Ricardo Cuenca
Doctor en educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Investigador principal del IEP. Consejero del Consejo Nacional de Educación y profesor principal de la facultad de educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha sido presidente de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana (SIEP) y presidente de Foro Educativo.
“Un pueblo vale lo que vale su educación, y la misión más intensa de su Estado es esencialmente educadora”
Javier Prado
En las palabras previas del libro La reforma silenciosa, su autor -Manuel Burga- se refiere a la regulación en la educación superior como “una suerte de purgatorio, un tránsito por donde las diferentes universidades están pasando, en muchos casos, como castigo para muchos de los usuarios que las frecuentan”. En la actualidad, las fuertes oposiciones a la reforma universitaria, así como los posteriores proyectos de modificación de la Ley; además de la reciente censura del Ministro de Educación, permitirían concluir que la descripción que hace Burga de la educación superior, hoy, es generalizable a todo el sector.
Esta situación ha generado que sectores tanto académicos como de la sociedad civil critiquen aquellas posturas que sostienen que los cambios implementados son perjudiciales a la educación. Así, en la presente entrevista Ricardo Cuenca -investigador principal del IEP- comenta sus apreciaciones sobre la actual Ley Universitaria, los intereses que han estado detrás de los ataques a ésta, y finalmente resalta cómo la universalización de la educación, bajo la regulación anterior, no generó una mejora sustancial a nivel social.
Promulgada la ley universitaria, distintos sectores la criticaron y en más de una ocasión se presentaron propuestas para modificarla. Dejando de lado aquellas que tienen intereses de por medio, ¿qué aspectos de la Ley Universitaria podrían ser reformados?
En primer lugar, hay que responder esa pregunta en dos partes. Primero, que la Ley Universitaria debería estar acompañada de otros aspectos para poder instalar, de manera efectiva, una reforma en la educación superior. Este sería un plan extra ley que debería acompañar a fin de fortalecer aquello que necesita la Ley.
Por otro lado, hay algunas cosas que, más que modificar, deben ser atendidas ya que han sido ausentes en la reforma. Uno de estos aspectos es la carrera de los docentes universitarios, se debe de buscar que éstos tengan un escalafón, especialmente aquellos que trabajan en universidades públicas, con la finalidad que tengan un desarrollo meritocrático en su carrera. Así mismo, creo que debería hacerse un poco más de énfasis respecto de la organización de la investigación y los fondos a los que se recurre. Otro aspecto que no fue tan desarrollado fue el relacionado a la Responsabilidad Social Universitaria al cual se ha dejado un espacio muy abierto a las decisiones de cada universidad. Éstos serían unos aspectos que deberían modificarse.
Así mismo, es necesario tomar en cuenta que hay unos aspectos que parecen muy importantes cuando se miran dentro de una universidad, pero pierden importancia cuando se miran desde el sistema. Uno de ellos es el relacionado con los desacuerdos en la edad de jubilación de 70 años. Aún cuando las cifras señalan que es un tema menor, pues alrededor de un 5% del promedio tiene esa edad o más.
A pesar de haberse promovido una Acción de Inconstitucionalidad, y diversos Proyectos de Ley para modificarla, la Ley Universitaria tiene un porcentaje de respaldo amplio. En ese sentido, ¿intereses de qué tipo están detrás de los ataques a la Ley, y cuál sería la agenda de éstos en el sector educación?
Son intereses muy particulares, ya sean públicos o privados. Es decir, cuando un congresista ofrece a sus electores que hará, en la provincia de donde proviene, una universidad, está sobreponiendo intereses particulares, en este caso electorales, frente a los intereses que debería tener el país o el sistema universitario. Así mismo, hay intereses particulares privados que tienen que ver con la posibilidad de beneficiarse con un negocio, de tratarse de una universidad con fines de lucro.
Entonces, hay un paquete de intereses que se anteponen a los objetivos mayores del país. Pero también hay otro paquete de intereses que son ideológicos, que son quienes creen que el Estado no debe regular la calidad, porque eso es una intervención del Estado cosa que es equivocada pues fue la solución que se le dio al problema anterior y fue donde el mercado no cumplio bien su tarea de regulador de la calidad.
Entonces, serían estos dos intereses -particulares e ideológicos-son las dos bases principales.
Finalmente, uno de los aspectos que se rescata del DL 882 fue el marcado incremento en el acceso a la educación, que actualmente se refleja en la oferta educativa primaria, secundaria y superior. ¿Se reflejó lo mismo en términos de movilidad social ascendente y en la tasa de retorno en la educación?
No. Porque esta ampliación fue muy desordenada y desregulada en cuanto a calidad. Entonces, efectivamente se democratizó el acceso: hubo más oferta para que una mayor cantidad de personas estudie, pero la calidad no fue considerada como parte de esta masificación. Ello trajo como consecuencia que una persona que asista a la escuela o termine su educación sea un indicador de movilidad social ascendente, pero en ningún caso de mejora de situación porque como se ha ampliado la cobertura y se mide por años de estudio si hay más cobertura respecto a los padres efectivamente se puede hablar de movilidad social sin que ello se refleje en términos de mejor vida porque la calidad no ha sido buena.
