Por Mg. Valeria Llamas*
* Licenciada en Relaciones Internacionales, Magister en Cooperación Internacional. Investigadora independiente, doctoranda en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). Red Interdisciplinaria de Derechos Humanos (REDii). http://www.red-ii.org/
Introducción
La actual situación de pandemia por COVID-19 ha generado una importante crisis sanitaria y también económica, que profundiza las desigualdades económicas y sociales. Por un lado, estas varían según la región impulsando a las personas a migrar y por otro lado, son una causa íntimamente relacionada de la trata de personas. Según OIM, el aumento de las tasas de desempleo y la reducción de los flujos de remesas internacionales hacia los países de origen, exponen hacia la pobreza a más familias1.
En muchas ocasiones, las personas migrantes se enfrentan a situaciones riesgo quedando expuestas a la explotación y tráfico, que se incrementan en situaciones de irregularidad. Por esta razón, los Estados que adhirieron al Pacto Mundial para la Migración se comprometieron recientemente en el área temática 3 “Abordar la migración irregular, incluso mediante la gestión de las fronteras y la lucha contra la delincuencia transnacional” y específicamente en el objetivo 10 a prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional. Sin embargo, la pandemia ha suscitado múltiples problemas y desafíos en todos los niveles -Estatal, regional y mundial- frente a la los cambios en la modalidad, detección de víctimas e investigación de los delitos de trata de personas.
Nuevo modus operandi
En primer lugar, las medidas impuestas para contener los contagios por COVID-19 basadas en el cierre de fronteras, aislamiento y distanciamiento social, en lugar de disuadir a las organizaciones criminales de su funcionamiento, contribuyeron a potenciar la clandestinidad de este tipo de prácticas.
Diversas organizaciones internacionales y regionales2 han denunciado que se adoptaron otras estrategias vinculadas a la mala utilización de herramientas tecnológicas disponibles por redes sociales e internet. Este medio de contacto con las víctimas y clientes ha creado nuevas formas de explotación, potenciadas por la limitada capacidad de los gobiernos, familias y comunidades de satisfacer sus necesidades básicas, la falta de opciones para buscar protección y el desglose de redes de seguridad social.
En esta nueva normalidad, se han profundizado y generado situaciones que exponen a una mayor vulnerabilidad a sus víctimas, especialmente niñas, niños y adolescentes, mujeres3, personas LGTBI, migrantes, refugiadas y desplazadas, además de presentar un mayor obstáculo para su identificación por el confinamiento y distanciamiento social.
Los sectores económicos que históricamente registraban casos de trata o trabajo esclavo como en la industria textil, agricultura y trabajo doméstico han reducido sus mercados y ante esto, muchas personas han quedado sin trabajo, sin salario o sin viviendas en donde eran alojados, lo cual además las expone a un mayor riesgo frente al virus disminuyendo sus posibilidades de prevención y recuperación.
Con el cierre de fronteras, muchos procesos de reunificación familiar quedaron suspendidos poniendo en riesgo de ser explotados a niños, niñas y adolescentes. La UNODC destaca que muchas niñas y niños se vieron forzados a salir a las calles en busca de alimentos e ingresos4, entre otros motivos afectados por la interrupción escolar y la separación de sus cuidadores por enfermedad, lo que aumenta su riesgo de infección y explotación al mismo tiempo.
Por otra parte, durante la pandemia la trata con fines de explotación sexual ha aumentado en un 78,6% en relación a otros fines, de acuerdo a los datos publicados por la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos Fiscales (REDTRAM). En este sentido, es importante mencionar que las mujeres y niñas se han visto afectadas especialmente por la crisis económica así como ante el aumento de la violencia doméstica, lo cual potencia la posibilidad de ser explotadas en condiciones de servidumbre doméstica o esclavitud sexual.
Limitada capacidad de protección Estatal
La capacidad de las autoridades estatales y organizaciones dedicadas a las víctimas se han visto limitadas en su capacidad tanto de detección como de asistencia. Las denuncias de trata de personas se redujeron a causa de la pandemia y el confinamiento, perjudicando al desarrollo de las investigaciones judiciales en lugares de explotación. Incluso se ha visto obstaculizado el asesoramiento y acceso a servicios de apoyo en persona para víctimas, así como el acceso a la información veraz y precisa, y también la comunicación con la debida privacidad. En muchos casos para las víctimas es un desafío aun mayor recurrir a servicios en línea o de forma virtual.
Muchas personas que estaban siendo asistidas tuvieron dificultades por el cierre de fronteras para ser repatriadas o retornadas. Por otra parte, los albergues donde eran asistidas las víctimas se encontraron en su máxima capacidad al tener que priorizar el distanciamiento social para proteger la salud de las personas.
Si bien las fronteras de muchos países se cerraron, algunas de forma intermitente, se han detectado nuevas rutas alternativas por pasos fronterizos irregulares que exponen a las víctimas a una mayor vulnerabilidad, tanto por el riesgo de trata como por su vinculación con el tráfico ilícito de migrantes.
Vale mencionar que el tráfico de personas se ha mantenido y continúa durante la pandemia pero en condiciones aún más peligrosas. Por un lado, las medidas restrictivas han abierto oportunidades para los traficantes dispuestos a asumir mayores riesgos para aumentar sus ingresos5. Y por otra parte, muchas personas se han visto dispuestas a enfrentar factores de migración adversos para migrar a cualquier costo, en condiciones de informalidad, aprovechando la porosidad de las fronteras y a merced de explotación de varios sectores que buscan trabajadores informales.
Conclusiones
En este contexto, es difícil estimar las consecuencias económicas de la pandemia y consecuentemente la cantidad de personas víctimas de trata de personas. Sin embargo, se puede destacar que una de las buenas prácticas generadas por muchos Estados para proteger a las personas y que son recomendadas por la comunidad internacional, están asociadas a la ampliación o prórroga automática de los permisos temporales y visas de personas que podrían estar expuestas a estos delitos. De esta manera, se garantizaría su acceso a derechos, servicios sociales, a la documentación6 y a su derecho a retornar al país del cual son nacionales. Asimismo, se hace menester que para dimensionar las situaciones de vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas y/o posibles víctimas de trata de personas, entre ellas migrantes y refugiadas, se incorporen acciones de sensibilización, prevención y capacitación con enfoque de género y multiculturalidad, incluyendo consideraciones sobre el principio del interés superior del niño.
En algunos países de la región permanece el reto de elaborar leyes integrales, en las que se incluya la tipificación, responsabilidades, planes de acción y un enfoque de formas de explotación amplio – tanto sexual como laboral-. De esta manera, se podrá mejorar su detección, incrementar las campañas de prevención, asegurar el acceso efectivo y respuesta integral de la justicia.
Por otra parte, frente a esta situación es importante que los Estados en las medidas de mitigación del impacto económico de la pandemia ayuden a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, incluso personas en movilidad humana. Es necesario mencionar que una de las formas de prevenir el tráfico, la trata de personas y el trabajo forzoso es por medio de oportunidades de trabajo decente para todas las personas.
Por último, es necesario recordar que tanto la pandemia como la trata de personas no distinguen fronteras y muchas veces su accionar no es visible, por lo tanto combatirlas es algo que debemos hacer juntos – Estados, organismos regionales, internacionales y organizaciones de la sociedad civil- desde un abordaje integral, amplio y multidisciplinario para “no dejar a nadie atrás” y erradicar este delito.
NOTAS:
- OIM (2020), Instantáneas analíticas sobre la COVID-19#14: La trata de personas. Disponible en: https://www.iom.int/sites/default/files/documents/instantaneas_analiticas_covid-19_14_la_trata_de_personas.pdf
- Entre ellas la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias de la ONU y la Relatoría Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU, etc.
- Más del 70% de las víctimas de trata detectadas son mujeres y niñas, mientras que un tercio son infantes. Declaración sobre el Día Mundial contra la Trata. Directora Ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Ghada Waly, Julio 2020. Disponible en: https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2020/07_30_DE_Dia_Trata.html
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) (2020), Impacto de la Pandemia COVID-19 en la Trata de personas. Hallazgos preliminares y mensajes basados en un análisis rápido. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/Advocacy-Section/HTMSS_Thematic_Brief_on_COVID19_-_ES.pdf
- Interpol (2020), Migrant Smuggling and Human Trafficking: COVID 19 Impact. Disponible en: https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2020/COVID-19-impact-on-migrant-smuggling-and-human-trafficking
- Según Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias de la ONU y Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU (2020), los migrantes en condición irregular e indocumentados en algunos países poseen los niveles más altos de contagios y muertes por el COVID-19. Nota de Orientación conjunta acerca de los impactos de la pandemia del COVID-19 sobre los derechos humanos de las personas migrantes. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/CMWSPMJointGuidanceNoteCOVID-19Migrants_SP.pdf
