José Fredman Mendoza Ibarra
Doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y con estancias de investigación en la Universidad de Salamanca, España, Universidad de Silesia, Polonia y en el German Institute of Global Areas en Hamburgo, Alemania. Profesor-investigador en la Universidad de Monterrey (UDEM).
Mesura, pasión y responsabilidad, son los prerrequisitos y cualidades que, según Max Weber (2008), todo político deberá tener; mientras que son lo “aduladores” a quien todo político deberá temer. Pues aquellos representan la figura más peligrosa para un político cuya vanidad descontrolada podría hacer perder todo (Alcántara, 2012) y los efectos que esto conlleve para la sociedad, en lo general, podrían acentuar las disparidades económicas, sociales y políticas en el marco de la perpetuación de las violencias estructurales presentes en la mayor cantidad de las democracias modernas, de baja calidad y en vías de consolidación en América Latina.
Bajo este esquema, ¿qué papel juega la responsabilidad política en la toma de decisiones en el orden público-gubernamental? Primero, y a pesar que antoja a la obviedad, las decisiones dentro del ámbito político-gubernamental dependen de múltiples factores que van más allá de los propiamente administrativos y se posan en una dinámica de corte político-institucional; es decir, las instituciones políticas, y entiéndase por éstas a los partidos políticos, tienen como finalidad la maximización del poder y se caracterizan por tener un pie dentro de la sociedad y otro dentro del gobierno (Woldenberg, 2015). En ese sentido, la corresponsabilidad que tienen los partidos políticos en la toma de decisiones público-gubernamentales es, en suma, importante; y, además, cabría preguntarse ¿cómo es la formación hacia el interior de los partidos? Y ¿qué factores determinan la selección de candidatos y candidatas a puestos de elección popular? Pues son las decisiones de aquellos las que fortalecen o disminuyen la figura de partidos populistas o la de partidos programáticos (Freidenberg y Casullo, 2018).
Segundo, la toma de decisiones políticas se encuentra íntimamente vinculadas con la institucionalización del sistema de partidos. Es decir, todo proceso de consolidación democrática depende de la existencia de un sistema de partidos institucionalizado donde las prácticas, orientaciones, expectativas y conductas de todos los actores involucrados brindan estabilidad política y social (Huntington, 1968; Mainwaring y Scully, 1997). Tal institucionalización, en función de: i) la estabilidad en las reglas y naturaleza misma de la competencia entre partidos, ii) la relación positiva y estable entre ciudadanía y partidos políticos, iii) la considerable legitimidad por parte de actores políticos, económicos, sociales y culturales hacia el proceso electoral y los partidos mismos, y iv) la organización de la estructura del partido en su dimensión interna y externa así como su alcance (Mainwaring y Scully, 1997), permitirá entrever qué tipo de decisión política ejercerán los candidatos electos una vez que se forme el gobierno. Pues queda por sentado que las condiciones de gobernabilidad se construyen durante los procesos internos de los partidos y en los procesos de las campañas electorales (Langston, 2018).
Tercero, tratar el tema de responsabilidad política y decisiones políticas sin tratar el perfil de las y los funcionarios públicos dentro de la administración pública y/o la nueva gestión pública, es no reconocer los riesgos inminentes de las relaciones de poder que se dan en espacios que al final de cuentas son dirigidos y operados por seres humanos, en toda la extensión de la palabra. Por ejemplo, las doctrinas dominantes de la nueva gestión pública donde la contractualización, la discrecionalidad y la gestión por resultados tienden a generar nuevos dilemas y paradojas al tiempo en que no queda claro bajo qué parámetros es que se están tomando las decisiones políticas (Pliscoff-Varas, 2017). Además, pone en tela de juicio la calidad de los perfiles de los funcionarios y sirve de corolario para prestar atención a distintos factores que influyen en ello, y que van desde el reconocimiento del papel complementario entre la gestión como práctica y la administración como disciplina (Ospina, 1993), hasta los que advierten que el funcionario público termina por ser agentes que articulan diversos intereses dentro de las sociedad modernas y que, en ocasiones, las decisiones tomadas repercuten de manera negativa en la sociedad y desdibujan sus principios éticos (Pliscoff-Varas, 2017).
El componente de responsabilidad weberiano representa un factor determinante no solo para la formación de la clase política o para la formación de funcionarios públicos, sino que la responsabilidad política y las decisiones políticas se ven influenciadas por 1) qué tanta organización interna tienen los partidos para la selección de sus candidatos y/o candidatas que aspiran a dirigir el gobierno, 2) qué tan institucionalizado está el sistema de partidos, y 3) cuál es el perfil de los funcionarios públicos que componen el gobierno y a qué intereses responden. Todo esto resulta importante debido a que cada decisión que se tome dependerá de estos factores que van más allá de los administrativos y de procesos.
Por lo tanto, ¿qué hacer para mejorar la toma de decisiones políticas? Resulta evidente que la respuesta precisa de mayores esquemas analíticos y de sistematización de datos empíricos para acercarnos lo más que se pueda a una opción real y objetiva; sin embargo, una pauta sí podemos determinar: para mejorar la responsabilidad en la toma de decisiones políticas se deberá, primero e invariablemente, que fortalecer a los partidos políticos (en su dimensión interna y externa) y, segundo, institucionalizar el sistema de partidos. Solo así se podrá emprender, de manera eficiente y eficaz, mejores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que contrarresten las malas prácticas políticas, y se encuentre el mejor camino para el mejoramiento en la profesionalización, perfil y calidad dentro de la administración pública.
Referencias:
Alcántara, M. (2012). El oficio del político. Madrid: Tecnos.
Freidenberg, F., & Casullo, M. (2018). Con líder y con programa: Partidos populistas y partidos programáticos en América Latina. Revista Latinoamericana de Política Comparada, 14, 91-112.
Huntington, S. (1968). Political Order and Changing Societies. New Haven: Yale University Press.
Langston, J. (2018). Las campañas políticas de los diputados federales en México. Esfuerzos basados en los candidatos y en los partidos. Foro Internacional, 4, 671-718.
Mainwaring, S., & Scully, T. (1997). La institucionalización de los sistemas de partido en América Latina. América Latina Hoy, 16, 91-108.
Ospina, S. (1993). Gestión, política pública y desarrollo social: hacia la profesionalización de la gestión pública. Gestión y Política Pública, 2 (1), 35-56.
Pliscoff-Varas, C. (2017). Implementando la nueva gestión pública: problemas y desafíos a la ética pública. El caso chileno. Convergencia Revista de Ciencias Sociales, núm. 73, 141-164.
Woldenberg, J. (2015). La democracia como problema. Un ensayo. Ciudad de México: Colegio de México.
