Ana Maria Moure Pino [1]
Doctora en Derecho Europeo (PhD), Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá, España / Universidad TU de Dresde, Alemania
En América Latina, sigue siendo vital restaurar la confianza de los ciudadanos en sus Estados e instituciones para que así se sigan promoviendo y protegiendo los derechos humanos, la igualdad de género, la cohesión social y la demanda de calidad de los servicios públicos de salud.
La pandemia propiciada por el COVID-19 ha demostrado la necesidad de enfrentar entre los países de manera más eficiente sus intereses comunes, a través de la cooperación y la coordinación de ayuda mutua, lo cual les permitirá hacer frente al virus con el apoyo indispensable de la Organización Mundial de la Salud.
Otras prioridades como la adaptación al cambio climático, la estabilidad democrática o el fortalecimiento del concepto de la Economía verde que permite mitigar la pérdida de la biodiversidad se han visto afectadas por esta crisis que replantea la adopción por los países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual ha atendido a tres dimensiones asociadas al desarrollo sostenible, la económica, social y ambiental.
Por otra parte, en el caso de América Latina y el Caribe, la erradicación de la pobreza y potenciar una gobernanza medio ambiental se han considerado entre algunas de las soluciones para enfrentar la desigualdad que persiste en materia de acceso a la salud.
También, el Objetivo 3 sobre Salud y Bienestar, referido a garantizar una vida saludable y a promover el bienestar universal, es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), impulsados desde el año 2015, que supone un desafío tanto para la globalización y la gobernanza mundial como para las medidas de protección que se implementen como respuesta a la concreción de este Objetivo.
A su vez, en el ámbito multilateral, hay convergencia en diversos foros e instancias, acentuando la tendencia hacia una sostenibilidad no sólo económica, sino también social y medio ambiental que evite brechas en el bienestar y la desigualdad. Nuevamente, esta crisis mundial en materia sanitaria pone de relieve la importancia de incorporar en las políticas nacionales principios sobre el desarrollo sostenible, así como promover la cooperación internacional.
No obstante, las consecuencias del deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos persisten y se están acentuando, lo que se ve reflejado en los divergentes niveles de cohesión social y de bienestar de la población. Asimismo, se afecta el derecho al desarrollo, que el Prof. Juan Antonio Carrillo Salcedo definía como un derecho humano y un derecho de los pueblos, lo que trae consigo el corolario de que todos los hombres y todos los pueblos, sin distinción, han de contribuir a una empresa común de la humanidad. Así, el derecho al desarrollo como derecho humano constituye un factor revolucionario en la vieja estructura del derecho internacional público que en su proceso de socialización y democratización, no hace otra cosa que liberalizarse y humanizarse.[2]
Entre las metas y objetivos en acción, destacamos el logro de “cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos”.[3]
En este sentido, durante las últimas décadas se ha propuesto una economía circular innovadora, donde nada se desperdicie y se gestionen los recursos naturales en forma sostenible al igual que la biodiversidad, que permita la resiliencia, estimule la innovación y el crecimiento hipocarbónico, respetando en todo momento los límites naturales de la tierra.[4]
En cuanto al contexto y los escenarios post-COVID, se identifican dificultades en cuanto a la carencias de atención sanitaria especializada y sistemas que permitan efectuar evaluaciones periódicas a quienes presenten posibilidades de contraer o propagar el virus.
En el mejor de los escenarios, se presentan desafíos para todos los sectores tanto públicos y privados, ya que muchas empresas necesitarán de apoyo a su solvencia. Para ello, entre las soluciones que se han planteado por parte de diversos actores, se dirigen a facilitar fondos, créditos o subvenciones a sus empresas nacionales. Esto traerá también aparejado un proceso de contracción de las economías y una disminución de ayudas estatales para diversos sectores, además suponiendo que la situación se agudice y que surjan futuros rebrotes o incluso una segunda ola de propagación de la enfermedad, significará determinar períodos de confinamientos más prolongados.
La Unión Europea ha propuesto como recurso la aplicación de cláusulas de escape a través, por ejemplo, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el cual consiste en un conjunto de normas fiscales comunitarias que admite una recuperación rápida y sostenida de las economías de sus Estados miembros, aumentando su capacidad presupuestaria y su gasto público.
Si bien con limitaciones, el propio ejercicio de actos de solidaridad, tanto de los Estados como de diversas organizaciones internacionales y otros organismos, pueden evitar el riesgo de una profunda recesión y mitigar, a corto plazo, el impacto de los efectos socio-económicos de esta crisis sanitaria y, a largo plazo, pueden fomentar un pleno crecimiento, sostenible e inclusivo, evitando prácticas comerciales desleales sobre todo de las empresas en sus relaciones con los consumidores y en forma conjunta se tomen medidas que garanticen que las inversiones se realicen transitando hacia una sostenibilidad ecológica, en el contexto de una era digital.
[1] Doctora en Derecho Europeo (PhD), Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá, España / Universidad TU de Dresde, Alemania; Máster (LLM) en Derecho de la Unión Europea, Facultad de Derecho, Universidad de Leiden, Países Bajos. Profesor Asociado del Curso de Derecho Internacional Público y el curso de Derecho de la Unión Europea e Integración Latinoamericana, Departamento de Derecho Internacional, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Pio Nono 1 Providencia, Tel: 00-56-2-9785292, amoure@derecho.uchile.cl / amoure@fen.uchile.cl
[2] CARRILLO, Salcedo. 1972. El derecho al Desarrollo como Derecho de la Persona Humana. Revista Española de Derecho Internacional. Volumen 25. Madrid. Pp. 172 y 173.
[3] Naciones Unidas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivo 3: Salud y Bienestar, [en línea] disponible en: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.html [Consulta: 30.05.2020]
[4] Comisión Europea (2020), Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta, VII PMA – Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020, en: Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020, [en línea], disponible en: http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm
