Gonzalo Gamio Gehri
Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid, España). Actualmente es profesor en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
1.- La cultura del privilegio.
El escándalo de la vacunación secreta e irregular de autoridades del Estado y sus allegados, de políticos y connotados empresarios y lobistas, e incluso del Nuncio apostólico ha remecido nuestra ya abrumadoramente golpeada sociedad. No digamos ya nuestra esfera pública. Están involucrados el ex presidente Vizcarra, la ex ministra Mazzetti, la ex canciller Astete, autoridades universitarias, y es posible que a esta lista de ciudadanos vacunados antes de tiempo se sumen otras listas con más funcionarios públicos y otros ciudadanos aparentemente “notables”. El poder ejecutivo está investigando el caso, y se acaba de formar una comisión parlamentaria presidida por Otto Guibovich para esclarecer este asunto. Lo lamentable es que se están considerando como asesores de esta comisión a personajes controvertidos, como el médico veterinario que decía elaborar una “vacuna peruana” y era un conocido promotor de la ivermectina, así como a personas vinculadas al efímero régimen de Manuel Merino. Es una lástima que una investigación sobre una situación como esta sea aprovechada políticamente. No sorprende viniendo de una “clase política” indolente, preocupada únicamente por sus propios intereses de facción.
Realmente se trata de una situación vergonzosa que pone de manifiesto males atávicos de nuestro país. Hemos asistido al indignante espectáculo de la distribución arbitraria de vacunas entre personas que, por sus cargos, por sus contactos e influencia, por su lugar en la empresa privada o en alguna otra institución, creen que tienen prioridad sobre médicos y enfermeras que están en la primera línea de combate contra la enfermedad. Aquí existe una cultura del privilegio que constituye un elemento básico de lo peor de nuestra herencia colonial, un sistema de convicciones que conspira contra la idea misma de una República de ciudadanos libres e iguales. Algunos científicos sociales y psicólogos están estudiando el fenómeno a la luz de estos hechos. El investigador del comportamiento Jorge Yamamoto usa la expresión “sentido de derecho”, pero se trata de un término que puede resultar equívoco e impreciso[1], en la medida en que el concepto moderno de derecho tiene una fuente liberal e igualitaria. El comportamiento de quienes administraron las vacunas y de quienes no dudaron en aceptar ser inmunizados irregularmente es un síntoma de la actitud excluyente de muchas personas que tienen algún poder de decisión en el Perú. Una actitud que encuentra escasa resistencia no solamente en el espacio político, sino en los diferentes ámbitos de la sociedad, incluyendo instituciones dedicadas a la ciencia.
“No se trata de privilegios, sino que así funcionan las cosas. Si tengo personas que brindan apoyo al proyecto y tienen alta exposición busco protegerlas y a su familia cercana”[2].
Este escándalo deja muy mal parados a quienes se dedican a la investigación científica. Estamos hablando de médicos que han violado el juramento de Hipócrates, de investigadores que han degradado su vocación científica. Desde los tiempos de la Ilustración, el hombre de ciencia es considerado un héroe de aquella civilización que representa el ejercicio de la razón, es decir, el cuidado del argumento y la evidencia como pautas para el pensamiento y la acción. El sistema de derechos universales, el proyecto político republicano y los ideales de la Revolución Francesa son expresión del principio de encarnación de la Razón en la historia. Pero lo que sucedió en nuestro país fue completamente coloca al investigador en otra situación. Aquí, los científicos a cargo de la gestión de las vacunas cedieron a consideraciones relativas al privilegio de unos pocos, descuidando la atención de sus colegas que, en los hospitales de todo el país, procuraban salvar las vidas de los peruanos más vulnerables. “Nosotros somos científicos, nos centramos en lo académico”[3], aduce Germán Málaga, pero lo cierto es que pusieron estas “candidatas a vacunas” a disposición de unos pocos que podían saltarse la fila en perjuicio de otros.
Esta situación ha echado por tierra la idea –manifiestamente falsa- de que cuando el sector privado aborda determinados problemas prácticos – como el manejo y la distribución de las vacunas- estos serán resueltos de manera rápida, transparente y eficiente. Según esta perspectiva, el Estado es sinónimo de corrupción; en contraste, el sector privado es sinónimo de eficacia y de sentido pragmático. Este es un mito absurdo, un prejuicio que se ha alimentado desde ciertos círculos neoliberales. Quien identifica la labor del Estado con las malas prácticas olvida –o no quiere ver- que la corrupción entraña un circuito en el que el Estado es a menudo un elemento, un lado. Se omite deliberadamente el otro lado del fenómeno. En este caso de las pruebas de Sinopharm –como antes en el caso Lava Jato y otros- observamos cómo instituciones privadas participan activamente en el circuito de la corrupción.
2.- Una crisis ética que compromete a toda la sociedad.
Un hecho como éste mina todo rezago de confianza de los ciudadanos en sus representantes. La actitud del ex presidente Vizcarra y las ex ministras es percibido acertadamente como una terrible traición al pueblo peruano. Por su parte, los políticos que conspiraron y perpetraron el golpe parlamentario del 9 de noviembre, ahora pretenden utilizar esta situación trágica para justificar la destitución de Vizcarra y la imposición del gobierno ilegítimo de Merino. Se trata, por supuesto de una insinuación absolutamente infundada que solo revela las ambiciones de poder de los congresistas promotores de la vacancia. Este grupo de parlamentarios apeló a una figura legal controvertida –que interpretaron cuestionablemente para llevar a cabo sus planes- y destituyeron al presidente, a escasos meses de las elecciones y del cambio de mando, en medio de una compleja crisis sanitaria. Colocaron al frente del gobierno a un personaje sin ninguna preparación para ejercer el cargo, un individuo que llamó al más rancio conservadurismo religioso y político a conformar su gabinete, asociado a un grupo claramente próximo al fujimorismo y al segundo mandato de García.
La juventud salió a las calles a protestar contra el golpe apenas este se produjo. Se ha dicho cientos de veces: la Generación del Bicentenario marchó no para sostener a Vizcarra en el poder, sino para que Merino y sus ministros se vayan a sus casas. Tuvo la lucidez de percibir la vacancia como lo que realidad era, un golpe de Estado. Logró finalmente que Merino renuncie al cabo de seis días de gobierno. Esta movilización cívica resistió una represión policial brutal, como ha acreditado el Informe de Human Rights Watch y otras instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Inti Sotelo y Bryan Pintado perdieron la vida en el contexto de estas marchas; la ciudadanía aún espera que los responsables reciban un castigo justo conforme a lo establecido por la ley.
Hoy los promotores del golpe usan el escándalo de las vacunas de Sinopharm como una inesperada justificación de sus acciones. Pero las faltas de otros no nos convierten en santos. El golpe parlamentario vulneró la democracia en una situación de pandemia y crisis económica. Una apabullante mayoría de ciudadanos peruanos condenó la vacancia presidencial; la comunidad internacional no reconoció el régimen de Merino. No obstante, ya han empezado a escucharse las voces de congresistas conservadores señalando que el Parlamento nacional debería censurar a su Mesa Directiva y restituir en la presidencia de la República a quien ocupó en cargo ante las protestas de miles de compatriotas. Es una propuesta inaceptable desde todo punto de vista, que nos permite observar en qué medida los congresistas vacadores no han abandonado el proyecto que se trazaron hace meses. En los momentos en los que escribo este ensayo, la congresista Rocío Silva Santisteban ha denunciado que ya está circulando en el parlamento un proyecto de censura contra la Mesa Directiva y la propia presidencia de Francisco Sagasti[4]. El documento no presenta firmas: sus autores han lanzado la piedra y esconden la mano.
La vacunación irregular de peruanos supuestamente “notables” y la actitud de los políticos a hacer valer sus propósitos sin consideración alguna a las necesidades de los peruanos evidencian la gravísima crisis ética que padecemos. Esta crisis revela las enormes dificultades que el Perú atraviesa para poder construir una República de ciudadanos a punto de cumplir doscientos años de vida independiente. Es preciso señalar que no se trata únicamente de una crisis que afecte a nuestra “clase política”, sino que nos afecta como sociedad. La cultura del privilegio, la mentalidad autoritaria, la condescendencia frente a la corrupción aún están presentes en los diferentes espacios de la vida social: el Estado, la empresa, la academia, etc. Nosotros hemos elegido a esos políticos cuestionados como nuestros representantes, fueron nuestros votos los que les permitieron ocupar un lugar en el Congreso. Tenemos que revisar cuáles son nuestras motivaciones esenciales a la hora de votar y estar dispuestos a examinarlas en el espacio público.
3.- Un espacio político sin ideas.
Uno de los problemas que afronta nuestra escena política es la pobreza de ideas. Impera entre los políticos de oficio una sistemática desatención e incluso cierto desprecio por la vida intelectual[5]. Hace mucho tiempo que el trabajo político se ha reducido al diseño y ek desarrollo de estrategias de marketing, el recurso a slogans y el manejo de los medios. Nuestros políticos de oficio han abandonado la tarea de articular una visión seria de la sociedad; la discusión intelectual (“ideológica”) ha desaparecido de las organizaciones políticas. Hasta hace algunas décadas, quienes tenían la intención de postular a la presidencia o de lograr un lugar en el Congreso de la República exhibían ciertas credenciales intelectuales, sometían a debate sus programas de acción. Hoy no queda casi rastro de aquellas prácticas. La conexión entre la academia y la esfera pública se ha quebrado hace mucho.
Lo he sostenido en numerosas ocasiones. Una sociedad democrática aspira a distanciarse naturalmente de posiciones políticas extremistas, por la sencilla razón de que son insensatas y potencialmente violentas; en una sociedad avanzada, las agrupaciones de extrema derecha y de extrema izquierda son grupos minoritarios y pintorescos, que pueden participar en la arena política porque tienen derecho a hacerlo, pero sus ideas no pasan de ser extravagantes y desfasadas. En el Perú necesitamos una izquierda moderna y una derecha liberal que, más allá de sus áreas de obvia discrepancia, puedan estar de acuerdo en ciertos temas esenciales: la observancia de los principios del Estado constitucional de derecho, la vigencia de los derechos humanos, el respeto de la diversidad, el cuidado de una economía social de mercado, una comprensión del desarrollo social que trascienda el mero crecimiento económico, así como una valoración de la participación ciudadana en los asuntos públicos.
Los políticos de oficio no ofrecen ideas, pero un sector importante de la población tampoco las exige, y debería hacerlo[6]. Revisando las ofertas electorales para los comicios de este año, veo que los líderes de un grupo político conservador –uno que se podría ubicar a la derecha del fujimorismo sin ningún problema- utilizan sin rubor el lema Dios, patria y familia[7], a pesar de que se trata de una vieja fórmula de raíces fascistas (que ha sido recuperada hace unos años por Bolsonaro)[8]. Esta raigambre tradicionalista se reafirma en el manejo que este grupo hace de delirantes teorías conspirativas (sobre “el globalismo”, el complot “comunista” de George Soros y el “Nuevo orden mundial”) como parte de su discurso político, que cuenta, asimismo, con fuertes dosis de rechazo de la diversidad sexual y el recurso a la xenofobia. La idea liberal básica, la construcción de un Estado laico, accesible a todas las personas, un Estado que garantice y proteja los derechos y las libertades de cada uno de los ciudadanos –más allá de sus orígenes, creencias y estilos de vida-, está lejos de la fuente premoderna de esa clase de mensajes. Me sorprende que nadie haya comentado ni discutido el uso de este lema de tan controvertido origen. Además, toda esa preocupación por la impronta confesional no libra a su candidato de una incoherencia fundamental: por un lado, revela su compromiso religioso, pero no acepta firmar un pacto ético entre los partidos políticos para no agredirse mutuamente y no recurrir a la mentira y a las fake news para lograr acumular votos o dañar a sus adversarios. Se trata de un acuerdo multipartidario sobre un mínimo de reglas a respetar para llevar una campaña electoral sana y pacífica ¿Por Qué no firmarlo? Difícil comprender esa extraña y deplorable actitud.
El fujimorismo es asimismo una organización de extrema derecha populista. La promesa de su candidata de ejercer el poder con “mano dura” nos recuerda al crudo autoritarismo de los años noventa, a su oscuro record de corrupción y violaciones de derechos humanos, cuya estela nos alcanza todavía. En efecto, la sociedad peruana no se ha repuesto aún del impacto del sistema de corrupción organizado con precisión por Fujimori y Montesinos. La “tolerancia” frente a la corrupción, la prioridad de la “eficacia” sobre el respeto de los principios éticos, constituyen males que lesionan nuestra sociedad desde los inicios de su historia republicana, es cierto, pero en aquella década fueron promovidos y alentados por el régimen de Fujimori desde el gobierno y desde los medios de comunicación controlados por la corrupción. La situación misma de un Estado que supuestamente accede a cerrar un trato con una firma que provee de vacunas porque ofrece “vacunas de cortesía” que se pueda repartir entre miembros de las “élites” y sus allegados, guarda un aire de familia con los perniciosos usos del régimen fujimorista. La propuesta de Fuerza Popular, basada en el “terruqueo” del adversario y en la nostalgia que algunos devotos de la servidumbre voluntaria puedan sentir, hunde sus raíces en los sueños de una vieja derecha, populista y mercantilista. Este partido, como el grupo citado líneas arriba, basa su campaña en la estigmatización, en acusar a quien piensa diferente de ser un “comunista” o un “colectivista”. La propuesta de la instalación de una “demodura” (sic) viene acompañada de la estigmatización del otro.
El caso de la izquierda no es sustancialmente distinto. Nuestra izquierda política no ha realizado un trabajo profundo de revisión de sus referentes teóricos. Las categorías del marxismo ortodoxo no han sido interpeladas con rigor, se ha perdido una oportunidad importante de reformular ideas cruciales sobre la justicia distributiva y la libertad cívica. El discurso sobre “el sentido científico de la historia” no ha sido puesto realmente en cuestión, así como la vieja tesis en torno a la relación entre una supuesta “estructura económica” y el mundo “etéreo” de la política y la cultura. Muchas de las ideas que esta izquierda postula sobre el funcionamiento de la economía y el ordenamiento jurídico descansan sobre los lineamientos dogmáticos de un marxismo de manual (ni siquiera un sistema teórico basado en las fuentes originarias del socialismo). Constituye un serio problema que algunos de sus líderes –que suscriben un socialismo más bien humanista- hayan pactado con sectores ideológicamente más “duros” para construir una propuesta política (el caso de la coalición Juntos por el Perú), o se hayan refugiado en una mentalidad caudillista (el caso del Frente Amplio). Su reticencia a pronunciarse claramente en contra de las violaciones de derechos humanos y la quiebra de la institucionalidad democrática en Venezuela es sin duda lamentable. Necesitamos una izquierda que renueve sus cimientos, que haya aprendido de las lecciones de 1989, que valore realmente los principios democráticos.
Vivimos en una época singularmente crítica. No se trata solamente de que nuestra “clase política” está en claro estado de descomposición, ese estado alcanza a la sociedad peruana como tal. En décadas pasadas, la salida que un sector de la sociedad se plantaba como “solución” consistía en tocar la puerta de los cuarteles, un recurso inaceptable desde todo punto de vista, pues es incompatible con los principios de una democracia liberal. Efectivamente, hemos sufrido los terribles males de lo que significa renunciar a ser ciudadanos para convertirnos en súbditos de un poder tutelar; nos ha costado mucho recuperar el orden constitucional. No obstante, podemos constatar que hoy algunos candidatos prometen hacer uso de una actitud draconiana en la conducción del poder, en consonancia con la clase de autoritarismo que otrora hemos padecido. Enfrentar nuestros problemas no puede implicar el sacrificio de nuestra autonomía. Una situación como esta requiere el concurso de la ciudadanía. Los actos de corrupción y las asonadas autoritarias de tiempos recientes amenazan con robarnos la esperanza y la fe en nuestras instituciones. La única forma de recobrarlas entraña que los ciudadanos asumamos un compromiso riguroso con el destino de nuestro país.
BIBLIOGRAFÍA:
[1]Véase la siguiente entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=gcAumjEZFL0 .
[2] Declaraciones del Dr. Germán Málaga, investigador de los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), en la Sesión virtual, Sesión Conjunta: Comisión especial COVID-19 fiscalización.
[3] Ibid.
[4] https://rpp.pe/politica/congreso/rocio-silva-santisteban-denuncia-que-circula-mocion-de-censura-contra-francisco-sagasti-y-mesa-directiva-del-congreso-noticia-1322071 .
[5] Me he ocupado de este tema en Gamio, Gonzalo “La vida del intelecto y la política” en: Ideele Nº 269 https://revistaideele.com/ideele/content/la-vida-del-intelecto-y-la-pol%C3%ADtica .
[6] Este deterioro de la actividad intelectual en la política no solo tiene lugar al interior de los partidos políticos; acontece asimismo en la sociedad civil. Numerosas universidades están descuidando notoriamente la discusión de las visiones de la sociedad en favor de la mera instrucción profesional. La preocupación por el examen crítico de las ideas políticas casi está desapareciendo en el propio ámbito académico. Hace algún tiempo, curiosamente, han proliferado espacios de internet en los que se discuten “asuntos políticos”, pero en una clave, digamos, más activista y de difusión ideológica que propiamente académica.
[7] https://www.youtube.com/watch?v=roR-HY5avAI
[8] Sobre el ascenso de la extrema derecha en Brasil puede consultarse De Oliveira de Castro, Henrique y Sofía Vizcarra Castillo “Una democracia frágil sin valores democráticos: Brasil en el siglo XXI” en: Política y Sociedad (Madrid) 57(3) 2020 pp. 671-692.
