FERNANDO LEÓN MORALES[1]
Docente-investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Retomar la senda de crecimiento económico requiere pensar más allá de los tradicionales sectores que han sustentado el crecimiento del Perú en los últimos 30 años, requiere sumar nuevas industrias y revitalizar aquellos con gran potencial pero que no han tenido los incentivos adecuados para desplegarlo.
Dado las características geográficas y ecológicas de nuestro país, estos nuevos impulsores para una economía revitalizada se encuentran principalmente en el ámbito rural, un espacio tradicionalmente invisibilizado en la agenda pública, pero donde se hallan los recursos que esperan convertirse en productos para abastecer los mercados turístico, acuícola, energético, agroindustrial, forestal, solo por mencionar algunos, tanto a nivel nacional como internacional. Al ser el ámbito rural un espacio en que se encuentran las poblaciones más vulnerables, revitalizar sectores que dinamicen las economías locales y generen empleos verdes es la forma más directa y concreta de mejorar la vida de millones de peruanos.
Por otra parte, el impulso a sectores con gran potencial de apoyar la recuperación económica como los mencionados anteriormente son de vital importancia para enfrentar también la crisis climática, considerada como uno de los principales riesgos globales por el foro económico mundial. Al respecto, la información que muestra el estudio titulado costos y beneficios de la carbono neutralidad en el Perú es ilustrativa al revelar que el impulso al sector forestal mediante la gestión de bosques, la reforestación y la agroforestería, puede traer beneficios netos a la economía nacional del orden de los US$ 31 mil millones al 2050, contribuyendo simultáneamente a la mitigación del cambio climático y a la reducción de la perdida de la biodiversidad.
El sector forestal en general, y las plantaciones forestales comerciales (PFC) en particular pueden sumar a la economía nacional una nueva industria en sintonía con las proyecciones de crecimiento del mercado global de productos forestales. Al respecto se estima un crecimiento de 170% en la demanda de productos forestales para los próximos treinta años. Sin embargo, una nueva industria forestal con base en PFC en el Perú tendría el potencial de atender no solo la creciente demanda global de productos forestales, sino también la del mercado nacional que anualmente representa más de US$ 1,000 millones, y que frente a los US$ 200 millones en exportaciones de este tipo de productos, generan actualmente un déficit en la balanza comercial de más de US$ 800 millones cada año.
El factor de producción clave para instalar PFC es la tierra, al respecto se conoce que la mayor superficie disponible está en los andes donde su propiedad es de naturaleza comunal, en ese sentido, la Ley General de Comunidades Campesinas establece que son estas las que definen el régimen de uso de la tierra, mediante dos órganos de gobierno: la asamblea general, y la directiva comunal, este último es elegido por un periodo de dos años con posibilidad de reelección. Cabe destacar que la ley señala también que las comunidades campesinas son competentes para promover la forestación y reforestación en tierras de aptitud forestal.
Se estima que en los andes tenemos 7.5 millones de hectáreas disponibles tanto para PFC como para plantaciones con fines ambientales, no obstante, un diagnóstico más reciente elaborado en el marco del programa fomento y gestión sostenible de la producción forestal en el Perú, tomando en cuenta aspectos como grado de conectividad, uso actual de la tierra, presencia de corredores económicos, ha identificado más de un millón de hectáreas disponibles para la instalación de PFC en solo tres regiones de los andes (Cajamarca, Ancash, Junín), superficie que equivale al 45% del área de plantaciones forestales comerciales instaladas en Chile.
Sin embargo, la oferta de tierras disponibles para instalar PFC es una condición necesaria pero no suficiente para iniciar una nueva industria forestal, se requiere también de financiamiento en un volumen consistente con la superficie de tierras disponibles, lo que será posible si se usa recursos públicos disponibles como una palanca para movilizar capital comercial a fin de obtener resultados a la escala e impacto deseados. Este nuevo tipo de financiamiento llamado financiamiento mixto (blended finance) busca multiplicar el volumen de capital que se podría movilizar desde el sector público o privado por separado, así como potenciar el impacto del proyecto, programa o iniciativa al que se dirigen.
Dado las características de las PFC en cuanto al horizonte de tiempo prolongado para su cosecha, a su ubicación en el ámbito rural donde se encuentran comunidades campesinas, y a la fragilidad de los ecosistemas en donde se instalarían, se necesita una inversión con disposición a esperar largos periodos de retorno, pero que además integre los aspectos ambientales y sociales como parte central del modelo de negocio. Estas características, son claramente compatibles con la inversión de impacto, un tipo de inversión que se realiza con la intensión de generar un impacto social y ambiental, positivo y medible junto con un retorno financiero, y que se ha convertido en una industria de rápido crecimiento a nivel global, cubriendo todos los tipos de activos.
De acuerdo con el Global Impact Investing Market Report 2023, el tamaño del mercado global de inversión de impacto fue de USD 420.9 billones en 2022, y se prevé que continuará creciendo en la próxima década, acicateada por iniciativas como la Alianza Financiera de Glasgow para Cero Carbono (GFANZ por sus siglas en inglés) que agrupa a 450 compañías globales que manejan activos por más de US$ 130 billones y que serán usados para apoyar la transición hacia una economía descarbonizada en el 2050. El sector forestal se destaca en cuanto a su buen perfil para enfrentar el desafío climático al tener la capacidad de ofrecer el doble beneficio de reducir además de evitar emisiones de gases de efecto invernadero, esta es la razón, entre otras, por la que la inversión global en silvicultura ha pasado de US$ 10 mil millones en 2000 a US$ 100 mil millones en 2020.
Si consideramos que la demanda proyectada de productos forestales es creciente, que se cuenta con tierras con aptitud para la instalación de plantaciones forestales comerciales, y que el financiamiento privado en busca de negocios rentables con impacto social y ambiental positivo está disponible, la pregunta es: ¿por qué no se han concretado inversiones consistentes con la escala de tierras disponibles para PFC en el Perú? La respuesta, en mi opinión, es porque los incentivos públicos establecidos para promoverlas no están en sintonía con el riesgo que percibe el inversionista.
En ese sentido, encontramos que los incentivos promulgados por el estado, incluido el reciente Decreto Legislativo 1517, se han centrado en aspectos como descuentos del pago de derechos, tasas reducidas de impuesto sobre la renta, depreciación acelerada de activos, exoneración de aranceles a la importación de bienes de capital, y no en el riesgo percibido por el inversionista con capacidad de movilizar recursos en un volumen necesario para cubrir la superficie de tierras disponibles. El inversionista lo que necesita es un incentivo que capture el riesgo percibido de incumplimiento de contrato por parte de quien ostenta la propiedad de las tierras disponibles para instalar PFC.
En línea con lo anterior, propongo que el estado diseñe un instrumento de financiamiento mixto (blended finance), en este caso, una garantía para plantaciones forestales comerciales (GPF) que capture el riesgo percibido por el inversionista, asegurando cada unidad monetaria desembolsada por este, y de este modo, haciendo posible el suministro del financiamiento privado. Para el Estado, esto significaría un costo financiero relativamente bajo, en relación con los beneficios que obtendría en términos de cierre de la brecha de la balanza comercial, aumentos de las exportaciones, creación de empleo formal en el ámbito rural, efecto multiplicador en industrias relacionadas y de apoyo, aumento de los ingresos fiscales, mitigación y adaptación al cambio climático, y disminución de la tala ilegal de madera, principalmente en la Amazonía.
De otro lado, cabe señalar que la inversión privada, especialmente la inversión de impacto tiene la capacidad de movilizar financiamiento suficiente para alcanzar metas ambiciosas de plantaciones forestales comerciales en nuestro país, establecer una nueva industria y cumplir con compromisos de mitigación al cambio climático, asimismo, puede traer experiencia internacional y tecnología de punta aplicable a cada eslabón de la cadena productiva, puede también transferir know how en gestión empresarial, incluyendo el conocimiento de la cadena de suministro global de productos forestales así como de los mercados internacionales.
Por su parte, las comunidades campesinas poseen uno de los activos más importantes para el establecimiento de las PFC, la tierra con aptitud forestal y con seguridad jurídica; asimismo, ofrecen la organización social para asegurar la gobernanza necesaria alrededor de las plantaciones forestales comerciales, y un marco legal que las habilita para ser socias en un nuevo modelo de negocio que tiene el potencial para transformar la economía del Perú. Cabe señalar que el otro activo clave para instalar PFC es el agua, en ese sentido, las proyecciones elaboradas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) para el periodo 2036 a 2050 muestran que las precipitaciones aumentaran en las tres regiones que representan más de un millón de hectáreas de tierras disponibles.
Modelo para la instalación de plantaciones forestales comerciales sostenibles
Tomando en cuenta lo manifestado anteriormente podemos afirmar que el nuevo modelo de negocio tiene la oportunidad de capitalizar las lecciones aprendidas en cuanto a relaciones comerciales entre inversión privada relacionada a extracción de recursos naturales y comunidades rurales en Perú. La propuesta es que, mediante un contrato, la comunidad campesina y el inversionista de impacto en asociación con una empresa o creando una, pongan en valor los activos tangibles e intangibles que ofrecen al negocio, configurando una relación radicalmente diferente a lo que se haya hecho hasta ahora en el sector.
En esa misma línea, cabe resaltar que las características de la inversión de impacto ayudarían a minimizaría la asimetría con la que comúnmente las comunidades rurales han establecido relaciones con la inversión privada, permitiéndoles que por primera vez puedan entablar una relación comercial en condición de socios y no solamente como arrendador de sus tierras. Los beneficios para la comunidad serían, además, nuevos empleos formales, entrenamiento para el trabajo, ingresos por la venta de productos forestales no maderables, e ingresos por la venta de los servicios ecosistémicos que se generen a partir de las PFC. Por su parte, el inversionista, además del retorno esperado por la inversión tendría la oportunidad de establecer una nueva industria al integrarse verticalmente hacia adelante mediante la transformación primaria y secundaria para elaborar productos con valor agregado altamente demandados por el mercado nacional e internacional.
Sin embargo, el establecimiento y la sostenibilidad del nuevo modelo de negocio no sería posible sin la participación del Estado, fundamentalmente a través de dos estrategias, la primera referida al diseño e implementación del FOGAF, y la segunda, mediante el alineamiento de los programas sociales y de la inversión pública en las áreas en las que se instalen las nuevas PFC, esto ayudaría a que las comunidades campesinas, además de los beneficios del nuevo modelo de negocio, cuenten con buenos servicios de educación, salud, saneamiento, conectividad virtual y física asegurando así un clima social favorable para nuevas inversiones, para lograrlo, el rol de los gobiernos regionales y locales como articuladores de la inversión pública en el territorio será fundamental. Por otro lado, esta propuesta permitiría la implementación de la política nacional forestal y la estrategia para la promoción de plantaciones forestales comerciales 2021 – 2050.
Repensar el financiamiento público y la inversión privada, incluir a las comunidades rurales en nuevas cadenas de valor que estén en sintonía con las tendencias del mercado y con los grandes desafíos globales, nos puede ayudar a desplegar todo el potencial de industrias que tradicionalmente han contribuido marginalmente a la economía, pero que tienen el potencial de convertirse en los nuevos impulsores del crecimiento económico del Perú para los próximos 30 años.
REFERENCIAS
[1] Cuenta con más de 20 años de experiencia en posiciones directivas en el sector público, la cooperación internacional y el sector privado. Ha liderado el diseño e implementación de políticas públicas, y ha creado iniciativas innovadoras en materia ambiental con la participación del sector público, privado y la academia. Asimismo, ha asesorado proyectos relacionados con la conservación y el financiamiento de la biodiversidad, la infraestructura natural, el financiamiento climático, y la movilización de inversión de impacto con ámbito de acción en Perú, Colombia, Costa Rica, Ecuador, y México.
Ha sido Asesor de la Intendencia de Áreas Naturales Protegidas del Perú (hoy SERNANP), participó en la gestión de fundación del Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM) como Director General de valoración y financiamiento del patrimonio natural, ha sido Viceministro de desarrollo estratégico de los recursos naturales y miembro del Consejo Directivo de las siguientes instituciones: Fondo de las Américas (FONDAM), Autoridad Nacional del Agua (ANA), Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Trabajó en la compañía International Resources Group (IRG) como Líder del componente de Incentivos Económicos para la Conservación en el proyecto “Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina” (ICAA), financiada por la Agencia de Los Estados Unidos Para el Desarrollo Internacional (USAID), fue líder del equipo de Financiamiento Ambiental y Climático del Programa ProAmbiente de la Cooperación Alemana (GIZ), financiado por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania (BMU), fue Director del proyecto “Paisajes sostenible de cacao para San Martín”, financiado por la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO), actualmente trabaja en la compañía GOPA Worldwide Consultants como Coordinador Nacional para la implementación del Proyecto “Inversiones de Impacto para el uso sostenible de la biodiversidad en el Perú”, financiado en el marco de la Iniciativa Internacional para el Clima (IKI) por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania (BMU).
En cuanto al ámbito académico, ha elaborado y participado en más de 20 publicaciones sobre los temas de infraestructura natural, ecosistemas, servicios ecosistémicos, áreas naturales protegidas, economía y financiamiento ambiental. Es profesor de posgrado del programa de Maestría en Biocomercio y Desarrollo Sostenible, y del Programa de Segunda Especialidad en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Tiene estudios de Doctorado en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en España; una Maestría en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) en Costa Rica, y es Ingeniero Forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), en Lima, Perú.
