Mildred Rooney
Magíster en Ciencia Política y Gobierno con mención en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Co-investigadora del Grupo de Investigación del Orden Internacional y Órdenes Regionales (GIOR) de la PUCP
El resultado de las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano se pensó encontraría un masivo respaldo popular. Según los sondeos previos al referéndum del pasado 2 de octubre, la opción del “sí” sería acogida mayoritariamente. Sin embargo, el optimismo de los votantes, la administración de Juan Manuel Santos, los líderes de las FARC, analistas y periodistas nacionales y extranjeros, se tradujo en incertidumbre con posterioridad al comunicado oficial de la victoria del «no» en las urnas. Solo el 37.2% de la población habilitada decidió sufragar y, por un estrecho margen de 0.50% la respuesta negativa a la pregunta “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”, finalmente, consiguió imponerse.1
Pero esto no es lo único que causó sorpresa, otra noticia que también captura la atención de sobremanera, es la posición adoptada por el expresidente Álvaro Uribe, principal promotor del “no”. Después de conocida la victoria de su campaña contraria al acuerdo final, el líder del partido Centro Democrático (CD) se pronunció a favor de la finalización del conflicto mediante una paz negociada y no por las armas, con justicia y sin impunidad. Ha denominado su propuesta, el “gran pacto nacional” que se sostendría en tres ejes: (1) el tratamiento diferenciado para los miembros de las FARC que no hayan cometido delitos atroces; (2) el otorgamiento de garantías de que no se retornará a la violencia; y (3) la creación de una legislación especial que alivie la situación judicial de los efectivos de las Fuerzas Armadas procesados por acciones en el conflicto armado.2
Primer desafío para la legitimación del proceso: la “personalización”
El rol destacado del expresidente y el del actual jefe de estado, Juan Manuel Santos constituye, precisamente, uno de los desafíos más importantes que enfrenta el proceso y su consecuente legitimación. Ambos actores políticos han concentrado sus esfuerzos en personificar las dos posiciones contrapuestas en el proceso de paz. Así, en un extremo se ubica el compromiso personal de Santos con el éxito del emprendimiento, mientras que en el otro, su principal detractor Uribe ha conseguido catalizar su rechazo e identificarlo consigo mismo, sobre todo, después de los resultados de la consulta popular.
Pero, ¿cuáles son los riesgos generados por esta dinámica para el asunto de fondo, esto es, conseguir una paz estable y duradera como se les preguntó a los colombianos en el plebiscito? Primero, que la personalización del proceso obstaculiza el debate sobre los temas de fondo, puesto que se identifica a cada político con su posición. Debido a que la popularidad de Santos ha ido disminuyendo, por razones que van más allá de su afán por concluir las negociaciones con las FARC, esta caída también ha afectado el resultado de las negociaciones por efecto de la asociación entre el actor y la acción política. Como ha señalado la profesora Yanina Welp en una entrevista a la BBC: “Si el proceso [de referendo] lo inicia un presidente, muchos votos negativos serán de aquellos que se oponen a su figura, sin más”. 3 Al otro lado, Uribe contrariamente, goza de una aceptación creciente al punto de ser el senador más votado de la historia colombiana,4 lo que ha decantado en una acogida amplia de la campaña opositora.
Un segundo punto a tener en cuenta, es que Santos -recientemente galardonado con el premio Nobel de la Paz- participó en el gobierno de Uribe como ministro de defensa (2006-2009) y fue durante su gestión que se produjeron las eliminaciones de “falsos positivos”.5 De manera que pese a sus manifiestas pretensiones de asegurarse el reconocimiento generalizado -dentro y fuera- como el “pacificador”, las dudas y el recelo sobre lo que se negoció y de que la vocación dialogante trascienda la coyuntura, habrían conseguido calar en la voluntad del electorado, más aún, porque su mandato concluye en un par de años y es un «imposible jurídico» que siquiera intente la re-reelección.
De forma similar, el manifiesto afán del presidente por concretizar el acuerdo prontamente, también habría contaminado lo negociado en el extremo que contribuye a afianzar la desconfianza en lo que se plantea para asegurar la paz. Principalmente, respecto de las concesiones conferidas a la guerrilla en cuanto a la judicialización de los crímenes cometidos a través del llamado “Sistema de Jurisdicción Especial para la Paz”,6 la asignación de la pensión mensual temporal, la asunción de las reparaciones a las víctimas y la participación política. Todo esto que fue eficazmente encapsulado por Uribe dentro del concepto de “impunidad”.
Segundo cuestionamiento: las negociaciones previas
De otra parte, Santos tampoco es el primer gobernante que ha intentado pacificar el país a través de la conciliación de voluntades con los líderes guerrilleros. Los antecedentes de esta estrategia registran cinco ocasiones previas. La primera se dio en la gestión de Virgilio Barco, que consiguió el desarme del Movimiento 19 de abril (M-19) en 1989. En esa oportunidad, muchos migraron hacia las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y aquellos que optaron por postularse a cargos públicos, previa formación del partido político Alianza Democrática M-19 fueron asesinados, como ocurrió con su líder Carlos Pizarro Leongómez. Un segundo intento fallido acaeció en el régimen de Belisario Betancur. Después del cese al fuego declarado en 1984, algunos miembros de las FARC fundaron el partido Unión Patriótica (UP). La pacificación tampoco fue duradera por el alcance limitado de la incorporación a la vida política y los asesinatos de los que militaban en la UP. Más tarde, el expresidente César Gaviria se propuso negociar con el ELN, pero también resultó infructuoso, ya que el Ejército Popular de Liberación (EPL) secuestró al exministro Argelino Durán. El cuarto intento tuvo lugar en el gobierno de Ernesto Samper; incluyó al ELN y al EPL, pero tuvo que abortar por la falta de convergencia entre los términos del gobierno y los de las guerrillas. Finalmente, el quinto ensayo fue el de Andrés Pastrana y las FARC. En 1999, se suscribió el documento “Por el Cambio hacia una Nueva Colombia”, pero todo se interrumpió por el accionar del paramilitarismo organizado en las denominadas “Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC),7 fundadas y financiadas por los grandes terratenientes para proteger sus posesiones.8
Con estos precedentes de incumplimiento de lo acordado y de vaivenes de voluntades sobre la pacificación y el fin del conflicto, tanto por el propio Estado, las fuerzas paramilitares y los movimientos guerrilleros, Santos enfrenta obstáculos que sus predecesores no consiguieron superar eficazmente.
Tercera dificultad: fuerzas opositoras estructurales, institucionales y coyunturales
El presidente busca dejar una huella en la historia y no engrosar la lista de intentos fallidos. No obstante, además de los registros negativos que auguran otro fracaso, el proceso de negociación con las FARC recién culminado el 24 de agosto pasado, enfrentó otras fuerzas opositoras estructurales, institucionales y coyunturales.
Entre las primeras, destacan la situación económica del país, el conservadurismo social y la cultura política caracterizada por el ausentismo electoral. En cuanto a lo económico, actualmente Colombia no pasa por su mejor momento.9 Para este año, las proyecciones gubernamentales de crecimiento se sitúan en un 3.6%, lo que la ubica en el cuarto lugar en América Latina, aunque las proyecciones del Banco Mundial reducen la tasa estimada a un 2%.10 Con esta coyuntura poco auspiciosa, la sola consideración de la tasa de expansión de la economía, si bien inspira cierta confianza, pues no se puede hablar de recesión, no consigue disipar del todo los temores: quedan todavía asuntos urgentes, como la reforma tributaria y el aumento de los salarios.11
En cuanto al factor institucional es posible remitirse a dos actores importantes: las organizaciones religiosas cristianas y la prensa. Las primeras resultaron apoyando al “no”, debido a que el gobierno de Juan Manuel Santos afectó las agendas innegociables del catolicismo y el evangelismo, lo que a su vez reforzó otro factor estructural: el conservadurismo que prima en la sociedad colombiana. Estos temas puestos en agenda fueron coincidentemente coyunturales por su proximidad temporal al referéndum. Así, la distribución del gobierno de publicidad sobre educación sexual en cumplimiento de las disposiciones de la Corte Constitucional para evitar la discriminación de la población LGBTI fue etiquetada por las organizaciones religiosas como una “ideología de género”, amenazadora de los valores de la familia cristiana. Esta oposición también se dirigió al texto del acuerdo final con las FARC que incorporó expresiones inspiradas en un “enfoque de género”.12 De este modo, el estigma de inspiración religiosa contra las políticas de la gestión de Santos fue hábilmente instrumentalizada por Uribe para minar el respaldo popular hacia su contrincante y convencer a los indecisos.
Por otro lado, de acuerdo con Socorro Ramírez,13 la estrategia de comunicación del gobierno fracasó, pues el contenido del documento final no fue explicado adecuadamente a la población, lo que facilitó la tergiversación de un texto tan extenso, con 297 páginas. Inclusive, para sostener este argumento, la autora cita las declaraciones del propio gerente de campaña del CD Juan Carlos Vélez, quien refirió que la estratagema del “uribismo” consistió en insuflar la indignación de la población, con un mensaje constante que apelaba al contenido más debatible: la participación política de los miembros de las FARC con impunidad de los crímenes perpetrados. Pero, la mea culpa no solo ha involucrado al régimen de Santos, sino que también atraviesa transversalmente a los medios de comunicación, los que pese a apoyar el “sí”, no buscaron formar una opinión informada. Su participación se redujo al punto de publicitar enfáticamente la riña entre las visiones oficialista y opositora, sin desarrollar los detalles nucleares del acuerdo final.14
Cabe precisar sin embargo, que el fracaso de la estrategia de comunicación gubernamental se circunscribe al ámbito nacional. En el exterior, la diplomacia pública dio resultados positivos traducidos en un respaldo generalizado de la comunidad internacional y manifestado en el involucramiento directo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el proceso. Por unanimidad, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad han decidido apoyar las negociaciones; inclusive los Estados Unidos, el principal financista del Plan Colombia -que no se precia por su “pacificidad”- ha mostrado abiertamente su entusiasmo. Sobre los móviles que guían su posición, estos podrían ser entendidos en términos de prestigio y/o por la consecución de fines prácticos. El Plan Colombia concluido con una pacificación alcanzada por instrumentos legales, en lugar de las armas sería un triunfo de la implementación de una estrategia que apela por la negociación (poder suave) antes que por la fuerza (poder duro); un estilo que ha sido ampliamente promovido por la administración saliente de Barack Obama. El otro componente presente sería el económico. De acuerdo con el portal ruso Sputnik News, los Estados Unidos habrían presionado al gobierno colombiano a negociar prontamente la paz, debido a que las transnacionales americanas estarían interesadas en iniciar la explotación de los recursos que yacen en los territorios controlados por las FARC.15
Cuarto escollo: el cómo para las FARC
Lo hasta ahora referido se ha circunscrito al gobierno, pero ¿qué se puede decir de las FARC? La personalización también haya su correlato en este actor. Rodrigo Londoño Echeverri, “Timochenko” y la cúpula de las FARC también buscan en el acuerdo final, que se les “perdone” la criminalización de las actividades realizadas al amparo de la “guerrilla” (narcotráfico, secuestros, reclutamiento ilícito, etc.). El elemento de la disminución del riesgo es también importante para estos líderes. Mientras ellos se encuentran en la seguridad de La Habana, los mandos medios y los casi 15000 miembros rasos siguen en los 242 municipios en los que las FARC están hasta hoy presentes16. Justamente, los temores de incumplimiento de los compromisos en la fase de implementación por parte del gobierno, también calan en las filas guerrilleras debido a los antecedentes negativos de asesinatos de los miembros del M-19 y la UP. Así las cosas cabe cuestionarse: ¿qué está en juego para la cúpula de las FARC en la negociación? Si esta fracasa, ¿qué podrían perder?
También vinculado con lo descrito en el párrafo anterior, otro aspecto preocupante en el ámbito nacional y extensible al regional es lo que ocurrirá con los guerrilleros, quienes casi en su totalidad no conocen otro oficio. Por tanto, ¿cómo se logrará el tránsito de la ilegalidad de las actividades de estas personas hacia el sector lícito? Respecto de esto, el documento contempla la percepción de una renta básica mensual de 213 dólares por dos años otorgada por el Estado después de 180 días de firmado el acuerdo. Al término de ese plazo serán beneficiados con la asignación única de 684 dólares para que se reincorporen a la vida civil.17 El otro mecanismo previsto es la formación de un partido político con 10 escaños parlamentarios asegurados hasta el 2027, cinco diputados y otros cinco senadores.
Sin embargo, el escepticismo sobre la efectividad de ambas medidas es latente y los miedos por la migración criminal a sus vecinos, Ecuador y Perú son crecientes, evaluados, mas no exteriorizados oficialmente. Ahora que se plantea volver a la mesa de diálogo saltan las interrogantes sobre cómo se abordará este extremo, puesto que también compone el núcleo duro de los argumentos del “no”.
Quinto desafío para la construcción de la paz estable y duradera: la cuestión de la tierra
Por último, pero no menos relevante, es la cuestión misma del origen del conflicto armado. Tras cinco décadas de violencia resultantes en 260.000 víctimas mortales, 45.000 desaparecidos, unas 11.500 víctimas de minas antipersonales18 y el mayor número de desplazados en el mundo, con un conteo oficial de 6.9 millones,19 es preciso interrogarse, ¿para qué tanta violencia? ¿qué consiguió las FARC con el desangramiento del pueblo colombiano? Los temas de la reforma agraria nunca producida y que los estudiosos del conflicto señalan como principal detonante de la aparición de las FARC y el ELN en 1964 continúan pendientes. Ambas organizaciones comparten la causalidad de su aparición: capacidad estatal deficitaria -tanto en fuerza como en alcance-, altos índices de pobreza en zonas rurales, así como la explotación de tierras de forma inequitativa. El ELN surgió de los movimientos estudiantiles radicalizados, mientras que las FARC es predominantemente rural.
Si bien “Timochenko” ha sostenido que: «Aquí nadie ha renunciado a sus ideas ni arriado sus banderas…, hemos acordado que seguiremos confrontando, pero sin violencia» ;20 es más que evidente que el tema de la reforma rural integral ha constituido un punto álgido en las conversaciones. Sobre este extremo, se ha dispuesto la creación un Fondo de Tierras para asegurar la distribución equitativa, así como la construcción de infraestructura en las zonas rurales a fin de incrementar la presencia estatal en la provisión de servicios básicos e intentar finalmente, cerrar la brecha.
Para el Estado colombiano, la implementación eficiente de estas políticas debería ser considerada una prioridad, puesto que de los seis grandes temas21 dispuestos en el acuerdo final, es el que atacaría el problema de raíz y conseguiría prevenir el surgimiento de otros grupos con una naturaleza y fines comunes a las FARC. Igualmente, una solución a esta problemática también incumbiría a las fuerzas paramilitares, la exacerbación de la violencia no hace más que incrementar el escepticismo por el éxito del acuerdo de paz, más aún cuando pese a la amnistía del gobierno de Uribe, muchos miembros retornaron a la comisión de actos ilícitos, toda vez que estos conforman su modus vivendi.
Consideraciones finales
Las interrogantes son superiores a las respuestas, tanto en número como en importancia ¿Qué sentido tuvo más de cuarenta años de conflicto con millones de víctimas si finalmente lo único que se busca es la amnistía por los crímenes cometidos, pero sin que se produzcan las reformas estructurales que propiciaron el estallido de la violencia? Visto de ese modo, las actividades de las FARC y los otros grupos guerrilleros que en el camino se desvirtuaron con la comisión de actos terroristas y delitos no encontraron finalmente un sentido, sino un desenlace teñido de pragmatismo de una cúpula que busca salvarse, que reduce los riesgos y que encuentra una contraparte idéntica en el gobierno de Juan Manuel Santos.
El presidente involucrado personalmente en el proceso, busca la paz para Colombia accediendo a la (casi) amnistía de las filas de las FARC con la imposición de penas sumamente reducidas –de cinco a ocho años- por la comisión de delitos de lesa humanidad y violación de los derechos humanos, así como por la “legalidad” de las FARC como partido político con cinco espacios asegurados en las cámaras baja y alta por al menos ochos años, aunque no ganen elecciones. Estos dos son los puntos más impopulares entre quiénes han votado por el “no” y aprovechados por el enemigo político de Santos, Álvaro Uribe. ¿Se puede sellar una paz así? Sin respaldo popular, bien porque no se castiga con la intensidad suficiente o porque la ausencia de reformas finalmente no descarta que la violencia estalle nuevamente.
El otro tema pendiente es el de los paramilitares, cuyas acciones no obedecen ni a las fuerzas del orden, ni a las FARC: ¿desaparecerán cuando el motivo por el que formaron “deje de existir” cuando han mutado al punto de amalgamarse con el narcotráfico? ¿qué ocurrirá con sus miembros? Ya se habla del peligro de migración criminal en la región si estas personas no consiguen ser insertadas adecuadamente en la economía formal… Los desafíos que enfrenta Colombia para alcanzar una paz estable y duradera sobrepasa ampliamente el contenido del invalidado acuerdo a inicios de octubre pasado.
