Claudia Almeida Goshi
Magíster en Lingüística por la Pontificia Universidad Católica del Perú
Licenciada en Lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
“Nadie tiene el derecho de quitarnos lo que es nuestro.
Por eso, aquellos que desangran nuestro país, que matan a nuestros hijos,
y que destruyen aquello que no han construido, para esclavizar el Perú, van a ser eliminados.
Ellos y su veneno. Este es mi compromiso”.
Alberto Fujimori, mensaje a la nación
(28 de julio de 1992)
La semana pasada, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional dispuso que el derecho de gracia otorgado a Alberto Fujimori por el actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), careciera de efectos jurídicos para el nuevo juicio oral en torno al crimen de Pativilca (Barranca, 29 de enero de 1992). Así, quien hasta hace poco estuvo cumpliendo una pena de 25 años de prisión por masacres catalogadas como graves violaciones a los derechos humanos retornará al patíbulo de los acusados. Esta vez, se le imputa ser el autor mediato de un desconocido siniestro que guarda similitudes con las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, tragedias por las que el ex reo fuese perdonado por razones —según el oficialismo— humanitarias.
En esta columna, busco describir y explicar el crimen de Pativilca: contextualizarlo e intentar contestar por qué pasó desapercibido por tantos años a pesar de la crueldad desplegada en él. Sostengo que la respuesta a esta pregunta se encuentra engarzada a un escenario dominado por un miedo que llegó a ser promovido por el régimen autoritario de Alberto Fujimori y cuyas implicancias se extienden hasta la actualidad.
El siniestro de Pativilca ocurrió muy cerca de la capital aunque muy lejos del radar mediático. En enero de 1992, la existencia y naturaleza del Grupo Colina era un misterio para las redacciones de los principales medios de comunicación a pesar de que un par de meses atrás el Destacamento ya había cometido su primer operativo en un viejo solar de Barrios Altos. En ese entonces, circularon discursos mediáticos que presentaron esta masacre como un sanguinario ataque perpetrado por “terroristas” (Almeida 2017: 33). El terror estatal resultaba inadmisible, sobre todo porque Lima se encontraba asediada, principalmente, por los atentados que el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL) cometía. Sus asesinatos selectivos, coches bomba y apagones llegaron a ser parte del día a día de una capital que se encontraba al borde del precipicio. Nadie se podía imaginar, entonces, la conformación de un escuadrón militar de aniquilamiento que pudiera ser promovido por los servicios de inteligencia del Estado y que contase con el aval de los altos mandos militares y del ex mandatario Alberto Fujimori. Nadie se podía imaginar, tampoco, que el gobierno iba a emplear una violencia extrema y ciega para combatir y responder los despiadados ataques subversivos. La diferencia entre ambos es que la violencia estatal fue perpetrada clandestina e impunemente en medio de la amplia aprobación que la figura presidencial ostentó durante el decenio que se mantuvo en el poder.
Es así como lo impensable volvió a realizarse en una madrugada de enero de 1992. Felandro Castillo Manrique, Pedro Agüero Rivera, César Rodríguez Esquivel, Toribio Ortiz Aponte, John Calderón y Ernesto Arias Velásquez fueron sacados por la fuerza de sus casas ante la mirada atónita de sus seres queridos. No pudieron hacer mucho para evitar el atropello. Ada Ochoa, viuda de Felandro Castillo recuerda lo siguiente: “Me tiraron con la cacha del arma, en la cabeza. Y yo me desmayé. Y yo reaccioné cuando estaba en mi cama envuelta con unas sábanas. Y había un militar en la puerta. Estaba parado. Apuntándome en la cabeza, a mí y a mis hijos. Yo le supliqué y me dijo que él iba a hacer dos tiros al aire y que no salga más o menos en una hora. Y si yo salía me iba a matar” (citado en Avellaneda 2017). Así como las víctimas de la matanza de La Cantuta, Felandro y los demás, una vez secuestrados por el Destacamento, jamás volvieron a ser vistos con vida. Sin embargo, este operativo —a diferencia de aquélla— presenta la siguiente particularidad: los seis hombres capturados, antes de recibir el tiro de gracia final, fueron torturados salvajemente con un soplete. Los agentes Colina les quemaron varias partes del cuerpo, entre ellas el ano. Finalmente, arrojaron sus cuerpos a un cañaveral.
Se trató de un ilegal operativo contrasubversivo encomendado, al parecer, por el Comandante General del Ejército, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, al capitán Santiago Martin Rivas, líder del Destacamento. Las ejecuciones fueron realizadas bajo la sospecha de que las víctimas eran miembros del PCP-SL. Bastó que fuesen acusados por un empresario chino que pretendía apropiarse de sus tierras para que el Grupo Colina los elimine. En los turbulentos primeros años de la década del noventa, si alguien era señalado como terrorista, quedaba desprovisto de cualquier ley que proteja su existencia. ¿Qué derechos iba a tener alguien que era imputado de ser, por ejemplo, parte del PCP-SL, es decir, miembro del grupo terrorista que era protagonista de atentados tan públicos y despiadados? Eso fue lo que pasó con las víctimas de Pativilca (así como de Barrios Altos y de La Cantuta): una imputación, una sospecha engendrada en un ambiente de miedo y de desconfianza sin igual fue la causa de sus padecimientos. Sus vidas y cuerpos se volvieron desechables.
A lo mencionado hay que sumarle el escenario armado por el Destacamento para encubrir el crimen: pintas en las paredes de la localidad con frases como “Así mueren los soplones”, “Viva Sendero Luminoso”, “Viva la guerra popular” (Flores 2018). Algo similar hicieron en la matanza de Barrios Altos, solo que no escribieron las frases: las gritaron antes de acribillar a los asistentes de la pollada bailable (citado en CVR 2003: 476). El miedo fue promovido e instrumentalizado por el gobierno de Alberto Fujimori. Fue utilizado para motivar y ocultar los ilegales operativos contraterroristas, así como para justificarlos. Como Burt manifiesta, el miedo hacia el otro favoreció la puesta en marcha de soluciones mano dura y fuera de la ley (2009: 323). Por ello, los asesinatos de quienes eran acusados de subversión no motivaban la gestión de una investigación acuciosa por parte de los organismos competentes y mucho menos reclamos ciudadanos. Lo mejor era que estuviesen muertos y no comentar nada al respecto porque, caso contrario, la sospecha se cernía sobre el que hablaba. Acabar con el terruco fue, entonces, una consigna asumida en silencio. Se creía que, así, los problemas sociales que afrontaba la nación se esfumarían. El resultado fue una sociedad civil fragmentada en medio de un gobierno corrupto y autoritario que terminó por destruir la poca institucionalidad que tenía el país.
La instrumentalización del miedo desplegada durante el régimen fujimorista ostenta secuelas que resuenan hasta hoy. Por ejemplo, a pesar de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República haya decretado que las víctimas de Barrios Altos y de la Cantuta no pertenecían al PCP-SL (2009: 707), todavía un gran sector de la población considera que sí eran terroristas y que, por tanto, merecían ser ejecutados. Afortunadamente, ahora hay maneras de combatir este tipo de discursos. Una de ellas es continuar denunciando lo “incuestionable”. Tal vez así, no tengan que pasar más de 25 años para que los deudos de las víctimas de Pativilca puedan conseguir justicia a pesar de la gracia presidencial con la que se intentó impedirlo.
Referencias
ALMEIDA, Claudia
2017 El fujimorismo a través del crimen: un análisis de los discursos sobre las tragedias de Barrios Altos, La Cantuta y el homicidio de Mariela Barreto en la prensa escrita peruana. Tesis de maestría en Lingüística. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
AVELLANEDA, Juana (canal #9)
2017 “La masacre de Pativilca, 1992. El crimen impune de Colina”. Beto a saber. Lima. Emisión: 15 de junio de 2017. Consulta: 27 de febrero de 2018.
BURT, Jo-Marie
2009 Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori. Lima: Instituto de Estudios Peruanos y Asociación SER.
COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN (CVR)
2003 “Las ejecuciones extrajudicales en Barrios Altos (1991)”. Informe final. Tomo 7. Lima: CVR, 475-493. Consulta: 6 de octubre de 2016.
http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VII/Casos%20Ilustrativos-UIE/2.45.%20BARRIOS%20ALTOS.pdf
FLORES, Alessandra
2018 ¿Qué pasó en Pativilca y por qué van a juzgar a Alberto Fujimori? Altavoz. Lima, 21 de febrero de 2018. Consulta: 27 de febrero de 2018.
https://altavoz.pe/2018/02/21/96300/que-paso-en-pativilca-y-por-que-van-a-juzgar-a-alberto-fujimori/
SALA PENAL ESPECIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
2009 Expediente N.° A.V. 19-2001. Sentencia: 7 de abril de 2009. Consulta: 12 de octubre de 2016.
Imagen: Tach Maeshiro
