Consejo Editorial Pólemos
Introducción
Pedro Pablo Kuczynski Godard. 77 años. Licenciatura en Filosofía, Economía y Política en el Exeter College de la Universidad de Oxford. Maestría en Economía en la Escuela Woodrow Wilson de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton. Ministro de Energía y Minas del segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry. Primer Ministro y Ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Alejandro Toledo Manrique. Músico. Responde las preguntas de la prensa entre risas y bromas. Esto son datos de conocimiento general para los ciudadanos peruanos. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿quién es el hombre que asume la presidencia de nuestro país este 28 de julio? ¿Quién es el hombre que lleva a cuestas los problemas más urgentes del Perú, tales como la inseguridad ciudadana o un panorama con alta conflictividad social?
El presente pronunciamiento tiene por objeto realizar un análisis tanto del discurso como de las acciones del virtual presidente, con miras a evaluar el impacto de su ideología y motivaciones en la concreción de las propuestas planteadas en su Plan de Gobierno. Para ello, en un primer momento se hará un breve repaso descriptivo de su carrera política, lo cual permitirá conocer su pensamiento y principales motivaciones respecto a tres aspectos: inseguridad ciudadana, educación y economía. A partir de ello, en un segundo momento se enunciarán a modo de contraste las propuestas formuladas en su Plan de Gobierno respecto a las temáticas señaladas. El objetivo es brindar una modesta pero poderosa herramienta a los ciudadanos: la información. Un conocimiento cabal del principal gobernante de este país permitirá estar alerta sobre su proceder y velar por el progreso y bienestar de nuestra Nación.
PPK: el discurso a través del tiempo
Para PPK, la inversión es crucial en la fórmula para solucionar el tema de la inseguridad ciudadana. Sin embargo, ¿cuánto peso tiene esta inversión? “Si sumamos los sectores Defensa e Interior estamos gastando menos del 2% del PBI y está bajando(…) el MEF siempre es tacaño y eso es bueno. ¡Pero no tan tacaño! Hay que invertir porque sin inversión no hay resultados.”[1] Queda claro que lo considera un tema importante, mas, ¿cuánta tacañería podría permitirse su Ministerio de Economía y Finanzas en un país donde el 80 % de peruanos asegura que el nivel de los delitos en el país aumentó en el último año, un 42 % de los hogares fue víctima de un asalto y un 59% percibe aún inseguridad en las calles?[2] Respecto a la ejecución, PPK plantea, a modo de ensayo de cómo se solucionaría la inseguridad vial, hacer cumplir la ley mediante el reforzamiento de la institución policial, aumentar los sueldos de los agentes y brindarles un mejor entrenamiento. Además, afirma la necesidad de reformas elementales en el control del tráfico a partir de la creación de una central electrónica de tráfico para las grandes ciudades, que permita coordinar semáforos acorde al tráfico; y de implementar un nuevo perfil para estructurar todas las grandes avenidas. A ello agrega el agudizar las sanciones para quienes no cumplan las revisiones técnicas establecidas y el aumentar el rigor en el control de brevetes y del SOAT. Puntualiza que lo importante es la interiorización de la educación cívica y la promoción de un transporte público organizado.[3] De ello podemos apreciar que, como el común denominador de la mayoría, sino la totalidad, de los políticos, comparte la importancia al fomento de una educación con valores en la ciudadanía. Particularmente, es notoria el papel que atribuye a la inversión, la cual recae sobre reformas tecnológicas, modificaciones en la planificación de la ciudad y capacitación especializada de los agentes de control.
La inversión también es punto clave en materia de educación. Así pues, critica que en este rubro se gaste menos del 3% del PBI, lejísimos del 6% del PBI para educación prometido por el mandatario anterior, Ollanta Humala.[4] Llama la atención que Kucyzinski se haya proclamado como el Mao Tse Tung de la educación peruana: “Voy a revolucionar la educación del Perú al igual que lo hizo Mao Tse Tung en China,y para eso vamos a empezar por hacer que los colegios públicos tengan agua potable y energía eléctrica en una primera etapa, luego mejoraremos la infraestructura e implementaremos internet para un mejor aprendizaje.”[5] PPK apuesta por una educación de países desarrollados como Japón y Alemania, partiendo del suministro de servicios básicos, refacción de más de 20 mil colegios y renovación 55 mil colegios en mal estado, lo cual supondrá un aumento presupuestario para este sector. Esto ha sido confirmado por Martín Vizcarra, Primer Vicepresidente, quien ha sostenido que por cada año se asignará el 0.5% del Producto Bruto Interno (PBI) para este fin.[6] Este ahínco es motivado, en parte y sin duda, por razones muy personales: “Fui a universidades públicas y estudié en los privados con becas, soy el producto de las becas y conozco de las necesidades de un estudiante y de familias que no tienen plata y sus hijos tienen que estudiar en colegios públicos”.[7] Para el Presidente, la actual Educación necesita una revolución, que desafíe incluso su propia ideología o sentir, comenzando con infraestructura y asignando paso a paso un porcentaje del PBI.
Respecto a las ideas relacionadas a materia económica, es importante destacar dos aspectos: la actitud de PPK ante las industrias extractivas y las propuestas de esta última campaña presidencial sobre política fiscal.
Cabe recordar la Ley N°23231, de la cual Kuczynski fue autor, durante el segundo gobierno de Belaunde, la cual otorgaba beneficios tributarios por reinversión a las empresas encargadas de la explotación de hidrocarburos, en una medida eminentemente a favor de la industria extractiva. Cabe también recordar el arequipazo del 2002, originado por la protesta contra la privatización de Egasa y Egesur promovida por PPK. Ante un saldo de 2 muertos, 200 heridos y 30 millones de dólares perdidos[8], éste da un paso al costado, manifestando que el Presidente de ese entonces necesitaba ministros “más políticos”.[9] A la fecha de hoy, ¿el ahora presidente habrá conseguido ser “más político”? El observatorio de Conflictos Mineros, sólo para este año, ha pronosticado un desborde de conflictos sociales, los cuales encuentran sus focos principales en el proyecto minero “Las Bambas”, cuyo Estudio de Impacto Ambiental fue modificado mediante Informes Técnicos Sustentatorios sin los necesarios mecanismos de participación ciudadana, la ausencia de una reforma adecuada en la lucha contra la minería ilegal y contra la tala ilegal, y los proyectos mineros Tía María y Conga.[10] Este panorama se da de bruces con la propuesta de modificar la Ley N°26221 Ley Orgánica de Hidrocarburos, la cual busca reactivar la actividad petrolera, en la que la inversión entre enero y mayo ha pasado de US$ 174.2 millones en el 2015 a apenas US$ 32.6 millones, disponiendo la ampliación de plazos de exploración y explotación. [11]
Por otra parte, la propuesta de reducir el IGV en un punto porcentual durante tres años ha sido foco de atención durante su discurso político en esta última campaña presidencial. Tiene como objetivo atraer a la formalización a las pequeñas empresas, de tal manera que se genere un balance que prevenga el déficit fiscal, así como también la promoción del consumo.[12] Si bien se encuentra en discusión cuán favorable será la aplicación de la medida, se aprecia, con preocupación, que la perspectiva del próximo mandatario está pecando de optimista al no fomentar, paralelamente, otras medidas que reduzcan la informalidad (con una consecuente reducción de subempleo) y que aseguren un aumento de contribuyentes, con capacidad para sostener el enorme gasto público prometido fervientemente en estos últimos meses. No está demás apuntar que este optimismo podría ser ilusorio en tanto no plantea que, ante la reducción del IGV, los precios se ajusten y la capacidad adquisitiva siga siendo la misma de siempre.
El anterior recuento nos permite extraer la imagen de un PPK cuyas tendencias lo hacen un profesional pragmático, nuclearmente orientado al uso de la economía como foco central de todo cambio integral a nivel nacional pero que ha demostrado un favorecimiento a la inversión en determinados sectores y una actitud no del todo abierta al diálogo en relación a temas en los que se implican sus decisiones políticas. Es de conocimiento popular que el currículum del electo presidente es por demás elogiable pero, si nos atenemos a los hechos que la historia nos ha dado sobre sus pasos en la política y gestión nacional previos a su última candidatura, vemos que Pedro Pablo Kuczynski siempre ha mostrado una gran renuencia a salir del modelo extraccionista nacional y si bien la complejidad de una decisión contraria al mismo y la implementación de una industria nacional sólida es un reto de larga data, vemos que no ha lidiado con los asuntos de corte social que las políticas que ha implementado han ocasionado.
Ahora bien, una vez iniciada una campaña electoral todo candidato busca mostrar sus mejores facetas y enmascarar sus mayores falencias. ¿Qué podemos encontrar en el PPK candidato y presidente electo que sea igual o -en el peor caso- discordante con su discurso pasado?
“Creemos que el Perú merece un futuro mucho mejor”: Las promesas en el Plan de Gobierno[13]
El documento de Plan de Gobierno presentado por PPK para estas elecciones inicia con un mensaje esperanzador: el sueño del mejor futuro para el país, lo cual implica “no sólo crecimiento económico, pero junto con él oportunidades y una vida mejor para todos.” ¿Qué podemos esperar de este gobernante, en materia de seguridad ciudadana, educación y economía, más allá del plan de gobierno?
En cuanto a la seguridad ciudadana, PPK ofrece lineamientos en base a tres ejes fundamentales. El primero, la educación y programas sociales de tipo preventivo para la prevención de la violencia y el delito. Como se mencionó en la primera parte, esta propuesta es común para combatir la delincuencia. Así pues, en el Plan de Gobierno se hace especial énfasis a las políticas de prevención social para enfrentar factores de riesgo (empleo precario, violencia contra la mujer, violencia escolar, entre otros), la creación, en el 2017, de un programa presupuestal por resultados para financiar el Programa Nacional de Prevención y Tratamiento de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal 2018, y de un programa dirigido a jóvenes pandilleros o en riesgo de entrar en conflicto con la ley penal que, mediante la recreación, la educación, la cultura, el deporte y la capacitación para el trabajo, pueda alejarlos de dicho camino.
El segundo eje fundamental consiste en la reforma y repotenciación de las instituciones vinculadas directamente a la lucha contra el quehacer delictivo (Policía Nacional, servicio de Inteligencia y el INPE), en el camino hacia la desarticulación, de manera prioritaria, de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, el raqueteo, el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de tierras. En relación a la vigilancia policial, plantea ampliar su cobertura al 100% mediante el Programa Barrio Seguro. La Policía Nacional se verá beneficiada con el establecimiento de la función policial como servicio público y la moralización de dicha institución con el retiro de los policías involucrados en actos de corrupción, además de modernizar su estructura y gestión. El número de agentes de inteligencia e investigadores en la Policía Nacional se triplicaría para el 2018, garantizando su especialización funcional y dotándolos de herramientas como un laboratorio nacional de criminalística de primer nivel. En relación al INPE, insiste en la urgente refundación del sistema penitenciario, reduciendo el hacinamiento en las cárceles con la construcción de dos cárceles de máxima seguridad y fortaleciendo el Sistema de Control Reforzado de Internos de Criminalidad Organizada. Finalmente, para la lucha contra la corrupción, se plantea reforzar la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción, promover una reforma que prohíba el financiamiento de partidos políticos con aportes del narcotráfico y otras actividades ilícitas e insta a la realización de investigaciones más rigurosas e imposición de sanciones más drásticas. Todo ello, incluyendo los programas de prevención del párrafo anterior, si bien suponen fuertes inversiones y plantean la duda sobre su factibilidad durante este gobierno sin una adecuada gestión del gasto público, resultarían esfuerzos integrales y bien articulados para iniciar la superación de la crisis de institucionalidad que atraviesan las instituciones vinculadas actualmente y aliviar la angustia que generan la violencia y delincuencia.
El tercer eje fundamental es la inclusión de la ciudadanía como agente que se enfrenta al crimen. De esta manera, propone el fortalecimiento de la organización vecinal para la seguridad ciudadana, aumentando el número de juntas vecinales en los barrios del país del 31.7%16 (2013) al 67% (2021), las cuales serían capacitadas por la Policía Nacional. Aquí cabe detenerse un momento para preguntarse la viabilidad de una propuesta cuya intención es loable: el empoderamiento de la población. Sin embargo, en el último año, parte de la ciudadanía se ha levantado en contra del orden jurídico ante la ineficiencia del mismo, con la emblemática campaña “Chapa tu choro”. Los excesos han sido condenables desde la perspectiva del Derecho. ¿Cómo evitar que estos programas de organización vecinal no deriven en ello? ¿Cuáles son los parámetros para su actuación? ¿Cómo se reglamentará? ¿Será la policía el ente adecuado para la capacitación, cuando esta institución tiene innumerables denuncias por detenciones arbitrarias y múltiples abusos contra la vida y la integridad? ¿Cómo garantizar seguridad a quienes integren estos cuerpos, si es que llegaran efectivamente a convencerse de formar parte de la iniciativa?
La tan proclamada revolución educativa se plasma en el Plan de Gobierno, en primer lugar, y como ya se había adelantado en su discurso, con el mejoramiento de la infraestructura del 80% de las instituciones educativas urbanas de la Educación Básica y del 80% de las instituciones educativas rurales; y el proyecto de Colegios Tecnológicos de Alto Rendimiento (COTECAR), el cual se construiría sobre la base de la experiencia de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), con la finalidad de educar empleando las más altas tecnologías informáticas. Es una propuesta acorde la educación de primer mundo que tanto anhela PPK para el Perú. No obstante, sería idóneo que la implementación de estas políticas tome en consideración la realidad de las regiones, y sean parte de una reforma educativa que tome como punto de partida la valoración de las necesidades sociales y económicas de las mismas, y cuente con la aptitud de encontrarse adaptada culturalmente a sus destinatarios. de esta manera, el crecimiento de la calidad educativa de las instituciones educativas será también el crecimiento de sus regiones.
Conjuntamente con la propuesta de un Nuevo Diseño Curricular Nacional, el cual considerará las habilidades para el siglo XXI y las habilidades socio-emocionales (para la prevención de la violencia escolar), serán importantes los estímulos económicos y no económicos para los maestros. Llama especialmente la atención la propuesta de otorgamiento de becas integrales en carreras de educación en universidades e institutos tecnológicos superiores para aquellos alumnos que cumplan, entre otros requisitos, integrar el cuarto superior. Destaca aquí un rasgo preponderante en la ideología de PPK: la valoración de la meritocracia. A lo largo de sus propuestas en materia de educación, el rendimiento destacado, el arduo trabajo y el alto nivel intelectual tienen preponderancia, cuyo fomento es meritorio siempre y cuando se acompañen con políticas anticorrupción que impidan el derribo de este intento de cultura meritocrática. Por último, es óptimo que en su plan de Gobierno se revalorice la educación intercultural bilingüe y se proponga un modelo de educación inclusiva para estudiantes con necesidades educativas especiales.
En materia de política fiscal, el futuro presidente propone, a modo de estímulo temporal al consumo y la inversión privada, que permita a futuro realizar una reforma tributaria integral, simplificaciones y reducciones en las tasas de impuestos. Entre algunas propuestas, se incluye la de la reducción del IGV, tal como se ha desarrollado supra. ¿El resultado? “Nuestros cálculos muestran que, en un escenario optimista, podríamos aumentar la recaudación en 2 puntos porcentuales del PBI en 2019, mientras que en un escenario intermedio, solo sería de 0.6 p.p. genera un estímulo directo al crecimiento económico de corto plazo.” Para que este optimismo se concrete, reiteramos, serán necesarios distintos mecanismos que encaminen a la formalización y que no generen incentivos perversos de ajuste del precio, asegurando la pretendida promoción al consumo. Y que, definitivamente, se disminuyan los niveles de subempleo en un país donde el 70% de la PEA se encuentra en informalidad laboral.[14]
La esperanza de encontrarnos ante un PPK más político que aquel del 2002 podría sostenerse mediante el compromiso con las comunidades rurales y con el medio ambiente afirmado en su plan. Sin embargo, sostiene que existe una “tramitología” (entendido, a su manera, como todo trámite no esencial para la conclusión del proyecto), así como una ausencia de beneficios tangibles para las comunidades y sus regiones, que retrasan a los proyectos más beneficiosos. Propone, para los primeros 100 días de su gobierno, la realización de obras sociales que beneficien a las comunidades en donde se realizará el proyecto minero: colegios, postas médicas, afirmado y viviendas. Además, la modificación de la Ley General del Canon, de tal forma que beneficie a las comunidades aledañas a los proyectos, y programas de apoyo a las empresas que se vean afectadas por los proyectos mineros por efectos secundarios de la explotación minera. Sin duda, habría que tener una mayor precisión respecto a lo que se considerará “tramitología”, y ello, definitivamente, no supondrá suprimir mecanismos de participación. Ello ya ha demostrado, en el proyecto minero Las Bambas, lamentables consecuencias. Asimismo, no debe olvidarse que no basta con la redistribución de beneficios. Es menester generar un marco de transparencia para su gestión y de la adecuación a las necesidades que requieran prioridad en cada región. Por último, no olvidar la importancia del impacto ambiental de las actividades extractivas. El derecho a vivir en un medio ambiente sano es tan importante como un beneficio económico tangible.
Para finalizar este apartado, el plan de gobierno se pronuncia sobre las modificatorias a la Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, mencionando que el objetivo es establecer una política energética de largo plazo, con nuevos esquemas de contratos de licencia y regalías, acorde con las condiciones del mercado de hidrocaburos. Si lo que se busca es posicionar al Perú en el mercado mundial de Hidrocarburos, sería óptimo que, como condición a ello se generen e implementen adecuados mecanismos de gestión de conflictos sociales y se avance en la implementación de las normas de Consulta Previa, si la promesa es una vida mejor para todos.
Reflexiones finales
Pedro Pablo Kuczynski Godard. Impulsador de una cultura de meritocracia y de la revolución de la educación. No sólo de la educación: la revolución quiere llegar hasta la política fiscal y plantear una política tributaria integral que haga frente a la informalidad en el país. Inclusive la revolución llega a las instituciones que han perdido la confianza de la población. Todos estos anhelos requieren un balance económico que sostenga las cuantiosas inversiones que suponen. Mas no sólo eso: requerirán una amplia perspectiva, que permita atacar los problemas planteados desde todos sus ángulos y replantear las propuestas que puedan generar o agravar contextos ya delicados. Y, por supuesto, será imprescindible una actitud de apertura al diálogo y a la gestión adecuada de conflictos sociales, para evitar otro lamentable arequipazo.
A pesar de ello, existe un ánimo en Kuczynski por un país con mejor futuro. Tocará a nosotros, como ciudadanos, mantener una atenta, vigilante, constante y -sobre todo- informada participación ciudadana, que exija el cumplimiento de las promesas hechas en campaña. Que el único interés a proteger y cumplir sea el Perú.
