Antonio Peña Jumpa[1]
Profesor de la Pontifica Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Abogado, Magister en Ciencias Sociales y PhD. in Laws.
El derecho de protesta ejercido por la población peruana en los días siguientes al 9 de noviembre de 2020, tras la declaración de vacancia del presidente de la República del Perú por el Congreso de la República, muestra una realidad de cambio en la sociedad y el país que configura un camino hacía un nuevo Pacto Social o Constitución Política.
Jóvenes, adultos, hombres y mujeres han salido a las calles, en Lima y en las regiones y las provincias del Perú, mostrado un rechazo a la decisión de vacancia. Pero, sobre todo, muestran un rechazo a la corrupción, a la gestión interesada o al acomodo de grupos de poder político o económico en las instituciones del Estado.
Sin partidos políticos y sin un gremio que lidere, la población está mostrando que puede protestar en busca de una mejor gestión pública en la situación de crisis que vivimos tras la pandemia del COVID-19, o el encierro que hemos vivido por la emergencia sanitaria. Es una experiencia semejante a lo ocurrido frente a la Ley laboral con restricción de derechos a trabajadores jóvenes del año 2015 (la Ley Pulpín), pero multiplicado por la necesidad. Es una nueva generación que actúa espontáneamente y una nueva forma de reclamar contra acciones políticas y económicas INJUSTAS, que nuestros líderes de instituciones públicas y privadas no logran comprender.
La decisión de vacar al Presidente de la República pudo tener una legitimidad formal, al estar amparado en el artículo 113º de la Constitución Política y justificado por la corrupción en la que podría estar involucrado el presidente y su gestión pública de gastos millonarios tras la emergencia sanitaria que no ha beneficiado a las regiones y las provincias en nuestro país, pero careció de legitimidad material: la población o la sociedad peruana no esperaba un cambio de gobierno en un contexto de emergencia sanitaria, con nuevos ministros y con nuevos grupos de poder político y económico que pongan en riesgo el erario nacional.
El derecho de protesta se fundamenta en esta ilegitimidad material desarrollada tras la decisión del Congreso de la República. Se trata de un cuestionamiento público a los intereses políticos y económicos que enturbian el proceso de vacancia: los intereses de partidos políticos liderados por personas egoístas que han hecho riqueza con las pensiones de las y los jóvenes universitarios y con la explotación de las y los docentes en sus universidades-empresas, y los intereses de grupos económicos que lucran con las compras-ventas de las instituciones del Estado o con la mano de obra barata que contratan para la producción de bienes y servicios alimenticios o de salud beneficiados en pleno contexto de emergencia sanitaria.
Las y los gobernantes del Perú no logran comprender en que país y bajo qué contexto nos encontramos. Un país diverso incomprendido genera la ilegitimidad material del poder ejecutivo, y la decisión abrupta fuera de contexto de los congresistas genera la ilegitimidad material del poder legislativo. ¿y el Poder Judicial? No aparece. Tampoco aparenta legitimidad material.
Lo más lamentable es que nuestros gobernantes todavía creen ser autoridad en una Jerarquía colonial, donde las Fuerzas del Orden son suficientes para que consoliden su aparente legitimidad formal y donde el uso de la fuerza (con la triste noticia de jóvenes o personas fallecidas, heridas o desaparecidas) puede controlar la protesta. No comprenden que es otro el contexto, al menos desde el año 2015 en que se produjo las protestas contra la Ley laboral que perjudicaba a las y los jóvenes. La generación actual que protesta tiene un arma más fuerte que los perdigones o las bombas lacrimógenas de las fuerzas policiales: el celular con internet.
¿Qué hacer?
Dado el análisis propuesto, la solución se encuentra en la legitimidad material. ¿Cómo conseguimos legitimidad material en las personas y las instituciones del Estado en el actual contexto? No es fácil. La Constitución Política actual está ilegitimada materialmente, por ello lo difícil.
Una solución a mediano plazo es elaborar una nueva Constitución que represente a la diversidad del país y que controle la ambición política y económica de los grupos de poder. Esto supone la convocatoria a una nueva Constituyente en lo inmediato, probablemente para las mismas elecciones programadas para el mes de abril del 2021.
Mientras, en momentos actuales se tendrían que tomar otras decisiones urgentes. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tienen que alcanzar un grado de legitimidad material para gobernar. Algunas sugerencias son las siguientes:
- El Congreso de la República tiene que cambiar de junta directiva. Los representantes con mayor legitimidad formal y material deben asumir esa directiva.
- Los representantes del actual Poder Ejecutivo tienen que renunciar.
- El nuevo presidente del Congreso asume la Presidencia de la República.
- Se convoca en forma transparente a ciudadanos técnicos que asuman los Ministerios. Nunca por “arreglo” político o económico.
- Si el nuevo presidente de la República no alcanza legitimidad material, se vuelve al inicio, hacía un nuevo cambio de directiva en el Congreso.
- Mientras este procedimiento ocurra, el Congreso de la República se compromete a no alterar la política económica, social, universitaria, ambiental u otra que afecte su legitimidad material.
Es seguro que haya otras sugerencias y alternativas constitucionales. Pero, lo más importante es racionalizar que nos encontramos frente a una nueva generación del pueblo peruano que ejerce su derecho de protesta, o su derecho a gobernar con JUSTICIA.
[1] El presente artículo fue redactado horas antes que renunciara el Sr. Manuel Merino como presidente de la República. El autor agradece los comentarios de Imelda Campos Ferreyra y de Richard y Leonidas Peña Jumpa.
