Richard O’Diana Rocca
Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente trabaja en el CAAAP. Es docente en Estudios Generales letras y en la facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Podrías comentarnos un poco sobre la comunidad Shipibo-conibo de Cantagallo, ¿Cómo empieza a formarse y cómo es que llegan a Lima?
El Perú, por medio del ministerio de Cultura, ha reconocido a 55 pueblos indígenas, la gran mayoría amazónicos. Uno de los pueblos reconocidos es justamente el Shipibo-Konibo que tiene su núcleo de desarrollo en Ucayali, en el sudeste peruano. A finales de los años 90’s comienzan a migrar bastantes miembros de esta comunidad a lima y se asientan en Cantagallo en lo que es el borde del Río Rímac que en realidad era un terreno baldío.
Los motivos por los que empiezan a llegar son muchos, no hay uno en específicos, algunos de ellos vienen, como los menciona la prensa, motivados por la marcha de los Cuatro Suyos, otros también llegan motivados por el desplazamiento del terrorismo y un gran contingente vienen por unas oportunidades laborales y académicas que también fue motivo para las olas migratorias que ha tenido la ciudad. Entonces, sumando todos estos motivos, llega a constituirse un núcleo importante de Shipibos-Conibos en Cantagallo, hablamos alrededor de 200 familias. Ahorita hay alrededor de 250 pertenecientes a la etnia, pues es importante mencionar que si bien son la mayoría en Cantagallo no solo hay Shipibo-Konibo, también encontramos miembros de otros pueblos, por ejemplo, pueblos andinos e incluso migrantes y personas enteramente que han nacido en Lima. Ya dentro de este grupo hablamos de personas que descienden de la etnia que siguen manteniendo las costumbres.
- Respecto a la estructura de organización, hay 3 asociaciones…
Efectivamente, es parte de la costumbre de las organizaciones, asociarse en varios núcleos, en este caso tenemos 3 organizaciones indígenas VSHIL, AKUSHIKOLM y ASHIRELV, una más antigua que otra. La primera de todas es ASHIRELV (en orden cronológico) y ella agrupa a diversos grupos de la comunidad según los niveles en los cuales se encuentran. En Cantagallo, como tiene su estructura similar a la de un cerro tiene hasta tres niveles (el incendio se inició en el segundo nivel). Cada uno cuenta con su propio estatuto, su propia inscripción, pero cuando hay temas de magnitud en las que se afecta a toda la comunidad, como es el incendio, siempre responden organizadamente entre ellas; por eso es que al final se ven dos o tres voceros que representan a toda la comunidad.
- Cuando la comunidad llega al Rímac ¿Cómo es esta sucesión de títulos, de posesión que se les va otorgando?
Quien toma la batuta en este aspecto es la organización más antigua ASHIRELV, que es la que ha estado buscando siempre la formalización del predio, el cual fue un terreno baldío donde ni siquiera hay una inter zonificación de viviendas, en teoría es una de las cosas que se está buscando cambiar. La organización desde el 2007 ya empieza a buscar caminos a la formalización, hablamos de un año en la que ni siquiera había línea amarilla, es una lucha que casi lleva una década.
Lo que tienen ellos es un certificado de posesión que es un avance, pero no es el objetivo último, lo que se requiere es la zonificación (para que sea declarado como zona de vivienda) y el título de propiedad.
La búsqueda del título se ha realizado por diversas oficinas, en principio se acude al ejecutivo y al PCM, pero luego se dan cuenta que estos o el Ministerio de Vivienda los pueden ayudar por un tema legal. y ya recurren a la municipalidad. Lamentablemente ya llegado el año 2009 empiezan a surgir los problemas con la línea amarilla y empiezan a ocupar su agenda, haciendo el camino a la titulación aún más difícil.
- Hablando ya de “Línea Amarilla” ¿Cuál es el impacto inicial que genera este proyecto y cómo lo maneja la gestión de la Municipalidad?
Línea amarilla es un contrato firmado en la anterior administración de Castañeda justamente con la empresa Lamsac. Para ver el impacto, uno puede ir hoy día mismo, 2016, a la parte trasera de la comunidad, que es adyacente al río y que te das cuenta que ya no es así, ya entre el río Rímac y la comunidad, hay una franja de concreto que es prácticamente una avenida.
Entonces, justamente lo que quería evitar la comunidad eran dos tipos de impacto: uno, el impacto que siempre genera una actividad de esta magnitud, tanto la contaminación sonora como de contaminación ambiental (en temas del polvillo o todo lo que iba a ocasionar la tierra removida por este proyecto); y en un segundo tema, el desplazamiento. Línea amarilla a cortado a la comunidad, como decía, si vamos a la parte trasera de Cantagallo vemos que hay un abismo, un filo donde ahí está el límite de la comunidad y donde ahora hay concreto, había gente viviendo; o sea, en Cantagallo ya han habido desplazados, y han habido familias que han dejado la comunidad o lo que pasó es que, generalmente, recibieron una compensación (porque estas familias sí recibieron una compensación individual) se fueron y eventualmente regresaron y se re-asentaron en otros niveles de Cantagallo. Entonces, sí se habla de un impacto que han vivido: uno, el desplazamiento, dos el impacto sonoro ambiental y un tercero podría ser el tema de la división. Cantagallo es una comunidad que sí, se ha asentado hace 20 años en Lima, pero que sigue reconociéndose como indígena: hablan la lengua, visten las ropas tradicionales, toman decisiones en asamblea, etc. Muchos de ellos viven de su cultura, pues son grandes mercaderes y artesanas. Entonces, Línea amarilla no solo introduce el tema de la construcción, sino entre ellos el tema de la compensación y esto se equipara con cualquier proyecto extractivo en la amazonía o en los andes. Cuando se tiene un proyecto no solo se esta´ contaminando eventualmente, sino que se interrumpe el comportamiento social natural de la comunidad con la plata ,por ejemplo, y los montos que se pagaron no fueron cortos, y como te digo, hay personas que han regresado, entonces ahí se genera una tensión ya justamente iniciada por el tema de que son eventualmente 3 dirigencias. es cierto la comunidad funcionan por decisiones en grupo. pero son actores muy políticos muchos de ellos y parte de esa política consiste justamente en llegar mejores acuerdos que no siempre están en la misma página.
- Cuando se crea este fideicomiso con la gestión de Villarán ¿se inicia un diálogo intercultural?
Villarán reconoce que es un pueblo indígena, y quiere darle a esto una visión de diálogo intercultural, como si fuera una comunidad de la Selva o del Ande, incluso hasta se debate la idea de hacer una consulta previa que hubiese sido algo muy innovador para una comunidad indígena urbana.
Lo que se hace es establecer un diálogo, grupos de trabajos con comunidades y funcionarios de la municipalidad. Se cambia el proyecto de línea amarilla, por el de Río Verde, este nuevo proyecto de Vía Parque Rímac, incluía varios proyectos, no solo el tema de la reubicación de los Shipibos Conibos, incluía un coliseo, la remodelación de la parte de ladera del Río Rímac, puentes también, habían obras de concreto, se cambia el master plan y se crea una figura jurídica que es el Fideicomiso, que es un fondo que se destina para un fin último, como un fondo independiente. Se firma un contrato, entre LAMSAC y Scotiabank y con la plata del contrato se busca un terreno para la reubicación de los Shipibos y se compra el terreno de Campoy. Y del contrato se pude ver que el fin último era la reubicación de los Shipibos. Todo estaba en el contrato.
Lo que pasa después con la administración de Villarán, es todos los problemas políticos que conocemos, el intento de revocatoria, la baja aprobación y digamos que el tiempo le fue escaso y no pudo concretar algo más allá del fideicomiso y de la compra del terreno. Nunca hubo un contrato de creación del inmueble, hubo varias propuestas para crear un inmueble intercultural. Nunca hubo la firma del contrato para la construcción de este inmueble. El terreno está allí, está abandonado, sigue siendo de la Municipalidad.
Incluso uno de los últimos actos de la gestión de Villarán fue, en diciembre de 2014, sacar un decreto de alcaldía en cual priorizaba la reubicación de Cantagallo, lo cual da que pensar que es un manotazo de ahogado. Un decreto de alcaldía no es vinculante netamente. Solo sirve para decirle a la gestión de Castañeda, sigue con esto. Cuando ya sabemos, ahora que Castañeda no solo no tuvo la voluntad política de no hacerlo, sino cambiar varios documentos.
- ¿Cómo ha afectado este incendio a la Comunidad?
Las casas del primer nivel pertenecientes a los shipibos se han quemado. Si bien el incendio ha comenzado en el segundo nivel, el área donde están los trabajadores y los pequeños empresarios, el fuego se extendió rápidamente porque todas las casas eran de madera, de triplay. Además, había conexiones de electricidad informales, dado que es una comunidad que no cuenta con servicios formales de luz, agua y desagüe. Por otro lado, el hacinamiento es bastante. Cuando uno llega a Cantagallo o puede ver fotos, puede observar que es una zona con casitas pegaditas, donde vivían más personas de las que deberían vivir en estas extensiones que son sólo metros cuadrados. Por eso el fuego se propagó y terminó destruyendo el 80% de la comunidad. Ahora lo que ellos quieren es, en primer lugar, no perder la posesión del terreno. Como no tienen título de propiedad, y sólo tienen la posesión, que es un derecho real que se ejerce al minuto, ellos ni siquiera han querido ir a las carpas que ha habilitado la Municipalidad de Lima, cruzando el río. Ellos querían quedarse porque sabían que, si se iban, perdían la posesión. Ellos siguen durmiendo en la zona donde estaban sus casas, por eso es que si uno va cuatro o cinco días después ya pude ver algunas casitas levantadas con material que se está donando. Ha habido una buena respuesta de la ciudadanía al llevarles comida o frazadas, mas ahora lo que ellos desean es que se done material para construir para que puedan seguir adelante reconstruyendo su comunidad. La idea que tienen ahora es la de no salir. Mientras que en el tiempo que duró la administración de Susana Villarán la idea era reubircarse en Campoy, la idea que tienen ahora las tres organizaciones es quedarse y pedir la titulación eventual del predio. Irse está fuera de discusión. Queda entonces revisar y analizar los mecanismos para que se les reconozca una propiedad. Fuera de las opiniones que los consideran como invasores o informales, objetivamente tenemos que la comunidad ha estado conduciendo un predio continuamente por casi 16 años. Jurídicamente, habría que analizar si ello habilita para reconocer un derecho de propiedad.
- Si bien es necesario que la comunidad no abandone la posesión, ello implica necesariamente que permanezcan, al menos por este mes, viviendo y respirando en un medio ambiente con sustancias tóxicas para la salud. ¿Cuál es el rol que debe asumir el Estado en esta situación?
Es complicado, porque la primera obligación del Estado es salvaguardar los derechos de las personas. El sentido común nos dice que un bebé no puede dormir en la zona donde hace dos horas pasó un incendio. El sábado y el domingo aún olía a ceniza y a quemado: Eso es terrible. Pero por otro lado tienes a un grupo de ciudadanos peruanos que han sido engañados por la administración y que ya no confían en la misma; y que no quieren moverse del predio porque ya han perdido sus casas, sus cosas, y lo único que tienen son esos metros cuadrados de posesión. Si se van, ya no tienen nada. Ahí está la dicotomía de qué hacer como Estado: llevarlos a otro sitio o respetar las decisiones de un pueblo indígenas. A veces se cree que la función del Estado es proteger a las comunidades para que no se les impongan proyectos, pero tampoco se podemos imponer cosas que en teoría nosotros creemos que son buenas. El estado no puede, entonces, imponer ni lo que va a hacer daño a los pueblos indígenas, ni tampoco lo que él crea que le va a hacer bien, porque eventualmente no tiene el poder para decidir eso. Por eso es que el Estado, en este caso, se a movido con cautela. Se han estado recopilando donaciones, haciendo inventario de damnificados, la Municipalidad del Rímac ha brindado apoyo a la Comunidad, la Defensoría del Pueblo ha hecho presencia, algunos Ministros y Congresistas han ido a la zona afectada. Pero todavía no hay una decisión de sacarlos del predio: sería politicamente equivocado y jurídicamente discutible. Además, ya se han iniciado labores de limpieza para poner el terreno liso a fin de empezar a construir otra vez. Por otro lado el tema técnico y legal le corresponde enteramente a la Municipalidad, respecto a la zonificación y la titulación. Es este el actor que debe responder y sería un buen gesto de parte de ellos. Ayer hubo una sesión en el Congreso de la Comisión de Pueblos Andinos y el Alcalde Luis Castañeda no asistió. Se lo ha vuelto a citar para el viernes [11 de noviembre]. En las reuniones que tuvimos con Castañeda el 2015 nunca fue, siempre eran sus gerentes los que aparecían o inclusive asistió la Teniente Alcaldesa Patricia Juárez. Mas nunca Castañeda lo hizo personalmente. Las organizaciones indígenas han remitido una carta en la cual le han pedido de manera expresa reunirse personalmente con Luis Castañeda, con lo cual no van a aceptar que se esté delegando esta responsabilidad a otros funcionarios. Está por verse cómo procederá ello.
- ¿Cuál es el mensaje final del CAAAP para la comunidad respecto a esta problemática?
Desde el CAAAP coincidimos con la Comunidad de Cantagallo en que es necesario que se garantice la calidad de vida y de la formalización del título de propiedad. A ello, tenemos que agregar que es urgente que se realice una investigación respecto a dos hechos. Primero, que se aclare por qué se priorizó el financiamiento de la construcción del by-pass de 28 de Julio, la construcción de una obra de cemento, relegando los intereses de la Comunidad Shipibo-Konibo. Segundo, que se investigue sobre las negociaciones entre Luis Castañeda y la empresa OAS antes de asumir la Alcaldía, pues ello explicaría la actividad paralizadora del Alcalde respecto a Vía Parque Rímac. Estamos ya en el terreno penal, e inclusive puede ser sujeto de investigación a través del Congreso por parte de las Comisión de Pueblos Andinos. Además, es importante agregar que la Comunidad Internacional ya tiene conocimiento de este caso, pues hace tres semanas la CIDH ha visitado Cantagallo, y logró escuchar los problemas de la Comunidad y otorgarles una memoria. Inclusive ya se les ha puesto al corriente del incendio acontecido. Toda esta información podría ser consignada como parte del Informe sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la CIDH.
