo de un sector en especial.
Desde nuestra posición como ciudadanos y agentes políticos, debimos exigir la presencia de un proyecto de acción detallado que promueva la inclusión financiera en los planes presidenciales de los candidatos; sin embargo, en miras a un deseo de aprender de nuestras lecciones frente al inminente bicentenario de nuestro país, debemos estar vigilantes a que el nuevo gobierno apoye, impulse y mejore los proyectos de inclusión financiera que existen actualmente en pos de una sociedad más justa y democrática.
[1] Grupo de los 20 ministros de las economías más avanzadas del mundo.
[2] Véase en https://www.youtube.com/watch?v=1HGZo7vppAU.
