Dra. Mariella Villasante Cervello
Antropóloga, Investigadora IDEHPUCP, 15 de setiembre de 2016
A pesar del tiempo transcurrido luego de la caída del régimen del dictador Alberto Fujimori, el tema de la violencia política que azotó nuestro país entre 1980 y 2000 sigue siendo de actualidad. Los análisis llevados a cabo por eminentes especialistas, como nuestros recordados Alberto Flores Galindo y Carlos Ivan Degregori, y los colegas Nelson Manrique, Ponciano del Pino, Kimberly Theidon, Jo-Marie Burt y Coleta Youngers, entre otros, no hayan agotado todavía el análisis de los hechos de violencia de masas en el Perú. Cuando retomé mis investigaciones en el Perú en 2006, luego de haber tenido que partir en 1983 en razón del avance de la guerra interna, y haber comenzado mis investigaciones en la República Islámica de Mauritania en 1986 (hasta la actualidad), me llamó la atención que los análisis se concentraran sobre el contexto ideológico de la violencia de los grupos subversivos y la represión del Estado, dejando al margen los hechos de violencia en sí (masacres, torturas, desapariciones, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales). Luego, a partir de 2008, retomé mis trabajos de campo entre los Ashaninka de la selva central, donde había empezado mis estudios de antropología en la PUCP, y me di cuenta que para comprender cabalmente su situación particular era necesario analizar el contexto nacional de la guerra interna. Paralelamente, fui recibida en el IDEHPUCP como investigadora asociada y, a pedido del Dr Salomón Lerner, hice la traducción del Hatun Willakuy (2004, 2008) en francés; obra que fue publicada en junio de 2015.
En junio de 2016 he publicado en Francia un libro bastante ambicioso sobre este tema, a partir de la antropología política de la violencia [Violence politique au Pérou, 1980-2000. Sentier Lumineux contre l’État et la société. Essai d’anthropologie politique de la violence, Paris, L’Harmattan]. Esta publicación es la primera de una serie de tres proyectos centrados sobre la violencia; el segundo concierne los nativos Ashaninka y Nomatsiguenga de la selva central, y una tercera publicación abordará un estudio comparativo de la violencia en el Perú y en Mauritania, donde hago investigaciones desde 1986 a partir de Francia. En este texto tentaré de presentar las hipótesis centrales de mis estudios peruanos.
Perspectiva de trabajo y fuentes: desprovincializar el caso peruano
El libro “La violencia política en el Perú, 1980-2000. Sendero Luminoso contra el Estado y la sociedad. Ensayo de antropología política de la violencia” (551 páginas), trata de presentar una síntesis crítica de los hechos conocidos de este período a partir del Informe final de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación (IF de la CVR), de los mejores trabajos sobre el tema, y mis trabajos de campo en la selva central (estadías anuales desde 2006). He recogido información de archivos en el Centro de documentación de la Defensoría del Pueblo y he ordenado los hechos de violencia en una “Cronología de la violencia en el Perú” (233 páginas) que será publicada en Francia, un corto resumen es presentado en el Anexo 2 del libro.
La perspectiva de la antropología política representa una novedad en el contexto actual de estudios sobre el tema, la razón es simple. Los autores que han analizado el problema de la violencia de los años 1980-1990, así como los autores del IF de la CVR, adoptan una visión sociológica centrada sobre el caso peruano, sin establecer comparaciones con otros casos en América Latina y en el resto del mundo, y atribuyen una importancia crucial al proceso interno, dejando en la sombra los análisis comparativos a nivel mundial y los estudios regionales. Ciertamente, el IF de la CVR tenía como objeto central reconstruír lo acaecido en el país entre 1980 y 2000, y recoger los testimonios de las víctimas del conflicto armado interno. Sin embargo, los datos recogidos deben ser aún completados y afinados en esta fase de post-CVR a partir de nuevos trabajos de campo e investigaciones de archivos. La tarea es ardua.
Precisemos que la antropología política de la violencia es sobre todo una perspectiva de estudio antes que una disciplina en sí; sabemos en efecto que la violencia no ha merecido hasta ahora un análisis en profundidad, lo cual prueba, como lo decía Hannah Arendt (De la mentira a la violencia, 1969), que se ha considerado como un hecho “normal” y por lo tanto descuidado dado que no nos preguntamos nada sobre lo que parece evidente.
La perspectiva global es eminentemente comparativa pues se trata de comprender un aspecto de las actividades sociales (en nuestro caso la violencia) en el contexto de sociedad humana en general, más allá de las diferencias culturales propias a cada sociedad. Teniendo en cuenta esta perspectiva de trabajo, he analizado la violencia en el Perú a partir de los trabajos de especialistas de la violencia y de la guerra (Sigmund Freud, Hannah Arendt, Tzvetan Todorov, Françoise Héritier, Jacques Sémelin, Daniel Goldhagen, entre otros), de especialistas del terrorismo peruano (Degregori, Manrique, del Pino) y también del racismo, componente central de la structura social peruana y latino-americana en general (Todorov, Flores Galindo, Callirgos).
Varias configuraciones de violencia peruana han sido comparadas con las situaciones de violencia política en América Latina (Colombia, Guatemala, El Salvador, Chile, Argentina), en el mundo árabe (Argelia), y en otros países donde se han vivido violencias de masa (Rwanda, Yugoslavia).
También he dado una gran importancia al análisis y a la de-construcción de términos del lenguaje social y político (Bourdieu 1982), tanto a nivel de los testimonios de las víctimas, comparados con algunos textos de sobrevivientes de la Segunda Guerra mundial (i.e. Primo Levi 1947, 1986), como a nivel de los discursos políticos, de los manuales militares, y de las ideologías terroristas (panfletos de propaganda). En ése marco, los discursos “revolucionarios” y las formas de reclutamiento de los militantes del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) han sido comparadas a las que se han desarrollado en China maoísta, en la Unión soviética (Courtois et alii, 1997), y en algunos países del mundo musulmán donde se han propagado las organizaciones terroristas de Al-Qaeda y el Estado Islámico.
Nuevas hipótesis: guerra civil y tentativa totalitaria
Mi hipótesis central considera que durante varios años las regiones que se encontraban en el epicentro del conflicto (Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Junín) han vivido una guerra civil, en la cual los pobladores se dividieron entre los “subversivos y los Peruanos”, como lo notaba Flores Galindo (Buscando un Inca, 1986, 2008: 362) y Cecilia Méndez (2000). Tuvimos pues una “guerra entre prójimos” (Theidon 2004).
Las poblaciones peruanas del centro y sur andino y de la selva central se han dividido en dos campos enemigos y han sido también instrumentalizadas por los actores armados, el Partido comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL), el Movimiento revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y por las fuerzas del orden. El proceso ha sido extremadamente complejo pues las poblaciones rurales y citadinas adhirieron por un tiempo a uno de los campos enemigos para luego cambiar de bando; un proceso ordinario en las situaciones de guerra civil en el mundo.
El término “guerra civil” no tiene valor jurídico y el derecho humanitario internacional no reconoce ningún estatuto jurídico a los grupos armados, ni el estatuto de “prisioneros de guerra” que existen sólo en el contexto de guerras internacionales. Es por ello que la CVR adoptó los términos “guerra interna” y “conflicto armado interno” que, según la Convención de Ginebra de 1948, designan los “enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y grupos armados en el seno de un territorio nacional”. En realidad se trata de un eufemismo que remplaza la expresión de guerra civil, que despierta mucho temor entre los actores de la violencia y entre los analistas pues el término está asociado a una forma extrema de enfrentamiento. Sin embargo, la guerra civil es simplemente una guerra entre miembros de un mismo Estado-nación y es lo que se ha vivido en el Perú entre 1980 y 2000.
Reconocer que hemos afrontado una guerra civil en la mayor parte del territorio nacional, en la que se han enfrentado grupos subversivos de civiles armados contra las Fuerzas armadas y contra las milicias civiles nos hace comprender de manera coherente la extrema violencia que ha causado la muerte de más de 70,000 personas, más de 15,000 desaparecidos y más de 6,000 nativos Ashaninka y Nomatsiguenga que perecieron en los campos comunistas del PCP-SL (Villasante 2012).
Durante casi veinte años, el estado de guerra civil, es decir un contexto caracterizado por la división entre Nosotros/Amigos, los Otros/Enemigos, se volvió ordinario en el Perú. Con todo lo que ello implica en términos de pérdida de referencias de valor de la vida humana, de respeto de los derechos humanos, y de extrema crueldad de los actores de la guerra entre ellos y contra la población civil desarmada. Es en ése marco que debemos analizar las crueldades extremas como la negación de la humanidad del Otro que se extermina, que es el común denominador de la violencia humana según la antropóloga Françoise Héritier (1996, 1999).
La emergencia del PCP-SL debe ser comprendida como la tentativa mejor organizada de crear un Estado totalitario en América Latina, es decir, como lo ha planteado Arendt (1973), una organización de masas de individuos aislados, sin pertenencia de clase, a los cuales los jefes del movimiento les exigen lealtad total e incondicional; el objetivo de esta forma extrema de opresión política es el control total de la vida de las masas (a través de la propaganda) y su subordinación a un jefe supremo. Los casos paradigmáticos son el totalitarismo comunista en la Unión Soviética y en China, y el totalitarismo de la Alemania nazi (Todorov 2010). Siguiendo un planteamiento de Orin Starn (1992), considero que los investigadores que trabajaban en la zona de Ayacucho no se dieron cuenta del proceso en preparación desde los años 1970 por la predominancia de la visión “andinista”, o neo-indigenista (similar al orientalismo de Said, 1978), que coloca a los Andinos fuera de la historia moderna. Los que hablan de “guerra étnica” que habría opuesto los “Blancos” a los “Indios” son también andinistas que no entienden que la guerra se ha desplegado en el marco de una estructura postcolonial en la cual los fundamentos son racistas y violentos entre los que se consideran como “civilizados”, “hispanohablantes” y los que son clasificados como “Indios/inferiores” (Flores Galindo 1986, Méndez 2006). Los orígenes genealógicos siguen siendo importantes en el Perú, pero lo que persiste es una jerarquía de mestizos.
El Estado y la sociedad tomaron mucho tiempo para comprender la violencia senderista y más tarde la violencia del MRTA. Las Fuerzas armadas cometieron errores monumentales, que demostraron las graves fallas de su estructura y de su nivel de conocimientos del país y su falta absoluta de sentido de protección de poblaciones civiles que fueron masivamente agredidas. Al terrorismo del PCP-SL y del MRA respondió un terrorismo de Estado. Los gobiernos de Belaunde, de García y de Fujimori fueron incapaces de dar un tratamiento adecuado al alzamiento armado, y las Fuerzas armadas se mostraron incompetentes y ultra represivas. Después del IF de la CVR, el conocimiento de la guerra sigue siendo tenue.
El PCP-Sl en el contexto latino-americano e internacional
¿Cómo comprender la aparición y el desarrollo exponencial del PCP-SL en el Perú? Varios colegas y también el IF de la CVR, ya han tentado de explicar este hecho mencionando la participación de factores internos (pobreza, abandono del Estado, ausencia de futuro para los jóvenes). Mi contribución a este tema concierne la contextualización del caso peruano en el marco latino-americano e internacional. En América Latina hemos conocido largos períodos de violencia colectiva, incluso de terror en las dictaduras. La modernización política y la occidentalización cultural comenzaron solamente después de la Segunda Guerra mundial, cuando el modelo europeo del Estado-nación y de la democracia empieza a afirmarse en nuestro país y en el resto de la región, aunque con resultados bastante modestos hasta el día de hoy. En efecto, Eric Hobsbawm (2007) nota que la democracia y los valores occidentales de igualdad social son difícilmente exportables a los países del Tercer mundo, subdesarrollados y jerárquicos. El pésimo nivel educativo y la escasa cultura política explican en gran parte la situación de nuestros países, donde la sociedad ignorante puede ser fácilmente manipulada por los populismos de izquierda y/o de derecha.
Planteo que el orden social y político latinoamericano está marcado por tres invariantes: la violencia, la jerarquía y el poder autoritario. La jerarquía social sigue basada sobre el origen genealógico y sobre la riqueza. La mano de obra sigue siendo de origen rural y pobre, y por lo tanto está excluida de la nación en construcción y de los servicios del Estado.
Otra constante del orden latinoamericano es la revuelta como modo de expresión política y de rechazo de la dominación autoritaria. Los Estados latinoamericanos han tratado siempre las rebeliones populares de forma violenta, movilizando a las fuerzas del orden y a las milicias civiles donde era posible.
El triunfo de la revolución comunista cubana en 1958 marca un nuevo ciclo de la violencia política en América Latina, que, bajo los auspicios de los Estados Unidos, se concentra de manera feroz e irracional en el anti-comunismo. Podemos distinguir cuatro tipos de violencia política: las dictaduras militares anti-comunistas en Brasil, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay entre 1964 y 1985; las guerras civiles en Guatemala (1982-1996) (1962-1996) y en El Salvador (1980-1991); la “revolución” en Nicaragua (1979-1990); y las guerras civiles mezcladas al tráfico de droga en Colombia (1980-2016), y en el Perú (1980-2000).
En el marco internacional, la guerra civil peruana es muy similar a la guerra civil de Argelia (1991-1999), que opuso grupos subversivos islamistas a las Fuerzas armadas y a milicias civiles de auto-defensa, en el contexto de un Estado controlado por los militares desde la guerra de independencia (1955-1962).
La violencia de masas en su contexto histórico y estructural
La violencia de masas, las masacres y los métodos de destrucción (Sémelin 1995, Todorov 2010, Goldhagen 2012, Keeley 1996) en el Perú pueden ser comparables a las que han tenido lugar en otras zonas del mundo, implicando las torturas, las mutilaciones, las violaciones sexuales, las ejecuciones y los robos de bienes que acompañan las masacres (Cambodia de Pol Pot, 1975-1979, un millón de muertos; Rwanda, 1990-1994, 400,000 muertos; Yugoslavia, 1991-1995, 200,000 muertos). En último análisis, la violencia de masas se funda sobre lo que Sigmund Freud (Anthropologie de la guerre, 2007), ha llamado la pulsión de muerte de los seres humanos, que acompaña, en modo paradoxal, la pulsión de vida.
Se ha planteado que la violencia de los años 1980-2000 es un hecho totalmente nuevo en el país; lo cual es muy cierto, pero hay que precisar que la violencia de masas es recurrente tanto en el período colonial como post-colonial. Los colonizadores perpetraron el mayor genocidio de la historia mundial entre los siglos XVI-XIX, diezmando poblaciones amazónicas y andinas. Entre los años 1880 y 1920, la Amazonía peruana, como el resto del sub-continente, conoció otro genocidio perpetrado por los caucheros que buscaban mano de obra esclava para explotar este producto de exportación. Las revueltas sociales fueron reprimidas siempre de manera violenta: en 1923 hubieron 2,000 muertos en Huancané; en 1932 más de 1,000 apristas fueron asesinados en Trujillo; entre 1963 y 1964 la represión en Ongoy y Sicuani produjeron más de 300 muertos. En fín, la guerrilla de 1965 fue reprimida con uso de napalm y de bombardeos de muchos poblados de la selva central donde se estima que murieron entre 8,000 (Klarén 2000: 401) y 14,000 (Añi Castillo 1967: 220) nativos Ashaninka y Nomatsiguenga, y Andinos de la región. Parece pues urgente que los análisis a nivel nacional incluyan la Amazonía (63% del territorio), cuya historia es totalmente desconocida y marginada.
De manera sistemática, el Estado peruano ha recurrido a métodos violentos contrarios a las diversas Constituciones del país para imponer la paz social y ha reprimido las protestas y las revueltas con masacres, encarcelamientos, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Estas “violencias ordinarias” se han acompañado siempre de la actualización de la violencia contra las mujeres, otra invariante de la estructura latinoamericana que funda todo el orden social sobre la dominación masculina (Bourdieu 1998), o la valencia diferencial de género (Héritier 1996b, 2002). La violencia estructural de nuestra sociedad se funda en efecto sobre la imposición constante de la dominación sobre las mujeres, y se reproduce en primer lugar a través de la educación machista de las madres y la inferiorización de la mujer en el espacio público y privado. De otro lado, como lo ha demostrado Flores Galindo (La tradición autoritaria), la dominación se reproduce en el campo étnico, en el marco de las relaciones entre las clases altas y medias con las empleadas del hogar, en mayoría de origen andino. En el espacio doméstico, los niños crecen en un paradoja doble, de un lado, considerando que los niños son superiores a las niñas, y de otro lado considerando que sus familias son superiores a las empleadas contra las cuales todas las violencias verbales y físicas son permitidas. Finalmente, las madres educan a los hijos en el machismo pero también maltratan a los hijos, niños y niñas, para descargar su frustración de la dominación de los hombres. El maltrato de los padres a los hijos es otra constante. Este círculo vicioso de la reproducción de la violencia doméstica que se plasma en la violencia pública y política es muy fuerte en el Perú y en América Latina (la alta tasa de feminicidios lo prueba).
Análisis antropológico del Pcp-sl : los campos de concentración senderistas
He propuesto algunos planteamientos nuevos al análisis de la emergencia y de la expansión del PCP-SL, tema que se necesita aún muchos trabajos regionales a partir de los testimonios recogidos en el IF de la CVR que deben ser completados con trabajos de campo. Mi contribución concierne sobre todo el análisis de los hechos de violencia perpetrados por los senderistas, la ideología y la propaganda senderista, los métodos de reclutamiento y la comparación del senderismo con el movimiento de los Khmers rojos de Cambodia y, en menor medida, con los movimientos islámicos de Al-Qaeda y del Estado Islámico. La razón es muy simple, se trata de movimientos totalitarios que pretenden imponer un “nuevo orden político”, inspirado por el comunismo y por el islam rigorista y nihilista post-moderno (Villasante 2015).
Como lo notaba anteriormente, el PCP-SL representa la tentativa mejor organizada de instalación de un Estado comunista totalitario en el país y en América Latina. El modelo del siniestro Abimael Guzmán y de sus seguidores era la China comunista en su versión más bárbara, la que caracterizó la Revolución cultural, y que produjo entre uno y tres millones de muertos. Los métodos utilizados por Guzmán y por sus mandos senderistas serían incomprensibles sin tener en cuenta el modelo maoísta, que algunos autores han evocado sin precisar su extrema violencia en el marco global de los crímenes del comunismo internacional (Courtois et alii, 1997). Esta laguna importante se explica en gran parte por la falta de una crítica formal del comunismo internacional y de sus crímenes — perfectamente documentados en varias lenguas (Todorov, Arendt, Margolin) — en el Perú. Es una tarea académica pendiente.
El discurso senderista de Guzmán exhortaba a los jóvenes universitarios de Ayacucho a eliminar el orden antiguo para que pueda “nacer el orden comunista”. Esos jóvenes eran muy similares a los Guardias Rojos, ambos grupos estaban entre dos mundos, tradicional y moderno; ambos acumulaban frustraciones y resentimientos, y en sociedades rurales donde la gestión política estaba reservada a los mayores, los jóvenes y los adolescentes (“pioneros”) los enfrentaron, los torturaron y los mataron. Las inhibiciones del orden social rural desaparecieron par dar paso al orden de la guerra y de la violencia extrema.
Los crímenes del comunismo senderista no han sido enmarcados en su contexto de referencia, y además, dos de ellos no han sido siquiera identificados hasta ahora. Se trata de la instalación de campos de concentración y/o de internamiento en la zona andina (Oreja de Perro, 1982-1987), y en la zona de la selva central, en los ríos Ene y Tambo (1985-1989), y la formación de niños-soldados (Villasante 2012, 2015, 2016). El IF de la CVR describe con todo detalle esos dos crímenes pero no los categoriza como crímenes de lesa humanidad, según el derecho humanitario internacional. Se trata de lagunas conceptuales de derecho internacional que deben ser rectificadas para que el Estado peruano pueda aportar las medidas de justicia indispensables para la víctimas. Esto representa una tarea urgente no sólo porque se refiere al pasado reciente, es decir a las víctimas que son “sobrevivientes de campos de concentración”, sino porque además estos campos existen todavía en la región de la selva central del VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro). Mis trabajos de campo en la selva central están demostrando la realidad de estos dos crímenes del PCP-SL que necesitan, a mediano plazo, la intervención del Estado peruano pues no podrían quedar impunes en el estrecho marco académico.
Reflexiones finales
Parece indispensable “desprovincializar” el caso peruano a través la comparación sistemática con otros casos similares, tanto en América Latina (Colombia, Guatemala), como en el resto del mundo (Argelia, Cambodia, Rwanda). Esto nos llevará a comprender y a aceptar que el país vivió una trágica experiencia de violencia de masas en la cual la militarización del Estado, la debilidad de la estructura administrativa, de la nación y de la democracia, así como la pobreza y el abandono de las poblaciones rurales han sido los factores que han desencadenado y alimentado la violencia social. Esta violencia fue vehiculada, expandida y mantenida por la ideología y la propaganda comunista del PCP-SL que volcó nuestro país en la barbarie de la guerra civil en una gran parte del territorio nacional.
Las Fuerzas armadas siguieron el mismo camino ideológico y separaron la sociedad en “terroristas que hay que eliminar” y colaboradores hasta los años 1990. La falta de reconocimiento de estas realidades históricas por el Estado peruano, visible en la marginación actual del IF dela CVR, que describe de manera remarcable nuestra historia política reciente, se hace patente con la preponderancia de la estrategia del “olvido” desarrollada por el ex presidente, el dictador Alberto Fujimori, y por su familia.
Para los que tuvieron una grave responsabilidad en la decadencia del Estado, civiles y militares, el olvido es preferible al enfrentamiento de la verdad, ello asegura la impunidad; para la sociedad civil, que luego de 16 años conoce la paz y una cierta mejora económica en las ciudades, debida a la expansión del mercado consumista, el olvido asegura una cierta “paz interna”. Es mejor no recordar para no sufrir.
De hecho, muchas sociedades salen de las guerras con un único deseo: olvidar y vivir el presente. En Europa, los testimonios de las víctimas de la Segunda Guerra mundial (1939-1945) fueron inaudibles hasta los años 1980-1990. La situación del Perú es todavía más compleja por el hecho de que la mayoría del territorio y de las víctimas de la guerra pertenecen al “Perú profundo”, que sigue siendo considerado por los citadinos como “un problema” (Basadre 1931). ¿Cuánto tiempo necesitaremos para crear/imaginar (Anderson 1983) una comunidad realmente nacional, incluyendo todas las regiones, que esté dispuesta a reconocer, aceptar y enfrentar la verdad y las consecuencias de la guerra civil de 1980-2000?
Referencias bibliográficas
