Lida Fernanda Estepa Rodríguez
Abogada y especialista en Planeación y Gestión del Desarrollo Territorial, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Maestra en Derecho con énfasis en Derecho Administrativo, Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado en Fundación CreSer, Cámara de Representantes y Senado de la República de Colombia. Actualmente, es servidora pública en propiedad en la Dirección de Asuntos Legislativos del Ministerio del Interior de Colombia.
Introducción
Ser mujer en el ejercicio de participación política y de ciudadanía es complejo. Quienes nos guían en este camino son otras mujeres que han tenido menores oportunidades– tanto normativa, económica y socialmente-, y que en cuantiosas ocasiones han sido subordinadas al restringirles el ejercicio de sus propios derechos por ser contrarios a los discursos colectivos y a las creencias culturales y familiares del rol femenino, menoscabando su empoderamiento para ejércelo de manera plena.
En este sentido, podemos mencionar que las desigualdades de género son un problema sistémico e institucional de amplio espectro, por lo que nuestra mirada se centra en el acceso a los cargos de elección popular [1]: Hablaremos del contrasentido del marco normativo con la realidad social de la mujer con el fin de presentar una propuesta enfocada a la consolidación de escuelas de formación en participación política y de asuntos de gobierno de mujeres y para mujeres con enfoque en el desarrollo de habilidades blandas, que les permitan superar las barreras al desempeñar una labor política, sin que conlleve sacrificar su propio desarrollo y el de su contexto familiar.
Marco normativo en contrasentido con la realidad social de la mujer latinoamericana
En primera medida, debemos mencionar que los avances en el marco legal internacional y local para la promoción de la participación en los asuntos públicos en condiciones de paridad se han venido consolidando, siendo un punto importante de partida para zanjar la desigualdad [2], pero también vale decir que estos son esfuerzos van en contrasentido a la realidad social femenina y se vuelven inocuos sin su materialización y una integración cultural de estos cambios, permaneciendo como un elemento netamente discursivo en la norma y en la política pública.
En teoría jurídica, la mujer y el hombre cuentan con igualdad de derechos y pueden ejercer la participación política, contando con la misma capacidad para acceder a los cargos de elección popular, al debate de las cuestiones públicas tanto en la órbita del control político como el del poder ejecutivo, pero el contexto mundial nos demuestra que el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular aún es inferior al esperado; Según datos consolidados por ONU Mujeres (2021): “En sólo 22 países hay Jefas de Estado o de Gobierno, y 119 países nunca han sido presididos por mujeres. Al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará por otros 130 años (…) Únicamente el 25 por ciento de los escaños parlamentarios nacionales están ocupados por mujeres (…)En América Latina y el Caribe, Europa y América del Norte, las mujeres ocupan más del 30 por ciento de los escaños parlamentarios.(…) Los datos sobre 133 países muestran que las mujeres constituyen 2,18 millones (36 por ciento) de las y los miembros de los cuerpos deliberativos locales. Sólo dos países han alcanzado el 50 por ciento, y en otros 18 países, más del 40 por ciento del funcionariado local son mujeres”. Referente a los países latinoamericanos, Llanos y Roza (2015) expresan que “las mujeres siguen estando subrepresentadas tanto en posiciones electas como en las designaciones en las carteras ministeriales. A pesar de constituir más del 50% de la población, no llegan a representar ni un cuarto de las posiciones electas o nominadas en la política a nivel regional».
Causa del contrasentido
La mujer se encuentra inmersa en condiciones fácticas de desigualdad y exclusión desde las cuales se obstaculiza el acceso a los cargos públicos y con ello, limitando el ejercicio de la participación política y de la ciudadanía plena [3]: Estas barreras no solo se limitan al componente geográfico [4], económico [5] y social, sino que entran en conflicto asuntos tan relevantes como el proyecto de vida individual con el sentido de familia [6] y el trabajo del cuidado [7]. En estos escenarios algunas de las mujeres viven la dicotomía de elegir entre lo político y el cuidado de su pareja y familia, por lo que, de llevarlos a cabo de manera conjunta, demanda exigencias adicionales a las asumidas desde el rol masculino. Las que optan por su proyecto de vida en un entorno político por lo general cuentan con insuficiente apoyo por parte de su núcleo familiar y afectivo, siendo causa de abandono del mismo [8].
Aunado a ello, es notoria la reducida cantidad de mujeres que se establecen como referentes locales para el ejercicio critico de los derechos y la consolidación de proyectos políticos femeninos: Existe una la subrepresentacion en los escenarios de toma de decisiones y poder. Ahora bien, este grupo de mujeres se enfrentan a los prejuicios y estereotipos del “hombre en el ejercicio de lo político”, situación que conlleva a no ser vistas como pares, siendo estigmatizadas como individuos que necesitan ser apadrinados y adoctrinados [9]. El criterio de una mujer en un cargo de elección popular es exhaustivamente analizado para buscar inexactitudes en su estructuración y suele necesitar la validación del conjunto mayoritario [10] para su aceptación; por otro lado, estas mujeres que han decidido comandar este ejercicio de reivindicación de género suelen ser criticadas por pares de ideologías contrarias en sus valores, creencias y actitudes de liderazgo [11]. Ser una líder activa en política tiene una gran limitación, lleva un estigma grande y una necesidad constante de reafirmar el mérito de ocupar dicho cargo. Entre otras dificultades para cambiar los escenarios actuales, encontramos la auto estigmatización frente a su capacidad de asumir los cargos públicos, el señalamiento otras mujeres, la falta de compromiso de las mujeres para educarse en la trasformación individual y cultural frente al ejercicio pleno de sus derechos y hay una limitación por creencias tales como que “la mujer debe secundar a las caras visibles desde cargos medios” quedando relegadas a espacios asesoriales, asistenciales en lo administrativo y en los liderazgos comunales sin suficiente visibilidad: Ahí el ejercicio se vuelve más complejo, ya que su criterio político no está siendo escuchado y su credibilidad se ubica fundamentalmente al interior de la comunidad pero no de los gobiernos.
¿Por qué no se logra el objetivo de la norma? Porque la norma está trazando la igualdad sin tomar en cuenta que la mujer ha sido excluida históricamente de la ‘res pública’, y que estamos en una carrera por los cargos públicos en medio de la iteración, en el ir aprendiendo a hacer política mientras se abre el camino. Las medidas de cuota de género, aunque aumentan el número no nos otorgan las herramientas pedagógicas propias del ejercicio: la educación política de la mujer no ha sido priorizada, no ha existido empatía por parte de las normas y de la política pública para impactar de manera general en la formación de mujeres empoderadas en los asuntos de gobierno y de ciudadanía plena.
Propuesta
Desde este escenario, proponemos escuelas políticas con enfoque de género y orientadas al desarrollo de habilidades blandas, que sean de vocación permanente en todos los ciclos vitales [12]: Dentro de estos espacios debería primar el compromiso por su empoderamiento y redes de apoyo fortalecidas para la que la mujer se pueda desempeñar a distintos niveles y este enfocada a su bienestar individual, familiar y social, sin tener sentimiento de sacrificio; enfocarnos en apoyar a mujeres con identidad propia que se sobreponen a la estigmatización, mujeres con amor propio para que afronten la gesta de pertenecer a territorios históricamente masculinos: Nos urge promover a la mujer como un ser resiliente, perseverante y con templanza. para ser políticas con la capacidad de superar periodos de turbulencia y manteniéndose serenas en situaciones de extremos críticos: es urgente que cualifiquemos los liderazgos femeninos a través de habilidades de argumentación y de interpretación del contexto político y social y donde sean relevantes las habilidades blandas tales como la creatividad, la comunicación asertiva y efectiva, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. El ejercicio político requiere renovación a una velocidad mayor, pero no solo a nivel normativo, sino con la presencia permanente del componente pedagógico. Las mujeres necesitamos modificar creencias como colectivo, impulsar la educación con enfoque de género en temas de gobierno y políticos, recibir herramientas para que no seamos manipuladas tanto en las urnas como en el ejercicio de los cargos. La idea no solo es que seamos más mujeres llenando sillas, es que seamos líderes informadas, activas, con criterio en los escenarios que se nos han sido negados durante muchos años.
Referencias
[1] Referente al tema del acceso a los cargos públicos y a los asuntos políticos, históricamente ha sido un tema tratado por hombres, así como expone Amorós citando a MZ Rozando (2001) “lo privado y lo público constituyen lo que podríamos llamar una invariante estructural que articula las sociedades jerarquizando los espacio: El espacio que se adjudica al hombre y el que se adjudica a la mujer. A pesar de sus diferencias históricas esta distribución tiene unas características recurrentes: las actividades socialmente más valoradas, las que tienen un mayor prestigio, las realizan prácticamente en todas las sociedades conocidas los varones.” (pág. 14)
[2] A nivel internacional hay un conjunto de normas destacables a través de las cuales se instaura la relevancia de la participación política de la mujer: Entre estas ubicamos la Resolución de la asamblea general de las Naciones Unidas sobre la participación de la mujer en la política del año 2011 (A/Res/666/130), , La resolución 1990/15 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas del año 2004, a través de la que se establece de al menos un 30 por ciento de mujeres en cargos directivos, la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la participación de la mujer en la política (A/RES/58/142) del año 2003, Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995 y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979. En Colombia contamos con garantías constitucionales a través de los artículos 40 y 107 superiores, y con rango legal contamos con la Ley Estatutaria 581 de 2000, la Ley Estatutaria 1475 de 2011 a través de la cual consolida el 30 por ciento de participación en las listas para elección de curules de elección popular y la conformación de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en el Congreso a través de la ley 1434 de 2011. Al nivel ejecutivo encontramos la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres y a nivel institucional contamos con la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.
[3] Torres García (2012) expresa que “Si bien teóricos como Marshall o Sartori incluyeron hace tiempo a la igualdad como un componente fundamental de la definición de ciudadanía, siendo su idea y existencia parte esencial de la democracia, lo cierto es que su implementación ha demostrado ser difícil de alcanzar. Cada vez más se habla de la persistencia de un “déficit democrático”, considerando la ausencia o subrepresentación de sectores o poblaciones históricamente excluidas – como los pueblos indígenas o la población afrodescendiente – y muy especialmente, las mujeres, quienes forman parte de todos los colectivos sociales y representan la mitad de la humanidad.”
[4] El acceso a los cargos públicos por parte de las mujeres no es equiparable cuando se presenta en lo rural y lo rural disperso al fenómeno cuando ocurre desde lo urbano, ni tampoco es lo mismo ejercerlo en las ciudades capitales que en ciudades medianas y pequeñas: las barreras geográficas tienen implicaciones importantes en los liderazgos femeninos.
[5] El acceso a los cargos públicos por parte de las mujeres con necesidades básicas insatisfechas es de ocurrencia menor que cuando la candidata no es encuentran incluida en estas cifras: Las barreras para zanjar la desigualdad en términos de consolidación de derechos políticos son más poderosas conforme las mujeres no tienen herramientas para suplir sus necesidades básicas ni para potenciar su desarrollo humano.
[6] “Amorós (2001)señala que en el discurso político actual es frecuente asociar lo privado a lo femenino, cambiando así la connotación moderna del término –un ámbito íntimo, sustraído a la vida social y a las miradas de todo mundo- y acercarse más a su uso griego: como carencia, como negación. (…) Al crear las condiciones para que el otro tenga privacidad, la mujer queda como la guardiana de la familia, excluida de la vida pública. De ahí que la objeción feminista en relación con la asimilación de la mujer a lo privado se refiere no a que tenga privacía, en el sentido liberal moderno, sino a que, en el sentido griego, esté privada de reconocimiento.
[7] “El trabajo de cuidado (entendido en un sentido amplio, pero en este caso focalizado principalmente en el trabajo de cuidado no remunerado que se realiza en el interior de los hogares) cumple una función esencial en las economías capitalistas: la reproducción de la fuerza de trabajo. Sin este trabajo cotidiano que permite que el capital disponga todos los días de trabajadores y trabajadoras en condiciones de emplearse, el sistema simplemente no podría reproducirse.” (Rodríguez Enríquez, 2015); En este sentido, el trabajo del cuidado desempeña un papel económico relevante que aun cuenta como una de esas actividades de carácter privado que se invisibilizan teniendo bajo reconocimiento social y económico, tal como diría Amorós (2001)“El espacio público, al ser espacio de reconocimiento, es el de los grados de competencia, por tanto, del más y del menos…Por el contrario, las actividades que se desarrollan en el espacio privado, las actividades femeninas, son las menos valoradas socialmente, fuere cual fuere su contenido(…)” (pág. 25).
[8] Bajo este tipo de escenario la mujer cuenta con una libertad parcial, no hay una libertad real para desarrollar todas sus capacidades.
[9] Ser mujer y estar en espacios tradicionalmente masculinos – como la política- es una práctica compleja. Las mujeres en estos entornos solemos vernos en la necesidad ser rigurosas, exhaustivas y sustentar con fuentes verídicas nuestras posiciones ideológicas y opiniones para no ser tildadas de ineficientes o vánales, asumiendo un peso adicional al del hombre al que históricamente no ha tenido que llevar esta carga bajo estas condiciones.
[10] Dentro de este conjunto, es de recordar que en las esferas políticas están compuestas mayoritariamente por hombres.
[11] Para ilustrar este punto, en el contexto colombiano la Alcaldesa de Bogotá ha sido tildada de “gritona” y otras como Vivianne Morales ex congresista, ha sido tildada de “rezandera”, información que puede ser consultada en https://www.las2orillas.co/prefiero-la-rezandera-viviane-morales-la-gritona-claudia-lopez/. Asi mismo en un nota mas reciente se le critica a Claudia López por el uso de una segunda lengua: https://www.semana.com/confidenciales/articulo/en-ingles-machacado-claudia-lopez-salio-en-cnn-a-mostrarse-como-una-heroina/202116/.
[12] En Latinoamérica es te tipo de escuelas son esporádicas y se llevan a cabo para cumplir un indicador de política pública.
Amorós, C. (2001). Feminismo, igualdad y diferencia. Mexico: Universidad Autonoma de México.
Banco Interamericano de Desarrollo-Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. (Octubre de 2015). Partidos políticos y paridad: Un desafío de la democracia en América Latina. Obtenido de Publicaciones Banco Interamericano de Desarrollo: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Partidos-politicos-y-paridad-Un-desafio-de-la-democracia-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf
ONU Mujeres. (15 de Enero de 2021). Obtenido de https://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures#_edn1
Rodríguez Enríquez, C. (2015). Economía feminista yeconomía del cuidado Aportes conceptuales para el Estudio de la desigualdad. Nueva Sociedad, 256, 30-44.
Torres García, I. (2012). Promoviendo la igualdad: cuotas y paridad en América Latina. Revista de Derecho Electoral, 28. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5608314
