Dahiana Ayala Alfonso
Universidad Nacional de Asunción (Paraguay). Aix Marseille Université – École Doctoral «Espaces, Cultures, Sociétés» (Francia).
La economía feminista se centra en el estudio de los factores que hacen a las desigualdades y a las posiciones de desventajas que padecen hombres y mujeres, en el caso de las mujeres enfatizado en aquel trabajo que es percibido parcialmente y poco valorado económicamente, “el trabajo de cuidados”.
Carmen Castro, en su estudio sobre las políticas para la igualdad, hace referencia al maternalismo y su incidencia en la política social. sostiene que la maternidad se presuponía como parte de la “ética de la donación”, es decir, como una tarea gratuita, nutrida por el valor social del sacrificio y abnegación de las mujeres en su realización como “ser para otros”. Este discurso evita aparentemente un costo directo para la sociedad y el Estado, y facilita la comprensión de que la intención de mejora de las condiciones de vida de las mujeres y del bienestar de hijos/as no amenazaba al statu quo patriarcal, más bien lo contrario. Al reforzarse el binomio de mujer-madre, fundamentalmente lo que ocurrió fue que se consiguió ubicar social y políticamente a todas las mujeres en esa categoría; y esto ocurría justamente en un momento de cambios tecnológicos y surgimiento del desempleo como problema social y económico (Castro, 2017: 37).
Jane Lewis fue la pionera en aportar una tipología feminista de modelos de sociedad de bienestar, a partir de la deconstrucción del mito del modelo tradicional de male bread-winner o “gana-pan masculino” que se caracteriza por asignar al hombre la función de “sustentador” (gana-pan) y a la mujer de “cuidadora”, y es la base que sustenta la división sexual del trabajo. Por ello, la mayor o menor fortaleza del imaginario de dicho modelo es un indicador relevante de la forma en que las mujeres son consideradas (como ciudadanas de pleno derecho o ciudadanas de segundo nivel, con derechos derivados) y de cómo son tratadas en las políticas sociales, en los sistemas de seguridad social y con relación al cuidado infantil; también es un indicador sobre el tipo de participación de las mujeres y específicamente de las madres en el mercado de trabajo. A medida que ha avanzado la incorporación de las mujeres a los mercados de trabajo en la segunda mitad del siglo XX, se ha ido diluyendo este imaginario fuerte de familia “hombre gana-pan” hacia un nuevo modelo intermedio de “hombre gana-pan modificado”. Lewis (2001)[1] conceptualiza este proceso como erosión del modelo “hombre gana-pan” y refleja la creciente dificultad para predecir un patrón común de reparto del trabajo remunerado entre mujeres y hombres dentro de las familias.
Nada es casual, y menos aún las estrategias políticas seguidas por los gobiernos. De ahí la necesidad de revisar cómo se configuran los derechos de las mujeres como esposas, como trabajadoras, como madres y también como ciudadanas.
Según los criterios anteriores, se podría identificar tres modelos de estructuras familiares que, con sus variantes, se promueven desde algunas políticas públicas con diferencia respecto a la intensidad e incidencia de los países.
El ya mencionado modelo tradicional de “gana-pan masculino” inspira las políticas más ancladas en la heteronormatividad e, incluso en el contexto actual de mayor presencia de familias biparentales de doble ingreso, influye en las diferentes versiones del gana-pan masculino modificado[2]. Todas estas variantes siguen teniendo como patrón la división sexual del trabajo, que se presenta entre la asimetría entre los valores del hombre-proveedor o sustentador y la mujer-cuidadora. El principio que rige la asignación de recursos y orientación de las políticas públicas es exclusivamente el de mantenimiento, esto es, que el estado provee recursos y prestaciones que facilitan la función del sustento económico de las familias; es decir, la unidad del beneficio social es la familia y hacia ella se canaliza la legislación laboral, social y el sistema impositivo. La prestación más representativa de las políticas sociales es el salario familiar. Se trata de un sistema de protección social basado en la contribuidad, cuyos derechos están asociados al salario por el trabajo productivo. Por otra parte, el trabajo de reproducción social y de cuidados se ubica en la esfera privada y doméstica, siendo realizado fundamentalmente por las mujeres de manera no remunerada, en ocasiones con la intervención de la red de apoyo familiar (hermanas, abuelas, abuelos, etc.).
El segundo modelo de estructura familiar es el que se identifica en el régimen de roles separado por género, que viene a ser una derivación de las nuevas versiones del “gana-pan modificado” con el efecto placebo de la “libre elección”; de ahí que se base también en la división sexual del trabajo. Mujeres y hombres participan del trabajo remunerado, pero las condiciones de trabajo de las mujeres las mantiene todavía como dependientes y siguen siendo ellas quienes asumen casi en exclusiva las responsabilidades familiares. En la orientación de las estrategias políticas coexiste el enfoque maternalista con el principio de autonomía económica mínima de las mujeres, a través de su incorporación al mercado de trabajo. Así pues, las políticas públicas asumen dos principios, el de mantenimiento y el de cuidados, reconociéndose a través de este último los derechos de las mujeres en cuanto a cuidadoras y responsables del trabajo reproductivo (no remunerado).
El tercer modelo, que Sainsbury define como de “personas sustentadoras y cuidadoras”, se basa en la idea de que cada persona actúe como proveedora y cuidadora al mismo tiempo, promoviendo la responsabilidad personal para su propio mantenimiento. Dada la mayor proliferación de estructuras familiares biparentales, este modelo se convierte en el de “doble sustentadora/cuidadora”, en el que ambos cónyuges/progenitores/integrantes de la familia biparental comparten las tareas de cuidado de su prole y también las aportaciones económicas de cada quien para la manutención del grupo. Más que el objetivo de la complementariedad son las funciones compartidas y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres tanto como proveedores cuanto como cuidadores, y en iguales derechos. En las políticas públicas que alientan este modelo, tanto hombres como mujeres son considerados beneficiarios y beneficiarias directas de las ayudas; al ser tratados como individuos y sujetos políticos plenos, no existen deducciones por dependientes a cargo y gran parte de las tareas de reproducción son asumidas por el sector público.
Es sabido, que la problemática del cuidado y en especial el cuidado infantil asume dimensiones de gravedad en contextos de alta pobreza (sobre todo cuando no es percibida por la sociedad como una prioridad), en los que la ausencia del Estado limita las posibilidades de los hogares al restringir la disponibilidad del tiempo de los adultos (en particular de las mujeres), condicionar su inserción laboral, reproducir su situación de pobreza y condicionar la trayectoria escolar de niños y niñas. Esping-Andersen (2010) sostiene que el tiempo total que los padres dedican a la educación de sus hijos es muy diferente según el grado de cualificación. Entre los más cualificados —familias en las que las madres, por regla general, trabajan—se constata que en las últimas décadas aumentó la dedicación de los padres.
Por eso, Esping-Andersen sugiere que los padres altamente cualificados buscan maximizar la dedicación a sus hijos; esto no sucede en las familias con padres poco cualificados, por lo que se hace presente la separación social en un tema crucial como la estimulación cognitiva y no cognitiva de los niños. La calidad de la dedicación de los padres está directamente relacionada con el “capital cultural” que influye fuertemente en el éxito escolar de los niños; de hecho, el “capital cultural” explica, más que la situación socioeconómica, las diferencias cognitivas entre los jóvenes de 15 años. Las bases del aprendizaje y el origen principal de las desigualdades, se remontan al período preescolar; por lo tanto, “una política que asocie permisos de maternidad remunerados en el transcurso del primer año del niño con estructuras de cuidado fuera del hogar asequibles y de muy alta calidad debería permitir homogeneizar sensiblemente el grado de preparación de los niños en la escuela” (Esping-Andersen, 2010: 94). Así, las políticas de cuidado infantil constituyen una de las herramientas más efectivas de inversión en el capital humano, es decir, en la consecución de sus derechos socioeconómicos.
En los últimos años han existido grandes avances en la legislación de países de América Latina en cuanto a permisos por Licencia de Maternidad, así como en la equiparación del nacimiento con la adopción y la paulatina ampliación de la licencia para los padres. Sin embargo, aún sigue siendo restrictivo para las trabajadoras asalariadas formales debido a que en promedio cuentan con tres meses de licencia por maternidad, período que se inicia obligatoriamente antes de la fecha probable del parto, y que es inferior al límite mínimo de 14 semanas establecido por el Convenio 183 sobre la Protección a la Maternidad de la OIT. Superan este rango Chile, la República Bolivariana de Venezuela (18 semanas) y el Brasil para el caso de los servidores públicos (6 meses)[3].
Si el cuidado se entiende como un derecho asumido por la colectividad y prestado mediante servicios que maximicen la autonomía y el bienestar de las familias y los individuos, con directa competencia del Estado, surge el desafío de avanzar hacia su reconocimiento e inclusión positiva en las políticas públicas, esto implica acciones en tres sentidos al menos: redistribuir, revalorizar y reformular los cuidados.
Sobre la base de un reconocimiento de los cambios que experimentaron las familias latinoamericanas en general, resulta fundamental resaltar la necesidad de revisar la división de trabajos al interior del hogar, que no sufrió modificaciones a pesar de la inserción de las mujeres en el mundo laboral. Al ser socialmente responsabilizadas por el cuidado al interior del hogar, las mujeres tienden a insertarse más frecuentemente en empleos más flexibles, más informales y más precarios que los hombres. En este contexto, las licencias por maternidad, paternidad y las licencias parentales ejercen un rol crucial.
La importancia de las licencias parentales parte del reconocimiento de la participación de los padres en las responsabilidades familiares y como copartícipes de la conciliación entre responsabilidades familiares y laborales. En este contexto, se desprende la necesidad de avanzar hacia cambios normativos sostenibles que amplíen los derechos en materia de los tres tipos de licencias (maternidad, paternidad y parental) y contribuyan así al desarrollo infantil, a la inserción de las mujeres en el mercado laboral y a una más justa división de roles al interior de los hogares. Para ello, resulta necesario proponer avances más profundos y rotundos de lo que los actuales proyectos legislativos establecen, promover investigaciones sobre la situación de los mercado laborales desde un enfoque de género, profundizar en la importancia de la seguridad social y el papel que la misma juega en la garantía de los derechos de las personas y trabajar por consolidar un sistema nacional integrado de cuidados, con el objetivo de generar un modelo de corresponsabilidad entre familias, estado, comunidad y mercado. Aún más, corresponsable especialmente entre hombres y mujeres, para que todos puedan compartir equitativamente las responsabilidades de cuidados, apuntando así a superar la injusta división sexual del trabajo que históricamente caracteriza a los países latinoamericanos. Por ello, y a demanda de la propia sociedad, también quienes cuidan, en su enorme mayoría mujeres, deben ser integradas desde una perspectiva de género como sujeto activo de derechos.
Bibliografía
Abramo, L. & Rosalba, T. (eds.). (2002). Cuestionando un mito: costos laborales de hombres y mujeres en América Latina, Lima, Organización Internacional del Trabajo (OIT), Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
Arriagada, Irma (ed.) (2008), Futuro de las familias y desafíos para las políticas, CEPAL – Serie Seminarios y conferencias No 52. http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/32699/ssc_52_Familias.pdf
Batthyány, Karina (2004) “Cuidado infantil y trabajo: ¿un desafío exclusivamente femenino?. Una mirada desde el género y la ciudadanía social”. Montevideo: CINTERFOR/OIT.
Carrasco, Cristina (2011), “La economía del cuidado: planteamiento actual y desafíos pendientes”, Revista de Economía Crítica, nº11, primer semestre 2011. http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n11/REC11_9_intervenciones_CristinaCarrasco.pdf
Castro, Carmen (2017), Políticas para la Igualdad. Permisos por Nacimiento y Transformación de los roles de Género, Libros la Catarata.
Esping-Andersen, G. (2004). La política familiar y la nueva demografía. Consecuencias de la evolución demográfica de la economía (815), págs. 45-60.
Esping-Andersen, G. (2010). Los tres grandes retos del Estado de Bienestar. Barcelona: Editorial Ariel.
[1] Citado por Carmen Castro en Políticas para la Igualdad.
[2] Jane Lewis se refiere a los nuevos modelos que combinan la dedicación de tiempos al trabajo remunerado y al de cuidados, según la combinación de la dedicación a tiempo completo y tiempos parciales en el empleo; “hombre gana-pan y medio” o el “hombre gana-pan y tres cuartos” revelan dicha incidencia del reparto de tiempos en el trabajo remunerado. Véase Lewis, Jane (2001).
[3] Cuidado infantil y licencias parentales. Desafios:Boletín de la infancia y adolescencia sobre el avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio – Cepal y Unicef 2011.
